La posible instalación de una macroplanta de biogás en el término municipal de Loporzano, a escasos kilómetros de Huesca, ha encendido todas las alarmas entre la población del entorno. El proyecto, impulsado por la empresa Catalana de Biogás, ligada a fondos de inversión del Banco Sabadell, ha pasado en pocas semanas de ser prácticamente desconocido a convertirse en uno de los asuntos más delicados de la agenda local.
Mientras la promotora y parte de las instituciones destacan el supuesto papel de la planta en la gestión de residuos ganaderos y generación de energía renovable, buena parte de la vecindad de Loporzano, Tierz y Quicena habla sin rodeos de un proyecto “inasumible” por su escala y consecuencias. Entre acusaciones de greenwashing, referencias a un modelo “extractivo” y reproches por la falta de información, el pulso social y político en torno a esta macroplanta de biogás parece lejos de apaciguarse.
Un proyecto privado de gran capacidad a un paso de Huesca
El plan plantea la construcción de una planta de biogás en una finca privada de Loporzano, en el entorno inmediato de la capital oscense. Según la información trasladada desde los colectivos ciudadanos y desde el propio Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), la instalación estaría diseñada para procesar hasta 95.000 toneladas anuales de purines y otros residuos orgánicos, incluyendo subproductos de origen animal.
Los vecinos recalcan que estas cifras sitúan la iniciativa en la categoría de macroplanta industrial, muy alejada de la imagen de pequeña instalación de proximidad que, a su juicio, intenta proyectar la empresa. El propio proyecto se presentaría como solución para los excedentes de estiércoles y purines en un radio de unos 20 kilómetros, con capacidad para dar servicio aproximado a un 30% de las explotaciones ganaderas de la zona, según ha apuntado el alcalde de Loporzano.
La ubicación es uno de los elementos más controvertidos. La planta se proyecta a menos de 5 kilómetros de Huesca y muy próxima a diferentes núcleos habitados y espacios de valor patrimonial. Los colectivos contrarios al proyecto consideran que estas distancias desmienten la idea de una instalación “alejada” de zonas sensibles y advierten de que cualquier afección se sentiría en un amplio radio.
Desde el Ayuntamiento de Loporzano se subraya que se trata de un proyecto estrictamente privado, tanto en lo relativo a la empresa promotora como a la propiedad de los terrenos, y se insiste en que la tramitación ambiental no está en manos del consistorio, sino del INAGA, que debe evaluar el expediente y marcar los siguientes pasos administrativos.
Tramitación en el INAGA y críticas por la falta de transparencia
Una de las quejas más repetidas por los colectivos vecinales es la falta de información clara y accesible sobre la macroplanta. Apuntan a que el proyecto entró por primera vez en el Ayuntamiento de Loporzano en febrero de 2025 y que desde noviembre se encuentra en manos del INAGA, sin que, a fecha de hoy, el expediente sea de libre consulta pública.
La sensación de haber sido “los últimos en enterarse” ha sido un detonante fundamental del malestar social. Asociaciones y vecinos de Loporzano, Tierz y Quicena aseguran que se ha producido un vacío de comunicación institucional, tanto por parte del consistorio como de la promotora, y reclaman una explicación detallada de los plazos, del diseño técnico de la planta y de sus impactos potenciales.
En este contexto, los colectivos han solicitado por escrito ser reconocidos como parte interesada en el procedimiento ambiental, lo que les permitiría acceder a la documentación presentada por la empresa y formular alegaciones con más fundamento. Varios portavoces vecinales sostienen que sin esa información resulta imposible valorar con rigor el alcance del proyecto y sus riesgos.
Otro punto de fricción es el tipo de evaluación ambiental aplicable. Tras los cambios normativos aprobados en Aragón, una planta de estas características podría acogerse a un procedimiento ambiental simplificado. Los opositores consideran que esta vía es excesivamente laxa para una instalación de este tamaño y reclaman una evaluación ordinaria completa, con estudios detallados y un periodo de información pública amplio y garantista.
