La situación de la atmósfera en nuestro país ha dado un giro preocupante recientemente, dejando atrás la tendencia de mejora que se venía observando tras la crisis sanitaria. A pesar de que los cielos parezcan limpios a simple vista, los datos recogidos indican que la calidad del aire que entra en nuestros pulmones ha sufrido un retroceso evidente, impulsado principalmente por factores climáticos y un regreso con fuerza a los hábitos de movilidad tradicionales. Vaya, que el panorama se ha complicado justo cuando pensábamos que íbamos por el buen camino.
Los informes más recientes, que analizan la situación a lo largo de todo el territorio nacional, revelan una realidad incómoda: si aplicamos los criterios que Europa exigirá dentro de muy poco tiempo, resulta que 32,6 millones de personas en España han estado expuestas a niveles de polución insalubres. Esto supone que dos de cada tres ciudadanos han convivido con una atmósfera cargada de sustancias nocivas, lo que pone sobre la mesa la urgencia de tomarse en serio la transición hacia ciudades más habitables y menos dependientes del coche.
El ozono y el calor: una mezcla peligrosa
Uno de los grandes protagonistas negativos ha sido el ozono troposférico, un gas que no sale directamente de los tubos de escape, sino que se forma en el aire cuando otros contaminantes reaccionan bajo una radiación solar intensa. Durante los meses estivales, las fuertes olas de calor han provocado que este contaminante alcance los peores registros desde el año 2015, superando con creces los umbrales de información a la población en numerosas comunidades autónomas. Es un problema que se las trae, ya que afecta tanto a las grandes urbes como a las zonas rurales más alejadas.
El aumento de las temperaturas no es el único culpable, puesto que la quema de combustibles fósiles ha repuntado de forma notable. El consumo de petróleo, especialmente vinculado a los combustibles de aviación y al transporte por carretera, ha vuelto a niveles que no se veían desde hace más de una década. Esta dependencia del crudo alimenta un círculo vicioso: más emisiones generan más calentamiento, y el calor dispara la formación de gases tóxicos en nuestras calles, complicando la salud de quienes tienen patologías respiratorias.
Por si fuera poco, la naturaleza también ha puesto de su parte en este escenario tan gris. La intensa ola de incendios forestales sufrida durante el mes de agosto ha inyectado una cantidad ingente de partículas finas en la atmósfera, agravando la situación en regiones que habitualmente disfrutan de un aire más puro. Aunque las lluvias invernales ayudaron a limpiar un poco el ambiente y evitaron episodios prolongados de calima, no fueron suficientes para compensar el impacto de un verano extremadamente caluroso y seco.
En puntos concretos como la Comunidad de Madrid, los niveles de ozono han llegado a pulverizar récords históricos. Las autoridades han tenido que activar los protocolos de información de forma recurrente al superarse los 180 microgramos por metro cúbico, un límite que debería ponernos en alerta a todos. En Extremadura, el panorama no ha sido mucho mejor, con una superficie forestal y agrícola inmensa afectada por este gas que, además de dañarnos a nosotros, perjudica seriamente la salud de los bosques y los cultivos.
La brecha entre la salud y la normativa vigente
Existe una desconexión llamativa entre lo que dice la ley actual y lo que recomiendan los expertos médicos. Mientras que la legislación española todavía permite ciertos niveles de polución, la Organización Mundial de la Salud advierte de que esos límites son demasiado permisivos. Si hiciéramos caso estrictamente a lo que dice la OMS para proteger nuestra salud, prácticamente la totalidad de la población española estaría respirando un aire que no cumple los estándares de seguridad mínimos. Poca broma con esto, ya que los pulmones no entienden de plazos legales.
El dióxido de nitrógeno, ese gas que asociamos rápidamente a los motores diésel, sigue siendo el rey de las ciudades. Aunque ha habido una ligera mejoría general, las grandes áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona siguen sufriendo concentraciones que superan lo que será legal a partir de 2030. Esto indica que las medidas actuales son, a todas luces, insuficientes para alcanzar los objetivos de sostenibilidad que nos hemos marcado como sociedad en el marco europeo.
