La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrevieja ha dado luz verde a la adjudicación definitiva del contrato para poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el casco urbano. Se trata de un proyecto que llevaba tiempo sobre la mesa y que ahora avanza con un presupuesto de 1.189.213 euros, financiado a través de los fondos europeos Next Generation-EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Con esta actuación, el Consistorio pretende ordenar el acceso de vehículos al centro, recortar emisiones y mejorar la calidad del aire en una ciudad marcada por el tráfico intenso y la elevada afluencia turística. La futura ZBE combinará restricciones progresivas al tráfico más contaminante con un despliegue tecnológico para controlar en tiempo real tanto la movilidad como los niveles de contaminación.
Adjudicación del contrato y objetivos principales del proyecto
El contrato para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones ha sido adjudicado a la empresa Estacionamientos y Servicios S.A.U. (EYSA), por un importe total de 1.189.213 euros IVA incluido. La operación se enmarca en el Componente 1 – Inversión 1 del PRTR, que impulsa proyectos de movilidad urbana sostenible en España con cargo a los fondos Next Generation-EU.
El objetivo central de la iniciativa es la creación de un perímetro de bajas emisiones en torno al centro urbano, en el que el acceso de los vehículos más contaminantes se vea limitado de forma gradual. La idea es reducir la congestión, rebajar la presencia de gases nocivos y fomentar un entorno urbano más saludable, seguro y adecuado para el peatón.
Esta actuación responde a la obligación legal que marca la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para las ciudades de más de 50.000 habitantes, que deben disponer de ZBE desde 2023. Torrevieja, como otros municipios españoles, ha llegado con cierto retraso a esa cita, pero el Ayuntamiento considera que este contrato supone un paso clave para ponerse al día y alinearse con las directrices estatales y europeas.
La ciudad se enfrenta además a una realidad específica: alta densidad de tráfico y fuerte presión turística, especialmente en temporada alta. La futura ZBE pretende adaptarse a este contexto, regulando el acceso de vehículos al centro sin bloquear por completo la actividad económica ni la vida cotidiana de residentes y visitantes.
Qué vehículos podrán acceder y cómo se aplicarán las restricciones
Aunque el Ayuntamiento todavía debe concretar la letra pequeña de la regulación, el esquema de la Zona de Bajas Emisiones seguirá las pautas generales establecidas por la normativa española. En este tipo de áreas, el acceso no se prohíbe a todos los coches, sino que se prioriza la entrada de los vehículos menos contaminantes.
En la práctica, las restricciones suelen centrarse en coches y furgonetas más antiguos y sin distintivo ambiental de la DGT, mientras que los vehículos con etiqueta 0, ECO, C o B pueden circular con mayor flexibilidad, aunque sujetos a posibles condiciones horarias, criterios de ocupación o excepciones concretas fijadas por cada ayuntamiento.
También se contemplan habitualmente excepciones para residentes, garajes, servicios de reparto, emergencias o personas con movilidad reducida, aspectos que deberán concretarse en las ordenanzas municipales de Torrevieja. La puesta en marcha de la ZBE irá acompañada de señalización específica y campañas informativas para aclarar quién puede entrar, en qué horarios y con qué requisitos.
La intención municipal es que el nuevo sistema contribuya a recuperar espacio público y favorecer medios de transporte más sostenibles —como el desplazamiento a pie, la bicicleta o el transporte público—, sin dejar de atender las necesidades de la actividad comercial y de los residentes del centro.
Despliegue tecnológico para controlar tráfico y calidad del aire
Una de las piezas fundamentales del proyecto es el amplio despliegue tecnológico previsto para gestionar la ZBE. El diseño incluye desde cámaras de lectura de matrículas hasta sensores ambientales y una plataforma integral de datos que permitirá supervisar la situación de la ciudad en tiempo real.