Distancias cortas a pueblos, patrimonio y a la ciudad de Huesca
El mapa de distancias que maneja el movimiento ciudadano se ha convertido en una de sus principales armas argumentales. Según sus datos, la macroplanta se situaría a menos de 700 metros de las Trincheras de Tierz, a unos 1,8 kilómetros del casco urbano de Tierz, a 2,75 de Loporzano y Quicena y a solo 2,43 kilómetros del Castillo de Montearagón, un Bien de Interés Cultural de primer orden en la zona.
Además, localidades como Ola y Siétamo se ubican a algo más de 3,5 kilómetros, y la propia Huesca —con más de 50.000 habitantes— se encuentra a menos de 5 kilómetros en línea recta. Para los portavoces del movimiento vecinal, estos datos impiden hablar de un proyecto aislado o desconectado de la realidad urbana y rural circundante.
Colectivos y plataformas insisten en que la zona está en plena expansión residencial, con promociones de vivienda ya en marcha o previstas tanto en Tierz como en Quicena, incluyendo un proyecto de 200 pisos de protección oficial impulsado por el Gobierno de Aragón. Temen que la planta condicione a largo plazo el desarrollo futuro de estos municipios y la calidad de vida de los nuevos residentes.
Los vecinos consideran que, en lugar de aprovechar el potencial de la zona para un desarrollo ligado al turismo de naturaleza, el patrimonio y la calidad paisajística, la macroplanta introduciría un factor de riesgo y de degradación que podría lastrar su imagen durante décadas.
Riesgos sanitarios, ambientales y problemas de olores
Los informes y comunicados elaborados por las plataformas vecinales subrayan el posible impacto de la macroplanta sobre la salud pública y el medio ambiente. El proceso de digestión anaerobia de los purines y residuos orgánicos genera gases como amoniaco y ácido sulfhídrico, que, en caso de fugas o mala gestión, pueden entrañar riesgos tanto para las personas como para la fauna.
Además de la toxicidad potencial de algunos compuestos, los vecinos temen la aparición de malos olores persistentes que puedan extenderse a los núcleos habitados cercanos, con especial preocupación por Tierz, situado en una posición que, según señalan, coincide con la dirección de los vientos dominantes en determinadas épocas del año. El temor a tener que convivir con episodios recurrentes de hedor es uno de los elementos que más indignación genera en la calle.
En paralelo, se alerta del riesgo de contaminación de acuíferos por nitratos en una cuenca ya catalogada como especialmente vulnerable, como la del río Flumen. El manejo del digestato —el residuo resultante del proceso de biogás— y de las balsas asociadas suscita dudas sobre posibles filtraciones al subsuelo y sobre el control real que se ejercerá sobre estos vertidos.
La gestión de los subproductos animales (SANDACH) es otro frente de preocupación. Los colectivos temen un aumento del riesgo biológico, proliferación de insectos y roedores y dificultades para garantizar que los residuos llegan perfectamente controlados y se tratan con todas las garantías. Las plataformas insisten en que, aunque la normativa europea y española es exigente en este ámbito, la magnitud del proyecto requiere una vigilancia especialmente estricta.
El incremento del tráfico pesado de camiones, tanto por autovía como por carreteras locales, completa el panorama de impactos señalados por los vecinos. Se apunta a posibles problemas de seguridad vial, mayor ruido, emisión de polvo y gases de combustión y una presión añadida sobre vías que, en ocasiones, ya se encuentran muy transitadas.
Un debate abierto sobre modelo energético y «greenwashing»
Más allá de los aspectos puramente técnicos, el conflicto ha puesto sobre la mesa una discusión de calado sobre el modelo energético y de gestión de residuos que se quiere para el territorio. Las plataformas críticas acusan a la promotora de practicar greenwashing, es decir, de ampararse en el discurso de la energía verde para justificar una actividad que, en su opinión, responde ante todo a un modelo industrial extractivo.
