La entrada en vigor de las nuevas restricciones a los coches con etiqueta B en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Cataluña marca un punto de inflexión en la política de movilidad y calidad del aire. Lo que hasta hace pocos años era un aviso difuso en forma de señales y campañas informativas se ha convertido en un sistema de control real, con cámaras, multas y calendarios muy concretos.
Este cambio responde a la combinación de varias normas: el Plan de Calidad del Aire Horizonte 2027 de la Generalitat y la legislación estatal de movilidad sostenible y cambio climático, todo ello bajo el paraguas de las exigencias climáticas de la Unión Europea. El objetivo es claro: reducir la presencia de vehículos más contaminantes dentro de las ciudades, empezando a apretar el cerco sobre los turismos con distintivo ambiental B.
Qué implica la etiqueta B y por qué se restringe su circulación
La etiqueta B de la DGT identifica a turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados aproximadamente entre 2001 y 2006 y a los diésel matriculados entre 2006 y 2014. Durante años, estos vehículos han sido tolerados dentro de las ZBE mientras el foco se ponía sobre los coches sin distintivo (clasificación A), considerados los más contaminantes frente a los coches que menos contaminan.
Sin embargo, los estudios de emisiones han ido demostrando que los vehículos con etiqueta B siguen suponiendo una parte relevante de los óxidos de nitrógeno (NO₂) y partículas en suspensión en entornos urbanos densos. En ciudades como Barcelona o su área metropolitana, donde la ventilación atmosférica es limitada y el tráfico es intenso, su contribución a la mala calidad del aire no es precisamente menor.
Por eso, el nuevo marco normativo catalán da un paso más: las restricciones ya no afectan solo a los coches sin distintivo, sino que se extienden al gran parque móvil con pegatina amarilla. Esto se hace de forma escalonada, con fases diferenciadas entre 2026 y 2028 para permitir cierto margen de adaptación a conductores y ayuntamientos.
Conviene remarcar que las ZBE no son una rareza catalana. Más de 200 ciudades europeas, entre ellas Londres, París, Berlín o Bruselas, han establecido sistemas de limitación al tráfico más contaminante con lógicas similares: restricciones por distintivo ambiental, franjas horarias, activación especial en episodios de alta contaminación y uso extensivo de cámaras.
Calendario en Cataluña: de los episodios de alta contaminación a la prohibición total
El calendario de Cataluña para los coches con etiqueta B en las ZBE se estructura en dos grandes hitos: el año 2026 como inicio de las sanciones ligadas a episodios de contaminación y el año 2028 como momento en que la prohibición pasa a ser general y permanente.
A partir del 1 de enero de 2026, los vehículos con distintivo B no pueden circular por las ZBE catalanas durante los episodios de alta contaminación que declaren las autoridades competentes. Esto significa que, cuando se activa oficialmente un episodio por mala calidad del aire, la entrada de estos vehículos queda vetada dentro del perímetro de cada ZBE.
Fuera de esos episodios, al menos en esta primera fase, los coches con etiqueta B sí pueden seguir circulando por las ZBE en condiciones normales. Es decir, el veto no es aún continuo, sino que se vincula a momentos puntuales en los que los niveles de contaminantes, especialmente NO₂ y partículas finas, superan los umbrales fijados en los protocolos de contaminación.
La situación cambia de forma notable a partir del 1 de enero de 2028. A partir de esa fecha, la intención de la Generalitat es que la prohibición a los vehículos con etiqueta B sea permanente en todas las ZBE de Cataluña, sin necesidad de que exista un episodio puntual de alta contaminación. El coche con pegatina amarilla, en la práctica, quedaría excluido del uso diario en estas áreas, y no solo en momentos punta.
Este endurecimiento progresivo se integra en la hoja de ruta climatológica y sanitaria que busca rebajar el tráfico de combustión en las grandes áreas metropolitanas. La idea es que el periodo 2026-2027 actúe como fase de transición, dando margen a los conductores para reorganizar su movilidad, cambiar de vehículo o apostar por alternativas como el transporte público.
