Un amplio bloque de asociaciones vecinales y plataformas ciudadanas de Castilla y León ha decidido dar un paso más en su pulso contra la expansión de las plantas de biogás y biometano en la comunidad. Tras meses de movilizaciones, alegaciones e intentos de diálogo, estos colectivos anuncian la presentación inminente de una querella penal contra la Junta de Castilla y León por la forma en que se están tramitando decenas de proyectos energéticos.
La acción judicial se dirige directamente contra el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental y contra diversos responsables de los servicios territoriales de Medio Ambiente de la administración autonómica. Las organizaciones sostienen que, en la gestión de hasta 54 proyectos de biogás y biometano, podría haberse incurrido en presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y prevaricación urbanística, infracciones que, de confirmarse, conllevarían penas de inhabilitación e incluso de cárcel.
Veintiuna asociaciones coordinadas contra los proyectos de biogás
En total, 21 asociaciones y plataformas ciudadanas de Castilla y León se han sumado a esta iniciativa judicial, articulada a nivel autonómico pero con un fuerte peso en provincias como Zamora, donde se concentra una buena parte de los proyectos. Colectivos como Biogás Así No – Jambrina en Lucha, Defendiendo lo Vacío, Avedillo en Pie, Sanfonpi En Pie, Stop Biogás Vidriales o la federación Zamora en Pie figuran entre las entidades impulsoras.
Vecinos y vecinas de diferentes municipios rurales aseguran sentirse desbordados ante la “avalancha de proyectos de biometano” planteados en su entorno. Según explican, han optado por unirse y luchar de forma coordinada al considerar que se enfrentan a una amenaza “destructiva y muy real” para su modo de vida, el medio ambiente y la salud de las poblaciones afectadas.
Estas organizaciones, repartidas por distintas provincias de la comunidad, insisten en que la querella es el resultado de un proceso largo, en el que habrían tratado de apurar todas las vías administrativas disponibles. Aseguran que durante más de un año han remitido a la Junta informes, documentación técnica y alegaciones sobre los riesgos de las plantas de biogás y biometano, sin lograr que dichas advertencias fueran atendidas.
Desde la federación Zamora en Pie, a la que pertenecen varios de estos colectivos, se denuncia que la administración autonómica ha mostrado un “nulo interés” en conocer información distinta a la que proporcionan las propias empresas promotoras, negándose a valorar lo que los denunciantes describen como “gravísimos inconvenientes” para la población y el territorio. Episodios similares de movilización y protesta han tenido eco en otras provincias, como recogen casos de movilizaciones locales.
Entre las plataformas adheridas figuran, además de las zamoranas, grupos como ARBA León, Junta Vecinal Biogás La Antigua, Plataforma Cantalejo Saludable, Plataforma Ciudadana de Pinarejos y la Comarca Oeste, Plataforma La Moraña Stop Biometano, EslaVida, Granja Respira, Hornija-Bajoz de Pedrosa del Rey, Melgar de Abajo Saludable, Olmedanos por la Defensa de su Territorio, Payuelo Libre, Pueblos Sanos, Pueblos Vivos, Stop Biogás Montemayor de Pililla o la Plataforma Yanguas de Eresma, entre otras.
Una querella penal por presuntos delitos en la tramitación
La ofensiva judicial se concreta en una querella penal contra la administración autonómica, gobernada actualmente por el Partido Popular. La abogada zamorana Pilar Calvo, que representa a las asociaciones, ha sido la encargada de explicar los rasgos principales de la denuncia, cuya presentación se califica como “inminente”.
Según ha detallado la letrada, la querella se interpone contra el Director General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental y los distintos jefes de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente implicados en la tramitación de proyectos de biogás y biometano en la comunidad. La acusación se basa en la posible comisión de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y prevaricación urbanística.
Los colectivos sostienen que la forma en que se han gestionado numerosos expedientes administrativos podría haber generado un escenario de irregularidades sistemáticas, con decisiones que, a su juicio, se habrían adoptado “a sabiendas” de su posible incompatibilidad con la normativa vigente. De ahí que consideren que la vía penal es la única alternativa que les queda para reclamar responsabilidades; asuntos semejantes han dado pie a debates sobre proyectos en otras comunidades, como la segunda planta en Campos del Paraíso.
Desde las asociaciones se insiste en que, de demostrarse los hechos descritos en la querella, los delitos imputados podrían conllevar penas de inhabilitación para cargo público e incluso penas de prisión para los responsables políticos y técnicos señalados.
