El Gobierno de Santa Fe ha vuelto a poner en primer plano la defensa del biodiésel frente a las restricciones de la Unión Europea, en un contexto internacional marcado por nuevas regulaciones ambientales y acuerdos comerciales. La provincia considera que lo que está en juego no es solo un sector puntual, sino buena parte del entramado agroindustrial del centro del país.
En la ciudad cordobesa de San Francisco, durante una nueva reunión del Gabinete Productivo de la Región Centro, autoridades de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, junto a entidades empresariales y referentes del sector productivo, coincidieron en la necesidad de articular una estrategia común para evitar que las barreras europeas dejen fuera de mercado al biodiésel derivado de soja y a otros productos agroindustriales.
La preocupación por la normativa europea de alto riesgo ILUC
Uno de los puntos que más inquietud genera entre los gobiernos provinciales es la regulación europea vinculada al “alto riesgo ILUC” (cambio indirecto del uso del suelo), que condiciona el uso de determinadas materias primas para la producción de biocombustibles. Según los funcionarios, esta clasificación excede con creces el debate técnico sobre el biodiésel y puede sentar un precedente delicado para todo el complejo sojero.
Durante el encuentro se advirtió que, al estigmatizar la soja como materia prima desde su origen, la normativa europea podría limitar no solo la entrada de biodiésel al mercado comunitario, sino también la de productos como harina, aceite y poroto, que son pilares de las exportaciones agroindustriales de la Región Centro. En otras palabras, lo que se presenta como una discusión ambiental podría transformarse en un serio problema para el comercio exterior de la zona.
Las delegaciones provinciales remarcaron que el biodiésel representa empleo, inversión y valor agregado en origen, especialmente en territorios donde la industria ligada a la soja tiene una fuerte presencia. De ahí que se haya insistido en que las barreras que se apliquen deben estar sustentadas en criterios objetivos y no en regulaciones que, en la práctica, terminen funcionando como obstáculos comerciales encubiertos.
En este contexto, se planteó la necesidad de llevar adelante una defensa coordinada del biodiésel, tanto en espacios técnicos como en ámbitos diplomáticos, para evitar que la etiqueta de alto riesgo ILUC derive en un cierre progresivo de mercado para una de las principales cadenas productivas de la región.
Santa Fe busca una posición común en la Región Centro
La delegación santafesina, encabezada por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, tuvo un rol activo en la reunión del Gabinete Productivo. El funcionario defendió la necesidad de fijar una posición conjunta con Córdoba y Entre Ríos ante las autoridades nacionales y los socios internacionales, para evitar respuestas fragmentadas frente a medidas que afectan a toda la región.
Puccini subrayó que Santa Fe no está dispuesta a aceptar barreras consideradas injustificadas que limiten el acceso a los mercados europeos. Desde su óptica, la defensa del biodiésel no es solo una cuestión de números macroeconómicos, sino una forma de sostener puestos de trabajo, inversiones industriales y encadenamientos productivos que se construyeron durante décadas alrededor de la soja y los biocombustibles.
Durante el encuentro, los gobiernos provinciales coincidieron en que es momento de consolidar una estrategia regional ante los desafíos del comercio internacional. El objetivo es que las decisiones que se tomen a nivel de la Unión Europea o de otros socios comerciales no se traduzcan en un deterioro de la competitividad de las economías de la Región Centro, donde el biodiésel y la industria sojera tienen un peso determinante.
En esta línea, se resolvió impulsar que el tema se incorpore de manera explícita en la agenda de la próxima reunión de gobernadores de la Región Centro, prevista para el 23 de abril en la provincia de Córdoba. La intención es que la defensa del biodiésel frente a las restricciones comunitarias no quede reducida a discusiones técnicas, sino que forme parte de una hoja de ruta política compartida.
