En España, la mayor parte de los medidores urbanos que controlan la contaminación del aire no están donde deberían. Así lo concluye un amplio análisis de Ecologistas en Acción, que ha vuelto a poner el foco en un tema espinoso: la forma en que se miden oficialmente los niveles de polución en las ciudades.
Según este trabajo, tres de cada cuatro estaciones de calidad del aire orientadas al tráfico están mal ubicadas. El problema no es técnico ni de sensores, sino de dónde se colocan: demasiadas veces lejos de las calles con más coches o a alturas y distancias que rebajan artificialmente las concentraciones detectadas.
Un informe que destapa un problema estructural en las ciudades españolas
El estudio, titulado ‘Tráfico y calidad del aire urbano en el Estado español’, revisa la ubicación de 25 estaciones oficiales en 25 ciudades. Incluye las 17 grandes aglomeraciones de más de 250.000 habitantes y varias urbes medianas, con al menos un núcleo urbano analizado por comunidad autónoma.
Para cada ciudad se ha escogido la estación más representativa de la contaminación del tráfico, a menudo la que registra los peores datos de la red: puntos como la plaza Elíptica en Madrid, el Eixample en Barcelona o la Olivereta en València son algunos ejemplos de medidores de referencia en los análisis previos.
El trabajo se centra en dos escalas de análisis: la llamada macroimplantación (el entorno general urbano donde se ubica la estación) y la microimplantación (las condiciones inmediatas del punto de muestreo). No basta con estar en una ciudad contaminada; hay que estar en la calle adecuada y a la distancia correcta de la calzada.
Los autores examinan elementos como tipo de entorno (urbano, suburbano o rural), proximidad a las fuentes de emisión, características del viario, uso del suelo, morfología de los edificios, obstáculos físicos y condiciones de dispersión de los contaminantes. La conclusión general es clara: en la mayoría de los casos, lo que se mide no refleja fielmente lo que respira la gente.
Del total de estaciones evaluadas, 19 de 25, es decir, el 76 %, presentan incumplimientos parciales o totales de los criterios de ubicación que marca la nueva normativa europea. Solo una minoría se considera verdaderamente adecuada para representar la exposición real de la población a la polución del tráfico.
La nueva directiva europea endurece las reglas del juego
El informe se publica en un momento clave, en pleno despliegue de la Directiva europea 2024/2881 sobre calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa. Esta norma, que España debe transponer a su legislación antes de final de año, refuerza de forma notable las exigencias sobre dónde y cómo deben situarse los medidores.
La directiva especifica que los puntos de muestreo destinados a proteger la salud humana han de proporcionar datos fiables en los lugares con mayores concentraciones, y de forma preferente en áreas sensibles como zonas residenciales, colegios, hospitales, residencias y áreas de oficinas.
Cuando el objetivo es evaluar la contaminación derivada del tráfico rodado, las exigencias son aún más concretas: las estaciones deben colocarse en las calles con mayor densidad de vehículos, teniendo en cuenta el volumen de circulación, la forma de la calle y la disposición de los edificios, incluyendo los conocidos “desfiladeros” o “cañones urbanos” donde el aire se renueva peor.
Además, la normativa fija que cada zona debe contar con al menos una estación en un punto crítico de contaminación que mida contaminantes clave asociados al tráfico: dióxido de nitrógeno (NO2), partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), benceno y monóxido de carbono (CO). Si solo se establece un punto de muestreo en una zona, este debe situarse forzosamente en ese enclave crítico.
La regulación europea también delimita la distancia máxima al borde de la calzada (menos de 10 metros) y la altura de las tomas de muestra (en el rango típico de respiración humana, por debajo de los cuatro metros). Estas condiciones pretenden evitar que los medidores queden demasiado lejos de los tubos de escape y, por tanto, registren niveles artificialmente bajos.
Reubicaciones polémicas y una sentencia europea de referencia
Ecologistas en Acción subraya que la ubicación de las estaciones de medición es uno de los puntos más controvertidos de la gestión de la calidad del aire en España y en otros países de la Unión Europea. No es un debate nuevo: lleva años generando tensiones entre administraciones y organizaciones sociales.
Durante buena parte de este siglo, muchas comunidades autónomas y ayuntamientos trasladaron las estaciones “más conflictivas”, en general las de tráfico, desde vías muy transitadas a calles secundarias o zonas de fondo urbano, en ocasiones tras episodios locales como la crisis por las emisiones de Petronor en Muskiz. El argumento oficial ha sido a menudo la necesidad de “ajustarse a los criterios legales”, pero el efecto práctico ha sido rebajar las cifras registradas de contaminación.
