Nuevos problemas se ciernen sobre las cuentas públicas de nuestro país. España acumula al menos 27 denuncias en organismos arbitrales internacionales como el Ciadi, del Banco Mundial, o Uncitral (ONU). La suma de estas reclamaciones suman como mínimo los 3.500 millones de euros, aunque algunos expertos las llegan a situar casi en los 6.000 millones.
Tras el primer dictamen del Ciadi contrario a España y a favor de las peticiones del fondo de inversión británico Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg, que inviertieron casi 1.000 millones en dos centrales termosolares en las provincias de Ciudad Real y Badajoz, crecen las opciones de que caigan nuevas resoluciones en contra del Ejecutivo español.
Fondos internacionales especializados en pleitos han comenzado a analizar las posibilidades de entrar en este negocio tras el dictamen del Ciadi publicado hace unos días. Uno de ellos, el británico Therium Group Holdings Litigation ya lo hizo el verano pasado al hacerse cargo de 100 denuncias de dueños de gasolineras contra Repsol, Cepsa y BP por fijar directa o indirectamente los precios de venta en las estaciones de servicio.
Todo ello se produjo tras los dictámenes de la antigua Comisión Nacional de Competencia (CNC) y expedientes posteriores por estas prácticas, además de una directiva europea, la 2014/107/UE de daños, que se tenía que trasponer en España.
Y es que estos fondos trabajan sobre seguro. Financian pleitos de este tipo, que pueden costar en torno a tres millones de euros, y, en caso de ganar la demanda, se quedan una parte de la cantidad reclamada, explica Jorge Morales de Labra, experto del sector energético y vicepresidente de la Fundación Renovables.
El Gobierno del PP ya introdujo una disposición en el proyecto de ley de los Presupuestos del Estado para el 2017 que autorizaba a emplear el superávit obtenido en el sistema eléctrico para financiar sentencias judiciales.
IMPUESTOS Y TARIFAS
Según Morales de Labra, tras conocerse la decisión del Alto tribunal, el Partido Popular introdujo una enmienda que amplía esa posibilidad a los laudos y otras penalizaciones. Esa es una vía para evitar el pago a través de los presupuestos públicos (a partir de los impuestos que pagan los ciudadanos), con el riesgo de dinamitar el objetivo de déficit público marcado por Europa; o con cargo al sistema, es decir, encareciendo las tarifas de los de tod@s nosotros.
El problema es que la disposición que se ha incluido en las cuentas públicas contraviene o, como mínimo, exime al Gobierno de cumplir la ley eléctrica que promovió este mismo Ejecutivo en el 2013, según la cual, los superávits se destinarán a compensar desajustes de años anteriores y deudas pendientes. El excedente que se ha obtenido desde el 2014 supera los 1.200 millones; pero la deuda según la CNMC pendiente del sistema a 31 de diciembre de 2016 superaba los 23.000 millones.
A lo largo de los últimos años, se han invertido en España unos 40.000 millones de euros en este sector, de los que unos 12.000 millones procedieron de fondos, que son actualmente los primeros en recurrir a los organismos arbitrales internacionales.
El laudo reciente del Ciadi rechazó incluir en el reconocimiento de las reclamaciones del fondo británico que ha ganado el arbitraje las pérdidas como consecuencia de los recortes que inició el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con Miguel Sebastián como ministro de Industria;
Como base del cálculo ha concedido 25 años de vida útil, a diferencia de los 40 que exigía el propietario de las plantas termosolares. Al final «solo» reconoce 128 de los 300 millones que reclamaba.
La resolución torpedea las medidas acordadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy con el anterior ministro de Industria, el dimisionario José Manuel Soria; y su secretario de Estado de Energía de entonces, Alberto Nadal, actual secretario de Estado de Presupuestos y hermano gemelo del titular de la nueva cartera de Energía, Álvaro Nadal, sobre la que recaerán todas las resoluciones que pueden ir cayendo contra el hachazo asestado a la retribución de las energías renovables.
