La planta de biogás de Teixeiro, impulsada por la empresa Norbiogás en el municipio coruñés de Curtis, se ha convertido en uno de los proyectos energéticos más comentados de la comarca. Declarada iniciativa estratégica por la Xunta de Galicia, la instalación ha encendido las alarmas de parte de la vecindad y ha colocado a los principales partidos de la oposición local en pie de guerra.
Más allá de los debates técnicos sobre la producción de biometano, el foco está ahora en las molestias que podría provocar la macroplanta y en la gestión de la información por parte de las administraciones. Los grupos del BNG y del PSOE en Curtis acusan a la Xunta y al gobierno municipal de “opacidad” y reclaman un debate público en profundidad antes de que el proyecto dé pasos irreversibles.
Un proyecto estratégico que levanta recelos en Curtis
La planta prevista en Teixeiro está planteada como una instalación de gran capacidad para el tratamiento de residuos orgánicos, especialmente lodos y purines procedentes de explotaciones ganaderas de diferentes puntos de Galicia. El objetivo declarado es valorizar estos residuos para producir biogás y otros subproductos, en línea con las políticas europeas de economía circular.
Sin embargo, la oposición municipal subraya las posibles consecuencias negativas para la población más próxima. Entre las principales quejas destacan el temor a la aparición de malos olores, el creciente tránsito de camiones pesados cargados con residuos y el riesgo de que se produzcan daños ambientales si la planta no se gestiona con todas las garantías.
Desde el BNG de Curtis se pone el acento en que en el municipio ya se ha producido una proliferación de este tipo de industrias vinculadas al tratamiento de residuos y a la producción de energía, lo que, según denuncian, incrementa las dudas entre los vecinos. La formación sostiene que, sin una información completa y transparente por parte de la Administración, resulta difícil valorar el impacto real que puede tener la nueva planta. En otras zonas las proliferación de plantas de biogás también ha generado rechazo social.
Además, los nacionalistas apuntan a un problema de modelo de desarrollo. A su juicio, estos proyectos suponen una nueva forma de aprovechamiento del territorio en la que grandes compañías obtienen beneficios mientras que el concello asume la carga ambiental, los residuos y las molestias, sin un retorno proporcional para la economía local. Casos de controversia por falta de permisos evidencian la carga ambiental y administrativa que pueden concentrar algunos proyectos.
El PSOE de Curtis comparte buena parte de estas críticas y reclama explicaciones al alcalde, Javier Caínzos. El secretario xeral socialista en el municipio, Fernando Rey Leira, pide saber con detalle cómo puede verse afectada la vecindad por la actividad de la planta y considera que todavía se está “a tiempo” de aclarar dudas y revisar el alcance del proyecto.
Capacidad de tratamiento y empleo: una ecuación en cuestión
Uno de los puntos que más debate genera es la dimensión de la planta. Según los datos que manejan los grupos de la oposición, Norbiogás prevé tratar alrededor de 150.000 toneladas de residuos al año en Teixeiro. Este volumen sitúa la instalación en la categoría de macroplanta, algo que refuerza las preocupaciones sobre el impacto en el entorno inmediato.
Frente a esta magnitud, los críticos con el proyecto consideran que la creación de empleo directo es muy limitada. Las estimaciones sitúan entre 10 y 20 los puestos de trabajo que generaría la planta, una cifra que el PSOE califica de insuficiente para justificar la intensidad de tráfico, el posible aumento de olores y las afectaciones al paisaje y al medio ambiente local. En otros desarrollos se ha debatido el verdadero frente al volumen de inversión.
Los socialistas recuerdan, además, que proyectos similares han sido rechazados en otras zonas de Galicia por la presión ejercida por los vecinos. Citan como ejemplo los casos de A Laracha y de la comarca de A Limia, donde la contestación social logró frenar iniciativas de características cercanas a las que ahora se plantean en Curtis. Existen precedentes de administraciones que han llegado a paralizar iniciativas ante la movilización social, como en Navarra.
