Las antiguas escuelas de Vidanes se han convertido en estos días en punto neurálgico del debate sobre las plantas de biogás proyectada en el polígono industrial de la localidad leonesa. El anuncio del proyecto ha desatado una movilización vecinal poco habitual en el valle, con un ambiente de preocupación, pero también de ganas de informarse a fondo antes de que la tramitación avance más.
En apenas unas jornadas, cerca de 200 personas procedentes de Vidanes y de los pueblos cercanos han abarrotado el local de Las Escuelas para conocer mejor qué supone la instalación y valorar de forma conjunta cómo responder. Los asistentes, en su gran mayoría contrarios al proyecto, han puesto sobre la mesa sus dudas sobre los olores, el trasiego de camiones, el posible impacto en la salud, el agua, el paisaje y el valor de las propiedades.
Un proyecto de planta de biogás que levanta recelos en el valle
La iniciativa que ha encendido las alarmas en el municipio de Cistierna parte de la empresa Apaycachana, que pretende levantar una planta de biogás en el polígono industrial de Vidanes. Según la información difundida en las reuniones, la instalación estaría diseñada para procesar en torno a 86.000 toneladas anuales de residuos orgánicos y otros desechos, una capacidad que los residentes consideran desproporcionada para la zona.
Sobre el papel, se presenta como un proyecto de economía circular y aprovechamiento energético de residuos, en linea con las políticas europeas de descarbonización y fomento de las renovables. Sin embargo, una parte importante del vecindario percibe que los beneficios se verían desde fuera, mientras que las molestias diarias recaerían sobre quienes viven y trabajan en el entorno inmediato de la planta.
En las asambleas se ha explicado, con detalle, el tipo de procesos previstos en la factoría de biogás, los materiales que podrían llegar a tratarse y las experiencias de otras instalaciones similares en España. Varios intervinientes han insistido en que, aunque la gestión de residuos es necesaria, la cuestión clave es dónde se ubican estas plantas, a qué escala y con qué garantías para los vecinos colindantes.
Uno de los aspectos que más ha inquietado es la cifra de 86.000 toneladas al año, que muchos consideran difícil de encajar en un entorno rural como Vidanes. El volumen de residuos implicaría un incremento notable del tráfico pesado en carreteras locales, con camiones entrando y saliendo de manera continuada, algo que se percibe como una amenaza para la tranquilidad del valle y para la seguridad vial. Casos de oposición a macroplantas de biogás en otros municipios alimentan estas preocupaciones.
También se ha puesto el foco en el contrato por el que la empresa mantiene arrendadas unas 40 hectáreas de monte a la localidad, con vigencia hasta 2032. Según expusieron algunos participantes, Apaycachana habría planteado modificar las condiciones de ese arrendamiento, extremo que ha generado suspicacias sobre el futuro de esos terrenos y sobre qué ocurriría si la planta dejase de funcionar una vez amortizadas posibles ayudas públicas.
Reunión multitudinaria en Las Escuelas de Vidanes
El encuentro principal se celebró en el local de Las Escuelas de Vidanes, donde se quedaron cortas las sillas y hubo personas que tuvieron que seguir la reunión de pie, pegadas a las paredes. El ambiente, según relataron varios asistentes, fue de escucha atenta, muchas preguntas técnicas y bastante inquietud respecto a la cercanía de la instalación al casco urbano y a las zonas agrícolas.
A la cita acudieron vecinos de Vidanes y de otros núcleos próximos del municipio de Cistierna, además de pedáneos, concejales de la comarca y diversos responsables locales. La idea era contar con el mayor número posible de voces implicadas y aclarar el estado real de la tramitación administrativa, así como los pasos que se prevén a partir de ahora.
Entre las autoridades presentes destacó la participación del alcalde de Cistierna y procurador de la UPL, Luis Mariano Santos, quien fue respondiendo a las cuestiones más técnicas planteadas en la sala. Su intervención sirvió para ordenar la información sobre el expediente y los permisos necesarios, aunque no disipó el malestar general ante la falta de explicaciones previas por parte de otros órganos locales.
