La gestión de los vertederos se ha convertido en uno de los grandes desafíos ambientales de España. Mientras algunos depósitos de basura llegan al límite de su capacidad, otros afrontan procesos de clausura y sellado, y no faltan ejemplos de antiguos vertederos que renacen como espacios naturales. La normativa europea y estatal, junto con la presión social, está redefiniendo el futuro de estas instalaciones.
En los últimos meses, varias comunidades autónomas han tenido que tomar decisiones sobre sus vertederos. Desde Andalucía hasta Baleares, pasando por la Comunidad Valenciana y Aragón, la situación es similar: los residuos no dejan de crecer y las infraestructuras existentes se quedan obsoletas. A continuación, repasamos algunos de los casos más relevantes.
El colapso de la capacidad: Dos Aguas y Córdoba
La planta de rechazo de Dos Aguas, en Valencia, recibe un tercio de los residuos de la Comunitat y está a punto de colmatarse. Según la Generalitat, en doce meses acabará su vida útil, y aunque se está construyendo un nuevo vertedero junto al anterior, no se descarta que haya que derivar la basura a otras plantas durante unas semanas. El director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, asegura que los vertederos son necesarios y seguros, aunque generan recelos sociales.
En Córdoba, la Empresa Municipal de Saneamientos (Sadeco) ha licitado obras de drenaje para preparar la futura fase 7 del Complejo Medioambiental Juan Revilla. La inversión de 574.488 euros busca evitar que las lluvias deterioren el acceso y el futuro vaso de vertido. Esta actuación se enmarca en una estrategia para prolongar la vida útil del vertedero, que ya ha pasado por varias ampliaciones. Tanto en Valencia como en Córdoba, la capacidad limitada obliga a planificar con antelación para no interrumpir el servicio.
Clausura y sellado: el caso de Nerva
En Andalucía, el vertedero de Nerva (Huelva) ha sido noticia por su proceso de cierre definitivo. La Junta de Andalucía ha aprobado la modificación de la Autorización Ambiental Integrada que fija la hoja de ruta para su clausura. La empresa titular, DSM, deberá asumir el coste del sellado y la vigilancia posclausura durante al menos 30 años. Hasta ahora, se ha sellado el 40% de la superficie, y el proyecto contempla cuatro fases para completar la reconformación y restauración paisajística.
Este caso refleja una tendencia: muchos vertederos antiguos deben cerrarse por imperativo legal, como establece el Real Decreto 646/2020. La normativa exige que los titulares garanticen la estabilidad y la integración ambiental de los terrenos. En Nerva, la Junta ha evitado que la empresa abandone la actividad sin cumplir sus obligaciones, lo que habría dejado los suelos contaminados en España en manos de la administración.
Restauración ecológica: el ejemplo de Alcúdia
En Mallorca, el proyecto RestaurAlcúdia ha convertido un antiguo vertedero de escombros y cenizas de carbón en un corredor ecológico. WWF España, junto con el Ayuntamiento y vecinos, ha recuperado 43 hectáreas entre el Parque Natural de la Albufera y la reserva de la Albufereta. Se han creado diez nuevas lagunas, se han retirado 300 toneladas de escombros y 26 de basura, y ya se han avistado 160 especies de animales, incluidas 86 de aves.
La restauración no solo tiene valor ecológico, sino también social. Los vecinos que antes veían un basurero ahora disfrutan de un espacio natural, y los hoteles de la zona apoyan la iniciativa. El proyecto ha contado con fondos europeos Next Generation y la colaboración de la Universidad de las Islas Baleares. Este ejemplo demuestra que los vertederos pueden transformarse en activos ambientales si se gestionan adecuadamente.
La normativa y los vertederos ilegales
La aplicación del Real Decreto 646/2020 también ha sacado a la luz casos de vertederos ilegales. En Zaragoza, Microsoft ha propuesto verter excedentes de tierra de sus centros de datos en un vertedero clausurado llamado ‘Las Canteras’. La multinacional cita la normativa para justificar que los materiales son inertes, pero el decreto excluye las actividades de restauración y relleno en vertederos. Además, el lugar fue clausurado por el Gobierno de Aragón en 2009 y ratificado por el Tribunal Supremo en 2015.
Este caso evidencia que las empresas a veces intentan eludir los costes de gestión de residuos usando lagunas legales. La normativa, sin embargo, es clara: los vertederos deben cumplir estrictos requisitos ambientales. Tanto en Nerva como en Zaragoza, la administración ha tenido que intervenir para garantizar el cumplimiento de la ley y combatir la lucha contra los vertidos ilegales en España.
En definitiva, la situación de los vertederos en España es compleja y variada. Mientras algunos se amplían para dar respuesta a la generación de residuos, otros se sellan y restauran, y no faltan los conflictos por vertidos ilegales. La clave está en aplicar la normativa con rigor y apostar por la economía circular para reducir la dependencia de estos depósitos. Los casos de Dos Aguas, Nerva, Alcúdia y Zaragoza muestran que, con planificación y voluntad, es posible gestionar los residuos de forma más sostenible, aunque el camino aún es largo.
