La Mesa del Congreso ha aprobado con el respaldo de PP y Ciudadanos el veto del Gobierno a la proposición de ley de autoconsumo eléctrico. Esta ley buscaba, entre otras cosas, eliminar el llamado ‘impuesto al sol’, un tributo que ha sido muy criticado por parte de muchos actores políticos y sociales, especialmente los defensores de las energías renovables. Ciudadanos, aunque inicialmente fue parte de la oposición que apoyó esta medida, ahora se ha alineado con el PP para vetarla. ¿Pero qué implica realmente este veto? ¿Cuáles son sus razones y consecuencias? Vamos a desglosar todo lo que está en juego en esta polémica decisión.
El veto y la Constitución: razones presupuestarias
El Gobierno justificó su veto a la ley de autoconsumo eléctrico amparándose en el artículo 134.6 de la Constitución Española, que le permite vetar cualquier proyecto de ley que modifique los presupuestos en curso. Según la justificación del Ejecutivo, el desarrollo del autoconsumo y la eliminación del ‘impuesto al sol’ reduciría la recaudación fiscal en 162 millones de euros anuales. Sin este impuesto, los autoconsumidores dejarían de pagar ciertas tarifas por depender menos de la energía tomada de la red eléctrica, lo cual afectaría al IVA y otros impuestos relacionados con el sector energético.
Ignacio Prendes, diputado de Ciudadanos y vicepresidente primero de la Mesa del Congreso, explicó que su partido no es partidario de saltarse lo establecido en la Constitución, incluso si esto implica alinearse con el PP para mantener el veto. Esta posición ha causado mucha controversia debido a que Ciudadanos había firmado anteriormente un acuerdo para apoyar el autoconsumo eléctrico sin trabas como el ‘impuesto al sol’.
¿Qué es el ‘impuesto al sol’?
El término ’impuesto al sol’ hace referencia a una serie de cargos y peajes aplicados a los autoconsumidores eléctricos en España. Bajo esta normativa, las personas o empresas que generaban su propia energía a través de paneles solares y seguían conectadas a la red eléctrica debían pagar una tarifa por el uso de esa red, incluso si la electricidad provenía principalmente de sus propias instalaciones. Dicho de otra manera, se les estaba cobrando un peaje por el uso de la infraestructura en los momentos en los que no dependían al 100% de sus propias fuentes.
Este impuesto ha sido duramente criticado por las organizaciones que promueven las energías renovables, ya que se argumentaba que desincentivaba el autoconsumo y el crecimiento del uso de energías limpias. Países vecinos como Portugal o Alemania, contrariamente, han impulsado medidas que favorecen el autoconsumo como una forma de luchar contra el cambio climático.
Críticas de la oposición y colectivos sociales
Diversos partidos políticos y organizaciones sociales han criticado fuertemente esta medida. Desde En Comú Podem, el diputado Josep Vendrell denunció que el veto es “totalmente arbitrario, abusivo y con una argumentación falsa”, ya que según su interpretación, la reducción presupuestaria mencionada por el Gobierno no afectaría a los presupuestos de 2017, sino a los de 2018. Además, fundamenta su oposición en sentencias del Tribunal Constitucional que indican que una alteración presupuestaria debe afectar directamente al ejercicio en curso, lo cual no sucedería en este caso.
Vendrell también afirmó que el veto refleja las prioridades políticas del Gobierno de Mariano Rajoy, que según él está más enfocado en proteger los intereses del oligopolio energético que en favorecer el desarrollo de las renovables en España. Su crítica fue respaldada por varios grupos parlamentarios que argumentan que el Ejecutivo está obstaculizando el progreso en una dirección más sostenible para proteger intereses particulares dentro del sector energético tradicional.
Ciudadanos y el PP: el acuerdo de investidura en duda
Este veto también pone en entredicho la relación entre Ciudadanos y el PP, ya que en su acuerdo de investidura de agosto del año anterior, ambos partidos habían acordado eliminar las barreras para el autoconsumo energético. Concretamente, el punto 20 del acuerdo de investidura hacía referencia a la derogación del ‘impuesto al sol’. Ahora, Ciudadanos, al alinearse con el Gobierno en el veto, está recibiendo críticas tanto por incumplir ese acuerdo como por haber sido parte del bloque opositor que defendía anteriormente el autoconsumo libre de trabas.
Ciudadanos ha solicitado una reunión con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, para abordar este tema y estudiar formas de desbloquear la situación. En palabras de Melisa Rodríguez, portavoz de Energía de Ciudadanos en el Congreso, el objetivo es seguir negociando para encontrar una solución que permita un marco regulador más favorable al autoconsumo, como se había pactado originalmente en su alianza con el PP.
El impacto del veto sobre las energías renovables
El desarrollo del autoconsumo eléctrico es visto por muchos sectores como un factor clave para el futuro energético sostenible en España. La posibilidad de que los consumidores generen y utilicen su propia energía proveniente de fuentes renovables no solo tiene el potencial de reducir los costos eléctricos a nivel individual, sino también de descongestionar la red eléctrica nacional.
Sin embargo, con este veto, la expansión del autoconsumo energético en España se ve, una vez más, ralentizada. Esto ha alarmado tanto a las asociaciones que defienden las energías renovables como a los propios consumidores, ya que el crecimiento de estas fuentes de energía había comenzado a tomar fuerza en los últimos años, mientras que los precios de las instalaciones solares fotovoltaicas han bajado considerablemente. Además, existe una preocupación creciente por la dependencia energética de países extranjeros y la necesidad de aprovechar los recursos renovables nacionales, como la energía solar, que es abundante en España.
Los argumentos fiscales del Gobierno
Uno de los principales argumentos del Gobierno para vetar la propuesta de autoconsumo es que la pérdida de ingresos fiscales y el impacto en el sistema de peajes serían difíciles de compensar. Al reducirse el consumo energético proveniente de la red, las instalaciones de autoconsumo afectarían los ingresos por impuestos como el IVA y el impuesto especial sobre la electricidad, así como los peajes de acceso a la red eléctrica.
De acuerdo con las explicaciones presentadas por el Ejecutivo, la pérdida por impuestos y tasas ascendería a 162 millones de euros, además de un coste adicional de 10 millones para gestionar el déficit tarifario. Sin embargo, críticos de esta postura, como Josep Vendrell, afirman que estos cálculos son exagerados y que el veto se basa en argumentos económicos que no se sostienen jurídicamente.
La batalla por la regulación del autoconsumo en España sigue en desarrollo. Lo cierto es que, hasta que no se logre un consenso, la transición hacia un modelo energético más limpio y eficiente permanecerá obstaculizada por intereses políticos y económicos.