En los próximos meses se activarán nuevas restricciones y controles en varias capitales mientras se afina el detalle de exenciones, perímetros y sistemas de vigilancia. A continuación, repasamos los cambios más relevantes en Málaga, Valencia, Cádiz y Barakaldo, además del contexto estatal y la situación en otras ciudades españolas.
Málaga: fin de la moratoria y comienzo de las sanciones
En Málaga, la ZBE deja atrás su año de transición: a partir del 30 de noviembre se tramitan multas a los vehículos no autorizados que accedan al perímetro delimitado. El seguimiento se hará con cámaras y lectura de matrículas, por lo que no es obligatorio llevar la pegatina siempre que el distintivo ambiental conste asociado al vehículo en la base de datos.
La autorización de acceso depende de tres variables: la etiqueta ambiental, si el vehículo está domiciliado en el municipio y el tipo de vehículo (turismo, moto o furgoneta). Para coches y motos, los domiciliados en Málaga pueden entrar siempre, incluso sin etiqueta; los de fuera del municipio con etiqueta CERO, ECO o C mantendrán el acceso sin límite; los de etiqueta B de fuera podrán circular hasta el 30 de noviembre de 2026; y los que no tengan distintivo perderán el acceso desde el mismo 30 de noviembre.
Para furgonetas se aplican reglas similares, pero con dos años adicionales de margen: las de fuera con etiqueta B podrán acceder hasta noviembre de 2028 y las que carezcan de etiqueta hasta noviembre de 2027. Las furgonetas domiciliadas en Málaga, sin límites por su función esencial en la actividad local.
Habrá autorizaciones especiales para transporte colectivo regular, asistencia sanitaria, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios municipales, vehículos históricos o servicios privados de necesidad justificada. El Área de Movilidad prevé dejar fuera de la ZBE a más de 26.000 vehículos y, a 15 años vista, reducir el parque móvil de la zona en torno a un 20%.
Valencia: choque político, presupuesto en el aire y calendario incierto
En Valencia, la ordenanza reguladora de la ZBE se cayó en pleno tras el voto en contra de Vox, socio de gobierno del PP, que dejó a los populares solos defendiendo el texto. La oposición (PSPV-PSOE y Compromís) tampoco apoyó la propuesta por considerarla laxa y de mínimos en términos ambientales.
El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, defendió una implantación progresiva centrada inicialmente en los vehículos con etiqueta A de fuera de la provincia, con extensión gradual en años sucesivos. Sobre la mesa llegó incluso la posibilidad de ampliar el perímetro, pero el giro de Vox bloqueó la aprobación. Desde la oposición se alertó de una posible pérdida de 115 millones de fondos europeos y se pidieron responsabilidades políticas.
A este choque se suma un problema de calendario: el presupuesto municipal de 2026 todavía no reúne apoyos suficientes. Si se prorrogan las cuentas, no habrá partidas para cámaras, señalización, control tecnológico, ayudas a la renovación de vehículos o incentivos al comercio en el centro, lo que retrasaría varios meses la puesta en marcha efectiva de la ZBE.
La normativa estatal y europea exige a las ciudades de más de 50.000 habitantes contar con estas áreas, por lo que la parálisis podría situar a Valencia bajo el foco del Ministerio para la Transición Ecológica y de la UE. Mientras, PP, Vox, PSPV y Compromís mantienen posturas alejadas sobre el alcance, los plazos y el perímetro de la ZBE.
Cádiz: perímetro definido en el casco antiguo y registro de matrículas
El Ayuntamiento de Cádiz ha cerrado el diseño de su ZBE y busca la aprobación inicial en un pleno extraordinario para activar la medida a final de año. El ámbito afecta al casco histórico (excepto la ronda de circunvalación) y a tramos ya peatonalizados del Paseo Marítimo.
La propuesta prevé que las restricciones afecten principalmente a vehículos no censados en la ciudad, mientras que los residentes con matrícula controlada por la hacienda local mantenerán el acceso. Además, se activará un protocolo para episodios puntuales de mala calidad del aire.
Entre los vehículos de libre acceso destacan bicicletas y VMP, así como los turismos con distintivo CERO y ECO, además de servicios de emergencia e intervención incluso si carecen de etiqueta. Otros, como suministros básicos, funerarios, mantenimiento o determinados servicios públicos, requerirán inscripción en el Registro Municipal de acceso a ZBE.
Habrá exenciones permanentes para supuestos como empadronados con causas justificadas, clientes de hoteles o parkings del interior (con comunicación de matrículas), PMR, grúas, vehículos históricos y profesionales vinculados a obras y eventos autorizados. Determinados vehículos sin distintivo o con etiquetas B y C podrán acceder bajo límite temporal general y condiciones concretas (por ejemplo, garajes no rotativos, reparto, talleres o servicios sociales).
