El Tribunal Supremo ha vuelto a avalar la reforma eléctrica impulsada por el Partido Popular durante la legislatura 2011-2015. Esta reforma incluyó un recorte radical a las primas a las instalaciones de energías renovables en España, algo que ha generado múltiples denuncias y una batalla judicial que sigue abierta. En una de sus sentencias más recientes, emitida el 5 de septiembre, el tribunal desestimó el recurso interpuesto por 25 instalaciones fotovoltaicas de Castilla-La Mancha contra la normativa de 2014, la cual afectaba directamente a su rentabilidad.
Recorte a las renovables y polémica jurídica
Una de las cuestiones clave que ha generado controversia es si el cambio normativo vulneraba los principios de irretroactividad y seguridad jurídica, establecidos en la Constitución española. Las fotovoltaicas afectadas argumentaban que no habían podido prever este cambio legislativo, lo cual había destrozado sus previsiones de rentabilidad a largo plazo. Sin embargo, el Tribunal Supremo desestimó estas alegaciones, afirmando que el cambio regulatorio, aunque drástico, no vulneró estos principios.
El tribunal basó su decisión en la necesidad de ajustar las leyes a las «circunstancias económicas» del país en aquel momento, derivadas, en parte, del elevado déficit tarifario acumulado en el sector eléctrico.
Este déficit, que había llegado a niveles insostenibles, fue una de las principales razones que empujaron al Ejecutivo de Mariano Rajoy a implementar estos cambios. De hecho, los ajustes en el régimen retributivo de las energías renovables no fueron únicamente para las plantas solares, sino que afectaron a todo el sector, incluyendo a la cogeneración y otras energías verdes.
El CIADI y la Carta de la Energía
Pocos meses antes de la decisión del Tribunal Supremo, el tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) emitió un laudo favorable a los inversores extranjeros en un caso relacionado con la reforma eléctrica española. En este laudo, el CIADI condenó a España a indemnizar a la compañía Eiser con 128 millones de euros debido a la violación de la Carta de la Energía.
Este tratado internacional, firmado en 1994, establece que los gobiernos deben garantizar un trato justo y equitativo a los inversores extranjeros en el sector energético. El tribunal arbitral consideró que España había vulnerado este principio al cambiar radicalmente el régimen de primas para las instalaciones renovables, lo que afectó de manera significativa los cálculos de rentabilidad originalmente previstos por los inversores.
Sin embargo, a pesar de este fallo a nivel internacional, los tribunales españoles han seguido respaldando los cambios legislativos nacionales. Según el Tribunal Supremo, en su fallo del 5 de septiembre, el laudo del CIADI no es aplicable en los procedimientos judiciales que se resuelven bajo derecho español y comunitario, ya que estos recursos se rigen por leyes nacionales.
El déficit tarifario como argumento clave
El déficit tarifario del sistema eléctrico español ha sido uno de los puntos centrales en la argumentación del Gobierno para justificar los recortes a las renovables. Durante años, los costes de generación y distribución eléctrica en España fueron superiores a los ingresos que obtenían las compañías eléctricas a través de las tarifas. Esto generaba un déficit acumulado que, en el momento de la reforma, se situaba en torno a los 26.000 millones de euros.
El Gobierno de Rajoy, en 2013, consideró esencial reformar el sistema para evitar que este déficit siguiera creciendo. La solución propuesta a través del Real Decreto-Ley 9/2013 fue un cambio radical en el sistema retributivo a las renovables. En lugar de las primas fijas que se venían otorgando desde 2006, el nuevo sistema garantizaba una rentabilidad razonable calculada en base a los bonos a 10 años más un diferencial, lo cual redujo drásticamente las expectativas económicas de los productores de energía renovable.
Reacciones de los productores y la batalla judicial
La respuesta de los productores no se hizo esperar. Desde el principio, se acusó al Ejecutivo de haber generado inseguridad jurídica y violado los principios de confianza legítima e irretroactividad. Estos argumentos fueron presentados tanto en los tribunales nacionales como internacionales.
En el ámbito local, las instalaciones afectadas recurrieron al Tribunal Supremo y otros tribunales administrativos, alegando que muchos de ellos habían financiado sus proyectos mediante préstamos a largo plazo, confiando en la estabilidad de las primas previstas en 2007. Con el nuevo sistema, muchas plantas fotovoltaicas vieron su rentabilidad reducida a casi cero.
