El proyecto regional para regular la puesta en marcha de plantas de biogás en Castilla-La Mancha ha desatado un intenso debate entre la Consejería de Desarrollo Sostenible —impulsora del plan— y el propio Gobierno autonómico, especialmente desde el área de Sanidad. El documento ha sido sometido a consulta obligatoria, proceso durante el que la Dirección General de Salud Pública ha emitido un duro informe crítico señalando graves carencias en la planificación, principalmente por la falta de consideración de los riesgos para la salud pública asociados a este tipo de instalaciones.
Junto a las críticas institucionales, plataformas vecinales y colectivos agrupados bajo Stop Ganadería Industrial han reaccionado organizando campañas de oposición, alegando que el plan ha sido elaborado sin consultar debidamente a los municipios afectados ni a la ciudadanía. Las diferencias en los criterios sobre el impacto en salud y la gestión de residuos han generado una fuerte alarma social y han puesto en entredicho la viabilidad del actual modelo propuesto.
Principales objeciones sanitarias
El informe emitido por la Dirección General de Salud Pública pone el foco en la ausencia total de análisis sobre los riesgos que la actividad de las plantas de biometano puede suponer para la salud humana. Según este organismo, ni la memoria justificativa del plan ni el análisis normativo contemplan afecciones sobre la salud de la población. De hecho, el documento denuncia que no se menciona en ningún apartado los posibles impactos sanitarios, lo que supone una omisión grave desde la perspectiva de la salud pública.
Asimismo, el informe destaca que el desarrollo del plan fue encargado directamente a una empresa privada del sector sin concurso público, en concreto, Biovic, a través de contratos menores que suman el máximo legal permitido. Este método de designación ha sido motivo de controversia, al considerar que podría restar transparencia e imparcialidad al proceso.
El riesgo de contaminación de acuíferos y la emisión de gases nocivos como metano o amoníaco tampoco están debidamente evaluados en el plan, advierte Sanidad. Según el análisis remitido, estos gases pueden producir irritaciones respiratorias y otros problemas de salud a medio y largo plazo, aspectos todos que son objeto de preocupación para los colectivos vecinales y la propia Organización Mundial de la Salud en sus recomendaciones sobre calidad del aire.
El informe recalca, además, la falta de medidas específicas para la gestión segura de los residuos, señalando la ausencia de uso obligatorio de contenedores herméticos que ayuden a eliminar malos olores y evitar la dispersión de agentes perjudiciales.
Controversias sobre distancias mínimas y vertidos
Entre los puntos más delicados recogidos en el informe sanitario, se contempla como insuficiente la distancia mínima de 2.000 metros entre las plantas de biogás y las zonas urbanas. Sanidad alerta de que el propio plan abre la posibilidad a excepciones para reducir aún más esta distancia, sin ofrecer criterios claros ni garantías para evitar posibles perjuicios a la ciudadanía.
Adicionalmente, se critica la escasa separación prevista —solo 250 metros— entre los vertidos de residuos derivados del proceso (conocido como digerido) y las fuentes de agua, ya sean subterráneas o superficiales. Desde el ámbito sanitario se subraya que, de producirse una contaminación, el daño resultante podría ser irreversible, inutilizando el agua para usos de abastecimiento y riego durante mucho tiempo.
El informe resalta también la situación de indefensión de los municipios carentes de un plan de ordenación urbana propio, que se verían obligados a acatar la instalación de plantas de biogás incluso sin contar con mecanismos legales para evitarlo.
Demandas de transparencia y participación ciudadana
Tanto la Dirección General de Salud Pública como los principales colectivos ciudadanos reclaman que, antes de autorizar la instalación de una planta de biometano, se consulte a los vecinos potencialmente afectados. Lamentan que la elaboración del plan no haya contado con mecanismos de participación reales y reiteran la importancia de escuchar a quienes residen cerca de estos proyectos para conocer de primera mano sus preocupaciones.
Por su parte, las plataformas vecinales reunidas en Stop Ganadería Industrial C-LM han manifestado que el propio procedimiento seguido para el diseño del plan despierta sospechas de conflictividad de intereses, dado que la empresa redactora está vinculada al sector del biogás. Insisten en que la aprobación del plan, en su estado actual, supondría pasar por alto importantes advertencias sanitarias y sociales.
Estos colectivos han puesto en marcha campañas de recogida de firmas para exigir a la Junta de Castilla-La Mancha la revisión del documento estratégico antes de su aprobación definitiva, reclamando mayor transparencia y participación.
Otras objeciones al proceso de diseño del plan
El método de adjudicación de la elaboración del plan y su correspondiente documento ambiental es objeto de polémica, ya que al tratarse de contratos menores no hubo necesidad de realizar concurso público. Esto ha sido interpretado por diversos actores sociales y políticos como una falta de transparencia y de garantías suficientes para asegurar una evaluación independiente y rigurosa de las alternativas existentes.
Sanidad califica de «vacío e inservible» el documento inicial, señalando que no se justifica por qué se ha seleccionado una opción de desarrollo sobre otras posibles. El informe llega a insinuar que dicha alternativa pudo haber sido preestablecida antes incluso de la redacción formal del plan.
A nivel económico, tampoco existe consenso entre los departamentos implicados. La Consejería de Desarrollo Sostenible apunta a beneficios económicos y creación de empleo, mientras que Sanidad discrepa, considerando que la valoración es subjetiva y no tiene en cuenta el verdadero impacto social y en la salud, más allá del aspecto medioambiental.
En toda esta controversia, tanto Sanidad como los movimientos ciudadanos sostienen que la administración debe mantener independencia tanto respecto al mercado como a la industria promotora de los proyectos, garantizando que el interés público y la salud colectiva sean siempre la prioridad.
El Plan de Biogás de Castilla-La Mancha, en su formulación actual, ha provocado una intensa discusión sobre la compatibilidad de los intereses económicos, ambientales y sociales. Las críticas tanto de las autoridades sanitarias como de los ciudadanos se centran en la necesidad de asegurar una gestión transparente, que no descuide los riesgos para la salud ni limite la participación vecinal en la toma de decisiones sobre el futuro modelo energético de la región.
