El Gobierno argentino ha dado un paso decisivo en su plan de privatización de cuatro represas patagónicas ubicadas en la región del Comahue, al confirmar que recibió ofertas económicas que suman 685 millones de dólares. Estas centrales, emplazadas sobre los ríos Limay y Neuquén, son piezas clave en el mapa eléctrico del país al aportar en torno al 15% de la generación de energía nacional.
La operación consiste en la venta del capital accionario de las sociedades que gestionan los complejos Alicurá, El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados. Con ello, el Estado argentino busca trasladar la operación y el mantenimiento de estas infraestructuras al sector privado, bajo un esquema de concesión de largo plazo y con obligaciones de inversión significativas.
Ofertas por 685 millones de dólares y primeras adjudicaciones
Según informó el Ministerio de Economía, en el concurso se presentaron ocho empresas y consorcios, aunque en etapas previas se habían contabilizado originalmente nueve ofertas, algunas de las cuales terminaron uniéndose. La suma de las mejores propuestas para cada una de las concesiones garantiza un ingreso mínimo de 685 millones de dólares, por encima de los 500 millones que el Ejecutivo estimaba recaudar al inicio del proceso.
El ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó los resultados preliminares a través de su cuenta en la red social X, donde subrayó que “se vuelve a confirmar el interés del sector privado en invertir en la Argentina cuando las reglas están claras”. Desde el Palacio de Hacienda remarcan que la competencia entre grupos locales e internacionales fue intensa, con varias pujas muy ajustadas.
Tres de las cuatro represas ya tienen adjudicatarios definidos de manera preliminar, mientras que el cuarto complejo deberá resolverse en una instancia adicional. De este modo, el Gobierno da por cumplida la fase de apertura de sobres económicos y pasa ahora a un tramo más administrativo y legal, previo a la adjudicación definitiva que se espera cerrar antes de final de año.
Además del pago inicial por el paquete accionario, las empresas ganadoras asumirán el compromiso de realizar inversiones para modernizar equipos, reforzar la seguridad operativa y asegurar la continuidad del servicio. Esta combinación de canon y plan inversor es uno de los argumentos centrales que la administración utiliza para justificar la privatización ante la opinión pública.
Quiénes se quedan con cada una de las represas del Comahue
En el caso de la central Alicurá, la oferta más ventajosa fue presentada por Edison Inversiones, que comprometió alrededor de 162 millones de dólares. Esta propuesta superó a la de la actual operadora, la estadounidense AES, que había puesto sobre la mesa cerca de 130 millones de dólares. Con este resultado, el complejo pasará a manos de un grupo empresario de capital mayoritariamente argentino.
Para la represa de Piedra del Águila, la mejor oferta provino de Central Puerto, uno de los actores más relevantes del sector energético local, que ofertó 245 millones de dólares. De esta manera, la compañía garantiza su continuidad al frente de la explotación de esta central, una de las más importantes del sistema hidroeléctrico patagónico.
En el bloque formado por El Chocón y Arroyito, la puja estuvo especialmente reñida. La propuesta ganadora fue la de MSU Green Energy (BML), que ofreció en torno a 235,6 millones de dólares, superando la oferta de la italiana Enel, actual operadora, que había presentado una cifra cercana a los 172,2 millones de dólares. La diferencia económica inclinó la balanza a favor del consorcio argentino.
La situación es distinta en el caso de Cerros Colorados. Aunque la mejor oferta también fue la de MSU Green Energy, con alrededor de 41,7 millones de dólares, la propuesta de Edison Inversiones quedó muy cerca, con unos 38 millones de dólares, es decir, menos de un 10% de diferencia. Esto obliga a abrir una instancia de desempate, tal y como se contempla en el pliego licitatorio.
Un proceso en dos etapas: precalificación y concurso económico
El camino hacia la privatización de las cuatro represas patagónicas se articuló en varias fases. En primer lugar, el Ministerio de Economía lanzó un Concurso Público Nacional para la venta del paquete accionario de las sociedades que gestionan los complejos hidroeléctricos. A partir de ahí se abrió un periodo de precalificación técnica y legal para filtrar a los posibles oferentes.
En esa etapa inicial se evaluaron antecedentes como experiencia en operación de grandes centrales hidroeléctricas, solvencia financiera y cumplimiento regulatorio. El resultado fue una lista de siete consorcios precalificados, entre los que figuraban operadores ya presentes en el país como Enel, AES Argentina, Central Puerto-Central Costanera y Orazul, así como grupos liderados por Edison, Aluar-Genneia y Pampa Energía.
Al mismo tiempo, la comisión evaluadora decidió rechazar la oferta de IPS Renewal, al considerar que no reunía los requisitos mínimos de experiencia técnica ni determinados criterios legales establecidos en el pliego. Esa resolución quedó plasmada en la Resolución 1910/2025 publicada en el Boletín Oficial, donde se detallan las condiciones del concurso.