En varias intervenciones se subrayó que nadie discute la necesidad de gestionar los residuos de forma eficiente, pero sí se cuestionan aspectos clave: la envergadura del proyecto, su proximidad a las viviendas y la manera en la que se ha ido conociendo la iniciativa, que muchos definen como marcada por el oscurantismo y la falta de transparencia institucional.
Algunos participantes recordaron que el auge de este tipo de plantas no es exclusivo de León, sino que forma parte de una “fiebre del biogás” alentada por ayudas europeas y por el interés de diferentes grupos empresariales en aprovechar esta línea de negocio. A juicio de los críticos, eso ha provocado que se busquen ubicaciones en áreas rurales donde se espera menos contestación social, aunque luego las consecuencias recaen sobre pequeños pueblos con poca capacidad de presión. Varios asistentes citaron protestas en otros municipios como ejemplo de ese patrón.
Preocupación por el impacto ambiental, sanitario y económico
Durante la asamblea se detallaron los posibles riesgos asociados a este tipo de instalaciones. Uno de los temas recurrentes fue el de los olores persistentes que pueden generarse en el entorno debido al tratamiento de grandes cantidades de materiales orgánicos, algo que los vecinos relacionan con una pérdida directa de calidad de vida en el día a día.
También se apuntó al riesgo de emisiones y fugas, tanto de gases como de lixiviados, que podrían afectar a la calidad del aire y del agua. En una zona donde el río Esla y sus afluentes son esenciales para el valle, cualquier sospecha de contaminación hídrica despierta un temor especial entre quienes dependen del territorio para su actividad agrícola o ganadera.
Otro de los puntos sensibles fue el impacto posible sobre la salud de la población residente. Aunque reconocen que este tipo de proyectos deben cumplir controles y normativas europeas, numerosos asistentes mostraron su desconfianza y reclamaron informes independientes y garantías sólidas antes de aceptar una instalación de tal dimensión a escasa distancia de sus hogares.
En el plano económico, se habló con preocupación de la depreciación de viviendas, fincas y negocios que podría acarrear la llegada de la planta. Varios vecinos temen que el atractivo residencial y turístico del valle se vea mermado, lo que repercutiría en el valor de las propiedades y en proyectos de vida ya asentados en la zona.
Frente a los potenciales puestos de trabajo asociados a la planta, algunas voces insistieron en que la balanza entre empleo generado y perjuicios acumulados no saldría a favor del pueblo. Se mencionaron experiencias en otros municipios españoles donde, según los críticos, las expectativas económicas no se habrían cumplido y las localidades afectadas se han quedado con infraestructuras abandonadas una vez agotadas las ayudas públicas.
Nace la asociación Eslavida para articular la respuesta vecinal
Como resultado de la reunión, los asistentes dieron un paso más y acordaron constituir formalmente la asociación Eslavida, un nombre que hace referencia directa al río Esla, eje natural del valle. El objetivo principal de este nuevo colectivo es canalizar la oposición ciudadana a la planta de biogás y disponer de una voz organizada ante las administraciones.
En la asamblea se leyó un borrador de estatutos y, tras su aprobación, se eligió una primera junta directiva. La presidencia recayó en Amparo García, mientras que Gonzalo Fernández-Valladares fue designado vicepresidente y portavoz del movimiento. Junto a ellos, se incorporaron vocales procedentes de varias localidades del entorno, con la idea de que la asociación represente a todo el valle y no solo al núcleo de Vidanes.
Eslavida se ha marcado como prioridad inmediata recopilar información técnica y jurídica sobre el proyecto, además de solicitar toda la documentación disponible a las administraciones competentes. No descartan acudir a especialistas externos en derecho ambiental y urbanismo para analizar el expediente y definir con precisión las vías de actuación posibles.
Desde la nueva plataforma se transmitió un mensaje claro: la movilización no se quedará en una única reunión. El colectivo considera que el conflicto apenas comienza y que será necesario mantener una presencia activa y visible durante todo el proceso de tramitación, tanto en la esfera institucional como en la opinión pública.
En paralelo, se hizo un llamamiento a los vecinos que no pudieron asistir a la primera asamblea para que se sumen a la asociación, participen en las comisiones de trabajo y contribuyan a que el rechazo a la planta no dependa de unas pocas personas, sino de un tejido vecinal amplio y cohesionado.
