Las Zonas de Bajas Emisiones se han convertido en uno de los temas urbanos más debatidos de los últimos tiempos en España. Este tipo de áreas, diseñadas para limitar el acceso de vehículos más contaminantes, se han impuesto en grandes y medianas ciudades como parte de los esfuerzos para mejorar la calidad del aire y cumplir con la legislación estatal y europea sobre la reducción de emisiones. Aunque la intención es clara, la aplicación práctica está generando muchas dudas y reclamaciones, tanto por parte de ciudadanos como de administraciones.
A raíz de las nuevas leyes y decretos, los municipios con más de 50.000 habitantes están obligados a delimitar Zonas de Bajas Emisiones, pero cada localidad está ajustando la normativa a su situación concreta. Así, el desarrollo y la puesta en marcha de estas zonas varía mucho dependiendo de la ciudad, tanto en la extensión, como en la severidad de las restricciones, los sistemas de control y las excepciones incluidas.
¿Qué es una Zona de Bajas Emisiones y por qué se implantan?
Las ZBE son áreas urbanas donde se restringe la circulación de vehículos más antiguos y contaminantes, con el principal objetivo de reducir los niveles de polución y mejorar la salud pública. La base legal está en la Ley 7/2021 de Cambio Climático y su desarrollo depende de cada ayuntamiento, siguiendo unas directrices comunes.
En estas zonas, solo pueden circular libremente los vehículos con distintivo ambiental de la DGT (B, C, ECO y 0), aunque se prevén excepciones para casos como residentes, personas con movilidad reducida, servicios esenciales y situaciones concretas justificadas.
Ciudades y características de sus Zonas de Bajas Emisiones
En ciudades como Girona, Granada, Santa Coloma de Gramenet o Zamora, además de las pioneras Madrid y Barcelona, la ZBE ya es una realidad o está en sus fases finales de desarrollo. Cada una ha definido su perímetro y las condiciones de acceso de acuerdo con su morfología urbana y las necesidades de la población.
Por ejemplo, Girona ultima la activación de su ZBE para septiembre. Allí se controlará la entrada mediante un registro de vehículos y cámaras instaladas en 13 puntos estratégicos, con excepciones para situaciones médicas, de emergencia o personas con bajos ingresos. Las restricciones se aplicarán en días laborables y los vehículos sin etiqueta tendrán un límite de accesos anuales.
En Granada, la ZBE ocupa casi todo el término municipal y se encuentra en fase informativa hasta que las sanciones empiecen a aplicarse, tras un periodo de moratoria. Las cámaras leerán matrículas en 31 ubicaciones y existen permisos especiales para residentes, personas mayores, profesionales, vehículos con compromisos laborales o de urgencia, y más.
Excepciones y sistemas de control
Las excepciones son clave en todos los reglamentos municipales. Los colectivos más protegidos suelen ser residentes, personas con movilidad reducida, profesionales que trabajan en la zona, vehículos de servicios públicos y casos justificados por razones sociales, médicas o económicas. Muchas ciudades han previsto permisos temporales y un número limitado de accesos anuales para determinados perfiles.
El control del acceso y la correcta aplicación de las normativas descansa en una red de cámaras de reconocimiento de matrículas que permite la automatización de la vigilancia. Girona dispondrá de 19 dispositivos en 13 puntos, Granada instalará 31 cámaras y Santa Coloma de Gramenet controlará su ZBE con 45 cámaras distribuidas en 24 puntos de entrada. Además, la señalización vertical y horizontal está diseñada para alertar claramente a los conductores al entrar en estas áreas.
Restricciones, horarios y excepciones más frecuentes
Las restricciones suelen aplicarse en días laborables, con horarios que habitualmente van desde las primeras horas de la mañana (7:00 u 8:00) hasta la tarde o la noche (20:00 o incluso 22:00 en casos como Albacete). Los coches sin distintivo ambiental son los principales afectados, aunque muchas ciudades incluyen una larga lista de excepciones: residentes, titulares de garajes, personas mayores de 67 años, vehículos de emergencias, servicios básicos, carga y descarga, transporte escolar, taxis, VTC y casos especiales como desplazamientos médicos o laborales justificables.
La implantación de estas zonas ha generado un intenso debate social. Las sentencias judiciales han anulado ordenanzas por defectos legales o falta de justificación técnica, como ocurrió en Segovia, Badajoz, Gijón, Santa Cruz de Tenerife e incluso Madrid. La escasez de estudios de impacto económico y social, junto con la percepción de que penalizan a las familias con menos recursos, ha provocado críticas y la necesidad de replantear algunos proyectos.
Las asociaciones ciudadanas, colectivos de autónomos y ayuntamientos reclaman mayor flexibilidad y ayudas para quienes no pueden renovar sus vehículos, además de mejorar el transporte público. El debate internacional, con ejemplos como Francia, donde se ha decidido eliminar las ZBE por su impacto en los hogares con menores ingresos, también influye en las políticas nacionales.
Mientras tanto, las administraciones locales continúan ajustando sus proyectos en función de la normativa europea y estatal, las sentencias judiciales y las demandas sociales. Ciudades como Ourense, Zamora y Albacete avanzan en sus planes, adaptando plazos y restricciones a su realidad particular. El proceso de implementación de las ZBE en España es dinámico, con avances, ajustes y un diálogo constante entre legislación, tribunales, ayuntamientos y ciudadanía.
