Nuevos problemas se ciernen sobre las cuentas públicas de nuestro país. España acumula al menos 27 denuncias en organismos arbitrales internacionales como el Ciadi (del Banco Mundial) o Uncitral (ONU). La suma de estas reclamaciones asciende, como mínimo, a 3.500 millones de euros, aunque algunos expertos estiman que podrían llegar a los 6.000 millones.
El primero de estos dictámenes en ser desfavorable para España fue a favor del fondo de inversión británico Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg, que invirtieron cerca de 1.000 millones de euros en dos centrales termosolares situadas en Ciudad Real y Badajoz. Este fallo aumentó el temor a que nuevas resoluciones sean desfavorables para el Ejecutivo español.
Fondos internacionales especializados en pleitos han comenzado a ver una potencial oportunidad de negocio tras el dictamen del Ciadi. Un ejemplo es el fondo británico Therium Group Holdings Litigation, que el verano pasado asumió la gestión de 100 demandas de propietarios de gasolineras contra Repsol, Cepsa y BP por fijar precios de venta en las estaciones de servicio.
Estas actuaciones fueron incentivadas por dictámenes de la antigua Comisión Nacional de Competencia (CNC), así como por expedientes posteriores y la directiva europea 2014/107/UE sobre daños, que debía ser traspuesta en España.
Los fondos de litigios como Therium operan bajo una estrategia segura. Financian pleitos que pueden costar hasta tres millones de euros y, en caso de obtener una sentencia favorable, se llevan un porcentaje de la cantidad reclamada, según Jorge Morales de Labra, vicepresidente de la Fundación Renovables y experto del sector energético.
El Gobierno del Partido Popular introdujo en 2017 una disposición en el proyecto de ley de los Presupuestos del Estado que permitía utilizar el superávit del sistema eléctrico para financiar las sentencias judiciales derivadas de estos pleitos.
Impuestos y Tarifas
Tras conocerse la decisión del Ciadi, el Partido Popular propuso una enmienda que amplía la posibilidad de destinar este superávit a pagar los laudos y otras penalizaciones. Esta medida permitiría evitar el pago a través de los presupuestos públicos, financiados con los impuestos de los ciudadanos, o bien a costa del sistema eléctrico, lo que provocaría un encarecimiento de las tarifas que pagamos todos.
Sin embargo, esta disposición contraviene la ley eléctrica de 2013, según la cual dichos superávits deberían destinarse a compensar desajustes financieros de años anteriores. Desde 2014, el excedente acumulado supera los 1.200 millones de euros, pero la deuda pendiente del sistema, según la CNMC, ascendía a los 23.000 millones a finales de 2016.
En los últimos años, se han invertido en España unos 40.000 millones de euros en el sector de las energías renovables; de ellos, 12.000 millones provienen de fondos internacionales, que son los principales actores en recurrir a organismos arbitrales internacionales.
Resoluciones del Ciadi
Uno de los casos más destacados en el Ciadi fue el pleito presentado por el fondo británico Eiser Infrastructure Limited, que reclamaba más de 300 millones de euros por su inversión en tres plantas solares en España. Tras el fallo del organismo arbitral, se le reconocieron solo 128 millones. El tribunal rechazó incluir en el cálculo las pérdidas derivadas de los recortes que iniciaron durante el mandato socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con Miguel Sebastián como ministro de Industria.
El tribunal del Ciadi ha adoptado 25 años de vida útil como base para sus cálculos, frente a los 40 años que demandaban los propietarios de las plantas termosolares. Este resultado es solo un ejemplo de las múltiples disputas a las que se enfrenta España.
En otro reciente laudo, relacionado con la empresa NextEra de EE. UU., el Ciadi también falló en favor de los demandantes, obligando a España a pagar 290 millones de euros. Este tipo de decisiones han puesto al país en una situación complicada, ya que la suma de los laudos continúa incrementándose.
Impacto Internacional y Futuras Repercusiones
La situación a la que se enfrenta España ha puesto al país en una lista de naciones con gran número de disputas internacionales por cambios regulatorios en el sector energético, comparable a países como Argentina o Venezuela. De hecho, el impacto económico no solo afecta a los inversores extranjeros, sino que España corre el riesgo de sufrir embargos de bienes públicos en otros países, como ha sucedido en Reino Unido o EE. UU.
En este contexto, algunos inversores han llegado incluso a embargar bienes como el antiguo Instituto Cervantes en Londres o la oficina de Navantia en Australia. A pesar de estas acciones, el Gobierno español continúa defendiendo su postura, esgrimiendo que los cambios en las retribuciones a las renovables eran necesarios para garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico.
Sin embargo, el coste de estos arbitrajes continúa acumulándose. Según datos oficiales, el 50% de los laudos ya emitidos ha sido desfavorable para España, lo que ha supuesto un coste acumulado de más de 1.700 millones de euros en indemnizaciones, y aún se esperan futuras decisiones en los próximos años.
En última instancia, las decisiones de los tribunales internacionales tendrán un impacto duradero en las políticas energéticas de España, ya que la sostenibilidad financiera y la necesidad de cumplir con compromisos internacionales podrían condicionar las futuras inversiones.
A pesar de estas dificultades, el país sigue siendo uno de los líderes en el desarrollo de energías renovables en Europa, con una participación del 32% de renovables en el mix energético para 2030. Sin embargo, para alcanzar futuros objetivos de sostenibilidad, será imprescindible gestionar eficazmente estos pleitos y garantizar un entorno estable para las inversiones internacionales.
El futuro de las energías renovables en España seguirá dependiendo de la capacidad del Ejecutivo para restablecer la confianza de los inversores y gestionar las consecuencias de estos pleitos internacionales.