Un dato que pone los pelos de punta es el que se refiere a los más pequeños. Mediciones realizadas en entornos escolares de diversas ciudades han demostrado que los niños respiran aire mucho más sucio del que indican las estaciones oficiales de control. Esto ocurre porque la contaminación se concentra a ras de suelo y en los puntos de entrada a los colegios, donde el tráfico de entrada y salida genera picos de polución que a menudo pasan desapercibidos para los sistemas de medición institucionales.
Todo este aire viciado tiene un coste que va más allá de lo sanitario. Se estima que la mala calidad del aire supone un impacto en la economía equivalente al 2,4% del Producto Interior Bruto de España. Entre los gastos médicos por los más de 60.000 ingresos hospitalarios anuales y la pérdida de productividad, la factura asciende a unos 32.000 millones de euros. Respirar mal no solo nos quita años de vida, también nos sale carísimo como país.
Inacción política y falta de transparencia
Uno de los puntos más criticados por las organizaciones ambientales es la parsimonia de las administraciones. A pesar de contar con fondos europeos para transformar la movilidad, la mitad de las ciudades con más de 50.000 habitantes todavía no han puesto en marcha sus Zonas de Bajas Emisiones. Esta demora legal deja a los ciudadanos desprotegidos frente a los picos de contaminación, mientras los plazos para cumplir con la normativa de la Unión Europea siguen corriendo sin tregua.
Para colmo de males, el acceso a la información pública ha sufrido un traspié importante. El visor nacional de calidad del aire, que es la herramienta donde cualquier ciudadano puede consultar qué está respirando en tiempo real, quedó inoperativo tras un ataque informático al servidor del ministerio competente. Meses después del incidente, la web sigue sin funcionar correctamente, lo que genera un vacío informativo que impide a las personas vulnerables tomar precauciones básicas antes de salir a la calle.
La gestión del ozono también está en el ojo del huracán. Ocho comunidades autónomas siguen sin aprobar planes específicos para combatir este contaminante, a pesar de las reiteradas sentencias judiciales que les obligan a ello. La ausencia de un Plan Nacional de Ozono coordinado hace que las medidas sean parches aislados en lugar de una estrategia sólida para proteger la atmósfera a largo plazo. Es como intentar apagar un incendio con un vaso de agua.
Para dar la vuelta a esta situación, los expertos coinciden en que no queda otra que reducir de forma drástica el tráfico motorizado. Fomentar la movilidad activa y transporte público eléctrico son pasos innegociables, al igual que limitar los vuelos de corto recorrido y apostar por un ahorro energético real. No se trata solo de cambiar un coche de combustión por uno eléctrico, sino de repensar cómo nos movemos y cómo consumimos energía en nuestro día a día.
Para intentar mitigar estos efectos, se proponen una serie de acciones urgentes:
- Disminución real del tráfico de vehículos privados en los centros urbanos.
- Potenciación de los desplazamientos a pie, en bicicleta y en buses eléctricos.
- Establecimiento de límites más estrictos a las emisiones del transporte marítimo y la aviación.
- Aceleración de los planes autonómicos de mejora de la calidad del aire estancados.
Al final del día, lo que los datos de 2025 nos están diciendo es que no podemos bajar la guardia. La combinación de un clima cada vez más extremo y una movilidad basada en el petróleo está pasando factura a nuestra salud y al entorno natural. Mejorar la calidad del aire real en España requiere valentía política para aplicar las leyes ya existentes y una transparencia total para que la ciudadanía sea consciente de los riesgos. Solo con una transformación profunda de nuestro modelo energético y de transporte lograremos que respirar en nuestras ciudades deje de ser una actividad de riesgo para miles de personas cada año.