El papel de la Cancillería y la agenda de política exterior
Las autoridades provinciales reclamaron que la Cancillería nacional asuma un rol más activo en la defensa del biodiésel argentino dentro de los foros internacionales y en las negociaciones con la Unión Europea. Consideran que las discusiones sobre regulaciones ambientales y criterios de sostenibilidad no pueden darse solo entre técnicos, sino que necesitan un respaldo político claro desde el Gobierno central.
En este sentido, se propuso que las restricciones vinculadas al alto riesgo ILUC y sus posibles derivaciones sobre el complejo sojero sean incorporadas como tema prioritario en la política exterior. Los funcionarios plantean que, sin una posición firme en las mesas de negociación, la normativa europea podría terminar consolidándose sin que se tengan en cuenta las particularidades productivas de la Región Centro.
La discusión se da, además, en un momento en el que Europa impulsa estándares ambientales más exigentes para los biocombustibles, en línea con sus objetivos de descarbonización. Para las provincias argentinas, el desafío pasa por demostrar que el biodiésel producido a partir de soja puede cumplir criterios de sostenibilidad sin ser automáticamente penalizado por su origen, siempre que se tengan en cuenta las mejoras tecnológicas y de gestión que se han introducido en los últimos años.
Los participantes del Gabinete Productivo remarcaron que una defensa eficaz del biodiésel implica también una buena coordinación entre provincias, Nación y sector privado, de modo que los argumentos económicos, sociales y ambientales se articulen de forma coherente ante los socios europeos.
Nueva Ley de Biocombustibles y mercado interno
Más allá de la mirada puesta en Bruselas, las provincias pusieron sobre la mesa la necesidad de avanzar en una nueva Ley de Biocombustibles que actualice el marco regulatorio interno. La idea central es elevar los porcentajes de corte obligatorio de biodiésel en los combustibles fósiles, otorgando al sector una mayor previsibilidad y un horizonte de crecimiento más claro.
Según los funcionarios, reforzar el mercado interno de biocombustibles permitiría reducir la dependencia exclusiva de las exportaciones y amortiguar el impacto de decisiones externas, como las que pueda adoptar la Unión Europea. En un escenario internacional donde el precio del petróleo se mantiene volátil, el precio del biodiésel también resulta clave, y la competitividad relativa de las energías renovables gana terreno y se abre una ventana de oportunidad que las provincias no quieren desaprovechar.
La propuesta de una nueva normativa busca también generar reglas de juego estables para las inversiones en plantas de biodiésel, muchas de las cuales se encuentran en territorios donde la industria sojera es la principal fuente de actividad económica. Elevar los cortes obligatorios sería, por tanto, una manera de sostener la demanda y asegurar la continuidad de proyectos que ya están en marcha.
En paralelo, se plantea que una ley actualizada podría contribuir a la transición hacia una matriz energética más diversificada, en línea con los compromisos de reducción de emisiones. De este modo, el impulso al biodiésel no quedaría atado únicamente a la coyuntura de los mercados internacionales, sino que se integraría en una estrategia energética de largo plazo.
Acuerdos comerciales y condiciones de competencia
El debate sobre el biodiésel se dio en un marco más amplio de análisis de los acuerdos comerciales que involucran a la Unión Europea y a otros socios clave. Ante la inminente aplicación provisional del tratado entre la UE y el Mercosur, prevista para el 1 de mayo, las provincias señalaron que es fundamental que la apertura de mercados venga acompañada de condiciones de competencia equilibradas para las economías regionales.
Si bien las proyecciones apuntan a un aumento potencial de las exportaciones, las autoridades advirtieron que, sin mecanismos que eviten asimetrías, las pequeñas y medianas empresas podrían quedar en una situación desventajosa frente a grandes competidores europeos. En este punto, el biodiésel y el complejo sojero aparecen como sectores sensibles, por su peso en el comercio exterior y el empleo.
Además del acuerdo con la Unión Europea, se repasó el tratado comercial entre Argentina y Estados Unidos, que contempla la eliminación de determinados aranceles y una ampliación significativa de las cuotas de exportación para productos agroindustriales. Entre ellos se destacó la carne bovina, cuya cuota podría multiplicarse de forma relevante, siempre que se cumplan los requisitos sanitarios y de calidad exigidos.
