El Canon Eólico en Cataluña: Impactos, Beneficios y Controversias

La Asociación de Municipios Eólicos de Cataluña (AMEC), que recientemente ha sido constituida por una treintena de pequeños y medianos municipios de Cataluña, está luchando por la creación de un canon sobre los parques eólicos en los municipios donde se encuentran dichos parques. Esta medida busca obtener recursos adicionales, con el fin de combatir problemas como el despoblamiento y envejecimiento que se observan en muchas de estas áreas rurales. La asociación agrupa a más del 80% de los municipios eólicos de la región, lo que subraya la relevancia de su propuesta en este contexto.

La idea de imponer un canon surge como una medida compensatoria, ya que, según AMEC, los municipios rurales han tenido que lidiar con varios impactos ambientales y territoriales relacionados con la instalación de parques eólicos. Se pretende que con este canon se pueda mitigar esos efectos y aportar recursos adicionales para el desarrollo local, tal como ya sucede en otras comunidades como Galicia, Castilla y León, Valencia y Castilla-La Mancha.

En varias comunidades autónomas, un canon eólico está ya en funcionamiento con éxito. Por ejemplo, en Galicia, se introdujo en 2009 y ha sido objeto de aval por parte del Tribunal Supremo. En Cataluña, sin embargo, esta idea aún no ha prosperado pese a los esfuerzos de AMEC, la cual ve necesario establecer este fondo compensatorio para asegurar una justa redistribución de los beneficios derivados de los parques eólicos.

El contexto y la importancia del canon

Aunque la propuesta concreta de la AMEC fue introducida como una enmienda a la Ley de Presupuestos de Cataluña 2017, esta no consiguió el respaldo necesario en el Parlament. No obstante, este rechazo no ha detenido los intentos de la asociación por sacar adelante esta fórmula de compensación, ya que sigue siendo vista como una prioridad por los municipios afectados. Según los promotores de la idea, los municipios rurales donde se instalan los parques eólicos asumen la mayor parte de los impactos medioambientales y territoriales negativos derivados de estas grandes instalaciones.

El canon, en su esencia, plantea medir la compensación en base a la potencia instalada, no en base a la producción de energía, como argumentan algunos. Esto permitiría, según los municipios, aplicar una compensación justa, independientemente de que la producción real de un parque en un año específico pueda verse afectada por diversos factores como la falta de viento o mantenimiento de las instalaciones.

Los defensores del canon se apoyan en el hecho de que el Tribunal Supremo ya avaló medidas similares tras varios litigios en Galicia, argumentando que los municipios tienen derecho a una compensación justa por los efectos adversos de los aerogeneradores en su entorno.

Esquema del canon y excepciones

El canon eólico propuesto por la AMEC sigue una progresividad en función de la cantidad de energía instalada en cada parque eólico. Se plantea el siguiente esquema:

• Parques con una potencia instalada de entre 4,5 MW y 10,5 MW: 1.500 €/MW.
• Parques con una potencia entre 10,5 MW y 22,5 MW: 2.700 €/MW.
• Parques con más de 22,5 MW: 3.900 €/MW.

En cuanto a las excepciones, la propuesta incluye medidas para garantizar que no se penalice injustamente a proyectos más pequeños o destinados al autoconsumo. Así, los parques cuya potencia instalada no supere los 4,5 MW estarían exentos del gravamen. De igual forma, los aerogeneradores aislados (que no forman parte de un parque mayor) y las instalaciones para autoconsumo también estarían exentas.

Esta estructura busca no solo garantizar equidad fiscal, sino también incentivar un modelo de energía distribuida más sostenible y acorde con las necesidades locales. De esta manera, las áreas rurales podrían aprovechar mejor sus recursos naturales sin verse perjudicadas por desarrollos de gran escala que alteren su equilibrio socioambiental.

Beneficios para los municipios

El principal beneficio que busca la implementación del canon eólico es ofrecer recursos adicionales a los municipios que permitan financiar iniciativas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La propia AMEC ha propuesto un esquema de distribución de los fondos que prioriza el desarrollo rural y la inversión social en las áreas más afectadas por la despoblación y el envejecimiento poblacional. La propuesta incluye:

• 70% de los fondos recaudados se destinaría a financiar proyectos sociales y de desarrollo rural en los municipios donde están ubicados los parques.
• 25% de los recursos sería destinado a programas de estrategia Leader, que fomentan el desarrollo local y empresarial en áreas rurales.
• El restante 5% se invertiría en proyectos de investigación y educación, formación y sensibilización sobre los impactos de la energía eólica y su integración con la sostenibilidad local.