Los vecinos sostienen que Loporzano ya tiene controlados sus propios residuos ganaderos y orgánicos y que la planta no responde a una demanda local auténtica, sino a la necesidad de concentrar grandes volúmenes de desechos procedentes de una zona mucho más amplia para hacer rentable la macroinstalación. De ahí que hablen abiertamente de la conversión del municipio en un “vertedero industrial al servicio de fondos de inversión”.
Varias voces recuerdan además los antecedentes de otras plantas de biogás en Aragón, como las proyectadas en los años noventa en Altorricón y Zaidín, que acabaron cerradas y con sanciones europeas por irregularidades en su funcionamiento. En aquel caso, se denunció que se quemaba gasóleo para producir electricidad en lugar de aprovechar realmente los purines como materia prima principal.
Para los detractores del proyecto, estos ejemplos ilustran el riesgo de que la macroplanta de Loporzano termine priorizando la rentabilidad financiera de los inversores por encima de los objetivos ambientales. De ahí que insistan en la necesidad de un control exhaustivo e independiente y de un debate pausado sobre el tipo de instalaciones que se quiere permitir en un entorno tan sensible.
Impacto paisajístico y amenaza al Castillo de Montearagón
El Castillo de Montearagón, referencia histórica y paisajística de la Hoya de Huesca, se ha convertido también en uno de los símbolos de la oposición a la macroplanta. La proximidad de la instalación —unos 2,4 kilómetros según los datos difundidos— lleva a los colectivos a advertir de un impacto visual y paisajístico que califican de irreversible.
Los defensores del patrimonio argumentan que el entorno del castillo no es solo un enclave monumental, sino un paisaje cultural que forma parte de la identidad de la zona. Temen que la presencia de grandes estructuras industriales, balsas, depósitos y chimeneas altere de forma sustancial la percepción del conjunto, afectando tanto a los habitantes del entorno como a los visitantes que acuden al lugar.
Para los colectivos patrimonialistas, el valor del Castillo de Montearagón no se mide únicamente en metros ni en kilómetros. Sostienen que su protección va más allá de asegurar que la instalación esté a cierta distancia legal y que debe considerarse la integridad visual del horizonte y del paisaje que lo rodea, especialmente en una comarca que aspira a reforzar su atractivo turístico.
En sus comunicados, los movimientos vecinales recuerdan que el patrimonio histórico no es trasladable ni compensable. Insisten en que, una vez modificada la imagen del entorno, resulta casi imposible revertir la situación y que los eventuales beneficios económicos de la macroplanta no pueden justificar la pérdida de un activo cultural de primer nivel.
Consumo energético, calor residual y efecto sobre el entorno
Otro de los puntos que genera recelo es el consumo energético de la macroplanta y el calor que generaría su funcionamiento continuo. Según documentos a los que hacen referencia las plataformas, la instalación requeriría alrededor de 1 MWh (1.000 kWh) de energía para calentar el material en los digestores y acelerar la fermentación, una cifra que se compara con el consumo simultáneo de entre 400 y 500 viviendas equipadas con bomba de calor en invierno.
Este volumen de energía plantea, a ojos de los opositores, varias preguntas. Por un lado, cuestionan la coherencia climática de un proyecto que, aun generando biogás, necesita una aportación energética elevada para mantenerse operativo. Por otro, alertan de que el calor sobrante no se aprovecharía de manera significativa y se liberaría al entorno a través del digestato caliente y de las balsas exteriores.
Los colectivos insisten en que este impacto térmico no se está explicando de forma suficiente y piden analizar con detalle sus efectos sobre el microclima local, los suelos y la fauna. Aunque estos cambios puedan parecer menores frente a otros impactos más visibles, las plataformas reclaman que todas las variables se pongan sobre la mesa antes de tomar una decisión definitiva.