Los funcionarios provinciales insistieron en que, para aprovechar este nuevo contexto, se requiere un acompañamiento activo del Gobierno nacional, tanto mediante el trabajo del Senasa en materia de certificaciones como a través de líneas de financiamiento que permitan adaptar la infraestructura productiva. De lo contrario, las oportunidades que abren los acuerdos pueden quedar restringidas a un puñado de empresas con mayor capacidad de inversión.
Infraestructura, logística y rol del Gran Rosario
Otro de los ejes que atravesó la reunión del Gabinete Productivo fue la logística vinculada al complejo exportador, un aspecto clave para la competitividad del biodiésel y de los derivados de la soja. Santa Fe puso especial énfasis en el rol del Gran Rosario como principal nodo de salida de granos, aceites, harinas y biocombustibles hacia los mercados internacionales.
La provincia presentó avances en obras consideradas estratégicas, como la ampliación a un tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, que apunta a mejorar el flujo del transporte pesado en uno de los corredores viales más transitados. También se mencionó el traspaso de la ruta nacional A012 y la implementación del sistema STOP 5.0, orientado a ordenar el ingreso de camiones a los puertos y a reducir los tiempos de espera y los costos logísticos.
Junto con las inversiones viales, las provincias analizaron el futuro del sistema ferroviario y la próxima concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, un eje fluvial esencial para la salida de la producción agroindustrial. El objetivo es garantizar que los nuevos esquemas de gestión contemplen inversiones suficientes, mejoren la eficiencia operativa y aseguren una participación efectiva de las provincias en la toma de decisiones.
Para Santa Fe, contar con una infraestructura moderna y una logística bien aceitada es tan importante como resolver las trabas regulatorias. En su visión, cada mejora en rutas, trenes y vías navegables se traduce en una reducción de costos y en una mayor capacidad para competir en mercados exigentes como el europeo, donde los márgenes de rentabilidad pueden ser ajustados.
Participación institucional y actores del sector productivo
La reunión en San Francisco reunió a una amplia delegación de funcionarios y representantes del sector privado de la Región Centro. Por Santa Fe participaron, entre otros, la secretaria de Región Centro e Integración Regional, Claudia Giaccone; el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras; la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada; la subsecretaria de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Cecilia Mijich; el subsecretario de Transporte y Logística, Jorge Henn; y el director de Infraestructura y Fortalecimiento Industrial, Pablo Bonetto.
Junto a los equipos técnicos de las carteras productivas, se sumaron referentes de entidades empresarias y de la Bolsa de Comercio de Rosario, aportando una visión directa de los impactos que las restricciones europeas y los cambios normativos pueden tener sobre las empresas. Esta combinación de mirada pública y privada permitió trazar un diagnóstico compartido sobre los desafíos que enfrenta el biodiésel y la cadena sojera.
El formato del Gabinete Productivo busca precisamente eso: articular políticas con la participación de quienes operan en el día a día de la producción y la exportación. De este modo, las decisiones que se promuevan desde las provincias aspiran a estar respaldadas por datos concretos y a responder a necesidades reales del entramado productivo.
En conjunto, las intervenciones de funcionarios y representantes empresariales dejaron claro que la defensa del biodiésel frente a las restricciones de la Unión Europea se ha convertido en una prioridad compartida en la Región Centro. No solo por su impacto inmediato sobre un sector específico, sino por las implicaciones que tiene para el modelo de desarrollo basado en la agroindustria y la exportación de valor agregado.
La posición que emerge de estas reuniones es que el biodiésel, la cadena sojera y la logística del Gran Rosario forman un engranaje que sostiene buena parte de la competitividad regional. Ante regulaciones exigentes y acuerdos comerciales en marcha, Santa Fe y sus socios provinciales apuestan a combinar defensa diplomática, cambios legales internos e inversiones en infraestructura para seguir teniendo un lugar relevante en los mercados europeos y en el escenario internacional.
