El proyecto de una planta de hidrógeno verde en el entorno de La Joya, en el municipio malagueño de Antequera, se ha convertido en uno de los focos de debate ambiental y político más intensos de la comarca. La iniciativa, impulsada por la empresa Siroco Hydrogen 2 S.L. bajo la denominación La Joya H2, aspira a situar a la zona en el mapa europeo de los combustibles limpios y del valle del hidrógeno en Andalucía, pero ha encendido las alarmas entre instituciones y vecinos.
Mientras la Junta de Andalucía mantiene abierto el trámite de información pública y la autorización ambiental integrada, el Ayuntamiento de Antequera y distintas plataformas ciudadanas han levantado la voz ante lo que consideran un proyecto de dimensiones desproporcionadas para un entorno tan sensible desde el punto de vista natural, paisajístico y patrimonial.
Un macroproyecto de hidrógeno verde en el corazón de la comarca
La Joya H2 se proyecta como una planta de producción de hidrógeno verde situada a unos tres kilómetros de la pedanía de La Joya, en suelo rústico del término municipal de Antequera. El complejo se apoyaría en una potencia de electrólisis de alrededor de 250 megavatios, vinculada a una importante infraestructura de generación renovable asociada y en tecnologías como los electrolizadores PEM.
Según la documentación en exposición pública, el plan contempla varios módulos de electrólisis, edificios de proceso y equipos auxiliares, ocupando una parcela de más de 134.000 metros cuadrados en el entorno de la pedanía. La energía necesaria para producir el hidrógeno procedería de una planta solar fotovoltaica de 283 MW, repartida entre los términos municipales de Antequera y Almogía, y de un parque eólico de unos 16 MW ubicado íntegramente en Antequera.
Para estabilizar la generación, el proyecto incorpora además un sistema de almacenamiento con baterías de ion-litio, pensado para aprovechar excedentes de producción renovable y garantizar un suministro eléctrico más constante a los electrolizadores. Toda esa energía se concentraría en dos subestaciones eléctricas desde las que se alimentaría directamente a la planta de hidrógeno.
El hidrógeno obtenido no se quedaría en la instalación: la promotora prevé su transporte mediante un hidrogenoducto específico hasta otra planta industrial destinada a fabricar combustibles sintéticos, entre ellos carburantes sostenibles para aviación, tramitada en un expediente administrativo independiente. Este enfoque encaja con las estrategias europeas de descarbonización del transporte pesado y aéreo, donde España busca posicionarse como actor relevante.
En el plano socioeconómico, Siroco Hydrogen 2 calcula que durante la fase de construcción podrían crearse hasta 125 empleos temporales, a los que se sumarían en torno a una treintena de puestos de trabajo fijos en la etapa de operación, y generar nuevas oportunidades laborales. La empresa enmarca la inversión en la transición energética y en la diversificación del tejido industrial en el interior de la provincia de Málaga.
Un uso intensivo de agua regenerada y una cadena industrial compleja
Uno de los elementos más singulares del proyecto es el abastecimiento de agua para los electrolizadores, un aspecto especialmente sensible en el contexto de sequía que arrastra buena parte de Andalucía. La planta prevé utilizar agua regenerada procedente de la depuradora del Guadalhorce, en Málaga, que llegaría hasta La Joya a través de una tubería de más de 27 kilómetros diseñada ex profeso.
Una vez en la instalación, el agua sería sometida a distintos procesos de filtración, ósmosis inversa y electrodesionización con el fin de obtener agua desmineralizada, imprescindible para garantizar el funcionamiento de los equipos de electrólisis. Parte de los efluentes tratados volvería a aprovecharse en instalaciones industriales vecinas, con la idea de reducir el consumo neto de recursos hídricos y cerrar, en la medida de lo posible, el ciclo del agua.
La iniciativa no se limita a la producción de hidrógeno. En el marco del complejo industrial asociado, la promotora plantea la obtención de biometano, metanol verde y combustible sostenible de aviación (e-SAF), lo que convertiría a La Joya en un polo multifuncional de energías bajas en carbono. En los documentos difundidos se barajan cifras de producción de decenas de gigavatios hora de biometano y decenas de miles de toneladas anuales de e-SAF, orientadas principalmente a la demanda del sector transporte y grandes consumidores industriales.
Esta diversificación de productos energéticos es, precisamente, uno de los elementos que más recelos despierta en parte del vecindario. Colectivos ciudadanos subrayan que, bajo la etiqueta inicial de “planta de hidrógeno verde”, se esconde una industria de gran complejidad que incluye también instalaciones de biomasa y tratamiento de residuos orgánicos, con implicaciones adicionales en términos de tráfico pesado, olores y gestión de materiales.
Oposición frontal del Ayuntamiento de Antequera
La respuesta institucional más contundente ha llegado desde el Ayuntamiento de Antequera. La Junta de Gobierno Local ha aprobado de forma reiterada su rechazo frontal y sin matices al proyecto La Joya H2, una posición que se ha plasmado tanto en acuerdos formales como en la presentación de once alegaciones específicas ante la Junta de Andalucía, dentro del trámite de autorización ambiental integrada.
