La operativa para mover parte de la basura generada en Ibiza y Formentera hasta Mallorca entra en una fase clave, con una prueba piloto prevista para finales de octubre o principios de noviembre y los convenios económicos y de gestión en la recta final. Las instituciones implicadas —Govern balear, Consell de Mallorca y Consell de Ibiza— han trabajado coordinadas para ajustar logÃstica, plazos y financiación.
En paralelo, el movimiento ecologista ha elevado el tono: el GOB ha solicitado acceso al expediente completo que ampara el traslado, al considerar que desplazar residuos entre islas es una medida «totalmente insostenible» y que cuenta con 50 millones de euros de fondos públicos para hacerla posible.
Qué se ha acordado y cuándo arrancarÃa la prueba
El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha confirmado que la prueba se activará «entre finales de octubre y principios de noviembre», una vez se cierren los últimos flecos. Por un lado, se ha pactado un convenio económico con el Govern que prevé una aportación de 50 millones; por otro, se ultima el acuerdo especÃfico con el Consell de Ibiza para regular el envÃo temporal de residuos.
La financiación asociada tendrá efectos directos en la isla receptora: el Consell de Mallorca prevé una reducción del 10% en la tarifa de residuos para los hogares a partir del próximo ejercicio. Este alivio, según la institución, forma parte de los compromisos de la legislatura y está ligado a la compensación por acoger la fracción enviada desde Pitiüses.
La prueba servirá para validar la cadena logÃstica completa (embalaje, almacenaje, transporte terrestre y marÃtimo) y medir costes y tiempos. Las autoridades mallorquinas recalcan que el piloto no blinda la solución definitiva, sino que aporta datos para decidir si se mantiene el traslado o se opta por otra vÃa.
En Ibiza, el proceso de participación pública sobre el futuro de los residuos sigue su curso. La institución insular aplazó la publicación de resultados ante el volumen de aportaciones (ronda las 600), y ha avanzado que los datos del piloto se tendrán en cuenta antes de la decisión final.
Cifras clave y situación en Ibiza y Mallorca
Ibiza y Formentera generan cada año cerca de 125.000 toneladas de residuos. Aproximadamente el 70% es fracción resto, que hoy se deposita en el vertedero de Ca na Putxa (Santa Eulà ria). La vida útil de esta instalación está acotada, situándose el horizonte de agotamiento en 2028, lo que obliga a definir alternativas con urgencia.
En Mallorca, los residuos de Ibiza y Formentera serÃan tratados en la planta de Son Reus, una instalación de incineración cuya escala, en relación con la población a la que da servicio, ya ha suscitado debate. Los ecologistas recuerdan que en estos procesos alrededor del 30% del material termina como cenizas y escorias que acaban en vertedero.
El depósito de cenizas cementadas en Mallorca tiene vida útil estimada hasta 2034. El GOB advierte de que un aumento de la incineración recortarÃa ese margen temporal y trasladarÃa el problema a medio plazo, además de añadir emisiones y otros impactos relacionados con la combustión de residuos.
La entidad ecologista subraya que enviar residuos para quemarlos supone un retroceso respecto a la jerarquÃa europea, que prioriza reducir, reutilizar y reciclar frente a la valorización energética. En su opinión, apostar por esta vÃa desincentiva mejoras locales en recogida separada y tratamiento de la fracción orgánica.
Postura de las entidades ecologistas y el debate público
El GOB ha pedido la documentación completa del expediente: informes técnicos y jurÃdicos, convenios y acuerdos que respaldan el traslado. Ampara su solicitud en el derecho de acceso a la información pública y ambiental y reclama la máxima transparencia dada la relevancia económica y ambiental de la operación.
La organización sostiene que se traslada el problema de una isla a otra con dinero público y que la idea choca con los discursos institucionales sobre sostenibilidad y economÃa circular. También critica que se perpetúa un modelo centralizado de gestión, ligado a la concesionaria TIRME, en lugar de reforzar la responsabilidad insular y municipal.
Colectivos vecinales y entidades han mostrado inquietud; el GOB y la Asociación de Vecinos de Son Sardina ya han mantenido reuniones por lo que consideran una amenaza ambiental y social. En el otro lado del debate, voces como la del GEN han llegado a plantear que, si no hay alternativa viable, Ibiza podrÃa verse abocada a construir su propia incineradora, aunque lo consideren un mal menor.
Mientras tanto, el Consell de Ibiza trabaja con la UTE Giref en los estudios de viabilidad técnica y económica del transporte, embalaje y almacenaje, y en los informes jurÃdicos para esclarecer si el traslado cabe en la concesión actual o exige un nuevo contrato. El Govern, por su parte, ha mostrado intención de promover cambios en el REB para facilitar la compensación del transporte marÃtimo de residuos entre islas.
En el plano polÃtico, el Consell de Mallorca defiende que el plan es estratégico para el archipiélago, que la prueba no condiciona la decisión de fondo y que, con los 50 millones, se gana tiempo y margen tarifario mientras se evalúan soluciones a largo plazo para las Pitiüses.
Con los plazos del piloto marcados, el dinero comprometido y la ciudadanÃa movilizada, el escenario queda abierto: o se mantiene el envÃo temporal a Son Reus con garantÃas económicas y ambientales suficientes, o Ibiza acelera una solución propia que evite saturar Ca na Putxa. Lo que ocurra en las próximas semanas —incluida la información que trascienda del expediente y los resultados del piloto— será determinante para una decisión de calado que afectará a la gestión de residuos en Baleares durante la próxima década.
