Repsol ha decidido dar un paso al frente y llevar a los tribunales los daños provocados por el gran apagón eléctrico del 28 de abril, un incidente que sacudió a buena parte del sistema industrial de la Península Ibérica. La compañía calcula que el impacto económico en sus instalaciones asciende a 125 millones de euros y se ha marcado como objetivo recuperar esa cantidad por la vía legal.
Según ha explicado su consejero delegado, Josu Jon Imaz, la empresa presentará la reclamación antes de que se cumpla un año del suceso, aprovechando el plazo máximo que fija la normativa para este tipo de acciones frente a terceros. La energética considera que los perjuicios ocasionados en sus centros industriales son claramente cuantificables y que existen bases jurídicas para exigir una indemnización.
Una reclamación centrada en el cero eléctrico del 28 de abril
La demanda de Repsol se dirige de manera específica al cero eléctrico registrado el 28 de abril, un apagón generalizado que interrumpió durante horas la actividad de sus principales complejos industriales. El propio Imaz ha aclarado que este procedimiento no incluirá otros fallos de suministro sufridos en fechas cercanas, como los ocurridos en su refinería de Cartagena (22 de abril) o en el complejo de Puertollano (16 de junio), que se tratarán de forma separada.
El grupo opera cinco grandes refinerías en España, ubicadas en La Coruña, Bilbao (Petronor), Tarragona, Puertollano y Cartagena, además de otros activos industriales en la Península. Todas estas instalaciones se vieron afectadas en mayor o menor medida por el apagón del 28 de abril, lo que obligó a detener procesos, reiniciar equipos y asumir costes extraordinarios tanto operativos como de seguridad.
En sus intervenciones ante analistas con motivo de los resultados de 2025, Imaz ha reiterado que los 125 millones de euros de daño estimado se consideran “recuperables”. El cálculo se ha ido concretando a lo largo de los últimos trimestres y se ha reflejado ya en la información financiera de la compañía como un impacto asociado a este incidente concreto.
El máximo ejecutivo ha insistido en que la prioridad es preparar un caso sólido desde el punto de vista técnico y jurídico, recopilando toda la información operativa del día del cero eléctrico y coordinando el trabajo interno con asesores externos. Repsol quiere llegar a los tribunales con un expediente completo en términos de pruebas, cuantificación económica y argumentación de responsabilidades.
Esperando el informe de la CNMC antes de agotar el plazo legal
Aunque la compañía tiene decidido interponer la demanda, Imaz ha evitado entrar en polémicas sobre las causas exactas del apagón y los posibles responsables. En varias ocasiones ha recalcado que no quiere alimentar un “debate público” mientras no se conozcan las conclusiones oficiales de la investigación en curso.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) analiza desde hace meses lo sucedido el 28 de abril, con el foco puesto en el funcionamiento del sistema eléctrico y de los distintos agentes implicados. Repsol está pendiente de ese informe, que considera clave para aclarar qué falló y quién podría asumir la responsabilidad última de los daños.
Con todo, la petrolera no puede quedarse de brazos cruzados: la ley fija un límite temporal de un año para reclamar a terceros por este tipo de perjuicios, por lo que la compañía presentará la acción legal antes de que finalice abril, haya o no un dictamen definitivo de la CNMC. Imaz ha admitido que el encaje entre los tiempos regulatorios y procesales no es perfecto, pero entiende que la empresa no puede arriesgarse a perder su derecho a exigir compensaciones.
En cuanto a las posibilidades de éxito, el directivo ha sido prudente y ha señalado que “no tiene una bola de cristal” para anticipar la sentencia, aunque sí ve elementos que juegan a su favor. Entre ellos, la magnitud del apagón, el carácter súbito del corte y el hecho de que afectara de forma simultánea a varias instalaciones críticas en España y Portugal.
Dentro de Repsol se da por hecho que habrá un procedimiento complejo, posiblemente largo, en el que la pericia técnica y los precedentes judiciales tendrán un peso importante. La compañía está dispuesta a sostener el litigio el tiempo que sea necesario si con ello logra una compensación que, a su juicio, corresponde por los daños sufridos.
El precedente de Petronor: 18 millones por un corte de 12 minutos
En este contexto, uno de los argumentos que más repite Imaz es el precedente creado por el Tribunal Supremo en 2022. En aquella ocasión, el Alto Tribunal confirmó una indemnización a favor de Petronor, filial de Repsol en el País Vasco, por los perjuicios provocados por un corte de luz de apenas 12 minutos.
En aquel caso, el Supremo ratificó una compensación de 18 millones de euros, cantidad que reconocía tanto el daño directo en la operativa de la refinería como los costes derivados de la parada y posterior reactivación de las instalaciones. Para Repsol, esa resolución demuestra que el sistema judicial español está dispuesto a valorar las consecuencias económicas de las interrupciones eléctricas en complejos industriales de gran tamaño.
Imaz ha ido más allá y ha explicado que, en términos de orden de magnitud, esos 18 millones son “muy cercanos” al impacto sufrido en cada uno de sus centros industriales durante el cero eléctrico del 28 de abril. Esta referencia sirve para ilustrar que los 125 millones reclamados a día de hoy no son, a juicio de la empresa, una cifra inflada, sino la suma de daños comparables a los que ya fueron reconocidos en el caso de Petronor.