Este tipo de maniobras dio lugar a un precedente clave en 2019, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia sobre el caso de la red de medición de Bruselas. El fallo cuestionó abiertamente el diseño de esa red y dejó claro que las ciudades no pueden “esconder” la contaminación alejando los sensores de los puntos con peor calidad del aire.
Sobre esa base se ha elaborado la nueva directiva de 2024, que endurece de forma explícita los criterios de ubicación e insiste en que los datos deben ser representativos de la exposición real de la población. El informe de Ecologistas en Acción se apoya precisamente en estos criterios europeos actualizados para evaluar la situación de las estaciones en el territorio español.
Para la organización ecologista, no se trata solo de un debate técnico: si las estaciones no están bien colocadas, es imposible saber con precisión cuándo y dónde se superan los valores límite o los umbrales recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Y sin ese diagnóstico, las políticas públicas contra la contaminación parten con el pie cambiado.
Macroimplantación: ciudades sin puntos críticos de tráfico bien medidos
Una de las principales conclusiones del estudio es que en varias grandes aglomeraciones las estaciones analizadas no se ubican en las calles con mayores concentraciones de contaminantes. Es decir, fallan ya en la macroimplantación, en la elección general del lugar dentro de la ciudad.
En Barcelona, Bilbao, Elx/Elche, Granada, Santander y Valladolid, las estaciones de tráfico examinadas no se encuentran en calles donde se esperan los picos más altos de polución. Desde la perspectiva de la nueva directiva, no pueden considerarse puntos críticos, por lo que no representan la realidad de las zonas con más exposición al tráfico.
En otras ciudades, el problema es aún más básico: Badajoz, Guadalajara y Logroño ni siquiera disponen de una estación específica de tráfico. En estos casos, la única estación seleccionada se sitúa en un entorno de fondo urbano residencial, con circulación moderada y alejamiento de los ejes principales de tráfico, como ocurre en la calle Atienza de Guadalajara.
La organización ecologista sostiene que sin una estación en un gran eje de circulación es imposible evaluar correctamente el impacto del tráfico en la calidad del aire. Reclama por ello nuevos puntos de medición en las principales vías urbanas de estas ciudades, que permitan conocer la contaminación real a la que se exponen sus habitantes en los lugares donde hay más coches.
En territorios como Euskadi, las críticas se repiten. Ekologistak Martxan, vinculada a las mismas reivindicaciones, denuncia que los medidores urbanos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz tampoco están bien situados: ya sea por su distancia al tráfico o porque se encuentran a alturas tan elevadas que no reflejan lo que respira la ciudadanía.
Microimplantación: alturas excesivas y sensores demasiado lejos de la calzada
Más allá de la elección de la calle, el informe identifica un bloque de problemas especialmente preocupante en la microimplantación, es decir, en las condiciones físicas exactas del emplazamiento de cada estación.
Entre las deficiencias más graves aparecen las alturas de muestreo desproporcionadas. En Bilbao, una de las estaciones de tráfico se sitúa a más de siete metros de altura, por encima del rango normal de respiración humana, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria el medidor se ha colocado en el tejado de un mercado, muy alejado del nivel de la calle.
A estos casos se suman numerosos incumplimientos de la distancia máxima al borde de la calzada. El estudio cita ejemplos en A Coruña, Alicante, Badajoz, Elx/Elche, Logroño, Madrid, Málaga, Donostia/San Sebastián, Vigo y Vitoria-Gasteiz, donde las estaciones están a más de diez metros de las vías de mayor circulación, vulnerando el límite fijado por la directiva.
Estas diferencias de altura y distancia no son detalles menores: unos pocos metros pueden reducir de forma sensible la concentración de contaminantes registrada. Si el sensor se aleja demasiado de la fuente de emisión, los niveles medidos tienden a ser mucho menores que los que soportan peatones, ciclistas o residentes a pie de calle.
En ciudades como Murcia, la estación de San Basilio se encuentra próxima a un gran eje viario como la Ronda Oeste, pero la ubicación exacta queda demasiado apartada de la calzada según los nuevos criterios. Ecologistas en Acción reclama revisar también otras estaciones murcianas, como las de Alcantarilla y Ronda Sur, para ajustarlas a la normativa comunitaria.
Las seis ciudades que se salvan (con matices)
No todo el mapa es negativo. El informe identifica seis ciudades cuyas estaciones de tráfico analizadas cumplen de manera mayoritaria con los requisitos de macroimplantación y microimplantación fijados por la directiva europea.
Se trata de las estaciones situadas en Gijón/Xixón, Palma, Pamplona/Iruña, Sevilla, València y Zaragoza. En estos casos, los medidores se localizan en calles con alta densidad de tráfico, a una distancia adecuada de la calzada y a alturas que representan razonablemente la exposición real de la población.
