Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) viven un momento crÃtico en España. Lo que iba a ser la principal herramienta para mejorar el aire de las ciudades se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para los conductores y los propios ayuntamientos. Los tribunales están tumbando una tras otra las ordenanzas que las regulan, mientras que los coches sin etiqueta siguen recibiendo multas en plena incertidumbre legal.
Aunque la ley obliga desde hace años a los municipios de más de 50.000 habitantes a poner en marcha sus zonas restringidas, la realidad se ha llenado de retrasos, recursos judiciales y, sobre todo, de sanciones. La confusión es máxima: hay sentencias que anulan las restricciones, pero las cámaras no dejan de funcionar y el conductor no sabe a qué atenerse.
Los tribunales corrigen a los ayuntamientos
El último aviso llegó desde Málaga. El Tribunal Superior de Justicia de AndalucÃa (TSJA) ha anulado la zona de bajas emisiones de Málaga por trato desigual al considerar que perjudica especialmente a los conductores que vienen de fuera. El problema no era la restricción en sÃ, sino que los coches sin pegatina pudieran entrar en función del municipio donde estuvieran empadronados. Eso lo ha entendido el tribunal como una desigualdad injustificada entre residentes y visitantes.
En la capital malagueña, la sentencia no acabó por completo con la zona, pero sà deja la puerta abierta a que los conductores multados impugnen sus sanciones. La decisión, tomada el pasado 6 de mayo, ordena rediseñar el sistema de acceso si se quiere seguir restringiendo el tráfico, pero los efectos no se quedan ahÃ. Ahora mismo, cualquier denunciante puede intentar recuperar los 200 euros de la multa si el expediente todavÃa no es firme.
El caso de la capital de España es quizá el más sangrante. Aunque el TSJ anuló la ordenanza que sostiene las restricciones y el Tribunal Supremo ya ha confirmado el fallo, el Ayuntamiento sigue adelante con el proceso sancionador. El resultado es un limbo jurÃdico: las entradas a las zonas de protección siguen vigiladas y las denuncias se tramitan con normalidad mientras se ejecuta la sentencia.
La máquina de las multas no se detiene
La recaudación está alcanzando cifras difÃciles de entender. Según la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, entre 2022 y el primer trimestre de 2025, la capital ha impuesto un total de 1.079.255 multas relacionadas con estas zonas. El dinero que ha entrado en las arcas municipales supera los 105 millones de euros. Si se pone junto al importe de la sanción, que sigue siendo 200 euros por no llevar etiqueta, se entiende por qué muchos consideran que las ZBE se han convertido en un negocio recaudatorio.
Esto no está siendo algo exclusivo de Madrid. En municipios como Rivas-Vaciamadrid o Alcalá de Henares también hay ya un volumen de denuncias significativo, con más de un millón de euros recaudado en el primer año de actividad. En los muchos ayuntamientos que todavÃa no han implantado la medida, se espera que la recaudación se multiplique cuando pongan en marcha sus cámaras.
España y su cuenta pendiente con las ZBE
No todo es el lado sancionador. La otra cara es que buena parte de los ayuntamientos no han logrado poner en marcha sus zonas de bajas emisiones en España. En Canarias, por ejemplo, la Audiencia de Cuentas dejó claro que a fecha de marzo de 2025 ninguno de los diez municipios obligados tenÃa su ZBE operativa. Algunos, como La Laguna o Telde, ni siquiera habÃan iniciado los trámites. Situaciones similares se reproducen en El Puerto de Santa MarÃa, donde el retraso se arrastra desde hace más de tres años y la normativa municipal sigue pendiente.
La escasez de personal técnico y los problemas de financiación han sido la excusa más repetida entre los consistorios. Mientras tanto, más de 150 ciudades están obligadas a implantar sus zonas y varias lo han hecho con un sobresfuerzo para evitar los mismos errores que se están cayendo en los juzgados.
Qué significa todo esto para el conductor
Para el automovilista, la situación no puede ser más compleja. Por un lado, no deberÃa arriesgarse a entrar en una ZBE sin distintivo, porque la cámara le puede pillar y en 200 euros de multa. Pero por otro, si recibe la denuncia y el fundamento legal de la misma está anulado, dispone de una ventana para reclamar. Los abogados especializados recomiendan guardar todas las notificaciones y alegar si es necesario.
La incertidumbre es la norma mientras no haya una regulación común y bien hecha. La solución pasa por que los consistorios aprueben normativas, excepciones y ciudades afectadas mejor técnicamente, evitando discriminar a unos vecinos frente a otros y contando con una memoria económica solvente. Solo asà las restricciones podrán permanecer de pie.
La batalla legal todavÃa dará más capÃtulos. La gente y los ayuntamientos esperan que la experiencia de las sentencias sirva para pulir el modelo. Sin embargo, lo que está sobre la mesa es un auténtico caos normativo que afecta por igual a quien circula todos los dÃas y a quien solo visita la ciudad de forma esporádica.