El plan contempla la instalación de cámaras LPR (lectura automática de matrículas) en los puntos de acceso a la zona restringida. Estos equipos permitirán saber qué vehículos entran y salen, comprobar si cumplen los requisitos ambientales establecidos y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes o gestionar las autorizaciones especiales.
Junto a ello se desplegará una red de sensores para medir contaminantes clave como dióxido de nitrógeno (NO₂), partículas en suspensión PM₂.₅ y PM₁₀, monóxido de carbono (CO) y dióxido de azufre (SO₂), además de registrar el nivel de ruido. Estos dispositivos se distribuirán en diferentes puntos estratégicos con el fin de obtener datos representativos y comparables del conjunto del casco urbano.
El sistema se completará con la instalación de una estación fija de medición de calidad del aire y de varios sensores multiparamétricos que ofrecerán información detallada sobre el estado ambiental de la ciudad. Todos estos datos alimentarán una plataforma de gestión integral diseñada para visualizar indicadores al instante, generar alertas automáticas ante incidencias y facilitar la toma de decisiones de los servicios técnicos municipales.
Además, el proyecto prevé la creación de un centro de control operativo como núcleo de coordinación del sistema, así como el desarrollo de una aplicación móvil para que la ciudadanía pueda consultar información relevante, recibir avisos y mantener una comunicación más directa con la administración en materia de movilidad y calidad del aire.
Dos fases de implantación y 39 puntos de control
La futura Zona de Bajas Emisiones de Torrevieja se desplegará en dos fases sucesivas, con un total de 39 puntos de acceso controlado repartidos por el entorno del casco urbano. La distribución se ha definido en función de la densidad de tráfico, la actividad comercial y la configuración residencial de cada área.
La primera fase se centrará en el núcleo urbano comercial, considerado el eje de mayor intensidad de tráfico y concentración de peatones. En esta etapa se habilitarán 13 puntos de control de accesos: por el norte, la calle San Pascual; por el sur, los paseos Vistalegre, de la Libertad y Juan Aparicio; hacia el este, la calle Patricio Zammit; y en el oeste, la avenida Faleria y la calle Orihuela.
Este primer perímetro busca actuar donde se registra más actividad económica y mayor presencia de viandantes, con el objetivo de reducir las emisiones en las zonas más sensibles desde el punto de vista de la salud pública. El Ayuntamiento pretende así dar un primer paso visible en la ordenación del tráfico del centro.
Una vez consolidada esta primera etapa, se pondrá en marcha la segunda fase, que ampliará la ZBE mediante un anillo perimetral que abarcará el resto del casco urbano. En este despliegue se sumarán 26 nuevos puntos de acceso controlado, distribuidos en función de los cuatro puntos cardinales para cerrar el círculo en torno al centro.
En el sector norte se incluyen las calles Bilbao, Santa Trinidad, San José y Maestro Francisco Casanovas; en el sur, la avenida Gregorio Marañón junto con las calles San Pascual y Ramón y Cajal; en el este, las vías María Gil Vallejo, Virgen de la Paloma y Orihuela; y en el oeste, las calles Villa de Madrid y Patricio Zammit, esta última actuando como enlace entre ambas fases de la ZBE.
Plazos de ejecución y mejoras ofrecidas por la adjudicataria
El contrato fija una primera fase de ejecución con un plazo máximo de 15 semanas desde la formalización, a lo que podría sumarse aproximadamente un mes adicional de trámites administrativos previos. No obstante, la empresa adjudicataria ha ofrecido una mejora consistente en recortar en cuatro semanas ese tiempo, lo que permitiría adelantar la puesta en marcha de la infraestructura técnica.
Entre las propuestas adicionales incluidas en la oferta destacan, además, la reducción del tiempo de respuesta ante incidencias en un 50% y la ampliación del programa de formación técnica hasta un mínimo de 20 horas para el personal municipal. Con ello se busca reforzar la capacidad de gestión interna del Ayuntamiento una vez el sistema esté operativo.