Paralelamente, las plataformas apuntan a un posible riesgo de responsabilidad patrimonial para la propia Junta en el futuro: si las plantas llegasen a construirse con licencias ya otorgadas y, posteriormente, se denegara su funcionamiento por incumplir requisitos legales o ambientales, las empresas promotoras podrían reclamar indemnizaciones a la administración autonómica por haber permitido avanzar proyectos que no reunían las condiciones exigibles. Casos en que las administraciones han reaccionado suspendiendo permisos ilustran este riesgo, como sucedió cuando un municipio suspendió temporalmente licencias.
Críticas por la falta de transparencia y acceso a la información
Uno de los ejes principales de las denuncias de estas asociaciones tiene que ver con el acceso a la información pública y la participación ciudadana en el procedimiento. Los vecinos aseguran que, en numerosos expedientes, la Junta ha colocado “impedimentos continuos” para consultar la documentación completa de los proyectos; problemas de evaluación ambiental conjunta han tensionado procesos en otros puntos, como se recoge en la noticia sobre La Atalaya.
Las plataformas relatan que, en algunos casos, no se habrían facilitado los expedientes íntegros, se habría retrasado la puesta a disposición de la información o se habría concentrado el acceso en plazos muy ajustados, lo que, según denuncian, habría dificultado seriamente la presentación de alegaciones fundamentadas.
Además, los colectivos sostienen que las alegaciones formuladas por vecinos, ayuntamientos y organizaciones sociales han sido ignoradas o desestimadas sin una respuesta suficientemente motivada. Esa sensación de “muralla administrativa” es, explican, una de las razones que les habrían empujado a acudir a los tribunales tras “agotar todas las alternativas posibles”. En otras localidades la respuesta ciudadana ha pasado por consultas y procesos participativos como la consulta popular en Las Torres de Cotillas.
Las asociaciones acusan a la Junta de mostrar un sesgo a favor de la información proporcionada por las empresas del sector, hasta el punto de que, según su versión, la administración autonómica habría rechazado considerar estudios y datos que cuestionan los beneficios ambientales atribuidos a estas instalaciones.
En este contexto, las plataformas entienden que se ha producido una “falta de transparencia y de control real” sobre proyectos que, por su magnitud, tendrían un impacto considerable en el medio rural, el agua, el aire y la calidad de vida de las poblaciones afectadas.
Uso de la normativa porcina y dudas sobre las distancias mínimas
Otro de los puntos controvertidos que figuran en la querella tiene que ver con la normativa empleada para evaluar las plantas de biogás. Según explica la abogada Pilar Calvo, en muchos expedientes se estaría aplicando la misma regulación que se utiliza para las explotaciones ganaderas porcinas.
Esa normativa fija, entre otros aspectos, una distancia mínima de 500 metros entre explotaciones, pensada para granjas de porcino y otros usos agroganaderos. Sin embargo, las plataformas denuncian que en varios proyectos de biogás no se cumpliría ese requisito, pese a tratarse de instalaciones de carácter industrial con riesgos diferentes.
Además, los colectivos señalan posibles incumplimientos en las distancias a núcleos urbanos e infraestructuras sensibles. En particular, alertan de que algunas plantas proyectadas se situarían a menos distancia de la debida de pueblos, viviendas dispersas, gasolineras y otras instalaciones, lo que, a su juicio, incrementa los riesgos en caso de accidentes o incidencias.
Las asociaciones también cuestionan la forma en que se contabiliza la edificabilidad de las plantas, ya que, según apuntan, en algunos expedientes no se sumarían todas las construcciones, depósitos y elementos auxiliares que forman parte del complejo industrial. Eso podría dar lugar, explican, a instalaciones que superan en la práctica los límites de edificabilidad permitidos sin que ello conste de forma clara en los documentos oficiales.
Para los denunciantes, este conjunto de factores indica una aplicación laxa o inadecuada de la normativa ambiental y urbanística, con posibles beneficios indirectos para las empresas promotoras y con un aumento del riesgo para el entorno inmediato. Conflictos similares por la ubicación y dimensiones de proyectos han sido noticia en otras provincias, como la macroplanta proyectada en Huesca.
Ausencia de planes de emergencia y gestión del digestato
En el ámbito estrictamente técnico, la querella insiste en la falta o insuficiencia de planes de emergencia en numerosos proyectos. Las asociaciones indican que muchos expedientes no incluyen protocolos detallados de actuación ante fugas, explosiones u otros incidentes relacionados con el biogás, pese a tratarse de instalaciones que manejan gases y residuos potencialmente peligrosos.
Para los colectivos, esta ausencia de planificación específica en materia de seguridad resulta especialmente preocupante en áreas rurales, donde los recursos de emergencia —bomberos, servicios sanitarios o protección civil— suelen estar más alejados y disponer de menos medios.