En el ámbito internacional, los inversores extranjeros, al amparo de la Carta de la Energía, acudieron al CIADI y otros mecanismos arbitrales. Como ya hemos mencionado, ha habido laudos favorables como el de Eiser, pero también ha habido casos en los que los tribunales internacionales han desestimado las demandas, como ocurrió en 2016 con el laudo a favor de España en el caso impulsado por Charanne B.V.
Sentencias contradictorias: ¿Doble vara de medir?
Una de las cuestiones más polémicas es la aparente contradicción entre las sentencias que emiten los tribunales nacionales y los internacionales. Mientras que los primeros, encabezados por el Tribunal Supremo, siguen afirmando que la reforma eléctrica es conforme con el derecho español, los tribunales internacionales han sido más críticos.
En muchos de estos casos, los tribunales internacionales consideran que España, al introducir recortes drásticos y retroactivos a las primas, vulneró el trato justo y equitativo que deber ser garantizado a los inversores. Sin embargo, los tribunales nacionales argumentan que el Estado tiene derecho a modificar sus políticas si estas son insostenibles desde el punto de vista económico.
Además, desde el punto de vista de los tribunales españoles, no existe un derecho consolidado a percibir una determinada rentabilidad para el futuro. Por tanto, los cambios en las primas no son considerados retroactivos, sino simplemente ajustes necesarios para garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico.
Cuestiones medioambientales en la reforma eléctrica
Una de las grandes ironías de esta situación es que la misma reforma eléctrica que pretendía garantizar la sostenibilidad económica del sistema ha tenido un impacto negativo sobre el desarrollo de las energías renovables, uno de los pilares clave en la lucha contra el cambio climático.
Numerosas plantas de energías renovables, especialmente en el sector fotovoltaico, han paralizado sus actividades o se encuentran en situaciones financieras muy comprometidas. La disminución de las primas ha afectado directamente a la viabilidad de muchos proyectos, lo que ha ralentizado el crecimiento de las energías limpias en España.
Sin embargo, la reforma también coincidió con un contexto de crisis económica global que ya estaba obligando a muchas empresas del sector a ajustar sus planes. Aunque algunos expertos señalan que el impacto de la reforma fue decisivo en la paralización de nuevos proyectos, otros argumentan que el frenazo era inevitable, dado el contexto global de recesión económica y la caída del precio de los combustibles fósiles.
Votos particulares: El debate jurídico en el seno del Tribunal Supremo
Dentro del propio Tribunal Supremo, no todos los magistrados compartieron la decisión de desestimar los recursos presentados por los productores de energía solar. En la sentencia del 5 de septiembre, el magistrado Eduardo Espín Templado presentó un voto particular, argumentando que sí se había producido una retroactividad contraria a derecho, y que los recortes debían haberse aplicado únicamente a las plantas nuevas.
Además, la magistrada María Isabel Perelló Doménech también presentó un voto particular, describiendo la situación de los productores fotovoltaicos como un “ejemplo de inseguridad jurídica” que había llevado a muchas empresas del sector a una situación crítica.
Estos votos disidentes indican que, aun dentro del propio sistema judicial español, no hay consenso pleno sobre la legalidad de las reformas impulsadas por el gobierno del Partido Popular. El hecho de que estas opiniones se presenten desde dentro del Tribunal Supremo añade un matiz importante a la compleja situación que enfrenta el sector de las energías renovables en España.
Futuro de las energías renovables en España
A pesar de todos los problemas derivados de los recortes de primas y las batallas judiciales, el sector de las energías renovables en España sigue teniendo un potencial enorme. Según los planes estratégicos del Gobierno y la Unión Europea, las energías renovables serán fundamentales para cumplir con los objetivos de descarbonización de la economía en las próximas décadas.
El país cuenta con condiciones geográficas excepcionales para la producción de energía solar y eólica, y es previsible que, en un futuro cercano, se siga promoviendo el desarrollo de estas tecnologías. Sin embargo, los expertos señalan que será crucial instaurar un marco jurídico estable y confiable que garantice la seguridad jurídica y la confianza de los inversores, algo que ha sido fuertemente cuestionado desde la reforma de 2013.
Con el cambio en las políticas energéticas y el papel protagónico de las energías renovables en la lucha contra el cambio climático, es previsible que los gobiernos futuros tengan que revisar el sistema de incentivos para atraer nuevos proyectos.
Por último, es necesario subrayar que el desarrollo de las energías renovables es una prioridad no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista ambiental. A medida que se aceleran los efectos del cambio climático, la necesidad de apostar por tecnologías limpias, seguras y sostenibles se vuelve cada vez más apremiante.