Qué ZBE catalanas aplican restricciones y cómo se controlan
Las Zonas de Bajas Emisiones en Cataluña afectan en primer lugar al entorno de la Área Metropolitana de Barcelona (AMB), pero no se quedan ahí. La normativa estatal obliga a establecer ZBE en municipios de más de 50.000 habitantes y también en núcleos urbanos de más de 20.000 habitantes que superen ciertos niveles de contaminación.
En la práctica, esto significa que, además de Barcelona y los municipios que integran la ZBE de las Rondas, otras ciudades catalanas de tamaño medio ya han activado o están activando sus propias ZBE. Es el caso de Tarragona, Terrassa, Sabadell o Reus, donde el régimen sancionador ya está plenamente operativo para los vehículos que incumplen las normas de acceso.
El control se realiza mediante redes de cámaras de lectura automática de matrículas, instaladas en puntos estratégicos de entrada y salida de cada zona restringida. Cuando se activa un episodio de contaminación o se aplican restricciones permanentes, estas cámaras registran los accesos y cruzan los datos con el registro de distintivos ambientales, identificando a los vehículos con etiqueta B u otras categorías restringidas.
La consecuencia para el conductor que entra indebidamente en una ZBE con un coche afectado por las restricciones es clara: una sanción que ronda los 200 euros por infracción. Se trata de multas consideradas, en la mayoría de casos, como infracciones graves en el ámbito de la movilidad y la protección del aire, aunque normalmente no implican retirada de puntos del permiso de conducir.
En las últimas semanas, muchos ayuntamientos catalanes han pasado de la fase “pedagógica” de avisos y pegatinas a un control efectivo con sanciones. Las ZBE han dejado de ser zonas “teóricas” para convertirse en espacios controlados en los que, si no se cumple la normativa, la multa acaba llegando al buzón.
Municipios con moratorias y excepciones territoriales
Aunque el criterio general es extender las restricciones a todas las ZBE de Cataluña, no todos los municipios se encuentran en la misma situación. Existe un número de localidades que, por diferentes motivos, han obtenido moratorias o exenciones temporales para la aplicación completa del régimen sancionador.
En la provincia de Barcelona, 12 municipios han quedado exentos de aplicar sanciones en 2026 pese a contar con obligación de disponer de ZBE. Entre ellos se encuentran Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Les Franqueses del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca y Santa Coloma de Gramenet.
En estos casos, la revisión anual de los datos de calidad del aire y las solicitudes de los consistorios han permitido retrasar la implantación plena de sanciones, de manera que las restricciones más duras para los coches con etiqueta B se posponen hasta los próximos años, con horizonte máximo en 2028.
Esto no significa que estos municipios queden al margen de la política de reducción de emisiones, sino que disponen de algo más de tiempo para adaptar su red viaria, señalización, sistemas de control y campañas de información. La idea, en teoría, es que las medidas se apliquen de forma efectiva sin generar un colapso administrativo ni un impacto social desproporcionado.
Las moratorias también han sido una herramienta utilizada para suavizar la entrada en vigor de las ZBE en determinadas ciudades que estrenaban zona o ampliaban su perímetro, permitiendo periodos de convivencia entre avisos, controles informativos y sanciones reales.
Tarragona como ejemplo de ZBE en expansión
La ciudad de Tarragona se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de cómo se están desplegando las ZBE fuera de Barcelona. Su Zona de Bajas Emisiones entró en vigor el 31 de diciembre de 2025, inicialmente centrada en restringir el acceso a vehículos sin distintivo ambiental, pero con un calendario que también contempla la llegada de limitaciones a la etiqueta B.