En la comunicación remitida a la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, el Consistorio advierte de “afecciones graves, acumulativas y de gran alcance” sobre el territorio, el medio ambiente, el patrimonio histórico y la calidad de vida de la población local. El alcalde, Manuel Barón, ha recalcado en varias intervenciones públicas que el municipio está a favor del desarrollo industrial y las energías renovables, pero “no a cualquier precio”, insistiendo en que la ciudad “no puede asumir un riesgo” que, a su juicio, compromete el entorno natural y el modelo de ciudad defendido en los últimos años.
Desde el equipo de gobierno se subraya que el rechazo no obedece a motivos ideológicos, sino al principio de prudencia ante un proyecto calificado como de “enormes dimensiones” y con impacto supramunicipal. El Ayuntamiento se presenta así como garante del interés general, remarcando que la tramitación ambiental debe valorar en detalle cada uno de los informes técnicos emitidos por los servicios municipales.
El consistorio ha trasladado ya su posición formal a la Junta de Andalucía para que sea tenida en cuenta en la resolución de la Autorización Ambiental Integrada, y ha registrado alegaciones durante el periodo de exposición pública. En ellas reclama que se responda de forma motivada a cada observación técnica, tanto en lo relativo a biodiversidad y paisaje como en lo concerniente a planificación urbanística y compatibilidad con el planeamiento vigente.
El Torcal, los Dólmenes y los valores patrimoniales en el centro del debate
Uno de los ejes centrales de la oposición institucional es la proximidad de la planta de hidrógeno verde al paraje natural del Torcal de Antequera, un espacio protegido incluido en la Red Natura 2000 y designado tanto Zona de Especial Conservación (ZEC) como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Aunque la infraestructura no se ubica dentro de los límites del paraje, los servicios técnicos municipales consideran que puede afectar a corredores ecológicos y hábitats de especies protegidas.
Los informes del Ayuntamiento alertan del riesgo de colisiones de aves y murciélagos con aerogeneradores y líneas eléctricas asociadas al proyecto, así como de posibles efectos barrera y pérdida de hábitat en una zona de alto valor para la fauna. También se hace hincapié en el impacto paisajístico de estructuras de gran altura —como aerogeneradores, chimeneas y torres— sobre un paisaje singular que constituye uno de los principales atractivos turísticos y naturales de la comarca.
Al impacto natural se suma la preocupación por el entorno del Sitio de los Dólmenes de Antequera, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El consistorio advierte de posibles afecciones visuales y territoriales en un área donde la integridad del paisaje forma parte de los valores reconocidos internacionalmente. La presencia de grandes infraestructuras industriales, señalan, podría alterar la percepción del conjunto megalítico y su relación con el territorio circundante.
Los técnicos municipales también ponen el foco en otros elementos patrimoniales, como el yacimiento arqueológico del Puerto del Perro, incluida su zona de protección. A su juicio, las obras y la explotación de la planta pueden conllevar riesgos de afección arqueológica tanto por movimientos de tierras como por la instalación de nuevas redes de transporte y servicios.
Impactos ambientales, tráfico y salud pública en el punto de mira
Más allá de los aspectos puramente paisajísticos y patrimoniales, el Ayuntamiento y las plataformas ciudadanas han enumerado un amplio abanico de posibles impactos ambientales y sociales asociados a la planta de hidrógeno y al complejo industrial vinculado. Entre las preocupaciones más repetidas figura la calidad del aire, con dudas sobre emisiones atmosféricas, generación de olores y contaminación lumínica procedentes de la actividad industrial.
Las alegaciones municipales mencionan el riesgo de contaminación de acuíferos, arroyos y escorrentías, tanto durante la fase de obras como en la de explotación. Aunque el proyecto reivindica el uso de agua regenerada de una depuradora, se teme que, en situaciones de tensión hídrica o problemas técnicos, pueda acabarse recurriendo a recursos subterráneos locales de los que dependen explotaciones agrícolas y varios núcleos de población.
El incremento del tráfico pesado es otro de los puntos sensibles. El transporte de materiales, equipos y, en su caso, de residuos asociados a las distintas fases de producción implicaría una subida notable del número de camiones que circulan por carreteras rurales estrechas y con orografía complicada. Los informes municipales y las plataformas vecinales cuestionan que la red viaria actual esté preparada para soportar ese volumen, por el deterioro que podría causar en los firmes y por el aumento de riesgos para la seguridad vial.
También se pone el acento en el impacto sobre caminos rurales, vías pecuarias y suelos protegidos, elementos clave para la actividad agroganadera de la zona sur del Torcal. Se teme que el tránsito de vehículos pesados y la ocupación de nuevas trazas modifiquen de forma irreparable el uso tradicional del territorio, con repercusiones en explotaciones agrícolas, ganaderas y negocios ligados al turismo rural.
