El pulso de la Administración estadounidense contra la energía eólica marina ha escalado un peldaño más. Según documentos presentados ante un tribunal federal en Washington, el Departamento de Justicia pretende solicitar a la BOEM la anulación de las aprobaciones de New England Wind, el doble proyecto de Avangrid (Iberdrola) frente a la costa de Massachusetts.
El movimiento llega en medio del impulso de la eólica marina y una ofensiva más amplia que ya ha obligado a parar obras en otros complejos en el Atlántico, incluido Revolution Wind (Rhode Island/Connecticut), y ha reabierto la revisión de SouthCoast Wind. En paralelo, los mercados han calibrado el riesgo regulatorio, mientras varios bancos sostienen que el efecto sobre Iberdrola será acotado.
Qué cambia para New England Wind 1 y 2
El área de New England Wind se ubica a unos 48 kilómetros al sur de Barnstable (Massachusetts) y fue dividida en dos permisos: NEW 1 y NEW 2. La aprobación federal llegó en 2024, con una planificación que contemplaba cerca de 2 GW de potencia para abastecer en torno a 900.000–1.000.000 de hogares, una inversión directa anunciada de 8.000 millones de dólares y una reducción de CO2 equivalente a retirar cientos de miles de coches al año durante su vida útil.
Ahora, el Departamento de Justicia ha comunicado al tribunal su intención de pedir la revocación de la aprobación del plan de construcción y operación ante la BOEM. La petición se encuadra en un proceso contencioso iniciado por ACK for Whales y otras organizaciones locales, que alegan fallos en la tramitación y presuntas vulneraciones de normativa ambiental federal.
La Casa Blanca defiende que el replanteamiento de la eólica marina busca garantizar una pesca sostenible y precios energéticos más bajos, mientras la concesión para otros usos marinos (como petróleo y gas) no ha sufrido el mismo freno. Nada más asumir el cargo, el presidente firmó una orden ejecutiva que suspendió temporalmente nuevas subastas y exigió revisar criterios de arrendamiento y autorizaciones.
El parón de Revolution Wind y las nuevas batallas legales
El precedente más contundente ha sido Revolution Wind, proyecto destinado a suministrar electricidad a unos 350.000 hogares en Rhode Island y Connecticut. Con más del 80% de las obras completadas (45 de 65 turbinas ya instaladas), la BOEM dictó una suspensión de trabajos por motivos de seguridad nacional. Para los estados, el parón compromete inversiones portuarias, empleo y el suministro eléctrico invernal a un precio pactado de 9,8 céntimos/kWh durante 20 años.
La reacción ha llegado por la vía judicial: Ørsted, promotor del parque, ha solicitado medidas cautelares para reactivar la construcción, mientras Rhode Island y Connecticut han anunciado demandas propias contra el Gobierno federal. El Departamento del Interior ha evitado pronunciarse sobre litigios en curso, y al mismo tiempo se ha abierto la puerta a reconsiderar aprobaciones en otros proyectos, como SouthCoast Wind.
La justificación oficial apunta a riesgos para el radar y la posibilidad de ataques con enjambres de drones, una tesis cuestionada por expertos en defensa. De hecho, en el expediente de Revolution Wind el Departamento de Defensa señaló que, con condiciones específicas, el impacto en sus operaciones era insignificante y evitable.
Reacciones del mercado e impacto para Iberdrola
En el frente financiero, JP Morgan considera que una eventual retirada de permisos en New England Wind 1 y 2 tendría un efecto realmente pequeño en Iberdrola: los contratos a precio fijo anteriores se rescindieron por inviabilidad, NEW 1 no tiene PPA vigente y NEW 2 no está adjudicado. Morgan Stanley coincide en que no se esperan implicaciones materiales por tratarse de iniciativas pre-FID, postura a la que se suman RBC, Caixabank, Kepler y Sabadell. Para Oddo y Alantra, el riesgo financiero está acotado y la compañía ha actuado con prudencia.
Desde la óptica corporativa, Estados Unidos es uno de los ejes de inversión de Iberdrola: del plan de 36.000 millones hasta 2026, en torno al 35% se dirige al país, con más de la mitad de la nueva inversión renovable enfocada en eólica marina en EE. UU., Reino Unido, Francia y Alemania. La compañía ha transmitido que una eventual paralización no comprometerá su cartera de crecimiento, y su cotización apenas se ha resentido.
El sector observa, no obstante, el cariz excepcional de detener proyectos con todas las licencias y obras avanzadas, algo poco habitual en otras geografías. En paralelo, el grupo ya opera y sigue completando trabajos en Vineyard Wind 1 (806 MW), otro hito de la eólica marina en la región de Nueva Inglaterra.
A falta de resoluciones firmes, el tablero regulatorio se mueve rápido: el Departamento de Justicia ha anunciado que pedirá a la BOEM dejar sin efecto las aprobaciones de New England Wind, mientras se reconsideran otros proyectos del litoral este. El desenlace puede pasar por revocaciones, devoluciones al expediente para o ajustes de mitigación. En este contexto, la industria ajusta planes y contratos a la espera de claridad normativa.