Gandia vive estos días un intenso debate en torno a la planta de biomasa en Marxuquera, una instalación pensada para producir energía a partir de residuos orgánicos que ha generado inquietud entre parte del vecindario. La decisión del gobierno local de abrir la puerta a un cambio de ubicación ha reactivado el interés social y político por el futuro del proyecto.
Tras meses de controversia, quejas ciudadanas y cruces de declaraciones entre partidos, se ha puesto en marcha una comisión técnica para estudiar alternativas a la ubicación de Marxuquera. Este paso, sin embargo, llega envuelto en polémica por el retraso acumulado, la pérdida de una subvención y las acusaciones de falta de transparencia en la gestión del asunto.
Una planta de biomasa cuestionada en Marxuquera
La planta de biomasa, concebida como una infraestructura de energías renovables en el término de Gandia, tenía como emplazamiento inicial la zona de Marxuquera, un entorno con fuerte componente residencial y valor paisajístico. Desde que se conoció el proyecto, diversos vecinos expresaron sus dudas y recelos ante el impacto que pudiera tener en su día a día.
Entre las principales preocupaciones figuraban la posible afección al entorno natural y la cercanía a viviendas, así como las molestias derivadas del tráfico de camiones, olores o emisiones. Aunque la tecnología de biomasa se presenta habitualmente como una opción renovable y alineada con los objetivos climáticos europeos, en Marxuquera el debate se ha centrado más en el «dónde» que en el «qué».
En este contexto, el gobierno local decidió en su momento anunciar la creación de una comisión técnica que valorara posibles ubicaciones alternativas para la planta, dejando en suspenso la ejecución del proyecto tal y como estaba planteado en un inicio. Ese anuncio, realizado en julio, fijaba un calendario que, según la oposición, no se ha cumplido.
El caso de Marxuquera se enmarca en una realidad más amplia de España y Europa, donde la implantación de plantas de biomasa suele generar debate vecinal cuando se sitúan cerca de núcleos de población. La necesidad de impulsar fuentes renovables coexiste con la exigencia de garantizar una planificación territorial consensuada y transparente.
Creación de la comisión técnica y siete meses de retraso
La constitución efectiva de la comisión técnica para revisar la ubicación de la planta de biomasa se ha producido, según se ha hecho público, con alrededor de siete meses de retraso respecto al anuncio inicial. Esta demora ha encendido las críticas del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gandia.
Víctor Soler Beneyto, concejal y portavoz del Grupo Municipal Popular, ha salido al paso tras conocerse la puesta en marcha formal de este órgano técnico, recordando que llevaban desde julio esperando su convocatoria. A su juicio, el gobierno socialista habría dejado pasar un tiempo valioso sin avanzar en una solución clara para el proyecto.
El portavoz popular sostiene que este retraso no es solo un problema de calendario, sino que ha tenido consecuencias económicas concretas. Según sus declaraciones, la tardanza en activar la comisión y tomar decisiones habría provocado la pérdida de una subvención de 218.000 euros, que tenía como fecha límite el 31 de diciembre.
Desde el PP insisten en que venían advirtiendo de esta situación, subrayando que habían alertado en reiteradas ocasiones del riesgo de dejar pasar el plazo de la ayuda. La pérdida de esta financiación pública se ha convertido en uno de los principales argumentos de la oposición para cuestionar la gestión municipal del proyecto de la planta de biomasa.
Críticas del PP: gestión, plazos y relación con los vecinos
Las críticas del Partido Popular no se limitan al calendario. Víctor Soler ha acusado al actual equipo de gobierno de “falta de gestión” y de no respetar a los vecinos que se han implicado en el seguimiento del proyecto. Sostiene que la información proporcionada por el consistorio ha sido, en sus palabras, «difusa y tardía».
Para el portavoz popular, la forma en que se ha llevado este asunto demuestra, siempre según su versión, una absoluta negligencia por parte del gobierno local, encabezado por el alcalde Prieto. Soler considera que la respuesta institucional a las quejas ciudadanas ha llegado tarde y sin la claridad necesaria.