Superado el filtro de precalificación, se pasó a la etapa decisiva: la apertura de las ofertas económicas, que se realizó a través de la plataforma electrónica CONTRAT.AR en un acto público fijado para las 10 de la mañana. Allí se conocieron tanto el canon ofrecido por cada central como los compromisos de inversión asociados a la operación futura.
Detalles del paquete accionario y plazos de concesión
La operación no consiste en la venta directa de las represas como activos físicos, sino en la transferencia del capital accionario de las sociedades que las administran. En concreto, el paquete en juego comprende el 51% de acciones Clase “A”, el 47% de acciones Clase “B” y el 2% de acciones Clase “C”, lo que en la práctica implica el cambio total de control de las empresas gestoras.
Las compañías involucradas son Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.. Todas ellas forman parte del entramado de empresas vinculadas al sector público energético argentino, entre ellas ENARSA, cuyo proceso de privatización está habilitado por normas como las leyes 23.696 y 27.742.
Los nuevos operadores obtendrán la concesión para vender energía eléctrica durante los próximos 30 años, un horizonte temporal que permite amortizar las inversiones previstas en modernización y mantenimiento. Hasta el traspaso efectivo de la gestión, las centrales seguirán siendo operadas por los concesionarios salientes, cuyos contratos originales de 30 años habían vencido ya hace más de dos ejercicios.
Desde el punto de vista del Gobierno, el esquema de concesión combina el objetivo de obtener ingresos fiscales inmediatos a través de la venta de acciones, con el propósito de impulsar nueva inversión privada en infraestructura energética, sin que el Estado deba asumir directamente esos costes en un contexto de restricción presupuestaria.
Obligaciones de inversión y modernización para los nuevos dueños
Uno de los puntos centrales del pliego es la exigencia de que los futuros concesionarios asuman un compromiso claro de inversión en obras, reformas e infraestructura. No se trata solo de mantener el estado actual de las centrales, sino de garantizar que su operación sea segura, eficiente y ambientalmente sostenible durante toda la vigencia de la concesión.
Entre las condiciones destacan tareas como la renovación de equipamiento electromecánico, la mejora de sistemas de control y protección, la adecuación de protocolos de seguridad ante crecidas y la implementación de tecnologías que aumenten el rendimiento energético. Estas obligaciones se suman a los trabajos regulares de operación y mantenimiento, que quedan completamente a cargo de los adjudicatarios.
Autoridades oficiales insisten en que la amplia concurrencia de grandes compañías eléctricas demuestra un fuerte interés por operar y modernizar uno de los conjuntos hidroeléctricos más relevantes de Argentina, algo que el Ejecutivo interpreta como una señal de confianza en el marco regulatorio actual. La expectativa oficial es que las nuevas inversiones se traduzcan en una mayor estabilidad del sistema eléctrico y en un uso más eficiente del recurso hídrico.
En paralelo, el Gobierno ha dejado claro que el proceso se ha diseñado bajo criterios de competencia, transparencia y maximización del valor de los activos públicos. La combinación de filtros técnicos, publicación de los pliegos y uso de plataformas electrónicas para la recepción de ofertas forma parte de ese intento por mostrar un procedimiento abierto y verificable, especialmente sensible en un sector estratégico como el energético.
Contexto político y energético de la privatización
El anuncio de las ofertas por las cuatro represas patagónicas fue acompañado por mensajes políticos de alto perfil. El presidente Javier Milei celebró el inicio de la etapa de venta con un contundente “Arrancan las privatizaciones” en sus redes sociales, reforzando que este proceso forma parte del programa general de desestatización que su administración impulsa desde el inicio del mandato.
En el ámbito energético, el movimiento se enmarca en un plan más amplio de reconfiguración del sistema hidroeléctrico y de revisión del rol del Estado como operador directo. Además de las represas del Comahue, el Gobierno ya ha activado los preparativos para concesionar otras siete centrales hidroeléctricas cuyos contratos expiran entre finales de 2025 y mediados de 2026.
Entre esos complejos figuran Futaleufú, Cabra Corral, El Tunal, Ullum, El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo. Para estas instalaciones, la empresa estatal Enarsa, que actualmente controla su operación, ha puesto en marcha auditorías técnicas destinadas a evaluar el estado de la maquinaria y a cuantificar las inversiones necesarias antes de una eventual reprivatización.
Esta estrategia responde a la intención oficial de aligerar la presencia directa del Estado en la gestión de activos energéticos, al tiempo que se busca atraer capital privado para renovar infraestructuras envejecidas. No obstante, el debate público sobre el impacto de estas políticas en las tarifas, el empleo y el control de recursos estratégicos sigue abierto y genera posiciones encontradas en la sociedad argentina.
Con las ofertas económicas ya sobre la mesa, el proceso de privatización de las cuatro represas patagónicas entra en una fase decisiva: restan los últimos trámites administrativos, la resolución del desempate en Cerros Colorados y la formalización de las adjudicaciones, pasos que marcarán quiénes serán los actores privados que gestionen durante las próximas décadas una parte fundamental del corazón hidroeléctrico de la Patagonia.