Desde el punto de vista político, el concejal responsable de Tráfico y secretario de la Junta de Gobierno ha evitado poner una fecha cerrada para la entrada en vigor efectiva de las restricciones, apuntando a un horizonte aproximado en torno a 2027. Esa estimación dependerá tanto de la ejecución de las obras y la puesta a punto del sistema como de la aprobación de la normativa específica que regule el acceso de vehículos.
En cualquier caso, la combinación de un plazo de obra relativamente breve y de las mejoras técnicas comprometidas por EYSA sitúa el proyecto en una fase avanzada respecto a otros municipios que aún están ultimando el diseño de sus Zonas de Bajas Emisiones o la tramitación de los contratos de implantación.
Mantenimiento tecnológico y modelo SaaS a tres años
Una vez finalizada la implantación, el contrato incluye un periodo de tres años de servicio integral en modalidad SaaS (Software as a Service). Este modelo implica que la empresa adjudicataria no solo instala los equipos, sino que se encarga también de garantizar su funcionamiento continuo, la conectividad y la actualización tecnológica durante todo el periodo.
El servicio comprende tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, supervisión constante del sistema, gestión de la infraestructura en la nube y soporte técnico especializado. De este modo, el Ayuntamiento dispone de una herramienta flexible que puede adaptarse a la evolución de las necesidades urbanas y a posibles cambios en la normativa medioambiental o de tráfico.
El enfoque SaaS permite que las actualizaciones de software y las mejoras en la plataforma de gestión se incorporen de manera progresiva, sin necesidad de renovar por completo el sistema. Esto resulta especialmente relevante en un ámbito tan dinámico como la movilidad urbana, donde las soluciones tecnológicas evolucionan con rapidez.
La adjudicataria, EYSA, acumula experiencia en la gestión de estacionamiento, control de accesos y sistemas inteligentes de movilidad en centenares de ciudades e instituciones públicas, entre ellas grandes operadores nacionales. Esa trayectoria ha sido uno de los argumentos valorados a la hora de confiarle la implantación de la ZBE torrevejense.
Impacto urbano, movilidad y calidad de vida
La creación de la Zona de Bajas Emisiones se integra en la estrategia municipal de avanzar hacia una ciudad más sostenible y digitalizada, en sintonía con los objetivos europeos de transición ecológica. El Ayuntamiento aspira a que la nueva regulación del tráfico contribuya a rebajar la contaminación atmosférica y acústica, al tiempo que mejora la seguridad vial en las zonas con mayor presencia de peatones.
La actuación también se plantea como una herramienta para recuperar espacio público y rediseñar el uso de la calle, reservando cada vez más superficie para el peatón, la bicicleta o el transporte público y reduciendo la presión del vehículo privado en las áreas centrales. Esta reordenación vendrá acompañada de nueva señalización, campañas de información y una mayor transparencia en el uso de los datos de movilidad.
En términos de salud pública, las administraciones europeas y estatales llevan tiempo advirtiendo de los efectos del NO₂ y las partículas en suspensión sobre la población urbana. La ZBE de Torrevieja pretende contribuir a reducir ese impacto, en especial en las zonas de más tránsito, donde convergen residentes, turistas y actividad comercial.
Todo este paquete de medidas colocará a Torrevieja en la senda de otras ciudades españolas y europeas que ya han implantado sistemas similares, con resultados que apuntan a una bajada apreciable de los niveles de contaminación en las zonas restringidas y una progresiva adaptación del parque móvil hacia vehículos menos contaminantes.
Con la adjudicación del contrato, la definición de las dos fases y el despliegue tecnológico previsto, Torrevieja encara un cambio de etapa en la gestión de su movilidad urbana: un modelo más controlado, con datos en tiempo real y con límites claros al tráfico más contaminante, que busca compatibilizar actividad económica, turismo y calidad de vida para vecinos y visitantes.
