La planta de biogás proyectada en Soandres, en el municipio coruñés de A Laracha, se ha convertido en uno de los focos más tensos del debate sobre la transición energética en Galicia. Lo que sobre el papel se presenta como una instalación para valorizar residuos orgánicos y producir biometano, sobre el terreno ha desatado una fuerte contestación vecinal, municipal y política que trasciende las fronteras del propio concello.
Plataformas vecinales, concellos limítrofes y distintos grupos parlamentarios han puesto el grito en el cielo por lo que consideran un proyecto sobredimensionado, mal ubicado y con escaso retorno local. Mientras tanto, la Xunta mantiene la tramitación en marcha dentro de los procedimientos de evaluación ambiental y niega que exista un respaldo automático a la iniciativa.
Un proyecto de biogás en suelo rural y en el punto de mira
La planta de biogás de Soandres está impulsada por la empresa Bioenergía A Coruña y se sitúa en la zona de Chousa Grande, sobre terrenos de una antigua cantera clasificados como suelo rústico de protección ordinaria. Según la documentación hecha pública por la Xunta, la instalación se dedicaría a la valorización de residuos orgánicos agroganaderos y de la industria alimentaria mediante digestión anaerobia, con el objetivo de obtener biometano para inyectarlo en la red de gas natural.
Las cifras varían ligeramente según las fuentes políticas y vecinales, pero todos los datos apuntan a una macroinstalación con una capacidad muy elevada. La documentación ambiental habla de hasta 63.500 toneladas anuales de residuos, incluidas unas 6.500 toneladas de subproductos animales de categoría Sandach 3, mientras que representantes socialistas elevan la previsión hasta las 73.000 toneladas al año. Otros documentos municipales, por su parte, manejan un volumen máximo en el entorno de las 65.000 toneladas.
La superficie ocupada también genera debate. Distintas intervenciones públicas han señalado que la planta se extendería sobre unos 16.000 metros cuadrados de instalaciones, mientras que desde el Concello de Culleredo se citan más de 95.000 metros cuadrados afectados en el entorno del río Anllóns. Pese a estas discrepancias en los números, todas las partes coinciden en que se trata de un proyecto de gran escala para un entorno rural próximo a núcleos de población.
El esquema técnico responde al modelo habitual de este tipo de plantas: recepción de purines y restos orgánicos, digestión anaerobia para generar biogás, depuración para convertirlo en biometano inyectable en la red y obtención de digestato, que se separa en fracción sólida —para gestores externos— y líquida, que se trataría para su vertido o reutilización. La planta funcionaría las 24 horas del día, con presencia física de personal seis días a la semana en turnos reducidos, y una plantilla directa muy limitada, en torno a una decena de empleos.
Preocupaciones vecinales: territorio, salud y calidad de vida
En A Laracha se ha constituido la plataforma Stop Biogás A Laracha, que agrupa a vecinos y vecinas contrarios al proyecto. Esta organización recalca que no se opone a las energías renovables ni a la transición energética, pero sí a un modelo de implantación que califican de desordenado y sin garantías, que situaría una industria de alto impacto en un entorno rural sensible y muy cercano a viviendas.
Uno de los ejes centrales de su discurso es la ubicación elegida. La plataforma sostiene que el emplazamiento en Soandres es incompatible con la protección del patrimonio, la salvaguarda de los recursos hídricos, la preservación del entorno residencial y el mantenimiento de una calidad de vida aceptable. A su juicio, una infraestructura de estas dimensiones debería estar en un polígono industrial alejado de casas, ríos y elementos patrimoniales, y no a apenas unos cientos de metros de núcleos habitados.
El impacto sobre el agua y los ecosistemas fluviales es otra de las grandes inquietudes. El proyecto se ubica en el entorno del río Anllóns, principal curso fluvial del municipio y fuente de captación de agua para consumo doméstico de buena parte de las viviendas de A Laracha. También se menciona la proximidad a zonas de nacimiento de otros regatos, como el Valiñas, lo que refuerza el temor a posibles vertidos, filtraciones o accidentes que pudieran afectar a los recursos hídricos de la zona.
La dimensión paisajística y de biodiversidad tampoco pasa desapercibida. En el entorno de Soandres se ha documentado la presencia de diversas especies de aves, reptiles, anfibios y mamíferos, entre ellas el aguilucho cenizo, catalogado como vulnerable. Organizaciones vecinales y representantes municipales sostienen que una planta industrial de estas características altera el paisaje rural, introduce infraestructuras visibles y tráfico constante y puede generar efectos acumulativos sobre la fauna, especialmente por el ruido, la iluminación nocturna y la actividad continuada.