Barakaldo: “Zona Centro Ampliada” y objetivo de reducir emisiones por encima del 10%
Barakaldo ha aprobado técnicamente la delimitación de su ZBE dentro del proyecto 2026-2030, con el perímetro denominado “Zona Centro Ampliada” (Centro, Rontegi, Santa Teresa, Beurko Berria, San Vicente, Zuazo–Arteagabeitia y Lasesarre). La decisión se justifica en datos de calidad del aire y ruido derivados del alto volumen de desplazamientos.
La propuesta plantea vetar el acceso a vehículos sin distintivo y con etiqueta B en todo el centro urbano, salvo el barrio de Desierto y áreas periféricas de centros comerciales y de Lutxana, Llano, Cruces, Burtzeña, Retuerto, El Regato y Kareaga. Cruces no se incluye como ZBE por su función de acceso hospitalario a escala supramunicipal.
El consistorio asegura que con este perímetro se supera el 10% de reducción de emisiones fijado en el proyecto, y que la delimitación facilita rodear la ciudad sin entrar (vías como Ronda de Azkue, Av. Altos Hornos, Av. de la Rivera e Ibaibe). Quedan fuera polos como Beurko Viejo, BEC y Megapark.
La concejalía de Desarrollo Sostenible abre un proceso de sesiones informativas para detallar el listado de autorizaciones y exenciones y pulir el alcance en participación ciudadana. Aunque no hay fecha de implantación, la ley ya obligaba a hacerlo antes del 1 de enero de 2023, por lo que el impulso técnico busca acelerar los plazos.
Contexto estatal y otras ciudades: etiquetas, fases, tasas y nuevas obligaciones
Las ZBE existen en Europa desde los años 90 y se han extendido por España con la obligación legal para municipios de más de 50.000 habitantes. El transporte representa cerca del 29% de las emisiones nacionales, de ahí que estas zonas busquen mejorar la calidad del aire y alinearse con las directivas europeas.
Ciudades como Lleida aplican fases: en la primera, los vehículos sin distintivo no pueden circular por las calles incluidas en la ZBE1 de lunes a viernes (7:00–20:00); a partir del próximo enero, las etiquetas B también se verán afectadas en episodios de alta contaminación; y para 2028 se prevé limitar la circulación de los B en ese mismo horario con una ampliación del ámbito. Además, los no residentes disponen de 24 accesos anuales sin sanción hasta 2028.
En el mapa nacional surgen más restricciones: algunas localidades han empezado a limitar la entrada a vehículos B en determinadas ZBE o supuestos, y en los próximos meses se esperan avances en Palma, San Sebastián, Reus, Santander, Las Palmas, Valladolid y otros municipios obligados a desplegar estas áreas para cumplir la normativa.
La nueva Ley de Movilidad Sostenible proporciona herramientas a los ayuntamientos: posibilita tasas por el tránsito indebido en ZBE (calculadas en referencia a costes de aparcamiento público), anima a primar vehículos menos voluminosos en el espacio público, y habilita medidas de cierre o restricción en episodios de alta contaminación. Además, plantea revisar el sistema de etiquetas de la DGT en el plazo de un año para corregir desajustes y añadir las emisiones de CO2 como criterio.
La norma también introduce planes de movilidad obligatorios para empresas de 200 o más empleados, con sanciones si no se cumplen, impulsa un plan estatal para la bicicleta, y prevé un programa de renovación del parque móvil orientado a cero y bajas emisiones, incluyendo ayudas a usados que cumplan Euro 6d. Asimismo, sugiere reducir vuelos domésticos con alternativa ferroviaria competitiva.
Impacto en el mercado: más restricciones y un parque móvil envejecido
El despliegue de ZBE topa con un mercado de ocasión que domina las ventas en España (por cada coche nuevo se venden unos 2,1 usados) y con una antigüedad media del parque por encima de 14 años. Proyecciones del sector señalan que hasta un 87% de los coches que se compren en 2025 no podrán circular libremente en 2026 por zonas restringidas, al no reunir etiquetas ECO o CERO.
Los datos disponibles apuntan a que apenas un 13% de los vehículos de ocasión vendidos superaría las restricciones de ZBE, con una cuota de ECO cercana al 10% y CERO ligeramente por encima del 3%. A cierre del último ejercicio analizado, solo el 1,2% del parque nacional era CERO y un 4,7% ECO, lo que evidencia el reto de acelerar el relevo hacia tecnologías menos contaminantes.
Para quienes tienen coches sin distintivo o con etiquetas B y, en menor medida, C, el endurecimiento progresivo de las normas obligará a planificar alternativas: aprovechar exenciones temporales, recurrir al transporte público o de movilidad compartida, o dar el salto a vehículos con etiquetas más limpias cuando sea posible.
Con sanciones ya activas en algunas ciudades, ordenanzas en trámite en otras y un marco estatal que da más herramientas a los ayuntamientos, el despliegue de las ZBE entra en una fase decisiva en España: Málaga aprieta el acelerador, Valencia busca encaje político y financiero, Cádiz perfila su perímetro con amplias exenciones, y Barakaldo fija su zona prioritaria. El reto común será combinar eficacia ambiental, seguridad jurídica y apoyo a quienes más lo necesitan para que la transición sea viable y no deje a nadie atrás.
