La vigencia del Marco de Actuación para Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-2018 marcó un punto crítico en la industria del carbón en España. Este plan incluía la gestión del cierre ordenado del sector y establecía ayudas económicas para mitigar los efectos en las regiones mineras. Desde su implementación, se ha discutido ampliamente si la minería del carbón tiene futuro en el mix energético del país.
Contexto del Marco de Actuación
El Marco de Actuación para la Minería del Carbón fue parte de una serie de intentos del gobierno por asegurar una transición justa para los trabajadores de la industria, mientras se alineaban con las normativas medioambientales de la Unión Europea. El plan incluía medidas específicas que abarcaban desde prejubilaciones hasta bajas incentivadas, además de la creación de un fondo para reindustrializar las comarcas mineras.
Con la finalización del Marco, en 2018, hubo un aumento de la incertidumbre tanto para los trabajadores como para las regiones dependientes de la minería. Los sindicatos como CCOO, UGT y USO demandaban una extensión o un nuevo plan que permitiera preservar la industria más allá de esa fecha.
Las negociaciones llevadas a cabo con el Ministerio de Energía, representado por Daniel Navia, giraban en torno a la posible reestructuración del plan. Los sindicatos, sin embargo, mostraban una fuerte resistencia a un modelo que privilegiara el cierre inmediato de las minas sin asegurar primero una reindustrialización efectiva.
Este escenario generó diversas opiniones, tanto en los sectores políticos como empresariales. Mientras que el Real Decreto del cierre de centrales térmicas estaba diseñado para promover la transición energética hacia energías renovables, muchos veían esta medida como perjudicial para las comarcas cuyo dinamismo económico giraba en torno al sector del carbón.
Posición de los sindicatos
Los sindicatos, principalmente UGT y CCOO, hicieron énfasis en la importancia de preservar una parte del carbón autóctono en el mix energético. Según sus declaraciones, un cierre abrupto significaría la pérdida de miles de empleos y de un tejido industrial que difícilmente podría ser reemplazado a corto plazo.
La UGT argumentaba que, «el compromiso de la Unión Europea y los gobiernos nacionales no debería centrarse solo en cerrar minas, sino en mantenerlas mientras se fomenta la reindustrialización de las comarcas mineras.»
Por su parte, CCOO defendía la postura de que el carbón nacional debía seguir formando parte del mix energético más allá de 2018. Ambas organizaciones subrayaron la importancia de retomar proyectos relacionados con la captación y almacenamiento de CO2, uno de los mayores objetivos a nivel europeo para reducir las emisiones contaminantes.
Mecanismos para la continuidad del sector
Desde los sindicatos y el propio Ministerio de Energía, se discutieron los mecanismos que podrían implementarse para prolongar la vida útil de las minas y de las centrales térmicas dependientes del carbón nacional. Entre las propuestas, se planteaba fomentar la inclusión del carbón en el mix energético bajo criterios de «garantía de suministro».
Una de las propuestas más destacadas fue la de impulsar el desarrollo de proyectos de captación y almacenamiento de CO2, lo cual permitiría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y hacer que el carbón se mantuviera como una opción viable desde el punto de vista medioambiental.
Además, se sugirió la reactivación de todos los mecanismos que pudieran permitir la continuación del uso de carbón nacional en las centrales térmicas, siempre y cuando estas cumplieran con las normativas medioambientales establecidas por la Unión Europea.
Descarbonización: el camino inevitable
A pesar de los esfuerzos de los sindicatos por prolongar la vida del carbón, la realidad es que la descarbonización es un objetivo común en las políticas energéticas a nivel global. La Comisión Europea, junto con organismos internacionales, ha promovido la disminución progresiva del uso de combustibles fósiles para cumplir con los acuerdos del Pacto de París y limitar el calentamiento global.
Esto ha generado un intenso debate en torno a las medidas a tomar para asegurar una «Transición Justa» que no perjudique a los trabajadores ni a las comunidades dependientes del carbón. La Alianza Global para Eliminar el Carbón, así como diversas ONGs como Greenpeace, han presionado constantemente para que el cierre de las centrales de carbón se acelere. En España, se prevé que para 2025 todas las plantas de generación eléctrica a base de carbón estén inactivas.
Empresas como Endesa e Iberdrola ya han comenzado a ejecutar estos cierres. Sin embargo, según un informe de CCOO, el uso del carbón representó en algún momento hasta el 60% de las emisiones de CO2 en España, lo cual ha llevado a un fuerte enfoque en energías renovables para suplir esta dependencia.
Convenios de Transición Justa
Como parte de los acuerdos para manejar el cierre de las minas y centrales térmicas, se han implementado los llamados Convenios de Transición Justa. Estos convenios están diseñados para mitigar los impactos socioeconómicos causados por la descarbonización, asegurando el empleo y fomentando la inversión en proyectos sostenibles en las zonas afectadas.
Endesa, Naturgy e Iberdrola han sido algunas de las empresas involucradas en estos convenios, firmados junto al gobierno y los sindicatos. Estos documentos incluyen compromisos para mantener puestos de trabajo, desmantelar las centrales y restaurar ambientalmente el entorno de las minas y las plantas.
Una de las medidas más comentadas es la reubicación de los trabajadores afectados en sectores afines como las energías renovables. Asimismo, estos convenios fomentan la creación de oportunidades laborales en la regeneración de ecosistemas y en la instalación de nuevas infraestructuras energéticas.
De hecho, en algunas regiones de Asturias y León, ya se han puesto en marcha proyectos piloto de restauración medioambiental y generación de energía limpia.
El cierre de las minas y el fin del uso del carbón en la generación eléctrica es una realidad ineludible. Sin embargo, el esfuerzo por una Transición Justa y la protección de los trabajadores y las comunidades afectadas marcan un camino esperanzador. La clave en los próximos años será asegurar el desarrollo de proyectos industriales sostenibles que puedan reemplazar los empleos perdidos y transformar positivamente las comarcas que dependían de la minería del carbón.