El sector de las energías renovables en España ha dado un gran paso hacia la transición energética con el lanzamiento de una subasta de hasta 3.000 megavatios (MW) dirigida a tecnologías renovables. Este mecanismo subastador es fundamental para alcanzar los objetivos nacionales y europeos de reducción de emisiones y fomento de la energía limpia. Con un marco regulatorio actualizado y nuevas disposiciones, España refuerza su compromiso con los 60 GW renovables para el año 2030.
Marco normativo y objetivos a largo plazo
El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que establece el marco para esta subasta. Este decreto forma parte de un plan a largo plazo que incluye el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. En este sentido, la subasta busca asegurar el compromiso de España con los objetivos del PNIEC que ubican la participación de energías renovables en el 42% del consumo para el año 2030.
Entre las medidas incluidas en este Real Decreto, destaca la asignación de un régimen retributivo específico para las instalaciones de nuevo desarrollo, lo que incentiva a los inversores a participar en estos proyectos. El sistema de subastas será crucial a lo largo de la próxima década, con la previsión de realizar subastas anuales que conduzcan al país a una mayor independencia energética y un incremento considerable en la capacidad renovable instalada.
Participación y condiciones de la subasta
Para poder participar en la subasta, las instalaciones deben cumplir ciertos requisitos: deben estar situadas en la península, ser completamente nuevas y estar registradas bajo el Régimen Económico de Energías Renovables (REER). Esto evita que los mismos proyectos obtengan más de una adjudicación y garantiza que la capacidad subastada sea adicional.
El Gobierno ha dejado claro que el proceso será competitivo, con la adjudicación de las instalaciones basada en criterios como la oferta más económica. Además, se están empezando a considerar otros aspectos como la sostenibilidad ambiental y la resiliencia en algunos procesos recientes, tal como lo establece el Real Decreto 960/2020.
El resultado esperado es que las tecnologías que ofrezcan una mayor rentabilidad y eficiencia económica sean las que obtengan el permiso de desarrollo. De este modo, se alinea con los objetivos del PNIEC y de la Comisión Europea para fomentar un sistema energético verde y competitivo.
Contexto europeo y déficit de energías renovables
España ha experimentado un déficit considerable en el desarrollo de energías renovables respecto a otros países europeos en la última década. Esto ha sido un obstáculo importante en el avance hacia los objetivos climáticos fijados por la Unión Europea, tanto de cara a 2020 como para 2030.
Por poner en contexto, en 2015, la energía renovable cubrió solo el 17,3% del consumo final de energía, muy por debajo del 20% necesario para cumplir con los objetivos europeos de 2020. La falta de incentivos y un marco regulatorio ineficaz durante ciertos años contribuyó a que esta meta fuera difícil de alcanzar.
Para solventar este desfase, el Real Decreto 960/2020 y las posteriores subastas han servido como punto de inflexión para el sector, buscando un auge notable mediante la implantación de nueva capacidad renovable que permita cumplir con los compromisos del Acuerdo de París y los requisitos de la UE.
Subasta y optimización de recursos
Con la implementación de estas subastas, España no solo busca incrementar la generación de energía renovable, sino también reducir su dependencia energética del extranjero, que, según algunos estudios, se encuentra 20 puntos por encima de la media europea.
Las subastas permiten obtener precios más competitivos para los consumidores finales, pues aseguran que las empresas ganadoras ofrezcan su energía renovable a precios controlados y fijados en las propias subastas, protegiendo a largo plazo al consumidor de las fluctuaciones del mercado energético.
Asimismo, el nuevo diseño del sistema subastador incluye incentivos para tecnologías como el almacenamiento de energía y la mejora de la integración de renovables en la red. Estos aspectos son esenciales para garantizar la estabilidad del suministro eléctrico y reducir la intermitencia inherente a tecnologías como la solar fotovoltaica o la eólica.
Retos y futuro del sector eólico
La potencia eólica instalada en España ha experimentado importantes retrasos en los últimos años, lo que pone en duda el cumplimiento de los objetivos marcados. En 2020, se llegó a una capacidad de unos 29.000 MW, aunque la meta del PNIEC, de cara a 2030, establece un objetivo de 50.000 MW.
Uno de los mayores desafíos ha sido la inseguridad jurídica y la excesiva burocracia en los trámites administrativos, algo que ha desincentivado a muchos inversores y empresas del sector. A medida que entran en vigor nuevos mecanismos regulatorios y se flexibilizan las condiciones de desarrollo, se espera que el sector eólico experimente un gran impulso.
Pese a estos contratiempos, el Ministerio de Transición Ecológica prevé un fuerte crecimiento de la potencia eólica en los próximos años, y se espera que las sucesivas subastas incentiven la instalación de instalaciones renovables en tiempo y forma adecuados.
Inversión mundial en energías renovables
A nivel global, la inversión en energías renovables continúa en aumento, tanto en países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo. España siempre ha sido pionera en esta área, encontrándose entre los siete líderes mundiales en capacidad de generación renovable hasta hace algunos años.
Sin embargo, el deterioro del marco retributivo entre 2012 y 2015 hizo que la capacidad instalada se estancara. Muchas empresas decidieron frenar sus inversiones, al considerar que España ya no ofrecía un entorno seguro para las renovables. La regulación de las subastas actuales intenta revertir esta situación y potenciar el crecimiento en sectores como el solar o la biomasa.
¿Qué sucede cuando las emisiones de CO2 aumentan?
El estancamiento de las inversiones y la lentitud en la transición hacia las renovables ha hecho que España dependa aún fuertemente de los combustibles fósiles. Entre 2014 y 2015, el país experimentó un aumento del 22% en el uso de carbón, lo que, a su vez, incrementó las emisiones de CO2 y el coste de los derechos de carbono.
El aumento de las emisiones tiene consecuencias graves no solo a nivel ambiental, sino también económico. Algunas estimaciones indican que España gastó más de 100 millones de euros en derechos de CO2 en un solo año, dinero que podría haberse destinado a mejorar y expandir las energías renovables.
En este contexto, el avance en la implementación de las subastas y la construcción de nuevas plantas de energías limpias se vuelve crucial para evitar futuros aumentos en las emisiones de gases contaminantes y, al mismo tiempo, mejorar la competitividad del sector energético en el país.
Con la presión de las empresas renovables y el marco regulatorio renovado, todo apunta a que España volverá a recuperar su estatus como líder mundial en energías renovables en los próximos años.