La energía nuclear ha vuelto al centro del debate energético en Colombia en un momento en el que el país vive, casi al mismo tiempo, el miedo al apagón y el riesgo de inundaciones por embalses saturados. Entre racionamientos pasados y vertimientos obligados de agua en grandes represas, cada vez resulta más evidente que depender casi por completo de la hidroelectricidad tiene un coste.
En este contexto, voces del mundo académico, político y empresarial coinciden en que ha llegado la hora de preguntarse con más serenidad qué se necesita para generar energía nuclear en Colombia y si el país está dispuesto a dar el salto regulatorio, técnico y social que implica esta tecnología, una de las más limpias y estables del panorama mundial.
Por qué Colombia mira hacia la energía nuclear
El sistema eléctrico colombiano se apoya de forma abrumadora en las hidroeléctricas, lo que le ha permitido durante décadas tener una electricidad relativamente limpia en términos de emisiones, pero también lo ha condenado a una enorme vulnerabilidad frente al clima. Cada episodio de El Niño despierta el fantasma del racionamiento y, cuando vuelven las lluvias intensas, aparecen los problemas asociados a embalses al límite de su capacidad. Esta dependencia obliga a una comparativa con renovables para valorar alternativas y complementariedades.
En los últimos años, embalses como Urrá, Ituango o Calima han llegado a niveles que superan incluso el 100 % de llenado, obligando a realizar vertimientos técnicos de agua para proteger la integridad de las represas. Estas maniobras, necesarias desde el punto de vista de seguridad, han generado fuertes tensiones políticas y debates sobre impacto ambiental: el presidente Gustavo Petro las ha calificado de «crimen ambiental» y ha llegado a atribuirlas a la «codicia» de las empresas generadoras.
Frente a estas acusaciones, el gremio de generadores eléctricos ha defendido que liberar agua en determinadas circunstancias no es un negocio, sino una obligación de seguridad para evitar daños estructurales y garantizar el funcionamiento a largo plazo de las infraestructuras. El choque político ha puesto sobre la mesa una realidad incómoda: cuando todo depende del agua, cualquier desviación climática o decisión operativa se convierte en un campo de batalla.
Tal y como ha subrayado el periodista Roberto Pombo en un análisis reciente junto al físico Luis Fernando Cristancho, profesor del departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia, el país se ha convertido en «rehén» de los ciclos de escasez y abundancia de lluvias. En cuestión de pocos años se pasa de temer un apagón por falta de agua a gestionar inundaciones y vertimientos masivos, sin disponer de una fuente de generación firme que amortigüe estos vaivenes.
Es ahí donde la energía nuclear entra en escena no como sustituta de las hidroeléctricas, sino como pieza de respaldo firme, baja en emisiones y estable que pueda reducir la dependencia del azar meteorológico. La combinación de hidráulica, renovables variables y nuclear es justamente el tipo de mezcla que muchos países europeos están explorando para ganar seguridad de suministro y cumplir objetivos climáticos.
Nueva Ley Nuclear y creación de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear
Uno de los pasos más relevantes que ha dado Colombia recientemente es la aprobación del Proyecto de Ley 466 de 2024, conocido popularmente como Ley Nuclear. El texto fue respaldado por una inusual unanimidad en la Cámara de Representantes, algo poco frecuente en el actual clima político, lo que revela cierto consenso de fondo sobre la necesidad de ordenar el sector nuclear civil.
Esta ley no supone la construcción inmediata de centrales de gran tamaño, sino que busca, sobre todo, dotar de un marco jurídico claro y estable al uso de la tecnología nuclear en ámbitos médicos y industriales y, a medio y largo plazo, energéticos. Hospitales, laboratorios, empresas que utilizan radioisótopos y futuros proyectos de generación eléctrica necesitan reglas precisas sobre seguridad, control y responsabilidad.
Una de las novedades clave de la normativa es la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear (ANSN), un organismo que separa la promoción de la energía nuclear de su supervisión y vigilancia. Esta división responde a los estándares marcados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que recomienda que el regulador sea independiente de quienes impulsan o explotan la tecnología.
Con la ANSN, Colombia busca alinearse con las mejores prácticas internacionales, reforzando la vigilancia sobre todos los usos nucleares y radiológicos en el país. El objetivo es generar confianza ciudadana y credibilidad técnica, dos requisitos imprescindibles si en el futuro se quieren desarrollar proyectos de generación nuclear a mayor escala.
