En los últimos años, la energía eólica española ha reforzado su posición como uno de los pilares del sistema eléctrico nacional. Varias iniciativas y acuerdos estratégicos persiguen garantizar un suministro más sostenible y mitigar las fluctuaciones de precios, al tiempo que emergen nuevos retos regulatorios, sociales y tecnológicos, tanto en tierra como en alta mar.
El impulso del sector no solo responde a la presión internacional para lograr una transición energética, sino que también se traduce en beneficios económicos, industriales y medioambientales para el país. Desde grandes acuerdos empresariales hasta innovaciones en reciclaje, el escenario es dinámico y complejo.
Acuerdos estratégicos para la energía eólica: el caso Iberdrola-Renfe
Iberdrola y Renfe han firmado un acuerdo a largo plazo para el suministro por parte de la eléctrica de energía eólica terrestre, mediante un VPPA de 370 GWh anuales durante diez años, equivalente a la producción de 190 MW eólicos. Este tipo de colaboración permite a Renfe asegurar precios estables de electricidad para su alta demanda, reduciendo así la incertidumbre asociada a las oscilaciones del mercado eléctrico.
Además, el acuerdo contribuye a disminuir la huella de carbono del transporte ferroviario, un sector que representa buena parte del consumo energético nacional. Según cifras facilitadas, la reducción asociada supera los dos millones de toneladas de CO2 anualmente, adelantando así los objetivos climáticos nacionales y permitiendo a Renfe triplicar las metas marcadas para 2030.
La operativa de Iberdrola en el ámbito de los PPA (Power Purchase Agreements) se extiende también a otros países y grandes clientes internacionales, consolidando a la compañía como líder europea. El crecimiento de estos acuerdos, con un 38% más de capacidad contratada respecto al año anterior, refuerza la competitividad de la eólica en el ‘mix’ energético nacional.
Retos regulatorios: eólica marina y planificación territorial
La eólica marina española experimenta avances y desafíos de calado con la aprobación de un nuevo marco normativo por el Ministerio para la Transición Ecológica. Bajo un sistema de subastas de concurrencia competitiva, se pretende agilizar la concesión simultánea de derechos económicos, acceso a la red y uso prioritario del dominio público marítimo-terrestre, con la meta de instalar entre 1 y 3 GW de capacidad hasta 2030.
No obstante, el sector expresa una cierta frustración ante la lentitud de los avances, ya que aún no hay fechas concretas para las primeras subastas, generando incertidumbre y pérdidas de oportunidad para empresas españolas respecto a otros países que avanzan más rápido. Además, expertos destacan la necesidad de que los puertos se adapten a los nuevos requerimientos logísticos de la eólica marina, incluyendo estructuras de mayor tamaño y complejidad.
En comunidades como Canarias, la administración impulsa foros y formación técnica para garantizar que los proyectos de eólica marina se desarrollen con las máximas garantías ambientales y jurídicas. La apuesta es clara: convertir al archipiélago en referente estatal, asociando la implantación eólica a generación de empleo local, economía azul y sostenibilidad.
Por otro lado, desde la comunidad científica y el sector pesquero se subraya la importancia de integrar la voz de la pesca en la planificación de la eólica marina. El diálogo entre pescadores, técnicos y científicos aborda inquietudes como la ocupación del espacio marítimo, los posibles impactos sobre ecosistemas marinos y las consecuencias socioeconómicas para las comunidades costeras, requiriendo enfoques multidisciplinares y canales de comunicación claros.
Desempeño actual, economía circular y repotenciación de parques
España ha logrado instalar 1.188 MW eólicos nuevos en 2024, aunque el ritmo es insuficiente para los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que exige más de 5 GW anuales y un total de 30 GW en los próximos seis años. Los expertos del sector insisten en la necesidad de acelerar los procesos administrativos y homogeneizar criterios entre administraciones para facilitar la expansión, sin poner en riesgo la aceptación social, la seguridad jurídica ni la gestión equilibrada de la red eléctrica.
Durante episodios de producción eólica superior al 60% del total de energía, la eólica ha demostrado estabilidad y fiabilidad para el sistema, algo subrayado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE) tras el apagón de abril. Las organizaciones sectoriales abogan por evitar exigencias técnicas precipitadas que puedan ralentizar la transición y recalcan el papel de la eólica como vector estratégico para la descarbonización y la competitividad de la industria nacional.
El país cuenta con más de 1.400 parques eólicos, cerca de 270 centros industriales y más de 35.000 empleos asociados, situándolo a la vanguardia europea. Además, se están desarrollando iniciativas pioneras en economía circular. Un ejemplo destacado es la inauguración de la primera planta de reciclaje de palas eólicas en Cortes (Navarra), promovida por FCC e Iberdrola, que permite recuperar hasta el 95% de los materiales y dar respuesta al reto del reciclaje de las aproximadamente 4.000 palas que dejarán de ser operativas en los próximos cinco años.
Asimismo, proyectos de repotenciación sostenible están en marcha en regiones como Castilla-La Mancha y Galicia, desmontando parques antiguos para instalar tecnología más moderna y eficiente, cerrando el ciclo de vida de los aerogeneradores gracias al reciclaje y la reutilización de componentes.
Perspectivas de futuro y sostenibilidad territorial
El desarrollo de la energía eólica en España atraviesa una etapa de fuerte dinamismo, marcada tanto por acuerdos empresariales decisivos como por la necesidad de abordar desafíos regulatorios y tecnológicos. Nuevas instalaciones, economías circulares y una visión multidisciplinar para su integración en el territorio y en los ecosistemas marinos constituyen la hoja de ruta. La colaboración entre empresas, administraciones, científicos y sectores tradicionales como la pesca será fundamental para convertir a España en referente de innovación energética, sostenibilidad y empleo verde en los próximos años.