En esta ciudad, la ZBE funciona de lunes a viernes laborables, entre las 7:00 y las 19:00 horas, y abarca áreas como la Part Alta, el Eixample y los Barrios Marítimos. Para su funcionamiento se han instalado alrededor de 45 cámaras de lectura de matrículas y sensores ambientales, además de señalización específica en el asfalto y en la vía pública.
Con el fin de facilitar la transición, el Ayuntamiento ha establecido un periodo de adaptación para los residentes empadronados. Durante todo 2026, podrán circular con vehículos sin distintivo sin ser sancionados, aunque las restricciones se irán endureciendo progresivamente para vehículos de fuera del municipio y, más adelante, también para los propios residentes.
El cronograma tarraconense prevé que a partir del 31 de diciembre de 2026 las limitaciones alcancen a los vehículos de Tarragona que circulen dentro de la ZBE sin cumplir los requisitos ambientales, mientras que para quienes vivan dentro del perímetro de la ZBE la aplicación plena se traslada al 31 de diciembre de 2027. A partir del 1 de enero de 2028, se calcula que cerca de un 20% del parque de vehículos local se verá afectado por las restricciones, incluyendo los coches con etiqueta B.
En este esquema, los conductores no empadronados que accedan sin distintivo adecuado se exponen ya a multas de unos 200 euros, con recargos en caso de reincidencia. La ciudad ha reforzado la comunicación a través de una oficina ZBE, campañas informativas y envíos de cartas a los residentes para intentar que el cambio de normas sea lo menos confuso posible.
Multas, control automatizado y margen horario
El nuevo marco de restricciones a los coches con etiqueta B en las ZBE catalanas no sería posible sin un despliegue tecnológico relevante. La pieza central son los sistemas de lectura automática de matrículas (ANPR), que permiten vigilar accesos y detectar en tiempo real qué vehículos cumplen o incumplen la normativa.
Cuando un coche con distintivo B entra en una ZBE en un momento en el que su circulación está limitada —por ejemplo, durante un episodio de alta contaminación en 2026 o de forma permanente a partir de 2028—, las cámaras registran la matrícula y el sistema la cruza con la base de datos de la DGT. Si se confirma que el vehículo no tiene permiso para circular, se genera automáticamente una sanción.
Las multas suelen situarse alrededor de los 200 euros, una cuantía comparable a otras infracciones graves en materia de movilidad. Aunque pueda parecer elevada, las administraciones la justifican como una medida disuasoria pensada para reducir de manera efectiva la presencia de vehículos más contaminantes en zonas donde la salud pública está especialmente en juego.
En muchos municipios, las restricciones se aplican en franjas horarias concretas, habitualmente de lunes a viernes en horario laboral, lo que deja cierta flexibilidad para que los vehículos con etiqueta B puedan circular en horarios nocturnos, fines de semana y festivos, al menos durante la fase inicial. Con el paso de los años, estas ventanas de flexibilidad tienden a reducirse.
La existencia de este margen horario pretende no romper de golpe la rutina de quienes dependen del coche, pero a la vez envía una señal clara de que el uso de vehículos con etiqueta B en zonas urbanas densas irá perdiendo espacio, y que su lugar deberá ser ocupado progresivamente por medios de transporte menos contaminantes o por coches con etiquetas C, ECO o Cero.
Impacto social, económico y sanitario de las restricciones
La implantación de ZBE con restricciones a los vehículos con etiqueta B genera una mezcla de reacciones entre la población. Hay quien la ve como una medida imprescindible para reducir enfermedades respiratorias y cardiovasculares ligadas a la mala calidad del aire, y quien la percibe como un golpe al bolsillo y a la movilidad diaria, sobre todo en el caso de familias con menos recursos.
La Generalitat y los ayuntamientos argumentan que el derecho a respirar un aire más limpio debe situarse por encima del uso indiscriminado del coche privado, especialmente en entornos urbanos ya saturados. Estudios citados por la administración autonómica apuntan a que recortar el tráfico más contaminante puede evitar cada año un número significativo de muertes prematuras, además de reducir crisis asmáticas, ingresos hospitalarios y otras dolencias respiratorias.