El tercer motivo de preocupación, y probablemente el más inmediato para la población, son los olores asociados a la gestión de residuos orgánicos. Vecinos y responsables políticos recuerdan experiencias de otras instalaciones similares y afirman que nadie quiere vivir ni pasear junto a una macroplanta que pueda generar hedor persistente. En los debates públicos se insiste en que los olores afectarían de lleno a la vida diaria, al uso de espacios al aire libre, a la percepción de seguridad ambiental y, en definitiva, a la imagen del rural como lugar habitable.
Por último, la plataforma Stop Biogás A Laracha alerta sobre el tratamiento del digestato resultante del proceso. En su comunicado advierte de que, en muchos proyectos de biogás, este subproducto termina esparciéndose en fincas agrícolas cercanas. Según señalan, el digestato puede contener elevadas cargas de nitrógeno, fósforo, sales, metales pesados y otros contaminantes que, de no gestionarse correctamente, podrían provocar sobrefertilización de los suelos, contaminación de acuíferos, malos olores persistentes y afecciones a la calidad de los terrenos agrícolas.
Patrimonio arqueológico y afecciones al entorno rural
Uno de los argumentos que más peso ha ganado en las alegaciones municipales es la presencia de patrimonio arqueológico en el ámbito del proyecto. A escasa distancia de la ubicación prevista se encuentra la Mámoa de Chousa Grande, un elemento catalogado que forma parte del legado megalítico de la zona. Tanto el Concello de A Laracha como la plataforma vecinal consideran que la coexistencia entre una mámoa protegida y una industria de este tamaño es, como mínimo, problemática.
Los técnicos municipales han destacado que, aunque el uso de suelo rústico permite en abstracto este tipo de instalaciones en Galicia, eso no implica que todas las ubicaciones sean adecuadas. La proximidad de un bien patrimonial protegido, el carácter rural del entorno y la cercanía a viviendas y cursos de agua llevan al gobierno local a concluir que Soandres no es el sitio idóneo y que deberían contemplarse alternativas en polígonos industriales u otras zonas con menor sensibilidad ambiental y patrimonial.
La afectación al paisaje y a la configuración del territorio rural también figura en las declaraciones institucionales de concellos limítrofes, como Culleredo o Cerceda, que se consideran potencialmente perjudicados por la planta. Estos ayuntamientos insisten en que infraestructuras de gran tamaño, con intenso tráfico pesado y actividad ininterrumpida, son más propias de un entorno industrial consolidado que de áreas agrícolas y forestales donde predominan explotaciones pequeñas y viviendas dispersas.
Además, el rechazo no se limita a los impactos ambientales y patrimoniales. En las reuniones informativas se ha señalado el temor a la desvalorización de las propiedades, la posible pérdida de atractivo residencial y turístico del entorno y la sensación de que el rural se convierte en un punto de recepción de grandes cantidades de residuos procedentes de otros territorios, sin un beneficio proporcional para la población que los soporta.
Otro aspecto que se cuestiona con fuerza es el retorno socioeconómico real del proyecto. La plataforma vecinal y diferentes grupos políticos subrayan que la creación de menos de una decena de empleos directos no compensa, a su juicio, los riesgos y molestias potenciales. Desde el BNG de Culleredo y el PSdeG de A Laracha se insiste en que este modelo responde más a los intereses económicos de las empresas promotoras que a las necesidades del territorio, y abogan por plantas más pequeñas, descentralizadas y ligadas a residuos agrarios de proximidad.
Reacción política y fractura institucional en torno a la planta
El conflicto por la planta de biogás de Soandres ha saltado con fuerza al tablero político gallego. En el ámbito local, el Concello de A Laracha, gobernado por el PP, ha fijado una posición de rechazo frontal al proyecto. En una asamblea informativa celebrada en la Casa da Cultura, a la que asistieron más de 300 personas, el gobierno municipal se comprometió a agotar todas las vías administrativas y legales disponibles para impedir que la planta llegue a construirse.
En ese encuentro, técnicos municipales detallaron el estado de la tramitación: el proyecto se encuentra en fase de evaluación ambiental integrada y de impacto ambiental, procedimientos que dependen de la Xunta de Galicia. Para que la planta sea autorizada, harán falta informes sectoriales de organismos como Augas de Galicia, Patrimonio, Saúde Pública, Medio Rural o Seguridad Aérea, entre otros. El Concello, por su parte, ha puesto a disposición de los vecinos modelos de alegaciones descargables en la web municipal o en dependencias administrativas, incluso con la opción de presentarlas a través del Sistema de Interconexión de Registros.
La posición de rechazo se extiende también a otros concellos cercanos. El Pleno de Culleredo aprobó por unanimidad una declaración institucional en contra de la planta, alegando graves afecciones ambientales, paisajísticas, hídricas y sociales. El alcalde, José Ramón Rioboo, se reunió con su homólogo de Cerceda para coordinar posturas y preparar posibles alegaciones conjuntas, en un intento de articular un frente común municipal ante la administración autonómica.
