Tras casi veinte años de negociaciones, el Tratado de Biodiversidad en Alta Mar ha pasado de ser un texto sobre la mesa a una realidad legal aplicable. El acuerdo, conocido oficialmente como Acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ), entra en vigor y se convierte en la nueva referencia mundial para regular las aguas que quedan más allá de las fronteras de los Estados.
Desde este sábado, el pacto resulta jurídicamente obligatorio para 83 partes -82 países más la Unión Europea-, después de que se cumplieran los 120 días fijados desde que se alcanzó el mínimo de 60 ratificaciones. Esto implica que los Estados que se han sumado deben incorporar el tratado a su legislación interna y empezar a aplicar sus mecanismos de protección y gestión sostenible en alta mar.
Qué es el Tratado de Alta Mar y por qué importa
El Tratado de Alta Mar se asienta sobre la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, pero refuerza de forma significativamente el andamiaje jurídico existente para la biodiversidad marina. Su campo de actuación son las aguas internacionales y el lecho oceánico situados más allá de las 200 millas náuticas de las costas, zonas que representan más de dos tercios de la superficie marina y más del 90% del hábitat del planeta si se mide en volumen.
En la práctica, este instrumento supone el primer marco global integral para gobernar la alta mar, un espacio que hasta ahora estaba regulado de forma fragmentada a través de acuerdos pesqueros regionales, convenios de navegación o normas sectoriales dispersas. Ese vacío de gobernanza hacía que buena parte del océano funcionara, en palabras de varios líderes políticos, como un “lejano oeste” donde la explotación iba muy por delante de la protección.
Organizaciones conservacionistas como Greenpeace o WWF han descrito el acuerdo como el avance medioambiental más relevante desde el Acuerdo de París sobre clima. Su potencial radica en que permitirá proteger, por primera vez, amplias zonas de aguas internacionales mediante la creación de santuarios marinos y herramientas de gestión basadas en áreas, algo clave para cumplir la meta global de conservar al menos el 30% del océano en 2030.
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha calificado la entrada en vigor como “un hito para el océano”, al establecer “el primer marco jurídico para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en los dos tercios del océano que se encuentran fuera de las fronteras nacionales”. En un contexto de crisis climática, pérdida de especies y contaminación, Naciones Unidas considera que el tratado cubre una brecha crítica de gobernanza para garantizar mares sanos y productivos.
Desde el ámbito político europeo, voces como la del presidente francés Emmanuel Macron han subrayado el cambio de paradigma: la alta mar deja de ser un territorio prácticamente sin reglas para convertirse en “un espacio de responsabilidad compartida”. La narrativa que rodea al acuerdo combina la idea de protección de la vida marina con la de seguridad alimentaria, economía azul sostenible y estabilidad climática.
Cómo y cuándo ha entrado en vigor
El texto se abrió a la firma en la sede de la ONU en septiembre de 2023, culminando unas negociaciones formales que arrancaron en 2004 y que cristalizaron en un acuerdo político en marzo de 2023. El umbral decisivo eran 60 ratificaciones por parte de los Estados parte de la Convención sobre el Derecho del Mar, requisito necesario para poner en marcha el tratado.
Esa cifra se alcanzó el 20 de septiembre de 2025. Conforme a la propia letra del acuerdo, debían transcurrir 120 días adicionales desde ese momento para que el tratado adquiriera fuerza jurídica. Ese plazo se ha cumplido ahora, de modo que las disposiciones del BBNJ empiezan a aplicarse a las partes que han completado el proceso de ratificación, adhesión o aprobación.
A fecha de entrada en vigor, 83 partes han ratificado o se han adherido al tratado. Solo esos Estados tendrán derecho de voto en la primera Conferencia de las Partes (COP BBNJ), la cumbre en la que se definirán los detalles de implementación. Los países que solo han firmado el texto, sin ratificarlo aún, no están jurídicamente vinculados, aunque se espera que eviten emprender acciones contrarias a sus objetivos.
