La futura Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz de Tenerife va tomando forma tras la aprobación inicial de su ordenanza municipal en el pleno del Ayuntamiento. Se trata de un paso clave en un proceso que llega con retraso respecto a los plazos estatales, pero que ya encara la fase decisiva de alegaciones y ajustes técnicos.
Esta nueva regulación afectará al tráfico en el corazón de la capital tinerfeña, limitará la circulación de los vehículos más antiguos y se enmarca en las exigencias de la Ley de Cambio Climático y de los fondos europeos. El consistorio insiste en que se ha intentado buscar un modelo flexible, con muchas excepciones y un calendario largo, para dar margen a la ciudadanía y a las actividades económicas de la zona.
Tramitación de la ordenanza y plazos administrativos
El pleno municipal ha dado luz verde, en una primera votación, al borrador del proyecto de ordenanza que crea y regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Este acuerdo abre ahora un periodo de exposición pública de treinta días, durante el cual cualquier persona o entidad podrá presentar alegaciones y propuestas de modificación.
Una vez cerrado ese plazo, el Ayuntamiento deberá analizar y responder las aportaciones recibidas antes de devolver el texto al pleno para su aprobación definitiva. Hasta que no se supere este segundo trámite, la ordenanza no quedará realmente en vigor, aunque ya se trabaja en la parte técnica necesaria para su implantación progresiva.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha subrayado que la ciudad está sujeta a una obligación legal de implantar una ZBE por superar los 50.000 habitantes, de acuerdo con la normativa estatal de cambio climático y transición energética. El consistorio admite que, más allá de que el gobierno local comparta o no la filosofía de estas zonas, se trata de una exigencia que no es opcional.
Además, el Ayuntamiento tiene sobre la mesa una condición añadida: si la ordenanza no queda aprobada antes del 30 de junio, Santa Cruz podría verse obligada a devolver alrededor de 11 millones de euros ya invertidos en la ciudad con cargo a fondos europeos vinculados a la movilidad sostenible. Esta “espada de Damocles”, en palabras del propio alcalde, explica la premura en cerrar el procedimiento.
Por su parte, la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, ha defendido la transparencia del proceso y la existencia de un proyecto técnico previo, aprobado ya en Junta de Gobierno en junio de 2024 y expuesto en la web municipal. No obstante, desde la oposición se ha criticado la falta de tiempo para estudiar en detalle toda la documentación y la ausencia, a su juicio, de algunos informes clave en el expediente.
Un proyecto financiado con fondos europeos y orientado a la movilidad sostenible
La ordenanza de la ZBE no se plantea como una medida aislada, sino como parte de un programa integral financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea. En total, se movilizan unos 12 millones de euros destinados a transformar la movilidad en la capital tinerfeña.
Entre las actuaciones asociadas a este paquete figuran la adquisición de once guaguas eléctricas, la instalación de nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos, la remodelación de calles como Imeldo Serís y La Rosa, así como el refuerzo de la red de movilidad personal (que incluye, entre otros, los vehículos de movilidad personal y el uso de la bicicleta).
El Ayuntamiento enmarca esta estrategia en la transición hacia un modelo más sostenible que, al menos sobre el papel, pretende hacer compatible la reducción de emisiones con el mantenimiento de la actividad económica y la vida cotidiana en el centro urbano. En el debate político, sin embargo, el equipo de gobierno ha reiterado su desacuerdo con la obligación impuesta desde el Estado de que todas las ciudades de cierto tamaño tengan ZBE, defendiendo que cada municipio debería poder adaptar sus políticas de tráfico a su realidad.
Desde la oposición se ha cuestionado, además, la elección concreta del ámbito geográfico donde se implantará la ZBE, planteando si no habría otras zonas de la ciudad igual o más problemáticas en términos de calidad del aire o ruido, especialmente en entornos próximos a la autopista.
Dónde se ubicará la Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz
La futura ZBE se localizará en pleno centro de la capital, en el perímetro interior delimitado por el Barranco de Santos y las vías Méndez Núñez, San Isidro y la avenida de Anaga. Todo lo que quede dentro de ese contorno estará sujeto a las nuevas reglas de acceso, mientras que la zona externa a esas calles quedará excluida de las restricciones propias de la ordenanza.
En la práctica, esto supone que la medida se centrará en el ámbito comercial y administrativo más transitado de Santa Cruz, un área por donde circula buena parte del tráfico diario, tanto de residentes como de no residentes, y donde se concentran oficinas, comercios, servicios y aparcamientos públicos.
Según los datos aportados por el área de Movilidad, aproximadamente trece de cada cien vehículos que hoy transitan por esta zona verán limitado su acceso con la nueva regulación. La concejala ha matizado que, sin las numerosas exenciones incluidas en la norma, el impacto potencial podría haber llegado a afectar a en torno al 30% del parque circulante en el ámbito de la ZBE.