En el caso concreto de Gijón/Xixón, por ejemplo, la estación ubicada en la avenida de la Constitución se considera correctamente situada para medir la contaminación asociada al tráfico. Sin embargo, incluso aquí, la organización ecologista apunta que el resto de estaciones de la red local debería revisarse para garantizar que al menos la mitad de los puntos de control se ubiquen en enclaves críticos.
Lo mismo se plantea para el resto de ciudades “cumplidoras”: sus estaciones de referencia pasan el examen, pero la red completa aún necesita ajustes. El objetivo es que no haya una única estación bien situada rodeada de medidores mal implantados que rebajen la media general.
En opinión de Ecologistas en Acción, estas seis ciudades demuestran que es posible diseñar redes de medición acordes a los criterios europeos, pero también ponen de manifiesto que todavía queda camino por recorrer para alcanzar un sistema homogéneo y fiable en todo el Estado.
Efectos sobre la salud pública y sobre las políticas urbanas
La consecuencia de este entramado de malas ubicaciones es directa: los datos oficiales de contaminación pueden no reflejar la exposición real de millones de personas. Si los medidores no captan los niveles máximos, organismos y administraciones podrían estar evaluando la calidad del aire con una imagen incompleta.
Esto afecta tanto a la activación de protocolos anticontaminación y restricciones de tráfico como a la planificación de zonas de bajas emisiones o medidas de movilidad sostenible. Una ciudad que aparentemente cumple los límites legales podría estar, en realidad, superándolos en varias de sus avenidas más transitadas sin que quede constancia en los registros oficiales.
La propia organización ecologista recuerda que la contaminación atmosférica está asociada a decenas de miles de muertes prematuras cada año en Europa, y a problemas respiratorios y cardiovasculares que la evidencia científica ha vinculado de forma clara con la exposición continuada a NO2 y partículas finas.
Si los sensores rebajan esa exposición al estar mal situados, se corre el riesgo de minimizar un problema de salud pública de primera magnitud. Y, de paso, se dificulta que la ciudadanía disponga de información “clara, precisa y rigurosa” sobre el aire que respira, como reclama insistentemente la organización.
De ahí que Ecologistas en Acción insista en que la ubicación de los medidores sea tan importante como la propia tecnología de las estaciones. Un sensor muy avanzado colocado en el lugar equivocado puede ofrecer datos muy precisos… pero poco útiles para proteger la salud.
Qué exige Ecologistas en Acción: plazos, guía técnica y participación
Ante este diagnóstico, la organización plantea una batería de propuestas que liga directamente al proceso de transposición de la directiva europea al ordenamiento jurídico español. La idea es que la nueva normativa no se quede en papel mojado, sino que se traduzca en cambios visibles sobre el terreno.
En primer lugar, se solicita al Gobierno que fije un plazo máximo de un año para revisar y, si es necesario, reubicar las estaciones urbanas de tráfico. Ese calendario debería empezar a contar en cuanto se apruebe la norma estatal que incorpore los requisitos europeos.
La organización pide también que se garantice en cada aglomeración urbana al menos una estación situada en un punto crítico de contaminación atmosférica vinculado al tráfico. De este modo, se reduciría el riesgo de que las superaciones de valores límite pasen inadvertidas por culpa de redes de medición diseñadas de forma poco exigente.
Otra reclamación clave tiene que ver con la elaboración de una guía técnica estatal, a cargo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esa guía serviría para que todas las administraciones competentes aplicaran los mismos criterios de macro y microimplantación, evitando interpretaciones laxas o dispares entre territorios.
Ecologistas en Acción propone, además, que el rediseño de las redes de medición se apoye en herramientas de modelización atmosférica y mediciones indicativas que permitan justificar de forma transparente la selección de los puntos críticos. Y plantea que el proceso de revisión de la ubicación de las estaciones incluya mecanismos de participación ciudadana, de manera que asociaciones vecinales y entidades sociales puedan hacer aportaciones sobre los focos de contaminación más relevantes en cada municipio.
En paralelo, organizaciones territoriales como Ekologistak Martxan o los grupos de Ecologistas en Acción en ciudades concretas están trasladando recomendaciones específicas a los gobiernos autonómicos y ayuntamientos, pidiendo la revisión de estaciones concretas y la instalación de nuevos medidores en vías especialmente conflictivas.
El panorama que dibuja este conjunto de informes y análisis es el de una red de medición urbana que, en gran parte de España, no está alineada aún con lo que exige Europa ni con lo que necesita la salud pública. Hay ejemplos de ciudades que han hecho los deberes y cuentan con estaciones bien situadas, pero predominan los casos donde los sensores están demasiado lejos del tráfico, demasiado altos o directamente fuera de los puntos críticos. De cómo se aborde la revisión en los próximos meses dependerá que los datos oficiales empiecen a reflejar con mayor fidelidad el aire que realmente se respira en las calles.