Uno de los objetivos clave de esta distribución es evitar el despoblamiento que afecta a muchas áreas rurales de Cataluña. Inversiones en infraestructuras locales, mejora de los servicios comunitarios y proyectos que atraigan nuevos habitantes a estas áreas serían posibles gracias a este canon. Además, estos fondos podrían impulsar otras formas de desarrollo económico como el ecoturismo y la puesta en marcha de cooperativas de energía.

Resistencia del sector empresarial

A pesar de los evidentes beneficios que esta medida podría tener para las comunidades rurales, las empresas del sector eólico han mostrado una clara oposición al canon eólico. La Asociación EolicCat, que agrupa a la mayoría de empresas del sector en Cataluña, ha manifestado su preocupación de que este gravamen ponga en peligro la viabilidad financiera de nuevos proyectos e incluso de los existentes, dado que el canon está basado en la potencia instalada y no en la producción real de electricidad.

Los empresarios afirman que la imposición del canon afectará de manera desproporcionada a aquellos parques menos eficientes en términos de producción, lo cual podría desalentar a los inversores locales y extranjeros. A esto se suma que Cataluña tiene metas ambiciosas para 2030, cuando debería generar un 50% de su electricidad mediante energías renovables. El canon, según EolicCat, podría obstaculizar esos objetivos al encarecer los costos de producción de electricidad eólica frente a otras fuentes de energía no renovables, como la nuclear o los combustibles fósiles.

La asociación también ha advertido que en algunas regiones de España donde se ha implementado el canon, como en Galicia, se ha generado una presión sobre las empresas que ha ralentizado el crecimiento de la capacidad instalada en el sector eólico. Estas preocupaciones, aunque legítimas desde la perspectiva empresarial, deben ser compensadas a partir de un equilibrio entre la necesidad de inversión y desarrollo del sector eólico y los derechos de los municipios afectados.

El éxito del canon en otras comunidades autónomas

Un aspecto fundamental que AMEC resalta en su propuesta es el hecho de que el canon eólico ya ha sido implementado con éxito en comunidades como Galicia, Valencia, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Las experiencias de estas regiones han servido como un ejemplo a seguir para Cataluña, donde los municipios rurales desean participar también de los beneficios que generan los parques eólicos. Según datos de Galicia, el canon ha generado fondos importantes que se han utilizado en proyectos de desarrollo sostenible.

En Galicia, por ejemplo, la introducción del canon eólico ha permitido a los municipios rurales obtener ingresos adicionales que se destinan a proyectos sociales y medioambientales. De igual forma, en Castilla-La Mancha y Castilla y León, los cánones eólicos han permitido una redistribución de los recursos, mitigando los efectos ambientales negativos de los parques. Estas comunidades han demostrado que el canon no solo es factible, sino que puede ser una herramienta eficaz para promover el desarrollo rural mientras se impulsan las energías renovables.

El apoyo de instituciones y organizaciones locales

El canon cuenta con un respaldo significativo por parte de diversas entidades en Cataluña. Entre las organizaciones que apoyan esta medida destacan:

• El Colegio de Ambientólogos de Cataluña.
• El Colegio de Geógrafos de Cataluña.
• La Asociación de Micropueblos de Cataluña.
• Unió de Pagesos (principal sindicato agrario de Cataluña).
• Ipcena (organización ecologista).
• Turalcat (Confederación de Turismo Rural de Cataluña).

Estas organizaciones destacan que el canon no solo incentivaría el desarrollo rural, sino que también evitaría conflictos territoriales entre los municipios y las empresas del sector. Mediante una compensación económica transparente, se podría reducir la tensión entre las partes afectadas, favoreciendo a largo plazo un modelo energético más inclusivo y respetuoso con el medio ambiente.

Así, el canon eólico propuesto para Cataluña no solo representa una oportunidad para corregir las disparidades actuales en cuanto a la distribución de los recursos generados por la energía eólica, sino que podría ser una herramienta clave para evitar el despoblamiento rural y promover el equilibrio territorial. Si bien quedan obstáculos en términos de aceptación por parte de las empresas del sector, la creciente presión de los municipios y organizaciones locales le da a esta propuesta una legitimidad difícil de ignorar.