La posible instalación de hasta cuatro plantas de biometano en Talavera de la Reina ha desatado un intenso debate político y social. Los proyectos, que en conjunto podrían gestionar más de 900.000 toneladas de residuos al año, han provocado el rechazo de vecinos, ayuntamientos limítrofes y la oposición municipal, mientras que el equipo de Gobierno del PP y Vox asegura que velará por el cumplimiento de la legalidad.
El alcalde, José Julián Gregorio, ha salido al paso de las críticas afirmando que no va a permitir que Talavera se convierta en un vertedero. En declaraciones a los medios, ha garantizado que el Ayuntamiento solicitará todos los informes necesarios a la Confederación Hidrográfica del Tajo, Sanidad y la Agencia del Agua antes de dar luz verde a cualquier iniciativa. Gregorio ha recordado que actualmente hay tres peticiones en tramitación que deben superar cerca de doscientos informes sectoriales.
El alcalde se defiende y pide informes
Gregorio ha respondido a las acusaciones del Grupo Municipal Socialista, que le reprochaba un “silencio atronador” sobre el asunto. El regidor ha replicado que el silencio es de los socialistas, ya que todos los informes favorables han salido de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE. Además, ha avanzado que próximamente revelará cuándo comenzó la tramitación del primer expediente, insinuando que “alguno tendrá que esconder la cabeza”.
El portavoz municipal, Jesús García Barroso, había señalado días antes que el Consistorio acoge a cualquier industria que genere empleo, pero “no a cualquier precio”. Por ello, se van a recabar informes técnicos de varias administraciones para garantizar que las instalaciones cumplan con todos los parámetros legales, especialmente en lo relativo a la potabilidad del agua y la seguridad sanitaria.
La oposición socialista exige medidas urgentes
El PSOE, por su parte, ha exigido al equipo de Gobierno que actúe de inmediato para impedir la instalación de las plantas. La viceportavoz Flora Bellón ha asegurado que el alcalde abrió la puerta a los promotores con reuniones que aparecen publicadas en la propia web municipal, y que calificó una de las plantas como “una buena noticia para la ciudad” en febrero de 2024. Los socialistas consideran que esto ha provocado un “efecto llamada” que ha atraído a varias empresas.
Desde el Grupo Socialista, su portavoz José Gutiérrez ha criticado la “política del avestruz” del Gobierno local y le ha instado a paralizar la tramitación administrativa y modificar el planeamiento urbanístico para bloquear estos proyectos, tal como se hizo con las macrogranjas en la pasada legislatura. Gutiérrez ha recordado que el Ayuntamiento de Talavera no presentó alegaciones contra la primera planta, a diferencia del Consistorio de Cazalegas, y que ya existen informes favorables desde Urbanismo.
Rechazo vecinal y de municipios limítrofes
El malestar no se limita al ámbito político. El alcalde de Cazalegas, Francisco Javier Blanco, ha mostrado su rechazo a la ubicación de la planta más cercana a su municipio, al sur de la A-5, y ha advertido de que estas instalaciones pueden actuar como foco de atracción de macrogranjas que busquen dar salida a sus residuos. Blanco no descarta movilizaciones ante la Delegación de la Junta.
Los vecinos de la urbanización El Cigarral, en Cazalegas, han expresado su “malestar e indignación” al conocer que el proyecto ya cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental favorable de la Junta. Temen por la salud pública y la posible contaminación de suelos y acuíferos. Asimismo, la entidad de Gamonal, dependiente de Talavera, también ha mostrado su oposición, quejándose de la falta de información por parte del Ayuntamiento talaverano desde 2023.
La asociación SOS Talavera ha detallado que, además de la planta próxima a Cazalegas, están previstas otras dos junto al polígono industrial Torrehierro y una cuarta al sur de Talavera la Nueva y Alberche. La capacidad total de tratamiento rondaría las 935.000 toneladas anuales, según las estimaciones de los grupos contrarios a los proyectos.
En medio de la controversia, el alcalde Gregorio ha insistido en que su prioridad es que todo se ajuste a la legalidad medioambiental, social y económica, y que si finalmente alguna planta sale adelante será porque la Junta la avala. Mientras tanto, el PSOE reclama una respuesta política inmediata y no solo técnica, advirtiendo de que cada día que pasa acerca más las plantas a Talavera.