En el plano diplomático, el proceso ha sido largo y no exento de tensiones. Las discusiones se centraron en cuestiones sensibles como el reparto de beneficios derivados de los recursos genéticos marinos, la financiación, la transferencia de tecnología y el equilibrio entre conservación ambiental y usos económicos del océano. La comunidad científica y numerosas ONG han desempeñado un papel muy activo presionando para que el acuerdo no se quedara en un texto descafeinado.
El camino hasta aquí incluye varias rondas de debates preparatorios. Entre 2025 y 2026 se celebran reuniones de la Comisión Preparatoria (PrepCom) en la sede de la ONU en Nueva York, un foro técnico y político donde se están perfilando las estructuras de gobernanza, los mecanismos financieros y los procedimientos de participación científica que necesitará el tratado para funcionar en la práctica.
Quién se ha sumado y quién falta todavía
Entre las economías que ya han ratificado el Tratado de Alta Mar figuran China, Alemania, Japón, Francia, Brasil, Noruega, Corea del Sur o varios Estados insulares en desarrollo como Palaos, Maldivas, Seychelles o Santa Lucía. También se han incorporado miembros clave de la Unión Europea, entre ellos Francia, Portugal y España, junto con países latinoamericanos como Chile, Cuba o Ecuador.
Desde Naciones Unidas se destaca de manera particular el respaldo de China, teniendo en cuenta el peso de sus sectores marítimos: construcción naval, acuicultura, pesca industrial y explotación de petróleo y gas offshore. Solo en 2023, Pekín exportó bienes vinculados al océano por valor de unos 155.000 millones de dólares, según datos de la agencia de comercio de la ONU.
En contraste, siguen ausentes potencias como Estados Unidos, India, el Reino Unido o Rusia. Washington firmó el tratado bajo la Administración Biden, pero el relevo político ha dejado la ratificación en el aire y sin calendario claro. A pesar de ser la primera economía mundial y figurar entre los cinco principales exportadores de bienes relacionados con el océano -alrededor de 61.000 millones de dólares-, el país no está aún jurídicamente vinculado a las obligaciones del BBNJ.
Esta falta de adhesión de varios grandes actores introduce incertidumbre sobre el alcance real del tratado en el corto plazo, especialmente en ámbitos como la pesca de altura, el transporte marítimo o las posibles actividades de minería en aguas profundas. No obstante, los promotores del acuerdo confían en que la presión internacional y las ventajas de participar en la nueva gobernanza oceánica acaben empujando a más Estados a ratificarlo.
En paralelo, la Unión Europea se ha posicionado como uno de los bloques más activos en la defensa del tratado, tanto a través de su acción exterior como por el liderazgo de algunos de sus Estados miembros en materia de áreas marinas protegidas, financiación y transferencia de tecnología hacia países en desarrollo.
Los cuatro pilares del nuevo marco global
El corazón del Tratado de Alta Mar se articula en torno a cuatro grandes ejes de actuación, pensados para cerrar los vacíos legales que existían hasta ahora y dotar a la comunidad internacional de herramientas operativas.
En primer lugar, el acuerdo establece un régimen para compartir de forma justa y equitativa los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos situados en alta mar. Se trata del material genético de bacterias, corales, esponjas u otros organismos que habitan en aguas internacionales, con un enorme potencial para la industria farmacéutica, la biotecnología, la cosmética o la alimentación.
El segundo pilar se centra en la creación de herramientas de gestión basadas en áreas, incluidas áreas marinas protegidas (AMP). Por primera vez, habrá un procedimiento global para designar santuarios y zonas de conservación en aguas internacionales, apoyado en la mejor ciencia disponible y en procesos de consulta amplios. Estas áreas deberán proteger hábitats esenciales, especies vulnerables y ecosistemas de aguas profundas frente a impactos como la pesca intensiva, el tráfico marítimo o la contaminación.