Además, el edil del PP ha enmarcado el caso de la planta de biomasa de Marxuquera en una crítica más amplia a la política de personal del ayuntamiento. Asegura que se trata del “gobierno más caro de la historia” y que el capítulo de personal se estaría incrementando con perfiles afines políticamente, en lugar de orientarse a reforzar las necesidades reales del municipio.
En esta línea, Soler sostiene que la incapacidad para cumplir plazos en el proyecto de la planta de biomasa sería un síntoma de una forma de gobernar en la que, según su interpretación, pesan más los intereses partidistas que la eficacia en la gestión y la atención a las demandas del vecindario.
Demandas de participación en la comisión y papel de los vecinos
Uno de los puntos clave planteados por el Partido Popular es su reclamación de estar presente en la comisión técnica que debe estudiar nuevas ubicaciones para la planta de biomasa de Gandia. Víctor Soler argumenta que su grupo ha mantenido múltiples reuniones con los residentes afectados y que, por tanto, tiene un conocimiento directo de sus inquietudes.
Desde la oposición popular se defiende que el PP “debe tener presencia como grupo político del Ayuntamiento de Gandia” en ese órgano, tanto por su representación institucional como por el trabajo de interlocución que aseguran haber desarrollado con el vecindario de Marxuquera y otras zonas potencialmente afectadas.
El debate sobre quién debe integrar la comisión y cómo se toman las decisiones pone sobre la mesa la cuestión de la participación ciudadana en proyectos energéticos locales. En muchos municipios españoles y europeos, la aceptación social de instalaciones de biomasa, eólica o fotovoltaica depende en gran medida de la capacidad de las administraciones para implicar a vecinos y colectivos en el proceso.
En el caso de Gandia, la constitución de este órgano técnico llega, según recalca el PP, “después de las reiteradas quejas vecinales”. Esa secuencia alimenta la percepción, entre algunos sectores, de que la reacción institucional ha sido más reactiva que preventiva, respondiendo a la presión social en vez de anticiparse a ella.
El contexto de la biomasa en España y la importancia de la planificación
Aunque la discusión en Gandia se centra en la ubicación concreta de la planta de biomasa de Marxuquera, el trasfondo conecta con las políticas energéticas que se están impulsando en España y en la Unión Europea. La biomasa forma parte del mix de renovables previsto para avanzar hacia la descarbonización, pero su implantación sobre el terreno no está exenta de conflictos.
En distintos puntos del país, proyectos de generación eléctrica o térmica a partir de residuos agrícolas, forestales o urbanos han generado debates similares sobre ubicación, impacto ambiental y transparencia. La clave suele estar en encontrar lugares adecuados, alejados de zonas residenciales sensibles y con acceso razonable a la materia prima y a las infraestructuras necesarias.
El caso de Marxuquera ilustra hasta qué punto la planificación y los plazos administrativos son determinantes para que este tipo de iniciativas salgan adelante con respaldo social. Un retraso de varios meses y la consiguiente pérdida de una subvención pueden condicionar tanto la viabilidad económica como la percepción pública del proyecto.
En este escenario, la comisión técnica recién constituida en Gandia tendrá por delante la tarea de analizar alternativas de emplazamiento y valorar criterios ambientales, urbanísticos y sociales, en un equilibrio que no siempre resulta sencillo. Lo que ocurra con la planta de biomasa en Marxuquera será observado con lupa por quienes reclaman más renovables, pero también por quienes temen sus efectos más cercanos.
El futuro de la planta de biomasa inicialmente prevista en Marxuquera queda ahora en manos de esta comisión técnica y de las negociaciones políticas y ciudadanas que la acompañen; tras meses de retrasos, pérdida de ayudas y cruce de reproches, el reto para Gandia pasa por reconducir el proyecto con mayor transparencia, participación y rigor en los plazos, de forma que la apuesta por la energía renovable pueda compatibilizarse con las sensibilidades de los vecinos y las exigencias de una buena gestión pública.