El desarrollo de plantas de biogás en España está generando un intenso debate social a medida que las iniciativas se multiplican por todo el territorio. En los últimos meses, varios proyectos han sido protagonistas tanto por el respaldo institucional y empresarial como por la contestación vecinal que suscitan, en especial en zonas rurales y próximas a espacios residenciales o de alto interés turístico.
Actualmente, comunidades como Aragón y Catalunya se sitúan a la cabeza en el número de proyectos en tramitación y plantas en funcionamiento, lo que refleja una apuesta decidida por la valorización de residuos orgánicos y la generación de energía renovable. Sin embargo, la falta de consenso sobre su ubicación y su posible repercusión ambiental mantiene viva la controversia en numerosas localidades.
Impulso institucional y desafíos territoriales
En Aragón, la preocupación por el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de residuos ha impulsado la tramitación de más de 50 proyectos de biogás y biometano. El Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón ha instado a una planificación territorial y a la creación de una estrategia propia que regule la implantación de estas instalaciones, considerando especialmente el potencial de la región en el sector agroalimentario. Los expertos subrayan la importancia de que las plantas se orienten a resolver problemas locales, como la gestión de estiércoles, y que se respete la economía circular, optimizando además el uso del digestato resultante tras la digestión anaerobia.
Los responsables técnicos advierten de los posibles riesgos ambientales relacionados con el digestato y reclaman equipos especializados para una supervisión rigurosa y evitar conflictos con la población. Mientras tanto, se reconoce que en España, el número de plantas de biometano es aún muy reducido comparado con otros países europeos, lo que evidencia que queda mucho por recorrer.
Catalunya también está apostando fuerte por esta fuente energética, y ya cuenta con alrededor de 72 plantas de biogás en distintas fases de operación, distribuidas en instalaciones ganaderas, industrias alimentarias y depuradoras urbanas. La mayoría de tecnologías implementadas proceden de otros países europeos, lo que indica una falta de especialización local y la necesidad de avanzar en innovación propia.
El informe de la Generalitat resalta el papel estratégico del biogás en la transición energética, pero señala como asignaturas pendientes la aceptación social y la gestión de impactos, especialmente en áreas rurales donde se teme la concentración de infraestructuras energéticas y la pérdida de control por parte de las comunidades locales.
Movilizaciones vecinales y rechazo a nuevas plantas
La expansión de nuevas plantas de biogás está encontrando un rechazo creciente por parte de colectivos ciudadanos y plataformas vecinales en varias regiones. En municipios como Azlor (Huesca), la propuesta de una nueva planta ha sido recibida con una movilización inmediata: se han recogido más de 700 firmas en apenas 24 horas para frenar su instalación. Los habitantes argumentan los posibles problemas de olores, emisiones de compuestos como el amoníaco y el impacto sobre la salud, la agricultura y el turismo. El movimiento exige mayor transparencia y estudios ambientales rigurosos antes de tomar decisiones.
Situaciones similares se repiten en Aldeaseca (Ávila) y Arenas de Cabrales (Asturias), donde los vecinos han protagonizado protestas multitudinarias. En Aldeaseca, las entidades vecinales critican la autorización ambiental concedida a la planta y consideran que las alegaciones y el rechazo social no se han tenido en cuenta. Señalan la amenaza para cooperativas locales y creen que el proceso carece de suficiente consulta popular. En Cabrales, unas 620 personas (de un municipio de apenas 2.000 habitantes) se manifestaron contra la construcción de una planta próxima a zonas de interés turístico, alegando riesgos para la seguridad, molestias por olores y falta de transparencia en la gestión del proyecto.
También en Las Torres de Cotillas (Murcia), la ciudadanía tendrá la oportunidad de pronunciarse mediante una consulta pública—la primera en la región—sobre la instalación de una planta de biogás promovida por una importante empresa del sector. Aunque se prevé inversión y empleo, algunos vecinos y políticos advierten que la ubicación no es la más adecuada por su cercanía al casco urbano y los posibles impactos negativos en la calidad de vida. El Ayuntamiento ha creado un comité técnico para supervisar el proceso, aunque la exclusión de la oposición y plataformas vecinales ha sido criticada por falta de participación y transparencia.
Avances tecnológicos y perspectiva empresarial
El sector del biogás mantiene una visión optimista sobre su contribución a la economía circular y la generación de energía limpia, pero reconoce que persisten importantes retos técnicos y sociales. Las compañías promotoras arguyen que la tecnología actual permite controlar los olores mediante sistemas cerrados y que los transportes de materiales pueden organizarse para reducir molestias. Además, resaltan el valor del digestato, que puede usarse como fertilizante en condiciones adecuadas y ayuda a completar el ciclo de nutrientes.
No obstante, la viabilidad de muchas instalaciones depende de ayudas y subvenciones, y la falta de incentivos limita su expansión. Es fundamental informar y dialogar con las comunidades para evitar desinformación y promover una mayor aceptación social. Se debe distribuir equitativamente los beneficios económicos y de empleo, asegurando que la planificación tenga en cuenta tanto la protección ambiental como los intereses de los habitantes.
Retos de futuro: integración social y modelo energético
El aumento de proyectos de biogás en España representa una oportunidad para gestionar residuos de forma más sostenible y diversificar la matriz energética. Sin embargo, resulta fundamental lograr un modelo participativo y transparente. La inclusión de la ciudadanía, la consulta en decisiones y las medidas para controlar olores y emisiones son esenciales para que estas instalaciones se integren sin generar rechazo social.
Con una política adecuada y una comunicación efectiva, el biogás puede contribuir a la neutralidad climática y potenciar zonas rurales, siempre que se prioricen soluciones adaptadas a cada territorio, se compartan los beneficios y se garanticen altos estándares ambientales para reducir riesgos.