Desde otras formaciones políticas se manejan cifras distintas, apuntando que un porcentaje mayor de residentes y de no residentes podría verse condicionado por los criterios elegidos. En cualquier caso, la ordenanza se centra claramente en los coches y furgones más antiguos y contaminantes, en línea con las directrices generales para este tipo de zonas en España y en la Unión Europea.
La creación de la ZBE sitúa a Santa Cruz en el mapa de ciudades europeas que regulan su tráfico por razones ambientales, una tendencia que se ha extendido con fuerza en los últimos años en grandes capitales y municipios de tamaño medio, motivada tanto por la legislación comunitaria como por las políticas nacionales de calidad del aire.
Horarios y tipos de vehículos afectados por las restricciones
La ordenanza establece que las restricciones de acceso a la Zona de Bajas Emisiones se aplicarán de lunes a sábado, entre las 7:00 y las 20:00 horas. Fuera de ese tramo horario, y los domingos y festivos, las limitaciones no estarán vigentes, por lo que el acceso será libre para todos los vehículos a los que normalmente pudiera afectar la norma.
Las limitaciones se dirigen específicamente a los vehículos de gasolina matriculados antes del 1 de enero de 2001 y los diésel anteriores al 1 de enero de 2006. Son esos turismos y vehículos ligeros los que, en términos generales, se consideran más contaminantes según los criterios ambientales que se aplican en España.
En cambio, los coches y motos con distintivo ambiental de la DGT 0, ECO, C y B podrán entrar en la ZBE sin ningún trámite adicional, dentro del horario restringido. Tampoco se verán afectados por la prohibición los ciclomotores, bicicletas, otros ciclos y vehículos de movilidad personal, que seguirán circulando con normalidad.
El diseño de la ZBE de Santa Cruz busca, así, centrar la presión regulatoria en la renovación progresiva del parque más antiguo, mientras que la mayor parte de los vehículos con etiqueta ambiental vigente podrán mantener su acceso, al menos en esta primera configuración de la ordenanza.
En los debates políticos se ha llegado a sugerir que el perfil de vehículo afectado incluye un número relevante de furgones y camiones veteranos que operan diariamente en el centro, lo que introduce una dimensión económica importante en el impacto de la medida, especialmente para pequeñas empresas y autónomos que dependen del reparto y la logística urbana.
Exenciones mediante el Registro Municipal de Vehículos
Uno de los pilares de la nueva ordenanza será la creación de un Registro Municipal de Vehículos de la ZBE. A través de este listado, determinados coches y furgones que, por antigüedad, estarían sujetos a restricción podrán obtener una exención permanente, siempre que cumplan ciertos criterios.
Podrán acogerse a esta fórmula los vehículos de residentes empadronados en la zona de la ZBE, así como aquellos dados de alta en el impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica dentro del ámbito delimitado. Se incluyen también los vehículos declarados a nombre de personas con domicilio en la ZBE en régimen de propiedad, usufructo, renting, leasing, retribución en especie o sustitución.
El registro se aplicará igualmente a los vehículos destinados al traslado de personas con tarjeta de estacionamiento para movilidad reducida, a los que prestan transporte público regular y a los taxis. De la misma manera, quedarán cubiertos los vehículos de servicios públicos esenciales, emergencias, salud, seguridad privada cuando prestan servicios públicos, limpieza, suministros básicos, grúas y coches de auxilio en carretera.
También entrarán en esta categoría los vehículos vinculados a actos en la vía o espacios públicos, ocupaciones o reservas de espacio debidamente autorizadas por el Ayuntamiento. Además, se contemplan exenciones específicas para los vehículos históricos reconocidos conforme a la normativa estatal vigente, que podrán circular por la ZBE sin estar sujetos a las restricciones generales.
La inscripción en el Registro Municipal tendrá carácter gratuito, de modo que no se introduce una tasa añadida asociada a este trámite, al menos según el diseño actual de la ordenanza. El objetivo es que el acceso a las exenciones no suponga una barrera económica extra para residentes y servicios esenciales.
Autorizaciones especiales para colectivos vulnerables y actividades económicas
Además del registro permanente, la norma prevé un sistema de autorizaciones de acceso específicas destinadas a atender casos singulares y colectivos que podrían quedar en una situación complicada con la aplicación automática de las restricciones.
Entre estas autorizaciones destacan las pensadas para personas con dificultades económicas que no pueden renovar su vehículo, siempre que sus ingresos no superen dos veces el IPREM. También se contempla el acceso de personas cuidadoras que necesiten entrar en la ZBE para atender a mayores o personas dependientes empadronadas en la zona.
