No es novedad que el gobierno cambia las reglas del juego, el ministerio de energía no está dispuesto a mantener el actual nivel de la conocida como ‘rentabilidad razonable’, al finalizar el primer periodo regulatorio 2014-2019 que fijó la reforma eléctrica de José Manuel Soria.
El Ejecutivo se está remitiendo a las diferentes patronales del sector que actuará de cara a 2020 para que el interés que paga a las plantas actualmente, que ya supuso un fuerte recorte de primas comprometidas anteriormente con los inversores, se reduzca del 7,38% por la inversión realizada, según han confirmado varias fuentes próximas al Gobierno.
La normativa establecida en 2013 vinculaba la rentabilidad de las plantas de energía verde a la obligación del Tesoro a 10 años más 300 puntos básicos. Así se fijó el interés en el 7,38%. Al término de 2019, puede revisar los parámetros retributivos, el valor sobre el que gira lo que ellos creen una rentabilidad razonable.
Por desgracia, el Ejecutivo revisará el valor del bono, pero no está dispuesto a modificar el diferencial de tres puntos porcentuales como le pide el sector para mantenerse como hasta ahora, lo que aboca a los inversores de renovables a otra nueva rebaja de la rentabilidad.
Además, tampoco quiere modificar el real decreto que impida que estas inversiones de antes del 2010 dependan del precio del bono soberano de antes de 2020.
Para la siguiente revisión de la retribución de las plantas renovables, el Ejecutivo tiene que añadir un diferencial a la media del precio del bono durante los 24 meses anteriores a mayo de 2019. Si el Gobierno mantiene este diferencial en 300 puntos, a nadie del sector se le escapa que su rentabilidad desde 2020 se enfrenta a una nueva rebaja.
Dada la baja rentabilidad de la deuda española, los mejores pronósticos que hacen los expertos financieros estiman que el bono sobre el 2% (lo que significa una caída de más de dos puntos porcentuales de rentabilidad entre la otorgada en 2014 y la que habrá a partir de 2020).
Actualmente, el interés del bono español se sitúa en el 1,3%. Desde 2014, los expertos ya vaticinaban una fuerte caída del mismo, dadas las fuertes bajadas de interés gracias a las compras masivas de deuda por parte del BCE.
Según destacan diferentes asociaciones y empresas de renovables, si se revisa a la baja la rentabilidad razonable de los proyectos a finales de 2019, el sector podría quedar en una «situación de casi quiebra».
De confirmarse este nuevo recorte, responsables de las diversas patronales aseguran que se intensificarán los problemas financieros, que arrastran muchas de las plantas que se construyeron con un altísimo porcentaje de crédito bancario. Según cálculos bancarios, hay más de 40.000 millones comprometidos en este tipo de inversiones de energía renovable con diversas entidades financieras.
El supuesto nuevo recorte afectaría a cerca de 20.000 megavatios de potencia instalada de diferentes tecnologías (fotovoltaica, eólica, termosolar, etc.) a finales de la década pasada, bajo la promesa de un contrato de retribución del gobierno para 25 años.
La reforma que implementó el ex-ministro Soria (Con sociedad a Panamá), ponía unas condiciones estándar para retribuir a todas las plantas que entraron dentro del régimen específico. Por desgracia, muchos ingenieros señalan que estas condiciones no se dan en la mayoría de plantas, por lo que la supuesta ‘rentabilidad razonable‘ no alcanza la cifra del 7,38% prometida.
«Si recortan aún más la retribución, habrá plantas que no podrán seguir adelante y saltarán por los aires sus planes de negocio», aseguran varios expertos conocedores del negocio de la fotovoltaica en España. «El problema podría extenderse más allá de los bancos, ya que después de todos estos años los bancos que acumulen activos problemáticos de este tipo puede que hayan empezado a sacarlos fuera de su balance», para disminuir los requisitos de capital que demandan estos tipos de créditos.
Este nuevo recorte de rentabilidad a las renovables añadiría más leña a los diversos juicios que están en marcha. No hay que olvidar que recientemente el CIADI condenó a España ante la reclamación de un inversor internacional, por los sucesivos y reiterados recortes retributivos en sus plantas.
Si se revisa la rentabilidad a la baja en 2020, los inversores tendrían un motivo más para denunciar su situación ante la justicia. Para intentar evitar más problemas, incluso hay abogados del Estado que estarían recomendando que se mantenga la rentabilidad en el nivel actual, algo que a día de hoy no pasa por los planes del ministro Nadal. Otras fuentes aseguran que si se baja la rentabilidad del 7,38% actual, volverán a llover demandas contra el gobierno de Mariano Rajoy.