La ley también moderniza aspectos relacionados con licencias, controles, gestión de residuos y cultura de seguridad, de forma similar a lo que ya han hecho varios países europeos que han revisado su regulación para adaptarla a nuevas tecnologías como los reactores modulares pequeños o los microreactores, así como a la expansión de aplicaciones médicas y de investigación.
Seguridad, mortalidad y comparación con otras fuentes
Uno de los argumentos que con más frecuencia aparecen cuando se habla de nuclear es el de la seguridad. En el imaginario colectivo pesan todavía los nombres de Chernóbil y Fukushima, pero los datos globales de mortalidad por unidad de energía producida dibujan una realidad menos intuitiva. Estudios comparativos sitúan a la energía nuclear entre las fuentes con menor impacto en vidas humanas, tanto por accidentes como por contaminación del aire; por ello, es fundamental valorar beneficios y riesgos con datos y perspectiva.
En términos cuantitativos, se manejan cifras de alrededor de 0,03 muertes por teravatio-hora generado en la nuclear, frente a tasas superiores a 30 muertes/TWh en el caso del carbón, debido principalmente a las emisiones de partículas finas, óxidos de azufre y otros contaminantes que agravan enfermedades respiratorias y cardiovasculares. En Europa, esta diferencia se ha convertido en un argumento central para las estrategias de descarbonización.
Además, la huella de carbono de la energía nuclear es muy baja si se considera todo su ciclo de vida (extracción de uranio, construcción, operación y desmantelamiento). Estudios de la Agencia Internacional de la Energía y del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático sitúan sus emisiones comparables a las de la eólica y por debajo de muchas tecnologías de gas natural, lo que la convierte en candidata seria para reforzar las políticas climáticas. La huella de carbono es, por tanto, un punto clave en el análisis.
En el caso concreto de Colombia, los análisis divulgados por expertos como Camilo Prieto Valderrama, director general de la Red Nuclear Colombiana, plantean que, si para 2035 el país consiguiera integrar en su matriz varios reactores modulares pequeños, podría evitar la emisión de decenas de millones de toneladas de CO2 durante las siguientes décadas. Se manejan proyecciones que hablan de hasta 82 millones de toneladas de CO2 evitadas de aquí a 2052.
Más allá de las cifras, la clave está en que la nuclear aporta energía firme y continua, independiente de las condiciones meteorológicas. Para un sistema como el colombiano, que ya dispone de gran capacidad hidroeléctrica y empieza a sumar solares y eólicas, incorporar una base nuclear ayudaría a estabilizar la red y a reducir la necesidad de recurrir a combustibles fósiles en momentos de sequía o baja producción renovable.
Pequeños reactores modulares, microreactores y usos sociales
El debate en Colombia ya no se centra tanto en replicar grandes complejos nucleares tradicionales, sino en explorar opciones como los reactores modulares pequeños (SMR) y los microreactores. Estas tecnologías, que también están siendo analizadas y reguladas en varios países europeos, prometen plantas de menor escala, más fáciles de integrar en sistemas eléctricos diversos y con diseños de seguridad pasiva más avanzados. Los microreactores ocupan hoy un lugar central en ese debate.
Los SMR podrían instalarse de forma escalonada, adaptándose a la demanda de regiones concretas o sustituyendo progresivamente centrales térmicas de carbón o diésel. Su modularidad los hace especialmente interesantes para países con redes en desarrollo o con grandes diferencias regionales de acceso a la energía, como ocurre en Colombia.
Por su parte, los microreactores se plantean como solución para zonas aisladas del Sistema Interconectado Nacional, donde aún hoy la electricidad fiable es prácticamente un lujo. Regiones como La Guajira o el Amazonas, con problemas persistentes de acceso y calidad de suministro, podrían beneficiarse de unidades compactas capaces de operar durante años sin necesidad de recarga frecuente de combustible.
Un aspecto especialmente relevante, que también despierta interés en Europa, es la capacidad de la energía nuclear para impulsar proyectos de desalinización de agua. En el caso colombiano, se menciona a menudo la posibilidad de utilizar microreactores para producir agua potable en zonas costeras con escasez hídrica, complementando iniciativas de transición energética y mejorando la calidad de vida de comunidades vulnerables.
Además de la generación eléctrica, el país podría posicionarse en el campo del hidrógeno «rosado», producido mediante electrólisis alimentada por energía nuclear. Este vector energético limpio se perfila como una de las grandes apuestas de la Unión Europea para descarbonizar la industria pesada y el transporte de larga distancia, y Colombia no quiere quedarse al margen de esta posible oportunidad de exportación y cooperación tecnológica.
