La gestión de los residuos nucleares es uno de los temas más candentes en el sector energético español, tanto a nivel medioambiental como económico y político. A las habituales discusiones sobre el cierre y futuro de las centrales se suma ahora una batalla judicial entre las mayores eléctricas del país y el Estado a cuenta del incremento de la tasa destinada a la gestión y almacenamiento de estos residuos peligrosos. Mientras tanto, en aguas internacionales frente a Galicia, se investiga el legado de décadas de vertidos radiactivos en el Atlántico nororiental que podrían tener efectos desconocidos sobre el ecosistema marino.
El conflicto con las eléctricas gira en torno al aumento en un 30% de la llamada «tasa Enresa», que financia la gestión y el desmantelamiento de las centrales nucleares. Endesa e Iberdrola, principales propietarias del parque nuclear español, han presentado reclamaciones formales y demandas contra el Estado, Enresa y el Consejo de Seguridad Nuclear. En total, figuran compensaciones reclamadas por 778 millones de euros, motivadas por la subida unilateral de la tasa aprobada en 2023 por el Gobierno. Según las empresas, el protocolo de cierre ordenado de las plantas, firmado en 2019, establecía que la subida no podía superar el 20% sobre la tarifa vigente entonces.
¿Por qué subió la tasa y en qué consiste?
La revisión de la tasa, que ha pasado de 7,98 a 10,36 euros por megavatio hora (MWh), responde según el Ejecutivo a la necesidad de cubrir los elevados costes asociados al desmantelamiento nuclear y la gestión de los residuos en España. El fondo que gestiona Enresa financia todas las actividades relacionadas y ahora, en vez de un almacén centralizado, el Gobierno opta por construir siete almacenes temporales en los emplazamientos de las propias centrales, lo que complica la logística y encarece el proceso.
Las empresas consideran que la subida supone un incumplimiento del acuerdo de 2019 y temen que la falta de rentabilidad y la presión fiscal agraven la viabilidad de las nucleares, especialmente en el contexto actual dominado por las energías renovables. Han recurrido a todas las instancias legales disponibles, desde la reclamación patrimonial (Endesa) hasta la vía contencioso-administrativa (Iberdrola), además de impugnar el nuevo plan nacional de residuos y los cambios regulatorios recientes.
Impacto de los residuos nucleares en el mar
Mientras el debate sobre el coste económico se resuelve en los tribunales y despachos, el problema medioambiental de los residuos nucleares sigue presente. Un equipo internacional liderado por el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) francés, con participación de expertos españoles, ha iniciado una operación de investigación en el Atlántico para localizar y analizar los residuos depositados entre 1940 y 1980 a unos 600 kilómetros de la costa gallega.
Ya han sido identificados más de 2.000 barriles radiactivos en un área que podría albergar más de 200.000 bidones. Empleando robots subacuáticos como UlyX y técnicas avanzadas de sonar, los científicos cartografían la zona y recogen muestras de agua, sedimentos y peces para medir la posible radioactividad y sus efectos.
Según los primeros datos ofrecidos por el geólogo Javier Escartín, uno de los coordinadores del proyecto, los niveles de radioactividad detectados actualmente no son preocupantes. Aunque la composición exacta de los bidones sigue siendo desconocida, se sospecha que contienen materiales de laboratorio y residuos de baja o media actividad. La presencia de estos vertidos, denunciada desde finales de los 80, subraya la importancia de realizar un seguimiento regular de los posibles impactos sobre la biodiversidad marina.
España y la repatriación de residuos desde Francia
Uno de los casos más sonados de gestión de residuos nucleares afecta a los residuos de la central de Vandellós I, clausurada en 1989. Tras un accidente y cierre precipitado, parte del combustible gastado fue enviado a Francia para su custodia y reprocesamiento. Debido a los retrasos en la construcción de almacenes definitivos en España, nuestro país lleva pagando a Francia penalizaciones millonarias cada día por no haber repatriado aún ese material. Las sanciones llegaron a alcanzar más de 87.000 euros diarios, aunque tras un acuerdo reciente, la cifra bajará ligeramente hasta 2026. El calendario prevé la devolución de los residuos en 2028, siempre y cuando el Almacén Temporal de Vandellós I esté operativo como paso previo al Almacén Geológico Profundo, cuya inauguración se espera para 2073.
La postura oficial y el futuro de las nucleares
El Ministerio para la Transición Ecológica mantiene que el principio de «quien contamina paga» debe prevalecer: las eléctricas deben asumir el coste íntegro de la gestión de los residuos nucleares, sin trasladar costes a los consumidores. Cualquier petición de prolongación de la vida útil de las nucleares solo será contemplada si se garantizan la seguridad, el suministro eléctrico y no genera una carga adicional para los ciudadanos. Aunque Endesa e Iberdrola han enviado propuestas para retrasar el cierre de centrales, la unanimidad de todos los propietarios es obligatoria para cualquier cambio y no existe, por ahora, consenso entre las compañías afectadas.
Además, la presión legal de las eléctricas se encuadra en un momento de reducción de la rentabilidad de la energía nuclear frente a las tecnologías renovables, con una fiscalidad específica sobre la producción y el tratamiento de residuos que hace que los costes netos por megavatio hora sean notablemente superiores a los de otros países europeos.
La gestión de los residuos nucleares sigue suponiendo un desafío de primer orden para España, ya sea por las disputas económicas entre Estado y eléctricas, por los problemas prácticos de almacenar y repatriar residuos o por la necesidad de vigilar el impacto ambiental de los vertidos históricos en el mar. El equilibrio entre seguridad, viabilidad económica, cumplimiento normativo e impacto ambiental es cada vez más difícil de gestionar, en un contexto en el que la transición energética y la protección medioambiental están más presentes que nunca en el debate público y político.