El tercer bloque del tratado contempla evaluaciones de impacto ambiental obligatorias para las actividades que puedan causar efectos significativos en la alta mar. Esto incorpora proyectos emergentes, como ciertas técnicas de eliminación de dióxido de carbono en el océano o posibles explotaciones mineras en fondos marinos, que hasta ahora operaban en un limbo regulatorio o bajo normas nacionales muy dispares.
El cuarto eje se dedica a la creación de capacidad y la transferencia de tecnología marina hacia países en desarrollo. El objetivo es que los Estados con menos recursos dispongan de conocimientos, equipamiento y apoyo financiero suficientes para participar en la investigación, el seguimiento ambiental y la gestión de los recursos marinos, evitando así que solo unas pocas naciones se beneficien de las riquezas de la alta mar.
Además, el tratado incluye una base financiera y un mecanismo de resolución de controversias, así como la creación de órganos específicos de gobernanza: una Conferencia de las Partes (COP), un Órgano Científico y Técnico, un Comité de Acceso y Distribución de Beneficios, un Comité de Implementación y Cumplimiento y otras instancias subsidiarias encargadas de velar por la correcta aplicación del acuerdo.
Órganos de gobernanza y funcionamiento práctico
La llamada Conferencia de las Partes (COP BBNJ) será el órgano político máximo del Tratado de Alta Mar. Deberá reunirse en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor, lo que sitúa su primera cita -la COP1- hacia finales de 2026, una vez finalice el trabajo de la Comisión Preparatoria.
En esa primera cumbre, las partes tendrán que adoptar las reglas de procedimiento, fijar los mecanismos financieros, acordar la estructura definitiva de las instituciones del tratado y definir cómo se seleccionarán, aprobarán y gestionarán las primeras áreas marinas protegidas en alta mar. También se abordarán los procesos de evaluación de impacto ambiental y los criterios para el acceso y reparto de beneficios de los recursos genéticos.
Uno de los elementos innovadores del texto es que la COP podrá tomar ciertas decisiones por mayoría de tres cuartos cuando no sea posible alcanzar el consenso, por ejemplo en relación con la aprobación de herramientas de gestión basadas en áreas. Este diseño pretende evitar bloqueos permanentes y facilitar que el tratado pueda avanzar incluso en contextos políticos complicados.
El Órgano Científico y Técnico, por su parte, jugará un papel clave al aportar datos, análisis y recomendaciones sobre el estado de los ecosistemas, las presiones que sufren y las mejores opciones de protección. Junto a él se creará un Mecanismo de Intercambio de Información, concebido como un centro de datos para compartir resultados de investigación, mapas de biodiversidad, evaluaciones de impacto y otra información relevante.
En paralelo, se están negociando detalles sobre los criterios de financiación y de apoyo técnico para que los países en desarrollo puedan aplicar el tratado sin quedar al margen. Las discusiones en la PrepCom abordan cómo se distribuirán los recursos económicos, cómo se garantizará la participación efectiva de todos los Estados y qué obligaciones concretas asumirá cada parte.
Metas internacionales: del 1,5% protegido al 30% en 2030
Hasta ahora, solo alrededor de un 1,5% del océano contaba con algún tipo de protección efectiva a escala global, y la proporción era aún menor si se miraba exclusivamente a la alta mar. Con la entrada en vigor del BBNJ, la comunidad internacional confía en dar un salto cuantitativo y cualitativo hacia el compromiso de proteger al menos un 30% de la superficie marina de aquí a 2030, una meta incluida en el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal.
La Alianza de Alta Mar -coalición que reúne a más de 70 ONG y a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)- ha identificado varias áreas candidatas para formar la primera generación de grandes santuarios oceánicos. Entre ellas se encuentran la cadena de montes submarinos Hawái-Emperador en el Pacífico, el mar de los Sargazos en el Atlántico y las dorsales de Salas y Gómez y de Nazca en el Pacífico suroriental.