En un contexto europeo en el que se promueve con fuerza la eficiencia energética y la economía circular, el debate sobre si la macroplanta se ajusta o no al espíritu de las políticas climáticas de la UE se ha colado también en las conversaciones. Para los colectivos críticos, no basta con catalogar el biogás como renovable si la operación global de la planta resulta, en la práctica, intensiva en consumo energético.
Corredor de aves rapaces y turismo de naturaleza en riesgo
La biodiversidad es otro pilar de la oposición social al proyecto. La zona elegida se ubica en un corredor aéreo clave que conecta la Sierra de Guara con Los Monegros, utilizado diariamente por numerosas aves rapaces y otras especies protegidas. El valle del Flumen, el entorno del Salto de Roldán, Tierz, Monflorite o la serreta de Piracés conforman un mosaico de hábitats de gran valor ecológico.
Entre las especies que frecuentan este corredor se citan el quebrantahuesos, el águila real, el alimoche, el milano real y el halcón peregrino, además de colonias de buitres y otras aves necrófagas. Las plataformas temen que la implantación de una macroplanta de biogás, con sus infraestructuras asociadas, pueda alterar las rutas de vuelo, incrementar el riesgo de colisión y degradar un espacio que hasta ahora se ha mantenido relativamente bien conservado.
El impacto no se limitaría a la fauna. En los últimos años, el entorno de Huesca ha visto crecer un turismo de naturaleza y de observación de aves (birding) cada vez más especializado. Guías, alojamientos rurales y pequeñas empresas de ecoturismo han ido encontrando un nicho de mercado ligado precisamente a la calidad ambiental de la zona y a la posibilidad de avistar especies emblemáticas.
Los vecinos sostienen que la macroplanta podría debilitar este modelo económico, que consideran más compatible con la preservación del territorio. Temen que el ruido, el tráfico y la propia presencia visual de la instalación espanten a parte de la fauna y resten atractivo a las rutas y miradores que, hoy por hoy, son un reclamo para visitantes de toda España e incluso de otros países europeos.
Este ángulo del debate conecta con preocupaciones de ámbito más amplio en Europa, donde la compatibilidad entre la expansión de ciertas energías renovables y la conservación de la biodiversidad es objeto de discusión creciente. Las plataformas vecinales reclaman que, en caso de duda, se dé prioridad a la protección de especies amenazadas y a la integridad de los corredores ecológicos.
Un movimiento vecinal en expansión y coordinado con el Somontano
La oposición a la macroplanta no se limita a unos pocos portavoces. Tras una reunión multitudinaria celebrada en enero, en la que participaron más de 160 personas, se ha ido articulando un movimiento ciudadano que agrupa a vecinos de Loporzano, Tierz, Quicena y otras localidades de la Hoya de Huesca. Bajo lemas como “Nuestros pueblos no se venden. Se defienden”, se han organizado para recabar información y presionar a las instituciones.
Entre las acciones emprendidas se incluyen una campaña de recogida de firmas —tanto en papel como a través de plataformas digitales como Change.org—, la creación del canal de Instagram @StopBiogasLoporzano para difundir documentos y noticias relacionadas con el proyecto y una ronda de reuniones con los ayuntamientos implicados.
Los colectivos exigen al Ayuntamiento de Loporzano que no firme la declaración de interés social para la macroplanta, al considerar que no existe consenso vecinal ni una justificación sólida de beneficio público que respalde una instalación de estas dimensiones. A su juicio, la iniciativa responde principalmente a los intereses económicos de la empresa y de los fondos de inversión asociados.
El movimiento se ha articulado también a nivel comarcal, en coordinación con la plataforma Stop Biogás Somontano, que se enfrenta a proyectos similares promovidos por la misma compañía en otros puntos de la provincia. Esta colaboración permite, según explican, compartir conocimientos técnicos, experiencias legales y estrategias de movilización social.