Al mismo tiempo, las instituciones reconocen que estas políticas tienen un coste social, especialmente para quienes dependen del coche para ir a trabajar o para desplazarse en zonas con alternativas de transporte público limitadas. Por ello, se han articulado excepciones y autorizaciones específicas para determinados colectivos.
Entre estas excepciones suelen incluirse vehículos destinados al transporte de personas con movilidad reducida, servicios esenciales y de emergencias, así como determinados casos de familias con rentas bajas que puedan acreditar la necesidad del vehículo. En algunos supuestos se otorgan moratorias temporales o permisos puntuales para usos concretos.
El mercado de segunda mano tampoco se libra del impacto: el valor de los coches con etiqueta B se está viendo presionado a la baja en Cataluña, mientras que la demanda de vehículos con etiquetas C, ECO y Cero se ha incrementado, lo que condiciona tanto las decisiones de compra como las de venta y lleva a muchos a consultar una guía de baterías. Este movimiento refleja la percepción de que, a medio plazo, los coches con pegatina amarilla irán perdiendo utilidad en las grandes ciudades, lo que condiciona tanto las decisiones de compra como las de venta.
Las ZBE en el contexto español y europeo
Aunque la atención se centra ahora en Cataluña, las Zonas de Bajas Emisiones forman parte de una estrategia más amplia a nivel estatal y europeo. La ley climática española obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes a disponer de su propia ZBE, y la prórroga para activarlas concluye el 1 de enero de 2026.
En España, ya hay al menos 56 ciudades con ZBE activas, entre ellas Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Zaragoza, Palma, Valladolid, Salamanca, Sevilla, Málaga, Granada, Alicante o Benidorm, además de numerosos municipios del entorno metropolitano de Madrid y Barcelona. Otras 89 ciudades se encuentran en proceso de diseño o puesta en marcha de sus zonas de bajas emisiones.
La mayoría de estas ZBE utilizan el distintivo ambiental de la DGT como criterio de acceso. En general, los vehículos con etiqueta Cero y ECO disfrutan de mayor libertad de circulación, mientras que los distintivos C y, sobre todo, B ven crecer poco a poco las restricciones. Los coches clasificados como A (sin etiqueta), es decir, gasolina anteriores a 2001 y diésel anteriores a 2006, son los primeros en quedar excluidos del interior de estas zonas.
Ciudades como Madrid siguen un camino propio, con una expansión progresiva de su ZBE hasta abarcar prácticamente todo el término municipal, aunque con moratorias específicas para residentes con vehículos más antiguos. Barcelona, por su parte, apuesta por un calendario claro en el que la etiqueta B será vetada primero en días de alta contaminación y luego de forma permanente, convirtiendo su ZBE en un laboratorio de transición hacia una movilidad más limpia.
A nivel europeo, la tendencia es similar: cada vez más urbes restringen la circulación de vehículos de combustión más antiguos y contaminantes, combinando medidas de tráfico con zonas de peaje urbano, incentivos al transporte público, infraestructuras ciclistas y apoyo a la movilidad eléctrica. Cataluña intenta situarse en esta misma línea, justificando sus decisiones en compromisos climáticos comunes.
El refuerzo de las restricciones a los coches con etiqueta B en las ZBE catalanas no es una actuación aislada, sino una pieza más de un cambio profundo en la forma de moverse por las ciudades. Con un calendario que arranca en 2026 y que se endurece claramente en 2028, la señal que lanzan la Generalitat y los ayuntamientos es que el espacio urbano tenderá a reservarse a vehículos menos contaminantes y a modos de transporte alternativos. Para los conductores, el mensaje práctico es evidente: conocer las normas de cada ZBE, revisar la etiqueta de su vehículo y empezar a planificar cómo se moverán en un escenario en el que la pegatina amarilla tendrá cada vez menos margen de maniobra.