La obligación legal de implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en municipios de más de 50.000 habitantes sigue marcando la agenda de muchas ciudades españolas. En las últimas semanas, dos capitales de provincia han dado el paso definitivo: Santa Cruz de Tenerife y Vigo han aprobado sus respectivas ordenanzas, aunque con enfoques y plazos diferentes. Ambas normativas buscan reducir la contaminación atmosférica, pero incluyen un amplio catálogo de excepciones para evitar un impacto brusco sobre la movilidad de los ciudadanos.
El denominador común en ambos casos es la intención de compatibilizar los objetivos medioambientales con las necesidades diarias de vecinos y trabajadores. Tanto en la capital tinerfeña como en la ciudad olÃvica, los gobiernos locales han optado por una implantación progresiva y por permitir el acceso a una larga lista de vehÃculos, desde los de servicios esenciales hasta los de personas con dificultades económicas. A continuación, repasamos los detalles de cada una.
Aprobación en Santa Cruz de Tenerife
El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dio luz verde a su ordenanza de ZBE con los votos a favor del grupo de gobierno (Coalición Canaria y Partido Popular) y el concejal no adscrito, mientras que Vox votó en contra y el PSOE se abstuvo. El texto final incorpora 15 de las 30 alegaciones presentadas por entidades sociales y vecinales, aunque sin cambios sustanciales. La medida se enmarca en un programa integral financiado con 12 millones de euros de los fondos europeos Next Generation, que incluye la compra de once guaguas eléctricas, puntos de recarga y la remodelación de calles clave.
El perÃmetro de la ZBE abarca el casco histórico y comercial, delimitado por el Barranco de Santos, las calles Méndez Núñez, San Isidro y la avenida de Anaga. Las restricciones se aplicarán de lunes a sábado, de 7:00 a 20:00 horas, y afectarán únicamente a turismos de gasolina matriculados antes de 2001 y diésel anteriores a 2006. El resto de vehÃculos con distintivo ambiental o más modernos podrán circular sin limitación. Un detalle relevante es que las multas no se aplicarán hasta 2029, según confirmaron fuentes municipales, para evitar posibles frenos judiciales como los que han tumbado ordenanzas en otras ciudades.
Vigo también da luz verde a su ZBE
En Vigo, el pleno municipal aprobó definitivamente la ordenanza que regula cuatro zonas: Centro, Praza de Portugal, Bouzas y O Calvario, que suman 67,18 hectáreas. La norma salió adelante solo con los votos del PSOE, mientras que PP y BNG se opusieron. La primera fase, de dos años de duración, prohibirá el acceso a los más de 62.000 vehÃculos sin etiqueta ambiental que circulan por la ciudad. Posteriormente, se sumarán los de etiqueta B y, finalmente, los de etiqueta C a partir de 2031. El Ayuntamiento ha establecido un periodo de doce meses sin sanciones económicas, durante el cual solo se informará a los conductores infractores.
Una de las principales incógnitas es la plataforma informática para tramitar las autorizaciones, que podrÃa tardar hasta dos meses en estar operativa desde la entrada en vigor de la ordenanza. Mientras tanto, no está claro cómo podrán solicitar los permisos quienes necesiten acogerse a las excepciones. El gobierno local defiende que la norma tiene una sólida estructura jurÃdica y que el objetivo es que nadie se vea obligado a cambiar de coche, mientras que la oposición critica que la medida castiga a las rentas más bajas y no mejora el transporte público.
Exenciones y colectivos protegidos
Ambas ordenanzas coinciden en ofrecer un amplio abanico de excepciones. En Santa Cruz, se garantiza el acceso a residentes empadronados dentro de la ZBE, vehÃculos de personas con movilidad reducida, taxis, transporte público, servicios de emergencia, limpieza y suministros. También se incluyen vehÃculos históricos, grúas y coches de taller. Además, se contemplan autorizaciones para colectivos vulnerables: personas con ingresos inferiores a dos veces el IPREM, cuidadores de dependientes y familias numerosas residentes en la zona, con un máximo de dos coches por unidad familiar.
En Vigo, las exenciones son igualmente generosas. Pueden acceder los vehÃculos domiciliados en las ZBE, los vinculados a actividades económicas, los de servicios públicos esenciales, motocicletas y ciclomotores (de 7 a 22 horas), taxis, VTC, vehÃculos que acudan a centros sanitarios o educativos, y los que se dirijan a aparcamientos públicos o privados. También se permite la entrada para reparto de mercancÃas, talleres, recogida de escolares y trabajadores nocturnos. Las autorizaciones serán gratuitas y se tramitarán a través de una aplicación informática que el Concello debe habilitar en un plazo máximo de dos meses.
Calendario y sanciones
En Santa Cruz, la ordenanza ya está aprobada pero las multas no se aplicarán hasta 2029, lo que supone un periodo de adaptación de tres años. En Vigo, la primera fase arrancará con la publicación en el boletÃn oficial, pero durante el primer año no habrá sanciones económicas, solo avisos informativos. A partir del segundo año, las multas por acceder sin autorización serán de 200 euros, según lo estipulado en la Ley de Tráfico. Ambas ciudades han optado por una implantación gradual para minimizar el impacto sobre los conductores y dar tiempo a que se adapten a las nuevas restricciones.
La oposición en ambos municipios ha mostrado su descontento. En Santa Cruz, Vox votó en contra y el PSOE se abstuvo; en Vigo, PP y BNG criticaron la falta de alternativas de transporte público y el coste para las familias. Sin embargo, los gobiernos locales insisten en que las ZBE son una obligación legal y que las excepciones y normativas garantizan que la mayorÃa de los ciudadanos no se vean perjudicados. La clave estará en la gestión de las autorizaciones y en la evolución de la calidad del aire en los próximos años.
Con estas dos nuevas ordenanzas, España suma más ciudades que cumplen con la normativa europea de calidad del aire, aunque el camino no está exento de polémica. Tanto Santa Cruz de Tenerife como Vigo han demostrado que es posible aplicar restricciones al tráfico sin prisas, con un enfoque social y con la vista puesta en un futuro más sostenible. La efectividad de estas medidas dependerá de la concienciación ciudadana y de la mejora del transporte público, dos asignaturas pendientes en muchas urbes españolas.