En este contexto, la oposición municipal acusa al gobierno local y a la Xunta de apostar por un modelo en el que los beneficios económicos se concentran en las empresas promotoras, mientras el territorio receptor asume la mayor parte de los inconvenientes. Para BNG y PSOE, esta lógica contribuye a alimentar el malestar entre la población y a disparar el rechazo al proyecto.
La discusión sobre el equilibrio entre retorno económico y carga ambiental se ha convertido así en uno de los ejes centrales del debate en torno a la planta de biogás de Teixeiro. La ciudadanía demandante de más información quiere conocer con exactitud qué garantías ambientales se contemplan, cómo se controlarán los olores y qué medidas se prevén para minimizar el impacto del tránsito de camiones. El aumento de tensión en otros proyectos subraya la necesidad de garantías y evaluaciones ambientales claras.
Denuncias de opacidad y demanda de información pública
La queja más repetida por las formaciones de la oposición es la falta de transparencia en la tramitación y difusión del proyecto. Tanto el BNG como el PSOE insisten en que la vecindad no ha recibido información suficiente sobre las características técnicas de la planta, sus riesgos potenciales ni los mecanismos de supervisión previstos. La polémica en otros proyectos por la petición de revocar avales muestra la importancia de la transparencia en la tramitación.
El BNG de Curtis asegura que la “expansión” de este tipo de industrias en el concello, y muy en particular en la zona de Teixeiro, se está produciendo sin procesos claros de participación, lo que aumenta la desconfianza. Para los nacionalistas, la ausencia de explicaciones detalladas de la Administración autonómica y local refuerza la sensación de que se está intentando sacar adelante el proyecto “por la puerta de atrás”. En casos similares la movilización comarcal ha sido clave, como en otros municipios.
Por su parte, el PSOE reclama que el alcalde dé la cara y explique, en un formato abierto a la ciudadanía, cuáles son los compromisos ambientales y socioeconómicos asociados a la planta. Los socialistas insisten en que Curtis “aún está a tiempo” de revisar las condiciones del proyecto o, si fuera necesario, replantear su implantación.
Este clima de desconfianza se enmarca en un contexto general en el que, en diferentes puntos de Galicia y de Europa, los proyectos vinculados al biogás y al tratamiento de residuos despiertan posiciones encontradas. Mientras algunas administraciones los visualizan como una pieza de la transición energética y la economía circular, numerosas plataformas vecinales reclaman controles estrictos y un mayor protagonismo de los ayuntamientos y de la población en la toma de decisiones.
En el caso concreto de Teixeiro, la percepción de que el municipio se está convirtiendo en un polo de atracción de proyectos de residuos juega un papel clave. La sensación de saturación y de falta de reparto equilibrado de este tipo de instalaciones entre territorios gallegos alimenta las críticas y sirve de argumento a quienes piden frenar o revisar el avance de la macroplanta de Norbiogás. Casos de organización vecinal muestran cómo se generan redes de protesta, como la de otros municipios.
A medida que avanza la tramitación del proyecto, se espera que el debate público continúe ganando intensidad y que las administraciones responsables tengan que detallar con más precisión cómo se vigilará el cumplimiento de las normas ambientales, qué beneficios concretos quedarán en el municipio y qué papel se dará a los vecinos en la supervisión del funcionamiento de la planta. En ocasiones la vía consultiva ciudadana ha servido para frenar proyectos, como ocurrió con una consulta vinculante.
La controversia en torno a la planta de biogás de Teixeiro pone sobre la mesa muchas de las tensiones que atraviesan la implantación de nuevas infraestructuras energéticas ligadas al tratamiento de residuos: la búsqueda de soluciones más sostenibles choca con la percepción de que algunos territorios asumen una carga desproporcionada. En Curtis, la combinación de un proyecto de gran escala, el temor a malos olores y al constante tránsito de camiones, la sensación de opacidad institucional y la limitada creación de empleo ha encendido un debate en el que partidos, colectivos ecologistas y vecindad reclaman más información, mayor participación y un replanteamiento del modelo de desarrollo que se quiere para la zona y para el conjunto de Galicia.