El razonamiento de Repsol se apoya en la idea de que cada refinería y complejo petroquímico funciona como un sistema altamente integrado, que no puede pararse y arrancar sin incurrir en costes elevados y riesgos añadidos. Un apagón repentino obliga a activar protocolos de seguridad, quemar o desviar productos, revisar equipos y, en ocasiones, realizar mantenimientos no previstos.
Por eso, en la compañía se interpreta que el criterio fijado por el Supremo en 2022 marca una línea clara: si un fallo externo de suministro eléctrico provoca un trastorno de esa envergadura, debe existir una compensación económica. El desafío, ahora, será demostrar que el apagón del 28 de abril reúne condiciones aún más graves que el corte que afectó en su momento a Petronor.
Otros frentes judiciales: Impuesto sobre Hidrocarburos
Paralelamente a la reclamación por el apagón, Repsol tiene abierta otra batalla en los tribunales por el tramo autonómico del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, aplicado entre 2013 y 2014. En este terreno, la empresa ha seguido una estrategia muy similar a la de otras petroleras como Galp o BP.
El Tribunal Supremo ya ha dado la razón a estas competidoras, ordenando a la Agencia Tributaria devolver las cantidades abonadas por ese recargo regional, junto con los intereses correspondientes, al considerar que el diseño del tributo vulneraba el Derecho de la Unión Europea. Esos fallos han abierto la puerta a que otras compañías del sector reclamen en la misma línea.
Imaz ha reconocido que la reclamación de Repsol en este ámbito es “casi la misma, o muy similar” a las que ya han ganado otras petroleras, aunque ha evitado dar por hecho un desenlace idéntico. Según ha dicho, la empresa está a la espera de que el Supremo se pronuncie sobre su caso particular, sin que por ahora exista una fecha concreta para esa resolución.
El propio consejero delegado ha subrayado, con cierta ironía, que “no es abogado ni químico”, pero que desde un punto de vista legal ve paralelismos claros con los recursos que ya han prosperado. En todo caso, ha reiterado que la última palabra la tendrá el Alto Tribunal y que la compañía asumirá la decisión que se adopte.
Este contencioso fiscal se suma así a la reclamación por los 125 millones vinculados al apagón, conformando un escenario en el que Repsol intenta recuperar por la vía judicial una parte relevante de los costes y cargas que considera injustificados. La empresa defiende que litigar en estos casos forma parte de la defensa ordinaria de sus intereses y de los de sus accionistas.
Impacto en el sector y papel de Moeve y Galp
El apagón del 28 de abril no solo golpeó a Repsol. Moeve (la antigua Cepsa) también se vio seriamente afectada por el corte de suministro, que en algunas zonas se prolongó más de 12 horas. La compañía ya cuantificó en unos 50 millones de euros el impacto de aquel episodio en sus cuentas del primer semestre y prepara igualmente acciones legales por daños y perjuicios.
Moeve opera dos grandes refinerías en el sur de España: La Rábida, en Huelva, y la de Gibraltar-San Roque, en la provincia de Cádiz. Ambas instalaciones, clave para el abastecimiento de combustibles en la península y para la exportación, sufrieron paradas obligadas durante el cero eléctrico, con los consiguientes costes operativos y de seguridad.
El apagón se dejó sentir también en Portugal, donde Galp cuenta con un importante complejo de refino en Sines. Esta planta forma parte de la red industrial que la compañía lusa estudia integrar con la de Moeve, en una operación que incluiría asimismo la fusión de sus redes de estaciones de servicio en España y Portugal.
Sobre este posible movimiento corporativo, Imaz se ha mostrado sorprendentemente abierto: considera que la integración Moeve-Galp sería positiva para el mercado y, en sus palabras, “buenas noticias para Repsol”. A su juicio, la operación pone de manifiesto el atractivo de los mercados ibéricos de carburantes y refino, y refleja el dinamismo del sector.
Preguntado por un hipotético interés de Repsol en activos que pudieran ponerse a la venta si las autoridades de competencia exigieran desinversiones para aprobar la fusión, el consejero delegado ha optado por la cautela. Ha señalado que es “demasiado pronto” para especular, ya que el proyecto está en una fase muy preliminar y queda todo el recorrido regulatorio por delante.
Al margen de estas consideraciones estratégicas, lo que sí ha quedado claro es que el apagón del 28 de abril ha llevado a varias grandes petroleras a plantear reclamaciones coordinadas o, al menos, similares, tanto en España como en Portugal. El resultado de estos litigios puede marcar un precedente relevante para la relación entre grandes consumidores industriales y el sistema eléctrico ibérico.
En conjunto, la ofensiva legal de Repsol muestra a una compañía que combina la prudencia pública sobre las causas del apagón con una clara determinación de recuperar los costes que ha soportado. A la espera de que la CNMC publique su informe y de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el tramo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos, la empresa ya ha dejado claro que no renunciará a ninguna de las vías que la ley pone a su alcance para proteger sus intereses.