La experiencia colombiana y las referencias internacionales
Conviene recordar que Colombia no parte de cero. Desde 1965 opera en el país un reactor de investigación que ha funcionado durante décadas sin incidentes relevantes. Esta instalación ha servido para formar personal técnico, desarrollar capacidades en física nuclear y radiológica, y apoyar aplicaciones médicas e industriales basadas en radioisótopos.
La reciente incorporación de Colombia a la Agencia Internacional de Energía Atómica como miembro más activo y la aprobación de la Ley Nuclear son pasos que se interpretan como un gesto de madurez institucional. En términos prácticos, significan un compromiso con los estándares globales de seguridad, transparencia y supervisión regulatoria, algo imprescindible antes de plantear proyectos de generación comercial.
En Europa, la experiencia acumulada en países como Francia, Finlandia o Suecia muestra que un programa nuclear estable requiere décadas de coherencia política, fuerte capacidad regulatoria y una estrategia de comunicación constante hacia la ciudadanía. Los debates sobre residuos, costes, tiempos de construcción y riesgos percibidos no desaparecen, pero se abordan con marcos institucionales robustos y procesos de participación pública. La trayectoria de Francia suele aparecer como referencia habitual en estos intercambios.
Para Colombia, observar cómo la Unión Europea está revisando su taxonomía verde, incluyendo la energía nuclear como actividad sostenible bajo ciertas condiciones, ofrece una referencia interesante. Esta decisión refleja que la necesidad de reducir emisiones y garantizar seguridad de suministro ha llevado a muchos gobiernos a reconsiderar posturas previamente muy críticas con esta tecnología.
Figuras políticas colombianas como María del Mar Pizarro, representante a la Cámara, o perfiles técnicos como Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, participan ya en foros donde se discute cómo encajar la nuclear en la matriz nacional, tomando en cuenta tanto las lecciones europeas como las particularidades sociales, ambientales y territoriales del país.
Retos políticos, sociales y de comunicación
Aunque el avance regulatorio es significativo, los especialistas coinciden en que el gran desafío de la energía nuclear en Colombia es político y social. Persisten miedos muy arraigados, alimentados a veces por desinformación o por la asociación directa con armas atómicas, a pesar de que el debate actual se centra en usos estrictamente civiles y pacíficos. La aceptación social sigue siendo un factor determinante.
Expertos como Carlos Costa, exministro de Ambiente, insisten en la necesidad de abrir un diálogo público honesto, que no oculte los riesgos inherentes a cualquier tecnología energética, pero que tampoco los sobredimensione. La comparación con otras fuentes, incluidos los impactos del carbón, del petróleo o incluso de grandes embalses, debería formar parte de una conversación más amplia sobre costes y beneficios para la sociedad y el medioambiente.
En este contexto, resulta clave que la política evite convertir la energía nuclear en un arma arrojadiza entre partidos o en un símbolo ideológico. Voces como la del físico Luis Fernando Cristancho recuerdan que la seguridad energética del país no se construye con ataques a los gremios ni con eslóganes, sino con «firmeza técnica, reglas claras y educación«. Sin una base de conocimiento compartida, es difícil que la población pueda formarse una opinión informada.
También será necesario un esfuerzo especial en materia de formación de recursos humanos: ingenieros nucleares, especialistas en seguridad radiológica, técnicos de operación y mantenimiento, además de personal regulador altamente cualificado. Europa ha invertido durante años en redes de universidades y centros de investigación para sostener su tejido nuclear; Colombia tendrá que plantearse algo similar si quiere ir más allá de la fase exploratoria.
Por último, la gestión de residuos de alta actividad y el diseño de estrategias de largo plazo para su almacenamiento seguro constituyen uno de los puntos más sensibles del debate. Aunque el volumen total de residuos es relativamente pequeño comparado con otros tipos de desechos industriales, su vida media prolongada exige planes robustos, transparentes y consensuados, siguiendo experiencias de países europeos que ya han avanzado en repositorios geológicos profundos y soluciones intermedias de almacenamiento.
Todo este movimiento legislativo, técnico y social señala que Colombia está entrando en una fase de madurez en la que la energía nuclear se contempla como una opción realista para diversificar la matriz eléctrica, reforzar la seguridad de suministro y reducir emisiones. Aún queda mucho camino por recorrer en términos de consenso político, aceptación ciudadana y desarrollo de capacidades, pero la combinación de un reactor de investigación operativo desde hace décadas, la nueva Ley Nuclear y la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear dibuja el inicio de un proyecto de país que, si se gestiona con rigor, podría situar a Colombia en la misma conversación que Europa y otras regiones que apuestan por un futuro energético más limpio, fiable y menos dependiente del clima.
