El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero ha dado un paso al frente con la presentación del ‘Manifiesto por un territorio vitivinícola protegido’. Esta iniciativa, dada a conocer en su sede de Roa, no busca otra cosa que asegurar una ordenación territorial que permita la convivencia real entre el sector del vino y otras actividades industriales de gran calado, como las plantas de biogás y la ganadería intensiva. Los responsables de la denominación tienen claro que el valor del territorio no es solo una cuestión de romanticismo, sino un pilar económico que no se puede poner en riesgo por decisiones precipitadas.
La propuesta nace con un objetivo integrador, alejándose de cualquier intención de cerrar explotaciones existentes o frenar el desarrollo rural por las buenas. Lo que se pretende es que el crecimiento de la comarca se haga con cabeza, estableciendo reglas de juego claras y justas para todos los actores implicados. De hecho, el manifiesto subraya que el problema no reside en la actividad ganadera en sí, sino en una regulación que actualmente se queda corta y que podría permitir que proyectos de gran impacto ambiental y paisajístico se instalen a la vuelta de la esquina de viñedos emblemáticos o bodegas históricas.
El vacío normativo del Decreto-Ley 4/2020
Uno de los puntos donde más hincapié han hecho los representantes de la Ribera del Duero es en la necesidad de revisar el actual marco legal. Según explican, existe un vacío normativo derivado del Decreto-Ley 4/2020 de la Junta de Castilla y León. Esta norma, que se aprobó en su momento para agilizar la economía, permite que instalaciones de hasta 2.000 plazas de porcino se pongan en marcha mediante una simple comunicación ambiental, saltándose así una evaluación técnica profunda sobre si ese proyecto es compatible con lo que ya existe en el terreno.
Esta falta de control previo preocupa seriamente al sector, ya que el impacto acumulado de varias instalaciones de este tipo puede alterar el ecosistema de la zona. Para dar base científica a estas quejas, el Consejo se apoya en informes técnicos que identifican los compuestos generados por estas plantas y las distancias críticas que podrían afectar tanto al cultivo de la uva como al trabajo diario dentro de las bodegas. Al final, lo que se busca es que el aire, el agua y el paisaje, que son la esencia del vino, no se vean comprometidos por un desarrollo industrial sin planificación.
Cinco ejes para blindar el patrimonio vitivinícola
El manifiesto no se queda solo en la queja, sino que pone sobre la mesa cinco medidas concretas para que la Administración autonómica tome cartas en el asunto. La primera de ellas es recuperar la licencia ambiental ordinaria para todas las explotaciones ganaderas intensivas que se ubiquen dentro de los límites de la denominación, sin importar el tamaño que tengan. Esto obligaría a un análisis mucho más pormenorizado de cada solicitud antes de conceder cualquier permiso.
Además, se exige el establecimiento de distancias mínimas de protección, basadas en criterios técnicos, respecto a los viñedos, las bodegas y las zonas dedicadas al enoturismo. Otras reclamaciones incluyen:
- Revisar a fondo la normativa de 2020 para evitar autorizaciones sin evaluación previa.
- Proporcionar a los ayuntamientos herramientas jurídicas que les den seguridad a la hora de decidir sobre la ordenación de su suelo.
- Crear un órgano de coordinación permanente donde se sienten la Junta, los municipios, el Consejo Regulador y las organizaciones agrarias.
Un motor económico de peso nacional
La importancia de proteger este territorio se entiende mejor cuando se miran las cifras, que no son ninguna tontería. La Ribera del Duero genera un impacto económico que supera los 1.300 millones de euros en el PIB y sostiene más de 20.000 puestos de trabajo, de los cuales la gran mayoría se quedan en Castilla y León. Es, por tanto, un motor estratégico que fija población en el mundo rural y que atrae a más de 600.000 visitantes anuales interesados en la cultura del vino y el paisaje.
Este frente común no es una lucha solitaria de la Ribera. El documento ya cuenta con el apoyo de bodegas, viticultores y, lo que es más significativo, de los consejos reguladores de otras denominaciones de gran prestigio como la zona de Rioja, Jerez, Bierzo o Arlanza. Todos coinciden en que proteger el modelo de desarrollo rural construido durante décadas es fundamental para el futuro de la España interior, evitando que proyectos industriales de biogás mal ubicados den al traste con un patrimonio que ha costado tanto esfuerzo levantar.
La viabilidad de este ecosistema económico y social depende ahora de que se logre ese consenso necesario para trasladar las propuestas a la Junta de Castilla y León con fuerza. El manifiesto sigue abierto a que más instituciones y ciudadanos se sumen a una causa que busca equilibrar el progreso industrial con la sostenibilidad de un paisaje que es seña de identidad y orgullo para toda la región, garantizando que el vino siga siendo el gran embajador de estas tierras sin renunciar a una convivencia ordenada con otros sectores.