Zonas de Aceleración de Renovables en Lanzarote: avances, dudas y conflictos

  • Canarias impulsa las Zonas de Aceleración de Renovables para agilizar la descarbonización sin conflictos judiciales.
  • Lanzarote fue de las primeras islas en firmar el protocolo ZAR, con 3.163 hectĆ”reas destinadas a renovables.
  • La Unión Europea ha destacado el modelo canario, pero en Lanzarote hay errores en los mapas y choque institucional.
  • El Parlamento reclama transparencia, seguridad jurĆ­dica y coordinación entre Gobierno canario y Cabildo.

Zonas de Aceleración de Renovables en Lanzarote

Las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) en Lanzarote se han convertido en uno de los focos principales del debate energético en Canarias. Lo que nació como una herramienta para facilitar la implantación de energías limpias y evitar conflictos administrativos, ha terminado abriendo un frente político y técnico que mantiene en tensión al Gobierno autonómico y al Cabildo insular.

En apenas un año, estas Ôreas para agilizar proyectos eólicos y fotovoltaicos han pasado de ser motivo de felicitación por parte de la Unión Europea a convertirse, en el caso de Lanzarote, en objeto de dudas por errores en los mapas, reproches cruzados y peticiones de aclaración pública. El fondo del asunto sigue siendo el mismo: cómo avanzar en la descarbonización sin perder seguridad jurídica ni respaldo social.

Qué son las Zonas de Aceleración de Renovables y por qué afectan tanto a Lanzarote

Las ZAR son Ôreas previamente consensuadas entre el Gobierno de Canarias y los cabildos, diseñadas para concentrar la instalación de parques eólicos y plantas fotovoltaicas en lugares donde, en teoría, se minimizan impactos ambientales y conflictos de uso del suelo. La idea es que, una vez delimitadas, los proyectos que se ubiquen dentro de estos perímetros tengan una tramitación mÔs rÔpida y con menos riesgo de acabar en los tribunales.

Este marco se impulsa en un contexto en el que la comunidad autónoma se ha marcado objetivos ambiciosos de penetración de renovables, con la meta de alcanzar alrededor del 58% de generación eléctrica a partir de fuentes limpias en 2030. Para lograrlo, el Ejecutivo regional pretende evitar la parÔlisis que se ha vivido en el pasado, cuando numerosos proyectos terminaban judicializados por discrepancias entre administraciones sobre su ubicación.

La herramienta legal que dio cobertura a estas zonas no estuvo operativa hasta junio del año pasado, cuando el Parlamento de Canarias aprobó un decreto que modificó la Ley de Cambio ClimÔtico. Ese cambio normativo incluyó explícitamente la creación de las ZAR, aunque los contactos con los cabildos para ir preparando el terreno se habían iniciado bastante antes.

Desde entonces, el departamento de Transición Ecológica, dirigido por Mariano HernÔndez Zapata, ha señalado estas zonas como un hito clave para acelerar la instalación de renovables sin reproducir las batallas legales del pasado. Sin embargo, la implantación real estÔ siendo desigual según la isla y su grado de planificación previa.

El papel de Lanzarote: pionera en firmar, cuestionada en la aplicación

En el verano pasado, Lanzarote se situó en la primera línea de este nuevo modelo: en julio se firmó el protocolo ZAR en la isla, y un mes después hizo lo propio La Gomera. Este movimiento convirtió a ambas islas en referencia dentro del Archipiélago, al ser las primeras en plasmar sobre el mapa dónde se podrían desarrollar, con prioridad, los nuevos proyectos de energías renovables.

En el caso concreto de Lanzarote, el acuerdo fijó 3.163,89 hectÔreas designadas como ZAR, aproximadamente el 3,75% de la superficie total de la isla. Estos suelos se definirían como preferentes para la implantación de plantas fotovoltaicas y parques eólicos, con la intención de simplificar los trÔmites y reducir la incertidumbre tanto para las administraciones como para los promotores.

Las cifras, sin embargo, han generado debate político y social. Según los propios documentos oficiales, la ocupación real necesaria de suelo para cumplir los objetivos de descarbonización fijados para 2030 sería de solo el 0,23% del territorio insular, muy por debajo del 3,75% delimitado como ZAR. Este desfase entre suelo necesario y suelo potencialmente utilizable ha alimentado preguntas sobre el criterio seguido para marcar los mapas.

En paralelo, desde la Consejería se ha destacado que la experiencia de las ZAR en Canarias, con Lanzarote y La Gomera como casos avanzados, ha recibido una felicitación expresa de la Unión Europea. Bruselas ha puesto al Archipiélago como ejemplo de cómo trasladar a la normativa interna la directiva comunitaria que promueve la simplificación de permisos para las energías renovables.

