El debate sobre las plantas de biometano se ha instalado en Castilla-La Mancha con un creciente malestar vecinal y municipal. La localidad de Talavera de la Reina se ha convertido en el epicentro de la controversia después de que el pleno municipal aprobara por unanimidad paralizar la instalación de este tipo de infraestructuras en su término. La decisión, tomada en un pleno extraordinario, ha sido respaldada por todos los grupos políticos, aunque el cruce de acusaciones no ha faltado.
El borrador del nuevo decreto regional, que está en fase de información pública, trata de regular estas instalaciones para dar respuesta a una actividad en plena expansión. Entre otras medidas, establece que las plantas deben ubicarse, con carácter general, a al menos dos kilómetros del límite del suelo urbano o urbanizable residencial. Esa distancia se amplía a cuatro kilómetros en instalaciones que traten residuos de cadáveres animales y se reduce a 500 metros para hoteles y restaurantes en suelo rústico.
La excepción que preocupa a los ayuntamientos
Sin embargo, la norma contempla una excepción que ha generado fuerte crítica municipal. Si el proyecto se declara prioritario, la decisión final podría quedar en manos del Gobierno regional y no del municipio. Según el análisis de la plataforma Stop Ganadería Industrial, 71 proyectos de plantas de biogás en Castilla-La Mancha podrían ser susceptibles de esa declaración. En Toledo, de hecho, cuatro de las ocho plantas ya consideradas prioritarias se sitúan en Noez, Gálvez, Madridejos y Mascaraque. La posibilidad de saltar el rechazo local ha disparado las alertas.
En Talavera, el pleno municipal se ha apresurado a pedir al ejecutivo autonómico que se refuercen las garantías. La Junta de Gobierno Local ha presentado un bloque de diez alegaciones al borrador regional. Una de las peticiones principales es elevar de dos a cinco kilómetros la distancia mínima respecto a cualquier suelo residencial, industrial o urbano. También se demanda que el 100% de los residuos vengan de un radio máximo de 50 kilómetros, prohibiendo el paso desde otras comunidades autónomas y ajustando la capacidad de la planta a la generación real de residuos.
El recurso de alzada presentado por el Ayuntamiento contra la autorización ambiental integrada para la planta de Cazalegas, que forma parte del municipio, se sustenta en la tensión entre el Ayuntamiento de Talavera y la Junta por la vulneración de la autonomía local y en la incompatibilidad urbanística sobrevenida tras el inicio de la modificación del Plan General de Ordenación. El regidor, José Julián Gregorio, ha remarcado que su intención es buscar fórmulas técnicas para que estas infraestructuras no se conviertan en una fuente de conflicto, aunque también ha valorado la necesidad de buscar soluciones para los ganaderos de la zona que producen residuos orgánicos.
La batalla política
La unanimidad no ha evitado el envite político. El alcalde del PP, José Julián Gregorio, ha cargado contra la anterior alcaldesa socialista, Tita García Élez, y el presidente regional, Emiliano García-Page, acusándolos de haber creado un “efecto llamada” mediante políticas anteriores. Gregorio señala unas jornadas de 2020 en Talavera en las que se invitó a las empresas del sector a invertir. Para él, el “PSE” del Partido Popular, ahora en la oposición, “también colaboró” mediante modificaciones urbanísticas en 2021 que facilitaron la instalación.
Por su parte, el portavoz de Vox, David Moreno, ha asegurado que el PSOE intenta “tapar su responsabilidad” y que el mismo partido que abraza la llegada del biometano en la región, ahora se opone en Talavera. El PSOE ha replicado recordando que la modificación puntual del POM aprobada en 2021 se hizo para resolver problemas de macrogranjas y del sector, y que ahora no se puede cambiar de opinión con claridad. Las críticas cruzadas se intensificaron ante una plataforma vecinal recién creada, que se movilizó ante las puertas del ayuntamiento con pancartas y lemas de rechazo.
Distancia, olores y transporte
El borrador regional también se preocupa por los olores. Las empresas deberán presentar un estudio de dispersión de basados en el modelo CALPUFF y garantizar que no se supere un umbral de 1,5 unidades de olor por metro cúbico en los límites urbanos. Las naves de pretratamiento y compostaje deben mantener una presión negativa y sistemas de purificación del aire, y el digestato (el residuo final) debe enterrarse en un plazo máximo de 24 horas si se usa como fertilizante.
El transporte de residuos tendrá que hacer en vehículos cerrados y no podrá atravesar los núcleos urbanos, salvo que los residuos se hayan generado en el mismo término. La regla del 80% de los residuos de un radio de 35 kilómetros no ha evitado críticas, porque el 20% restante puede venir de cualquier lugar. La plataforma de vecinos considera que eso permite largas distancias y teme que los camiones terminen colapsando las calles.
En cuanto al agua, se exige un mínimo de 250 metros de separación respecto a captaciones de aguas subterráneas y embalses. El almacenamiento debe ser impermeabilizado y contar con sistemas de recogida de lixiviados, además de instalación de piezómetros (al menos uno aguas arriba y dos aguas abajo). En zonas vulnerables a nitratos, se aplican restricciones adicionales.
Los plazos y el futuro
El decreto también ordena la adaptación de las plantas ya en funcionamiento: tendrán hasta el 21 de diciembre de 2029 para cumplir las nuevas exigencias. Los proyectos en tramitación suspenderán su autorización ambiental por un máximo de 24 meses, y si no presentan la documentación adaptada en ese tiempo, el expediente caducará. Mientras tanto, el texto se encuentra en fase de información pública hasta el 24 de agosto.
Para Talavera, la clave está en conseguir que sus alegaciones sean aceptadas y que se elimine la posibilidad de declarar el proyecto prioritario. El alcalde insiste en que se debe “no” a la prohibición, sino a la ubicación adecuada. “Los plantas pueden ser una solución para los ganaderos, pero no a costa de la calidad de vida”, señala. La plataforma ecologista sigue reclamando que se escuche a la ciudadanía y que no se perite que fondos de inversión hagan su negocio a costa del entorno.
Todo esto se produce en un clima de tensión social, con el PP y Vox en el poder local, y el PSOE enfrentado a su propio partido regional. La pregunta es si el próximo decreto tendrá en cuenta las demandas de los municipios, que piden protagonismo, o se diluirán en una maraña burocrática. De momento, la pelota está en el tejado de la Junta, pero los vecinos ya han demostrado que no se van a callar.
