La implantación de las Zonas de Bajas Emisiones avanza a distintas velocidades en España, entre obligaciones legales, plazos ya vencidos y un debate muy vivo sobre su alcance. Varias capitales afinan sus ordenanzas, otras encaran recursos y hay municipios que ya están listos para sancionar.
Mientras Granada ultima el salto al régimen sancionador y Córdoba lo tiene en marcha desde hace tiempo, Oviedo y Cuenca progresan en su tramitación, la Comunidad de Madrid acelera con Coslada, Valdemoro y Aranjuez, y Toledo convoca a sus vecinos a participar en la ordenación del casco histórico. Todo ello en un contexto de incentivos, fondos y ayudas que condicionan el calendario.
Qué es una ZBE y qué exige la ley
Una Zona de Bajas Emisiones es un ámbito urbano donde se restringe el acceso, la circulación y el estacionamiento a los vehículos más contaminantes según su distintivo ambiental de la DGT. El marco viene fijado por la Ley de Cambio Climático (2021) y el Real Decreto 1052/2022.
La normativa obliga a todos los municipios con más de 50.000 habitantes (y algunos con circunstancias específicas) a contar con una ZBE en funcionamiento. A pesar de ello, sólo una parte de las ciudades obligadas la ha implementado o está en pruebas, con cifras que se mueven en torno a 55 de 149, aproximadamente un tercio del total.
El objetivo principal es reducir contaminantes y mejorar la salud pública con menos tráfico y más transporte público, movilidad activa y vehículos de cero y bajas emisiones. Incumplir una ZBE se considera infracción grave y conlleva multas de 200 euros (100 con pronto pago).
En paralelo, el parque de motocicletas evidencia el reto: alrededor del 30% carece de etiqueta ambiental y apenas el 1,2% son 100% eléctricas, según datos de la DGT, lo que añade presión a la transición hacia vehículos menos contaminantes.
Mapa de avances y retrasos por ciudades
Granada, ZBE en fase final de despliegue
La Zona de Bajas Emisiones de Granada está operativa en fase informativa desde el 1 de octubre de 2024 y activará el periodo sancionador el 1 de octubre de 2025. Podrán circular los vehículos con etiquetas B, C, ECO y 0 no censados en la capital, mientras que los gasolina anteriores a 2001 y diésel previos a 2006 sin censo en la ciudad no podrán acceder.
El ámbito abarca prácticamente todo el término municipal (unos 23,55 km²) con excepciones. Quedan fuera, entre otras, la GR-30 (Circunvalación), la A-395 (Ronda Sur), Merced Alta (A-4006) y la Avenida Santa María de la Alhambra, además del recinto de la Alhambra y el Cementerio de San José.
También se excluyen inicialmente áreas como Bobadilla, Lancha del Genil, parte de Cerrillo de Maracena, El Fargue, Serrallo Plaza, el Polígono El Florío y zonas del PTS, donde se preserva el acceso al Hospital Clínico San Cecilio. El Ayuntamiento mantiene un sistema de autorizaciones permanentes y puntuales publicado en su web de Movilidad.
Córdoba, multando desde hace dos años
En Córdoba, la ZBE lleva activa desde la primavera de 2023, coincidiendo en buena medida con las áreas ACIRE. El consistorio asegura que ya está multando incumplimientos y que las cámaras renovadas a finales de 2024 permiten la tramitación sancionadora.
Según el área de Movilidad, el régimen local puede ser más restrictivo que en otras ciudades, dado que el acceso se limita de facto a vehículos ECO y Cero en muchas de sus zonas, lo que ha suavizado el impacto al ser una regulación conocida por la ciudadanía desde hace años.
Oviedo, aprobación inicial y anillo doble
Oviedo ha aprobado inicialmente su proyecto técnico y la ordenanza de la ZBE, con periodo de información pública de 30 días para alegaciones. La propuesta apuesta por un diseño en doble anillo para evitar efectos frontera y una implantación progresiva con campañas de sensibilización.
El expediente contempla autorizaciones temporales para residentes y trabajadores, y supedita la entrada en vigor de la ordenanza a la aprobación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. El objetivo declarado es una transición «amable» que reorganice el reparto modal del tráfico.