En paralelo, en Culleredo se han movido distintos grupos políticos. El BNG registró una moción urgente para que la Corporación se posicione oficialmente en contra de la planta, mientras que Alternativa dos Veciños reclamó más información detallada sobre el procedimiento y sobre las repercusiones potenciales en el municipio. En A Laracha, el PSdeG ha solicitado la creación de una comisión de trabajo con participación de la plataforma vecinal, asociaciones y fuerzas políticas para canalizar el rechazo social y trasladarlo directamente a la Xunta.
La polémica ha llegado igualmente al Parlamento de Galicia. Distintas iniciativas para exigir mayores garantías ambientales, sanitarias y de participación pública no han logrado reproducir el consenso que sí se había alcanzado en el pleno municipal larachés, donde PP, PSOE y BNG votaron en contra del proyecto. En la Cámara autonómica, las divergencias entre grupos han aflorado con fuerza, particularmente entre PP y PSdeG.
Choque entre PP y PSOE en la Cámara gallega
La portavoz de Industria del Grupo Socialista, Patricia Iglesias, ha acusado al Partido Popular y al Gobierno gallego de «ponerle la alfombra roja» a la planta de biogás de Soandres, a pesar de la oposición de los vecinos y vecinas. Iglesias reprocha al Ejecutivo autonómico haber modificado la normativa a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos para, en su opinión, debilitar la autonomía local y reducir la capacidad de los ayuntamientos para frenar este tipo de proyectos, dejando en un segundo plano licencias municipales y límites urbanísticos.
La diputada socialista llevó a la Comisión de Obras Públicas una iniciativa que recogía las demandas de la plataforma Stop Biogás A Laracha, cuyos representantes siguieron la sesión desde la bancada del Grupo Socialista. Iglesias sostiene que los socialistas gallegos mantienen un «no» rotundo a la planta, mientras critica que el PP, tras apoyar una moción contra el proyecto en el Ayuntamiento de A Laracha, haya rechazado propuestas similares en el Parlamento. A su juicio, esta contradicción entre el ámbito municipal y el autonómico pone en evidencia la falta de coherencia del partido en el gobierno.
Además, la parlamentaria socialista ha acusado al alcalde de A Laracha, José Manuel López, de haber ocultado información y manipulado a los vecinos, alegando que conocía el proyecto desde 2022 y no lo comunicó con la debida antelación. Iglesias advierte de que el Gobierno gallego podría imponer la planta declarándola prioritaria y de interés autonómico, utilizando lo que define como una «barra libre» para proyectos industriales con gran impacto territorial que habilitaría la propia ley de acompañamiento de los presupuestos.
Desde el PSdeG se ha subrayado también la magnitud de la infraestructura, apuntando que la planta supondría la ocupación de unos 16.000 metros cuadrados y el tratamiento de hasta 73.000 toneladas de residuos anuales, lo que generaría un flujo constante de tráfico pesado, olores intensos y persistentes y posibles afecciones al río Anllóns y al entorno natural de la zona. La formación insiste en que este tipo de proyectos deben someterse a un debate mucho más riguroso y participativo antes de avanzar en su tramitación.
Por su parte, otros grupos como el BNG han centrado sus críticas en el modelo de implantación de esta y otras plantas de biogás. La formación nacionalista alerta de que iniciativas sobredimensionadas como la de Soandres responden principalmente al interés económico de las promotoras y no a una planificación racional del territorio. El Bloque propone una red de instalaciones de menor tamaño, descentralizadas y ligadas a residuos realmente agrarios y de proximidad, con criterios claros de distancia a núcleos de población y zonas de exclusión ambiental y patrimonial.
En el plano supramunicipal, el BNG de Culleredo ha llevado el asunto al pleno local, reclamando un posicionamiento institucional contra la planta por su impacto ambiental, hídrico y social, y demandando una regulación más estricta en Galicia que fije distancias mínimas respecto a viviendas, normas sobre consumo de agua, generación de efluentes y gestión del digestato, así como la participación efectiva de la ciudadanía afectada.
La posición del PP y el papel de la Xunta en la tramitación
Mientras la oposición carga contra el proyecto y contra los cambios normativos, la dirección del PPdeG y la Xunta de Galicia defienden que el expediente de la planta de Soandres se está tramitando con rigor y dentro de los cauces legales. El diputado popular Rubén Lorenzo ha hecho un llamamiento a la calma y ha recalcado que la preocupación de los vecinos es legítima y merece respeto, pero ha insistido en que la administración autonómica está obligada a gestionar los proyectos que se presentan, lo que no significa respaldarlos automáticamente.