Pero mientras llega el reconocimiento europeo, en el plano interno el consenso se ha ido resquebrajando. Lo que sobre el papel debía ser un modelo de coordinación interadministrativa ha terminado derivando, en Lanzarote, en un choque abierto entre instituciones que comparten incluso el mismo color político.

Diferencias entre islas y ritmo desigual en la firma de las ZAR

Aunque Lanzarote y La Gomera fueron las primeras en estampar la firma en los protocolos ZAR, el resto de islas no ha ido al mismo ritmo. La viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio ClimĆ”tico y EnergĆ­a, Julieta Schallenberg, ha reconocido que cada cabildo partĆ­a de una situación diferente en su planificación territorial y energĆ©tica, lo que ha obligado al Gobierno autonómico a ā€œacompasarā€ el paso.

Este desfase se explica en parte por las distintas realidades energéticas insulares. La viceconsejera sitúa a El Hierro a la cabeza, gracias a la existencia de la central hidro-eólica Gorona del Viento, que ha convertido a la isla en un referente internacional. Tras ella, ubica a Gran Canaria y Tenerife, que cuentan con un desarrollo renovable mÔs avanzado que otras islas.

A medio plazo, la previsión oficial es que La Gomera gane todavía mÔs peso una vez se inaugure la interconexión eléctrica con Tenerife, prevista para el próximo año. Esa infraestructura permitirÔ optimizar la integración de renovables y mejorar la gestión del sistema eléctrico regional.

En el lado opuesto se encuentran Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, situadas ā€œpor detrĆ”sā€ en cuanto a penetración de energĆ­as limpias. Desde la ConsejerĆ­a se insiste en que las ZAR deben servir precisamente como acicate para acelerar el despliegue en estas islas, donde aĆŗn queda mucho margen para incrementar la generación renovable.

En La Palma, los esfuerzos se han centrado en reforzar la red de distribución y transporte, una condición previa imprescindible para poder elevar el peso de las renovables en el mix de generación sin comprometer la estabilidad del sistema. En Fuerteventura, en cambio, se subraya que existe una amplia disponibilidad de zonas potenciales, pero se estÔ a la espera de encajar las nuevas Ôreas de aceleración con el plan territorial propuesto por el cabildo.

El conflicto polĆ­tico en Lanzarote por los mapas de la ZAR

Mientras en otras islas las negociaciones avanzan de manera mĆ”s discreta, en Lanzarote el foco se ha desplazado hacia un enfrentamiento institucional abierto. El diputado socialista por Lanzarote y La Graciosa, Marcos Bergaz, ha llevado el asunto al pleno del Parlamento de Canarias, reclamando el fin del choque entre el Gobierno autonómico y el Cabildo insular en torno a la llamada ā€œfallidaā€ ZAR de la isla.

El origen del conflicto estÔ en los errores detectados en los mapas que delimitan las zonas de aceleración. Esos documentos cartogrÔficos determinan qué suelos pueden destinarse a la implantación de plantas fotovoltaicas y parques eólicos, y son la base sobre la que se apoyan tanto los promotores como las administraciones para impulsar proyectos concretos.

Según ha denunciado Bergaz, la presentación pública del Protocolo de la ZAR de Lanzarote se hizo con orgullo por parte del Gobierno canario y del Cabildo, que presumieron de ser los primeros de Canarias en cerrar este tipo de acuerdo. Sin embargo, pasado el tiempo, ambas administraciones no logran ofrecer una explicación conjunta y coherente sobre qué ha fallado exactamente en la confección de esos mapas.

El diputado califica de ā€œincomprensible e irresponsableā€ el enfrentamiento entre dos instituciones gobernadas por los mismos partidos, Coalición Canaria y Partido Popular, a causa de las consecuencias de esos supuestos errores. Mientras el Ejecutivo autonómico defiende el rigor tĆ©cnico del documento y el consenso alcanzado, el Cabildo ha llegado a plantear la paralización de la ZAR por posible nulidad de pleno derecho de lo actuado hasta ahora.

Las discrepancias han alimentado una sensación de ā€œespectĆ”culoā€ polĆ­tico, en palabras del propio Bergaz, que considera que la ciudadanĆ­a asiste a un cruce de acusaciones sin que se ofrezca una versión clara y compartida sobre quĆ© partes del mapa son correctas, cuĆ”les deben rectificarse y en quĆ© plazos se abordarĆ”n esas correcciones.