En el ámbito estrictamente vecinal, asociaciones y residentes apuntan a un posible deterioro de la calidad de vida derivado del ruido, la presencia continua de tráfico industrial, la alteración del paisaje y la incertidumbre sobre la evolución de la calidad del aire. También se menciona el riesgo de desvalorización de viviendas y alojamientos rurales en una zona donde el paisaje y la tranquilidad son parte esencial del atractivo económico.
Rechazo social y movilización vecinal en La Joya y el sur del Torcal
El conflicto en torno a la planta de hidrógeno ha desbordado el ámbito estrictamente administrativo y se ha trasladado a la calle. En la zona sur del Torcal se ha generado un rechazo social amplio a la actuación, especialmente entre residentes de La Joya y otros núcleos rurales cercanos, que se sienten directamente afectados por la futura ubicación del complejo industrial.
Entre los argumentos vecinales pesa la proximidad del emplazamiento a viviendas y diseminados, con núcleos de población a menos de dos kilómetros de la planta prevista. Plataformas ciudadanas calculan que la afección directa podría alcanzar a unas 2.000 personas, muchas de ellas vinculadas tradicionalmente a la agricultura, la ganadería y el turismo rural. “No hablamos de una zona deshabitada”, vienen a resumir sus portavoces, que insisten en que la comarca tiene ya una microeconomía activa que temen ver comprometida.
Colectivos como las Plataformas Eólicas ‘Junto a El Torcal No’ y la Asociación Valle Natural Río Grande han impulsado reuniones informativas en La Joya y otros enclaves para explicar el contenido del proyecto y coordinar la presentación de alegaciones. En estas citas se debate tanto el alcance real de la industria —que va más allá del hidrógeno para incluir biomasa y producción de combustibles sintéticos— como las alternativas de desarrollo que los vecinos consideran más compatibles con el entorno.
Uno de los aspectos que más inquieta es la planta de biomasa y el tratamiento de residuos orgánicos agrícolas y ganaderos asociados a la cadena industrial. Residen dudas sobre la frecuencia de entrada de camiones con residuos, las posibles molestias por olores y el impacto en la imagen de un territorio que ha apostado por el turismo de naturaleza. Los críticos con el proyecto recalcan que, a su juicio, se está intentando encajar una industria de gran escala en un área con vocación rural y paisaje protegido.
Las plataformas insisten en que su postura no se basa en un rechazo genérico a las energías renovables o al hidrógeno verde, sino en una reivindicación de “salud pública y prevención”. Defienden que el modelo de transición energética debe planificarse con mayor participación local y respetando los límites medioambientales de cada territorio, especialmente cuando están en juego espacios singulares reconocidos a nivel europeo e internacional.
Tensión política y posicionamientos encontrados
La controversia por la planta de hidrógeno de La Joya también ha tenido repercusión en el plano político local. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Antequera ha acusado a dirigentes de la oposición, en particular del Partido Socialista, de “difundir bulos” y de “alarmar” a los vecinos con mensajes que, a su entender, no se ajustan a la realidad de la tramitación. El alcalde ha insistido públicamente en que el Consistorio ha adoptado una posición clara de rechazo y que así se ha hecho constar ante la Junta de Andalucía.
Desde las filas socialistas, en cambio, se ha reprochado al gobierno municipal que se haya limitado a la presentación de alegaciones sin desplegar, al menos en un primer momento, una estrategia de comunicación más proactiva con los residentes de La Joya, Los Nogales, La Higuera y otros núcleos afectados. Portavoces del PSOE han reclamado que el Ayuntamiento incremente la información directa a la ciudadanía y exigen que apoye las decisiones que adopten los vecinos en relación con el proyecto.
Este cruce de acusaciones ha añadido un componente de tensión política a un debate ya complejo de por sí, donde confluyen intereses económicos, ambientales y sociales. Mientras tanto, la decisión final sobre la autorización ambiental de La Joya H2 recae en la Junta de Andalucía, que deberá pronunciarse tras analizar el conjunto de informes, alegaciones y estudios presentados durante el periodo de información pública.
En paralelo, el caso de Antequera se sigue con atención desde otros territorios europeos inmersos en la implantación de corredores de hidrógeno y proyectos de combustibles sintéticos. La forma en que se resuelva este expediente puede convertirse en referencia para futuros desarrollos en zonas rurales con alto valor natural y patrimonial, donde la transición energética se enfrenta al reto de compaginar objetivos climáticos con la protección del territorio y la participación social.
La tramitación de la planta de hidrógeno verde de La Joya se ha convertido así en un auténtico termómetro de cómo se están gestionando en España y en Europa los grandes proyectos energéticos en entornos frágiles. Sobre la mesa están, por un lado, la apuesta por un polo industrial ligado al hidrógeno renovable y a combustibles limpios, y por otro, la defensa de un paisaje único, de actividades rurales consolidadas y de la calidad de vida de quienes habitan el sur del Torcal; el desenlace de este pulso marcará en buena medida el rumbo que tome la transición energética en comarcas como la de Antequera.