Cuenca, última fase antes del Pleno
Cuenca mantiene en exposición pública su ordenanza de ZBE y prevé llevarla a Pleno para aprobación definitiva entre septiembre y octubre. Paralelamente impulsa nuevas líneas de bus (mayoritariamente eléctricas) y aparcamientos disuasorios.
El Ayuntamiento ha anunciado la apertura inminente de un nuevo parking con unas 200 plazas en Mariano Catalina para reducir desplazamientos en vehículo privado hacia el centro y favorecer alternativas sostenibles.
Comunidad de Madrid: avances y fricciones
En el área metropolitana madrileña, Coslada tiene en marcha los trámites para su ZBE; Valdemoro avanza a pesar de señalar a la A-4 como su principal foco de emisiones; y Aranjuez discrepa de la obligatoriedad aunque ultima su despliegue.
Arganda del Rey se opone, alegando buena calidad del aire y alertando del impacto en el comercio local, una postura que choca con la advertencia del Ministerio de Transportes sobre una posible retirada de ayudas al transporte público en caso de incumplimiento.
Toledo: consulta abierta a la ciudadanía
Toledo ha activado una consulta pública para su ZBE en el casco histórico con el fin de recoger propuestas de vecinos y entidades. Pueden participar empadronados mayores de 16 años y personas jurídicas enviando aportaciones a zonabajasemisiones@toledo.es.
Las sugerencias también pueden registrarse por sede electrónica o presencialmente en el Registro General, con la referencia del expediente que consta en el anuncio. El plazo de participación finaliza el 18 de septiembre de 2025; después, el Ayuntamiento elaborará el proyecto de ordenanza conforme al «Proyecto ZBE» publicado.
Granada, el epicentro del debate
El entorno metropolitano de Granada concentra buena parte de las tensiones. Maracena y Armilla han llevado a los tribunales la implantación por la respuesta municipal a sus alegaciones; Pulianas estudia seguir el mismo camino y otros municipios del cinturón han mostrado su rechazo formal.
Los ayuntamientos críticos sostienen que la regulación discrimina a no empadronados y dificulta accesos cotidianos a la capital (trabajo, centros sanitarios o trámites), mientras el Consistorio granadino recuerda que se trata de una obligación legal para las ciudades y defiende beneficios en salud y calidad del aire.
El gobierno local ha reforzado la información sobre la «lista blanca» de excepciones y autorizaciones, con especial mención a los mayores de 67 años del área metropolitana, y desplegará nuevas campañas antes del inicio de las sanciones en octubre.
En el plano político, el grupo socialista en el Ayuntamiento ha pedido detener la ZBE y retomar un modelo por anillos consensuado a escala metropolitana, al tiempo que reclama activar el Plan de Calidad del Aire y mejorar conexiones de transporte público y metro.
La alcaldía subraya que la ZBE se concibe como medida de salud pública y que su diseño será revisado tras tres años para evaluar resultados: reducción de NOx y partículas, menos CO2, ruido y recuperación de espacio público.
Financiación e incentivos: el otro factor decisivo
El despliegue de las ZBE se ha visto afectado por retrasos y agotamiento de fondos del Plan MOVES. Aunque el Gobierno reactivó MOVES III con 400 millones y un plazo de tres meses para convocatorias, algunas comunidades no las publicaron a tiempo y donde sí lo hicieron (Madrid, Cataluña, Galicia, País Vasco, Aragón) los fondos se agotaron en semanas.
En paralelo, la Comunidad de Madrid ha anunciado que duplicará las ayudas para vecinos y comerciantes afectados por las ZBE, con la idea de facilitar adaptaciones y renovación de flotas. El Ministerio de Transportes, por su parte, mantiene la posibilidad de retirar subvenciones al transporte a municipios que incumplan la normativa.
La combinación de obligatoriedad legal, apoyo económico y vigilancia del cumplimiento está marcando el ritmo real de la implantación, con ciudades que ya multan, otras a punto de hacerlo y varios ayuntamientos acelerando su tramitación.
Con una aplicación desigual pero cada vez más extendida, las ZBE se consolidan como pieza clave de la movilidad urbana en España: reducir emisiones y ruido, proteger la salud y ordenar el tráfico son las metas, mientras administraciones y ciudadanía ajustan normas, excepciones y ayudas para que la transición sea lo más razonable posible.