Organizaciones como BirdLife International y SEO/BirdLife recuerdan que las aguas internacionales concentran rutas migratorias esenciales para aves marinas, mamíferos marinos, tortugas y grandes peces. Un estudio en el que participó BirdLife apunta a seis grandes corredores migratorios marinos a escala planetaria, en los que el 69% de las especies de aves que los utilizan se enfrentan al menos a una amenaza en el mar y cerca de un 40% ya están en peligro de extinción.
Para estas entidades, proteger la biodiversidad en alta mar frente al cambio climático y otras presiones requiere planificación estratégica a escala global y coordinación entre jurisdicciones, de forma que las áreas marinas protegidas actúen como nodos interconectados dentro de una red internacional coherente y bien gestionada.
En paralelo a las nuevas figuras que permitirá el tratado, los avances registrados en cumbres como la III Conferencia de la ONU sobre los Océanos (UNOC3), celebrada en Niza, apuntan a un aumento progresivo de la superficie oceánica protegida. Los compromisos asumidos allí por los países podrían elevar el nivel de protección global desde algo más del 8% actual a más del 10% en los próximos años, a la espera del impulso adicional que se espera de las primeras decisiones bajo el BBNJ.
El papel de España y de la Unión Europea
España se ha situado entre los países que han empujado con más fuerza este nuevo marco internacional. Ratificó el Tratado de Alta Mar el 4 de febrero de 2025, convirtiéndose en el 16.º Estado en hacerlo a nivel global y en el primero de la Unión Europea. Lo hizo después de pioneros como Bangladesh, Barbados, Belice, Chile, Cuba, Maldivas, Mauricio, Micronesia, Mónaco, Palaos, Panamá, Seychelles, Singapur, Santa Lucía o Timor Oriental.
En el plano interno, el Gobierno español ha vinculado su compromiso con el BBNJ a la ampliación de la superficie marina protegida bajo su jurisdicción. Actualmente, algo más del 22% de las aguas españolas cuentan con algún tipo de protección, y el Ejecutivo se ha marcado como objetivo alcanzar alrededor del 25,7% en 2025 mediante la declaración de seis nuevos espacios protegidos, con la vista puesta en llegar al 30% antes de 2030.
Este impulso se ha concretado, entre otros pasos, en la ampliación de la Red Natura 2000 marina con cinco nuevos espacios que suman 1,7 millones de hectáreas de protección. Estos avances se inscriben en el proyecto LIFE IP INTEMARES, en el que SEO/BirdLife ha colaborado estrechamente con la administración para identificar áreas de alto valor ecológico y diseñar medidas de conservación específicas.
Sin embargo, las ONG advierten de que la mera declaración sobre el papel no basta. Salvo excepciones como el monte submarino de “El Cachucho” en el Cantábrico y algunos espacios marinos costeros con competencias autonómicas, buena parte de las áreas protegidas españolas carecen todavía de planes de gestión plenamente operativos que regulen actividades como la pesca, el tráfico marítimo, la energía marina o el turismo.
SEO/BirdLife insiste en que el nuevo contexto internacional debería servir para acelerar la aprobación y aplicación de estos planes de gestión, de modo que España no solo cumpla con las cifras de superficie protegida, sino también con los estándares de conservación efectiva exigidos por los acuerdos internacionales de biodiversidad.
El impulso de la sociedad civil y la ciencia
El recorrido del Tratado de Alta Mar no se entiende sin el papel de las organizaciones no gubernamentales y las redes científicas internacionales. Coaliciones como la High Seas Alliance, en la que participa BirdLife International junto a más de medio centenar de entidades, han sido decisivas para mantener la presión política y técnica durante las largas negociaciones.
Para la responsable de océanos de Greenpeace España, Ana Pascual, el tratado representa un instrumento fundamental que llega tarde pero era imprescindible. La organización reclama que, ahora que el acuerdo es jurídicamente vinculante, los gobiernos se muevan con rapidez para designar nuevas áreas marinas protegidas en alta mar y frenar el deterioro de ecosistemas delicados que soportan buena parte de la cadena alimentaria marina.