Lorenzo destaca que la planta se encuentra en fase de información pública, un procedimiento que califica de abierto, transparente y regulado por ley. Según el parlamentario, la viabilidad final de la instalación dependerá de informes técnicos elaborados por los organismos competentes en materia ambiental, sanitaria, patrimonial y de gestión de residuos. «Si el proyecto no cumple con los requisitos exigidos, no saldrá adelante», ha asegurado, subrayando que Galicia aplica criterios técnicos exigentes, incluidas medidas específicas relativas a los olores para proteger la salud pública y el medio ambiente.
El diputado popular ha criticado la propuesta socialista de suspender de manera preventiva el procedimiento de autorización, al considerar que la Xunta no puede paralizar un expediente sin causa legal sin vulnerar derechos básicos de los promotores. Desde el PP se defiende que la forma correcta de abordar estas controversias es informando, explicando y escuchando a la ciudadanía, y no, en palabras de Lorenzo, generando alarmismo o desinformación.
En este contexto, el Gobierno gallego insiste en que el marco normativo actual ya establece controles y procedimientos garantistas, aunque desde plataformas vecinales y grupos de la oposición se insiste en que existe una ausencia de regulación específica y detallada sobre la ubicación de plantas de biogás: distancias mínimas respecto a núcleos de población, zonas de exclusión, exigencias técnicas reforzadas, criterios de solvencia económica de las empresas y mecanismos de participación ciudadana vinculante.
La discrepancia política se traduce, por tanto, en dos visiones enfrentadas: mientras la Xunta defiende que los proyectos deben evaluarse caso por caso dentro del marco ya existente, la oposición reclama una reforma normativa más profunda que ordene el despliegue de estas instalaciones y evite la concentración de infraestructuras de alto impacto en áreas rurales sensibles como Soandres.
Movilización ciudadana y asambleas informativas
Más allá de las instituciones, el pulso se libra también en el terreno de la movilización social. La plataforma Stop Biogás A Laracha considera que el proyecto sigue avanzando en la administración y que, por tanto, resulta especialmente urgente mantener la presión vecinal y política. La entidad insiste en que la única solución satisfactoria sería la cancelación definitiva de la planta en su emplazamiento actual.
El Concello de A Laracha, en coordinación con partidos y asociaciones, ha impulsado asambleas informativas abiertas a toda la población. Una de las más concurridas tuvo lugar en la Casa da Cultura, donde se dieron cita más de 300 personas para conocer en detalle el contenido del proyecto, los pasos administrativos ya dados y las posibles vías de oposición. Durante el encuentro, se explicaron las bases técnicas de la instalación, los informes preceptivos y los plazos para presentar alegaciones.
Para facilitar esa participación, el Ayuntamiento ha habilitado modelos de alegación que los vecinos pueden descargar en la web municipal o recoger en el edificio administrativo y en el vivero de empresas del polígono. Además, se ha habilitado la opción de remitir las alegaciones a la Xunta a través del Sistema de Interconexión de Registros, evitando desplazamientos y simplificando trámites para la ciudadanía.
Desde la plataforma vecinal se anima a todo el mundo a implicarse en el proceso, insistiendo en que la movilización colectiva e institucional puede influir en la decisión final de la administración autonómica. También se han organizado encuentros informativos impulsados por el propio colectivo Stop Biogás A Laracha, en los que se aborda no solo el caso concreto de Soandres, sino también la situación general de los proyectos de biogás en España y la repetición de conflictos similares en otros territorios.
En estos foros, los portavoces vecinales subrayan que la raíz del problema es la falta de planificación estatal, autonómica y municipal para este tipo de instalaciones. Reclaman que se definan distancias mínimas a zonas habitadas, corredores ecológicos libres de industrias de alto impacto, requisitos de transparencia y mecanismos de consulta previa que permitan descartar ubicaciones incompatibles antes de que los proyectos entren en fases avanzadas de tramitación.
Lo que ocurre en Soandres se percibe así como un caso testigo que podría marcar el rumbo de futuras plantas de biogás en Galicia y en otras comunidades. Vecinos, concellos y grupos políticos son conscientes de que el desenlace de este expediente puede sentar precedentes relevantes sobre el equilibrio entre transición energética, protección del territorio y derechos de las comunidades locales.
Con la planta de biogás de Soandres aún en fase de evaluación ambiental y con las instituciones divididas, el conflicto continúa abierto y sin una resolución a la vista. Entre la promesa de gestionar residuos y producir energía renovable y el temor a un proyecto sobredimensionado en un entorno rural frágil, la comarca sigue pendiente de los informes técnicos y de las decisiones políticas que determinarán si esta instalación se convierte en realidad o se reorienta hacia otro emplazamiento o modelo diferente.