El asbesto, a pesar de estar prohibido en múltiples países, continúa siendo una amenaza para la salud pública por su presencia en escolares, viviendas y sistemas de distribución de agua. Numerosas instituciones y autoridades locales han puesto en marcha programas y proyectos para desmontar progresivamente este material, reconociendo sus efectos negativos a largo plazo en la salud. Sin embargo, la eliminación de las infraestructuras que contienen asbesto avanza a diferentes velocidades y enfrenta obstáculos tanto técnicos como administrativos.
El asbesto es un mineral fibroso utilizado durante años en la construcción y manufactura debido a su resistencia al fuego y a agentes químicos. Su uso ha estado ligado a una amplia variedad de productos y estructuras, desde tuberías de agua, techumbres, baldosas, aislantes y cementos, hasta componentes de vehículos e incluso textiles. Actualmente, los riesgos de exposición —principalmente enfermedades pulmonares graves y diversos tipos de cáncer como el mesotelioma— han obligado a numerosos gobiernos a establecer normativas para su prohibición y retirada.
Políticas y acciones recientes contra el asbesto en espacios públicos
En ciudades como Bucaramanga, en Colombia, las autoridades municipales trabajan en proyectos específicos para identificar y sustituir el asbesto presente en infraestructuras públicas. Se estima que cerca de la mitad de los colegios de la ciudad aún contienen este material peligroso, exponiendo diariamente a miles de niños y adolescentes. El Concejo local discute actualmente un acuerdo que pretende crear un registro público de edificaciones afectadas, establecer protocolos de retiro seguro y priorizar la sustitución en instituciones educativas. Esta iniciativa surge tras reconocer que, aunque la Ley 1968 prohíbe desde 2019 el uso del asbesto en Colombia, su erradicación real avanza lentamente y la vigilancia sobre su cumplimiento es todavía limitada.
Los riesgos no solo afectan a estudiantes; trabajadores del sector construcción, manufactura y automotriz, así como amas de casa y personas dedicadas a oficios informales, han presentado enfermedades asociadas a la exposición al asbesto. Estudios recientes muestran que el mesotelioma, un cáncer vinculado directamente a la inhalación de fibras de asbesto, sigue registrando más de 1.500 muertes en el país en las últimas dos décadas. Los expertos subrayan la importancia de diseñar planes integrales que aborden la sustitución segura, la capacitación y el seguimiento médico de las personas expuestas.
La problemática en viviendas sociales y barrios vulnerables no es menor. En Los Ángeles, Chile, más de cincuenta familias afectados por subsidios estatales y viviendas mal ejecutadas llevan años conviviendo con techos de asbesto, goteras y problemas de humedad, a la espera de una solución definitiva. Los proyectos de reparación han estado marcados por retrasos, fallos administrativos, recortes presupuestarios y una gestión inadecuada de los residuos contaminantes. El testimonio de los vecinos revela la falta de control en el retiro: en algunos casos, trabajadores han manipulado techos de asbesto sin el equipo básico de protección, aumentando así el riesgo para toda la comunidad, especialmente para los adultos mayores.
El asbesto en sistemas de distribución de agua y redes sanitarias
La infraestructura subterránea tampoco está exenta de este material. El recambio de tuberías de asbesto-cemento por materiales más seguros es una prioridad en varias ciudades latinoamericanas. Por ejemplo, en Matica Centro y la localidad de Cinco Saltos, se han realizado obras para sustituir tramos dañados de tuberías de aguas residuales y redes cloacales donde el asbesto, tras décadas de uso, ha mostrado signos de deterioro, provocando filtraciones y riesgos sanitarios adicionales para los vecinos.
En El Salvador, la modernización del sistema de agua potable ha incluido el reemplazo de kilómetros de tuberías de asbesto de más de cuarenta años de antigüedad por polietileno de alta densidad. Así se mejora la calidad del servicio y se reduce la exposición a fibras peligrosas, beneficiando directamente a más de un millón de habitantes. La inversión en estas obras es elevada, pero la prioridad es construir una red más resistente y saludable en el largo plazo.
Desafíos y mayor control e información
Aunque las normativas existen, la gestión del retiro seguro y disposición final del asbesto plantea desafíos importantes. En muchos casos, la falta de inventarios completos, la lentitud en la ejecución de los planes y la ausencia de transparencia en la información hacia la comunidad dificultan el cierre definitivo de esta etapa. Mientras el asbesto se encuentre aún presente en viviendas, escuelas e instalaciones públicas, el riesgo para la salud persiste y puede extenderse durante décadas.
Las comunidades afectadas exigen que los gobiernos locales aceleren la identificación y eliminación de este material, con protocolos estrictos que protejan tanto a quienes ejecutan las obras como a quienes residen en los inmuebles intervenidos. La articulación entre autoridades, sector salud y trabajadores es clave para avanzar hacia entornos urbanos realmente seguros y libres de asbesto.
El avance en la sustitución de infraestructuras y el fortalecimiento de la regulación permiten que muchos países comiencen a abordar el problema de una forma más integral. La persistencia del asbesto en el entorno construido, sin embargo, demanda esfuerzos sostenidos y la participación activa de toda la sociedad para prevenir nuevos casos de enfermedades y garantizar espacios saludables para las futuras generaciones.