Desde la UICN, la experta Heidi Weiskel subraya que la ciudadanía empieza a percibir con claridad que sin océanos sanos no hay bienestar posible, ni desde el punto de vista alimentario ni climático. A su juicio, las acciones concretas promovidas por el tratado -como la reducción del ruido y de la velocidad de los barcos en corredores migratorios, o el control de actividades ilegales en alta mar- pueden traducirse en beneficios ambientales visibles en plazos relativamente cortos en algunas zonas.
Las ONG también valoran el carácter innovador y equitativo del texto, que combina objetivos de conservación con principios de justicia y reparto de beneficios. Para Nathalie Rey, asesora de la Alianza de Alta Mar, este enfoque ha sido una de las claves para convencer a un número creciente de países, incluidos muchos en desarrollo, de que el BBNJ no es solo un tratado ambiental, sino también una oportunidad para acceder a conocimiento, tecnología y recursos.
A medida que se acerque la primera COP del tratado, se espera que gobiernos, científicos y organizaciones de la sociedad civil presenten propuestas concretas de áreas a proteger y de mecanismos de cooperación. Una de las zonas que Greenpeace ha señalado como prioritaria se sitúa cerca de las islas Canarias, en el área de convergencia de las corrientes de Canarias y Guinea, frente a la costa occidental de África, lo que abre la puerta a un mayor protagonismo de España en la protección de corredores ecológicos clave.
Lo que viene ahora para la gobernanza de los océanos
La entrada en vigor del Tratado de Alta Mar marca el inicio de una nueva fase, pero no cierra el debate sobre cómo se gestionarán en la práctica los usos del océano. En los próximos meses, la Comisión Preparatoria seguirá afinando propuestas sobre la organización interna del tratado, los procedimientos de toma de decisiones, la participación de observadores y el papel de otros convenios sectoriales, como los acuerdos de pesca regional o los marcos de protección regional, tipo Convenio de Barcelona u OSPAR.
Entre los puntos delicados que quedan por resolver figuran la articulación con las organizaciones regionales de ordenación pesquera, la definición de estándares mínimos para las evaluaciones de impacto ambiental o el diseño de un sistema de financiación que sea estable, previsible y suficiente para sostener la investigación, el seguimiento y la gestión de las nuevas áreas protegidas.
El tratado está concebido para complementar, y no sustituir, los marcos ya existentes. Por ejemplo, las organizaciones pesqueras seguirán siendo las responsables de fijar cuotas y reglas de explotación, pero deberán operar en coherencia con los objetivos y criterios ambientales definidos en el BBNJ. Esto obligará a una coordinación más estrecha entre organismos y a un intercambio de datos mucho más fluido que el actual.
Para los países que ya han ratificado el acuerdo, las obligaciones empiezan a ser tangibles desde ahora mismo: promover los objetivos del tratado en otros foros internacionales, iniciar programas de cooperación científica y transferencia de tecnología, y adaptar sus procedimientos internos de evaluación de impacto ambiental a los estándares que fijará la COP.
La velocidad a la que se puedan ver resultados dependerá, en buena medida, de la ambición con que se diseñen las primeras áreas marinas protegidas en alta mar, del rigor en la aplicación de las evaluaciones de impacto y de la voluntad de financiar adecuadamente los mecanismos de apoyo a los países con menos medios.
Con la alta mar sometida por primera vez a un marco común de conservación y uso sostenible, el reto pasa ahora por convertir este acuerdo en acciones concretas que reduzcan las presiones sobre los ecosistemas oceánicos, refuercen su resiliencia frente al cambio climático y garanticen que los beneficios de los recursos marinos se repartan de forma más justa entre países y generaciones.
El arranque del Tratado de Alta Mar supone un cambio de escala en la manera en que la comunidad internacional se relaciona con el océano: de un mosaico de normas dispersas a un sistema más cohesionado que aspira a proteger la biodiversidad global y a ordenar los usos económicos de un espacio que hasta ahora había permanecido, en gran medida, fuera de foco.