Ausencia de la Junta Vecinal y críticas a la falta de transparencia
Uno de los aspectos más comentados al término de la reunión fue la ausencia de representantes de la Junta Vecinal de Vidanes. Muchos participantes daban por hecho que acudirían, especialmente teniendo en cuenta la magnitud del proyecto y la oposición prácticamente unánime expresada en el salón.
Varios asistentes mostraron su sorpresa e incluso malestar por lo que interpretan como falta de implicación en un asunto que afecta de lleno al futuro del pueblo. Se reclamó que la entidad local menor asuma un papel activo, tanto en la defensa de los intereses vecinales como en la facilitación de información actualizada sobre cada fase del procedimiento administrativo.
En los comunicados difundidos tras el encuentro se insiste en que la ciudadanía se ha sentido poco informada desde el inicio del proceso. La sensación generalizada es que el proyecto habría avanzado en despachos y negociaciones previas sin un debate público real, algo que ha contribuido a aumentar la desconfianza hacia la iniciativa de Apaycachana.
También se apuntó a la necesidad de reforzar la coordinación entre el Ayuntamiento de Cistierna, la Junta Vecinal y la propia asociación Eslavida, con el fin de que todos los actores implicados compartan datos, informes y plazos de manera transparente. Desde el movimiento vecinal se considera que este punto será clave para que la discusión se base en información contrastada y no en rumores.
Aunque no se descartan diferencias de criterio entre instituciones, buena parte del vecindario reclama al menos un frente común a la hora de exigir garantías ambientales, sanitarias y económicas, y de estudiar alternativas que no supongan cargar sobre Vidanes el peso de un proyecto que entienden como sobredimensionado para el territorio.
Próximos pasos: asesoramiento legal y acciones en los pueblos
Constituida la asociación, el siguiente movimiento será buscar apoyo legal especializado para el abordaje jurídico del expediente. Eslavida pretende examinar al detalle cada trámite, desde las autorizaciones ambientales hasta la compatibilidad urbanística, con el objetivo de presentar alegaciones sólidas y, si fuera necesario, recurrir a la vía contencioso-administrativa.
En el plano social, ya se han puesto en marcha acciones visibles en las calles y en las fachadas. En diferentes puntos del valle han empezado a aparecer pancartas con mensajes como “Planta de biogás, stop” o “Por nuestros pueblos, por nuestras tierras”, así como carteles y pegatinas que muestran el rechazo al proyecto de Apaycachana.
La recogida de firmas será otra de las herramientas centrales de la campaña. La asociación planea instalar mesas informativas en Vidanes y localidades cercanas, tanto para recabar apoyos como para explicar a los vecinos qué se sabe del proyecto y cómo pueden implicarse. No se descartan actos públicos, charlas y encuentros con expertos en energía y medio ambiente.
Además, Eslavida tiene previsto abrir una ronda de contactos con distintas administraciones, empresas y asociaciones del entorno comarcal y provincial. La idea es sumar apoyos de organizaciones que compartan las preocupaciones del valle y puedan aportar respaldo técnico, jurídico o mediático a la causa.
Paralelamente, se estudiarán alternativas de desarrollo para Vidanes y su polígono industrial que no pasen por la instalación de una planta de estas características. Entre las propuestas que han empezado a circular se encuentran proyectos más acordes con el tamaño del municipio y con un impacto ambiental reducido, intentando compatibilizar la necesidad de actividad económica con la protección del entorno rural.
Todo este movimiento ha colocado a Vidanes en el mapa de los debates sobre cómo y dónde ubicar las plantas de biogás en España y en Europa, en un contexto en el que la transición energética impulsa nuevas infraestructuras pero, al mismo tiempo, multiplica los conflictos de convivencia con las comunidades locales.
La situación en Vidanes refleja la tensión entre los objetivos de impulsar energías renovables y la defensa del modelo de vida rural en un valle que se siente interpelado directamente. La planta de biogás propuesta por Apaycachana se ha convertido en el detonante de una ciudadanía que exige ser escuchada antes de que el proyecto avance, y que se ha organizado en torno a Eslavida para afrontar un proceso que, a la vista de los pasos anunciados, puede prolongarse en el tiempo y marcar el futuro del pueblo y de su entorno más inmediato.