Otro de los puntos clave es la gestión de la materia prima y del digestato, el residuo resultante del proceso de digestión anaerobia. Según denuncian las plataformas, en muchos proyectos no se exige a las empresas que detallen desde el inicio de dónde procederán los residuos orgánicos que alimentarán las plantas, ni tampoco dónde se aplicarán o tratarán las enormes cantidades de digestato generadas.
Los colectivos subrayan que se trata de un volumen de residuos considerable y que, en algunos casos, las plantas previstas no dispondrían en un radio de 15 kilómetros de suficiente materia prima para operar a plena capacidad. Al mismo tiempo, sostienen que no habría superficie agraria suficiente en un radio de 30 kilómetros para esparcir el digestato sin producir saturación de suelos o riesgos de contaminación de aguas.
Esta combinación de dudas sobre el origen de los residuos y sobre su gestión posterior lleva a las plataformas a calificar algunos proyectos como “megaplantas sobredimensionadas”, cuya viabilidad real —ambiental, técnica y económica— estaría por demostrar con datos sólidos.
La cuestión económica: tasas, capital social y riesgo para las arcas públicas
La querella también pone el foco en la viabilidad económica y financiera de las empresas promotoras. Según exponen las asociaciones, la solicitud de la autorización ambiental integrada implica el pago de una tasa cercana a los 2.900 euros, a la que se suma aproximadamente el 1 % del valor total del proyecto.
Sin embargo, los colectivos advierten de que muchas de las sociedades creadas para promover estas plantas cuentan con un capital social mínimo, en torno a los 3.000 euros. A su entender, esa cifra resulta claramente insuficiente para asumir con solvencia las tasas, las inversiones iniciales y los posibles costes derivados de incidencias o responsabilidades futuras.
Desde las plataformas se plantea así un doble riesgo. Por un lado, que algunas empresas no estén en condiciones de afrontar todas sus obligaciones económicas, lo que podría desembocar en proyectos inacabados o en instalaciones que queden a medio funcionamiento. Por otro, que en caso de problemas graves, quiebras o cierre de plantas, parte de los costes recaigan finalmente en la administración pública y, por extensión, en la ciudadanía.
Además, las asociaciones subrayan que, si la Junta avanzase en la concesión de autorizaciones sin garantizar el cumplimiento estricto de la normativa, se abriría la puerta a futuras reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Es decir, las empresas podrían exigir a la administración compensaciones económicas por haber permitido inversiones que más tarde no se traducen en un funcionamiento efectivo de las plantas.
En este sentido, los colectivos subrayan que la prudencia administrativa no solo es una cuestión ambiental o de salud pública, sino también una forma de proteger las arcas públicas de posibles indemnizaciones millonarias derivadas de una tramitación apresurada o deficiente.
Un conflicto abierto sobre el modelo energético en el medio rural
Más allá de los aspectos estrictamente jurídicos, la querella refleja un choque de fondo sobre el modelo energético y de desarrollo en el medio rural de Castilla y León. Las plataformas vecinales aseguran que no se oponen por sistema a las energías renovables, pero alertan del riesgo de convertir amplias zonas de la comunidad en un “territorio de sacrificio” para grandes proyectos industriales.
Los colectivos denuncian que muchas de estas plantas se plantean en municipios pequeños, con pocos habitantes y recursos limitados, donde la capacidad de respuesta frente a impactos ambientales o sociales es menor. En su opinión, la proliferación de proyectos de biogás y biometano se suma a otras presiones sobre el territorio, como macrogranjas, grandes parques eólicos o fotovoltaicos.
En este contexto, reclaman una planificación energética más ordenada y participativa, que tenga en cuenta la capacidad real de carga de cada zona, la opinión de los vecinos y el papel de la agricultura y la ganadería tradicionales. También piden que se refuercen los controles técnicos, las evaluaciones ambientales y la supervisión independiente sobre este tipo de proyectos; iniciativas de protesta y debate público, como la protesta nacional Stop Biogás, ponen de manifiesto esa demanda ciudadana.
Las asociaciones concluyen que su objetivo no es únicamente detener determinados expedientes, sino abrir un debate más amplio sobre cómo y dónde se desarrollan las nuevas infraestructuras energéticas en España, especialmente en territorios rurales que, según destacan, ya acumulan décadas de despoblación y falta de servicios.
Con la presentación de esta querella penal contra la Junta de Castilla y León por los proyectos de biogás, las 21 asociaciones y plataformas implicadas buscan que los tribunales revisen a fondo la tramitación administrativa de estas instalaciones, valoren si se han respetado las normas ambientales, urbanísticas y de transparencia, y determinen si se han cometido delitos en el proceso. A la espera de la respuesta judicial, el conflicto en torno al biogás en la comunidad se mantiene muy vivo y se ha convertido en uno de los focos más intensos de debate sobre la implantación de nuevas infraestructuras energéticas en el medio rural español.
