La Ley de Montes ha sido un tema clave en la gestión y protección de los recursos forestales en España, debido a su impacto sobre los terrenos forestales y las prácticas urbanísticas que pueden llevarse a cabo tras un incendio. En este artículo vamos a profundizar en cómo la reforma de 2015 permitió la recalificación de suelos incendiados y qué cambios legislativos posteriores han intentado equilibrar el desarrollo urbanístico y la protección del medio ambiente.
En 2015 se realizó una modificación significativa de la Ley de Montes. La alteración más polémica fue la introducción de la posibilidad de recalificar suelos incendiados sin esperar el tradicional período de 30 años. Esto generó controversia entre los sectores que afirman que esta medida puede incentivar los incendios con fines especulativos y aquellos que ven en ello una oportunidad de desarrollo.
Antes de 2015, la legislación era clara: tras un incendio en un terreno forestal, era necesario esperar tres décadas antes de poder cambiar el uso del suelo. Esta limitación tenía el propósito de garantizar que los ecosistemas tuvieran el tiempo suficiente para regenerarse, recuperando las condiciones óptimas para la biodiversidad forestal y evitando que la destrucción de la vegetación fuera aprovechada con fines urbanísticos.
Cambios en la Ley de Montes de 2015
La reforma de 2015 permitía la recalificación inmediata de terrenos forestales incendiados en casos excepcionales si existían ‘razones imperiosas de interés público de primer orden’. Este cambio fue percibido como una amenaza por diversos colectivos ambientales, propietarios forestales, ingenieros y ecologistas, quienes advirtieron que la medida podría incentivar la destrucción deliberada de áreas protegidas para abrir paso a proyectos urbanísticos bajo el pretexto del interés público.
Entre las justificaciones que se dieron para esta modificación se encontraba la necesidad de agilizar ciertos proyectos considerados de vital importancia para la sociedad, como infraestructuras públicas o desarrollos que, de otra manera, enfrentarían largos retrasos. Sin embargo, la redacción de la ley generó incertidumbre, ya que no definía con claridad qué se consideraba ‘interés público de primer orden’, lo que abría la puerta a posibles abusos.
Propuesta de Rectificación en 2024
Ya en 2024, el PSOE ha presentado una propuesta de rectificación que busca limitar la capacidad de las comunidades autónomas para recalificar terrenos incendiados. La nueva propuesta pretende eliminar las excepciones que permiten el cambio de uso inmediato de suelos incendiados y reforzar la obligación de mantener dichos terrenos como áreas forestales protegidas durante un período de 30 años.
El objetivo es garantizar que las administraciones locales y regionales hagan un esfuerzo genuino en la recuperación y regeneración de los terrenos afectados por incendios, en lugar de buscar recalificar el suelo y convertirlo en urbanizable. Para lograrlo, el PSOE ha propuesto la prohibición expresa de cualquier actividad incompatible con la regeneración natural durante el periodo que determine la legislación autonómica. Esto podría incluir limitaciones a la circulación de vehículos, la intervención humana intensiva o cualquier tipo de obra que pudiera interferir con la recuperación ecológica de la zona.
Es importante destacar que la rectificación propuesta en 2024 también busca evitar que los incendios sean provocados con fines especulativos, algo que ha sido motivo de preocupación en las décadas recientes, especialmente en áreas de alto valor urbanístico, como las costas y las proximidades de las grandes urbes, donde la presión inmobiliaria es más fuerte.
El Debate sobre la Especulación Inmobiliaria
Uno de los puntos más controvertidos en torno a la reforma de la Ley de Montes es la relación entre los incendios forestales y la recalificación de suelos para desarrollo inmobiliario. Desde que se eliminó la prohibición de recalificación sin esperar los 30 años, el miedo a que grupos especulativos incendien terrenos forestales con el fin de desarrollarlos ha estado presente en el debate público. Si bien no existen pruebas concluyentes de que esto ocurra de manera sistemática, el temor ha llevado a movimientos como Podemos a promover nuevas reformas que bloqueen cualquier intento de aprovechar los terrenos incendiados para fines económicos.
La especulación inmobiliaria se ha convertido en una constante preocupación para las autoridades y las ONG ambientales. El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos ha sido particularmente crítico con la reforma de 2015, argumentando que ha permitido que intereses privados aprovechen los vacíos legales para obtener suelos edificables a costa de la biodiversidad y el ecosistema. Han propuesto eliminar de manera tajante esas excepciones y limitar definitivamente las posibilidades de recalificación, promoviendo la regeneración de los terrenos quemados y evitando cualquier tipo de construcción sobre ellos.
Impacto Ecológico de los Incendios y la Recalificación
Los incendios forestales tienen un impacto devastador en los ecosistemas naturales. La deforestación generada por el fuego afecta tanto a la fauna como a la flora, destruyendo hábitats y provocando la pérdida de especies. Además, la pérdida de la cubierta vegetal también afecta directamente a la capacidad de los suelos para retener agua, lo que puede llevar a la desertificación en algunas zonas, así como a la erosión del suelo.
Cuando un terreno incendiado es recalificado para uso urbanístico o agrícola, el suelo no tiene oportunidad de recuperarse, lo que agrava estos problemas y puede ocasionar daños irreversibles al ecosistema. Las soluciones propuestas por los diferentes partidos políticos con respecto a la Ley de Montes reflejan este miedo y buscan garantizar que la regeneración natural sea el elemento prioritario tras un incendio.
En muchos casos, las inversiones en regeneración de suelos incendiados requieren la reforestación activa, la protección de la fauna desplazada y la restauración de sistemas hídricos dañados para que los ecosistemas puedan regresar a un estado saludable. Las políticas de protección forestal deben contemplar estos aspectos a largo plazo, algo que no siempre ha sido el enfoque prioritario en las reformas de la Ley de Montes.
Por esta razón, la protección de los montes tras los incendios debe ser vista como una inversión en el futuro del medio ambiente, y la restricción de la recalificación de terrenos incendiados es una herramienta fundamental para proteger estos espacios.
El debate sobre la recalificación de terrenos incendiados no solo tiene implicaciones ecológicas, sino también sociales y económicas, ya que afecta a la planificación urbana, a la biodiversidad y a la calidad de vida de las personas que viven en las zonas afectadas por los incendios.
En última instancia, las diferentes fuerzas políticas y colectivos sociales continúan buscando un equilibrio entre proteger el medio ambiente y permitir el desarrollo de infraestructuras que puedan contribuir al bienestar de la comunidad en general. En el contexto actual de cambio climático y aumento de los incendios forestales, garantizar que la protección de los suelos incendiados sea una prioridad se ha convertido en un tema central en las políticas medioambientales.