Mientras Madrid resuelve sus conflictos legales con una normativa renovada, otras grandes ciudades como Las Palmas de Gran Canaria aĂºn no han activado sus restricciones. Al mismo tiempo, municipios del PaĂs Vasco ultiman los detalles tĂ©cnicos para poner en marcha sus sistemas.
El pulso judicial de las ZBE en Madrid
El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso del Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anulĂ³ varios artĂculos esenciales de la anterior Ordenanza de Movilidad Sostenible. La sentencia del TSJM, de septiembre de 2024, considerĂ³ que el informe de impacto econĂ³mico era insuficiente y que no se habĂa ponderado adecuadamente el balance de costes y beneficios de las restricciones.
El Alto Tribunal ha considerado que el recurso municipal se basaba en una mera discrepancia con la valoraciĂ³n de la prueba, algo que no justifica un interĂ©s casacional. De esta forma, la anulaciĂ³n de los artĂculos que definĂan el Ă¡mbito y rĂ©gimen de las ZBE queda firme.
La respuesta del Ayuntamiento: una nueva ordenanza
Antes incluso de que el Supremo se pronunciara, el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por JosĂ© Luis MartĂnez-Almeida, aprobĂ³ en marzo de 2026 la Ordenanza 2/2026, que modifica la normativa de movilidad para corregir las deficiencias señaladas por los tribunales. La nueva regulaciĂ³n entrĂ³ en vigor en abril y mantiene tanto la ZBE general como las Zonas de Bajas Emisiones de Especial ProtecciĂ³n (ZBEDEP) de Distrito Centro y Plaza ElĂptica.
El Gobierno municipal sostiene que la sentencia del Supremo solo afecta a la normativa anterior y que las restricciones actuales son plenamente aplicables al estar sustentadas en una ordenanza distinta. La nueva ordenanza fue aprobada en solitario por el PP, pese al voto en contra de la oposiciĂ³n.
El resto de España: avances lentos y ciudades pendientes
Mientras Madrid actualiza su normativa, otras ciudades españolas aĂºn no han puesto en marcha sus Zonas de Bajas Emisiones. Las Palmas de Gran Canaria, con mĂ¡s de 250.000 habitantes, sigue sin activar las restricciones pese a que la obligaciĂ³n legal existe desde 2023. SegĂºn datos del Ministerio para la TransiciĂ³n EcolĂ³gica, 109 municipios de mĂ¡s de 50.000 habitantes todavĂa no han implantado la medida.
En el PaĂs Vasco, localidades como Barakaldo, Getxo e Irun se encuentran en fase de instalaciĂ³n de sistemas de cĂ¡maras y desarrollo normativo. Una vez completado el despliegue tĂ©cnico, activarĂ¡n un periodo de pruebas antes de empezar a sancionar. Este retraso generalizado contrasta con la situaciĂ³n de Madrid y Barcelona, que concentran la mayor parte de la superficie de ZBE ya operativa.
El debate sobre las multas y el control
La firmeza de la sentencia ha reabierto el debate sobre las sanciones impuestas al amparo de la normativa anulada. Asociaciones de automovilistas sostienen que el Ayuntamiento deberĂa revisar y anular todas las multas que aĂºn no sean firmes, al haber sido dictadas sobre una base jurĂdica declarada nula. El Consistorio, por su parte, defiende que las multas impuestas desde la entrada en vigor de la nueva ordenanza mantienen plena validez.
En la prĂ¡ctica, las ZBE de Madrid siguen operativas con su sistema de videovigilancia mediante cĂ¡maras OCR. Los vehĂculos sin distintivo ambiental de la DGT continĂºan sujetos a restricciones, y las infracciones se sancionan con 200 euros, reducibles a 100 por pronto pago. La diferencia es que ahora la base legal es la nueva ordenanza, no la anulada.
AsĂ, la implantaciĂ³n de las Zonas de Bajas Emisiones en España avanza entre luces y sombras, con Madrid como ejemplo de adaptaciĂ³n legal y otras ciudades aĂºn en fase de preparaciĂ³n. El objetivo de reducir la contaminaciĂ³n sigue siendo la meta, pero el camino estĂ¡ lleno de obstĂ¡culos administrativos y judiciales que marcarĂ¡n la movilidad urbana en los prĂ³ximos años.