Transparencia, seguridad jurĆ­dica y plazos en entredicho

MĆ”s allĆ” de los aspectos tĆ©cnicos, el debate sobre la ZAR de Lanzarote se ha centrado tambiĆ©n en la gestión polĆ­tica y la transparencia. El parlamentario socialista ha cuestionado por quĆ© el Gobierno de Canarias tardó varios meses en remitir al Parlamento el expediente solicitado sobre la zona de aceleración, y por quĆ© el Cabildo no ha publicado todavĆ­a, segĆŗn denuncia, los mapas ā€œverdaderamente acordadosā€.

Estas crĆ­ticas se acompaƱan de preguntas directas: quĆ© necesidad habĆ­a de demorar la entrega de la documentación, por quĆ© no se difunden los planos definitivos y, en general, por quĆ© se mantiene un clima de opacidad en una cuestión que afecta al modelo energĆ©tico y territorial de la isla. Para Bergaz, el resultado es una ā€œmala imagenā€ institucional y una pĆ©rdida de confianza ciudadana.

El diputado ha pedido a ambas administraciones que comparezcan de forma conjunta, ya sea en Lanzarote, en La Graciosa o en el propio Parlamento, para ofrecer una explicación compartida y poner fin a lo que califica como ā€œlĆ­oā€ generado por los propios gobiernos. A su juicio, la transición energĆ©tica no puede gestionarse al ritmo del enfrentamiento polĆ­tico, sino con criterios de responsabilidad y estabilidad normativa.

En este contexto, cobra especial relevancia la demanda de seguridad jurídica para los proyectos renovables que se pretendan ubicar en las ZAR de Lanzarote. Si los mapas estÔn en cuestión y no existe un criterio único entre Gobierno regional y Cabildo, los inversores y promotores pueden encontrarse con un escenario de incertidumbre que contraviene precisamente el espíritu con el que nacieron estas zonas de aceleración.

La paradoja es evidente: una herramienta diseñada para simplificar y agilizar procedimientos podría terminar generando mÔs dudas de las que resuelve si no se corrigen los errores detectados y no se cierran filas institucionalmente en torno a una versión única y validada del planeamiento.

El reto de compatibilizar objetivos climƔticos y consenso territorial

El caso de Lanzarote ilustra hasta qué punto la transición energética exige equilibrar metas climÔticas, planificación territorial y consenso político. Por un lado, las islas estÔn obligadas a incrementar con rapidez la generación renovable si quieren cumplir los objetivos marcados para 2030 y reducir su dependencia de combustibles fósiles importados.

Por otro, la experiencia acumulada en Canarias muestra que la elección de ubicación de parques eólicos y plantas solares no es un asunto menor: impacta en el paisaje, en usos agrícolas, en actividades económicas y en la percepción social de los proyectos. De ahí que las ZAR se idearan como un mecanismo para adelantar y pactar esas decisiones, reduciendo el margen para sorpresas de última hora y conflictos posteriores.

En Lanzarote, la amplitud de las zonas señaladas -esas 3.163 hectÔreas, equivalentes a unos 4.200 campos de fútbol- contrasta con la superficie realmente necesaria para alcanzar los objetivos de descarbonización. Este desfase reabre debates sobre el equilibrio entre reserva de suelo, protección de determinados espacios y margen de maniobra para proyectos futuros.

A nivel regional, la Consejerƭa insiste en que se estƔn redoblando esfuerzos, especialmente en islas como Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, para que las ZAR sirvan de trampolƭn y no de obstƔculo. Sin embargo, los tiempos polƭticos, la complejidad tƩcnica y las distintas sensibilidades insulares hacen que el avance sea menos lineal de lo que cabrƭa esperar sobre el papel.

El desafío pasa por alinear a todas las administraciones implicadas -Gobierno autonómico, cabildos y ayuntamientos- en una hoja de ruta común, evitando dobles discursos y contradicciones públicas que erosionen el respaldo a las renovables. La experiencia reciente en Lanzarote muestra que cualquier fisura en esa coordinación se amplifica rÔpidamente en el debate político y mediÔtico.

Todo este proceso sitúa a las Zonas de Aceleración de Renovables en Lanzarote en un punto clave: si se logra corregir los fallos de planificación, aclarar los mapas y reconstruir la confianza entre instituciones, estas Ôreas pueden convertirse en un instrumento eficaz para acelerar la descarbonización en la isla y en el conjunto de Canarias; si no, el riesgo es que se consoliden como ejemplo de cómo una buena idea se complica al chocar con la realidad administrativa y política.

energĆ­as renovables en Canarias
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