Las familias numerosas con domicilio dentro de la ZBE podrán inscribir hasta dos vehículos por unidad familiar, aunque el uso de la autorización no podrá ser simultáneo para ambos. De este modo, se intenta facilitar la movilidad de estos hogares sin duplicar el impacto sobre el tráfico restringido.
Otra vía de autorización se abre para los titulares o arrendatarios de plazas de garaje privadas dentro de la ZBE, que podrán vincular hasta tres vehículos a cada plaza, con la condición de que no utilicen la exención al mismo tiempo. Lo mismo se aplicará a los usuarios abonados de aparcamientos públicos ubicados en el perímetro de la zona regulada.
Las actividades económicas localizaras en el ámbito de la ZBE también dispondrán de un tratamiento específico. Así, tendrán acceso autorizado los vehículos de empresas y autónomos que desarrollen su actividad en locales o mercadillos situados dentro de la zona, así como aquellos destinados a la distribución urbana de mercancías, un sector clave para el abastecimiento del centro.
Servicios públicos, educación y sanidad dentro de la ZBE
El texto de la ordenanza dedica especial atención a los servicios públicos y los desplazamientos vinculados a la educación y la salud. Se busca garantizar que la regulación de accesos no entorpezca necesidades básicas de la ciudadanía.
En el ámbito educativo, podrán obtener autorizaciones los vehículos que accedan para dejar o recoger alumnado de educación infantil, primaria y secundaria en centros situados dentro de la ZBE. También quedarán cubiertos los servicios de transporte discrecional y el transporte regular de uso especial que prestan servicio a líneas que atraviesan este perímetro.
Respecto a la sanidad, la norma contempla la posibilidad de autorizar el acceso a vehículos que acudan a consultas y tratamientos médicos, así como a centros veterinarios ubicados en la zona. Este tipo de desplazamientos podrá tramitar autorizaciones específicas cuando las necesidades de movilidad así lo requieran.
Además, la ordenanza recoge exenciones para los vehículos que entreguen medicamentos a centros sanitarios u oficinas de farmacia dentro de la ZBE, así como para los que accedan a farmacias de guardia o de apertura 24 horas fuera del horario comercial. Se incluyen también los servicios funerarios, los vehículos de arrendamiento con conductor y los coches de talleres de reparación que atiendan en locales situados en la zona regulada.
La lista de excepciones se completa con los vehículos con matrícula extranjera o diplomática y los de autoescuelas con sede en el interior de la ZBE, que podrán operar en el área sin quedar atrapados por las restricciones generales, siempre dentro del marco de autorizaciones previsto.
Calendario de implantación y horizonte de las sanciones
Aunque la aprobación inicial de la ordenanza supone un avance importante, la ZBE de Santa Cruz no se activará de golpe. El Ayuntamiento ha diseñado un calendario de implantación progresiva que extiende la aplicación plena de la norma hasta el año 2029.
En un primer momento, tras la aprobación definitiva, se abrirá un periodo amplio para la inscripción en el Registro Municipal de Vehículos y la tramitación de autorizaciones especiales. Se habla de hasta 18 meses para adaptar el censo de vehículos afectados y depurar todos los casos particulares.
Posteriormente, se prevé un margen adicional, de carácter transitorio, antes de que comience el régimen sancionador. Según las previsiones municipales, las multas por incumplir las restricciones no se aplicarían de forma efectiva hasta 2029, lo que deja varios años por delante para que la ciudadanía y las empresas vayan ajustando sus hábitos y su parque móvil.
Desde el área de Movilidad se insiste en que este esquema de plazos busca evitar un impacto brusco sobre la actividad diaria en el centro de la ciudad, tanto en términos económicos como sociales. El mensaje implícito, sin embargo, es que quienes conduzcan vehículos muy antiguos disponen de unos años para valorar un cambio de vehículo o acogerse a las distintas fórmulas de excepción previstas.
El Ayuntamiento reconoce que el proceso ha sufrido retrasos respecto a la planificación inicial, que apuntaba a una puesta en marcha hacia finales de 2023 o durante 2024. A día de hoy, el proyecto sigue en fase administrativa, aunque ya enfocado en cumplir los requisitos legales y financieros que marcan tanto la legislación estatal como los compromisos con la Unión Europea.
La regulación de la Zona de Bajas Emisiones en Santa Cruz de Tenerife se perfila, por tanto, como un cambio relevante en la gestión del tráfico y la calidad del aire en el centro urbano, pero articulado con un amplio sistema de exenciones, ayudas y plazos largos. Entre la presión normativa europea y estatal y las particularidades de la ciudad, el modelo escogido intenta equilibrar la reducción de emisiones con la vida económica y social de la capital, dejando varios años de transición para que residentes, empresas y servicios públicos puedan adaptarse a la nueva realidad de movilidad.