Los portavoces aseguran que esta lucha no es un caso aislado, sino la expresión de un modelo que se repite en distintos territorios rurales y que, a su juicio, amenaza con convertir comarcas enteras en grandes áreas receptoras de residuos si no se fija un límite claro desde las administraciones competentes.
La visión del Ayuntamiento de Loporzano y los argumentos a favor
En medio de la intensa contestación social, el Ayuntamiento de Loporzano ha mantenido una posición sensiblemente diferente. Su alcalde, David Suelves, ha señalado que se trata de un proyecto privado que una empresa externa desea ubicar en un suelo también privado del término municipal, y considera que se está generando un “debate innecesario” antes de que el INAGA emita una resolución formal.
El regidor recuerda que seis de los siete concejales de la corporación se muestran favorables a la macroplanta y subraya los beneficios que, en su opinión, podría aportar a un municipio pequeño: ingresos por licencia de obras, aumento de la recaudación del IBI y otros impuestos, así como el hecho de que la empresa establecería su sede social en Loporzano, lo que incrementaría los retornos fiscales para las arcas locales.
Desde el consistorio se insiste en que la planta se alimentaría principalmente de estiércoles y purines de explotaciones ganaderas situadas en un radio de 20 kilómetros, y se descarta el uso de residuos cárnicos en la forma que temen algunos colectivos. El alcalde defiende que, de este modo, se ofrecería un servicio útil al sector agrario y ganadero de la zona, que en general vería con buenos ojos la puesta en marcha de la instalación.
La corporación local recuerda asimismo que el proyecto no ha sido tramitado por el Ayuntamiento, sino que se ha presentado directamente ante el INAGA. El papel municipal se habría limitado, por ahora, a emitir un informe de compatibilidad urbanística favorable, tras constatar que la iniciativa cumple con las condiciones exigidas por el planeamiento vigente.
Como argumento adicional, el alcalde ha mencionado la visita organizada por la empresa a una planta de biogás similar en Francia, en la que, según afirma, no se apreciaron ni malos olores ni problemas de convivencia con el entorno. A su juicio, este tipo de instalaciones, bien gestionadas, pueden funcionar con normalidad y contribuir tanto a la valorización de residuos como a la producción de energía renovable.
Un conflicto abierto a la espera del pronunciamiento del INAGA
Con las posiciones claramente enfrentadas, el futuro de la macroplanta de biogás de Loporzano se jugará, en buena medida, en el terreno administrativo. Todas las miradas están puestas ahora en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, responsable de analizar el expediente, determinar el tipo de evaluación ambiental aplicable y, en su caso, abrir un periodo formal de información pública en el que se podrán presentar alegaciones.
Los colectivos vecinales reclaman que este proceso se desarrolle con máxima transparencia, rigor técnico y participación ciudadana real. Aspiran a que se sometan a examen todos los extremos del proyecto: desde el origen y la naturaleza exacta de los residuos hasta los planes de gestión del digestato, pasando por las emisiones, el ruido, el tráfico y el posible impacto acumulado con otras actividades de la zona.
En las próximas semanas y meses, la clave estará en cómo se articula el debate público y qué peso otorgan las instituciones a las alegaciones y movilizaciones ciudadanas. Mientras tanto, el movimiento vecinal continuará con sus campañas de información, firmas y presión política, y el Ayuntamiento de Loporzano defenderá ante sus vecinos la conveniencia de un proyecto que considera estratégico para el municipio.
En un contexto en el que España y Europa impulsan con fuerza las energías renovables y la economía circular, la macroplanta de biogás a las puertas de Huesca se ha convertido en un caso paradigmático de las tensiones que pueden surgir cuando grandes infraestructuras energéticas se acercan a áreas habitadas, espacios naturales valiosos y enclaves patrimoniales, obligando a la sociedad a replantearse dónde traza la línea entre la transición ecológica y la protección de su propio territorio.
