El despliegue de plantas de biogás y biometano se ha convertido en uno de los asuntos más controvertidos de la transición energética en España. Sobre el papel, estas instalaciones permiten transformar residuos orgánicos en gas renovable y fertilizantes, pero sobre el terreno están generando una oleada de protestas vecinales, vetos municipales y un intenso debate técnico y ambiental.
Mientras la Unión Europea y el Gobierno central impulsan el biogás como pieza clave para reducir emisiones y dependencia de combustibles fósiles, en muchos pueblos y ciudades se acumulan dudas sobre olores, riesgos de contaminación, tráfico de camiones y, en el fondo, sobre el modelo de desarrollo rural que se quiere para las próximas décadas.
Qué son las plantas de biogás y por qué se están multiplicando
Las plantas de biogás se basan en grandes digestores cerrados donde se descomponen de forma anaerobia residuos orgánicos procedentes de la agricultura, la ganadería, la industria alimentaria, depuradoras o basuras municipales. De este proceso se obtiene biogás (mezcla de metano y CO₂ que puede generar calor o electricidad) y un subproducto sólido o semilíquido, el digestato, que puede usarse como fertilizante si se gestiona correctamente.
A partir del biogás se puede producir biometano, un gas depurado de alta pureza que se inyecta en las redes de gas natural. En Europa funcionan ya más de 19.000 plantas de biogás y alrededor de 1.700 de biometano, integradas en sistemas energéticos que han demostrado, según el sector, su viabilidad técnica y económica.
España ha sido hasta hace poco un actor menor en este campo, pero eso está cambiando de forma acelerada. La Hoja de Ruta del Biogás del Gobierno prevé multiplicar por casi cuatro la producción hasta 2030, y la patronal gasista destaca que el país es uno de los Estados con mayor potencial de biometano de la UE. Ya hay 24 plantas operativas y se barajan cientos de proyectos en tramitación, con inversiones estimadas de varios miles de millones de euros.
En paralelo al impulso regulatorio europeo (plan REPowerEU) y español, comunidades como la Valenciana o Cataluña han diseñado sus propias hojas de ruta para utilizar el biogás en la valorización energética de residuos, con el objetivo de rebajar la enorme cantidad de basura que termina en vertedero y cumplir los límites fijados por Bruselas.
El choque entre potencial ambiental y alarma social
Sobre el papel, las plantas de biogás encajan en la narrativa de la economía circular: transforman residuos que hoy generan emisiones descontroladas en energía y fertilizantes aprovechables. Sin embargo, en España se está consolidando una fuerte corriente social contraria a su despliegue, que no se limita a proyectos mal diseñados, sino que a menudo cuestiona la tecnología en bloque.
Un ejemplo es la creciente contestación en Castilla y León. En la provincia de Burgos, la plataforma Stop Biometano Villangómez ha organizado protestas y recogido miles de firmas contra una planta de biogás proyectada a unos 2,5 kilómetros de varios pueblos, denunciando que el medio rural se está llenando de instalaciones que, a su juicio, amenazan su calidad de vida y su modelo de territorio.
En Segovia, el municipio de Cuéllar tramita hasta cuatro expedientes para nuevas plantas de biogás que usarían residuos ganaderos y hortofrutícolas. La inquietud por la cercanía al casco urbano ha impulsado a grupos políticos como Izquierda Unida a promover alegaciones, charlas informativas y la posible creación de una plataforma vecinal. Sus críticas se centran en los posibles malos olores, el tráfico, el ruido y la devaluación de las viviendas.
También en Castilla-La Mancha se han multiplicado las movilizaciones. La plataforma ‘No al biogás en La Sagra’ lleva meses convocando manifestaciones contra una planta de biometano en Villaluenga de la Sagra. Temen filtraciones de digestatos hacia tierras, arroyos y pozos, especialmente tras episodios de lluvias intensas, y alertan de un potencial “desastre ambiental” del que responsabilizan a la Junta, al ayuntamiento y a la Confederación Hidrográfica.
En el ámbito político regional, la propia consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha ha declarado que, cuando haya un rechazo claro en el ámbito municipal, el Gobierno autonómico no impulsará estos proyectos, aunque recuerda que también existe la obligación de cumplir con los objetivos internacionales de descarbonización.
Rechazo municipal y frenos administrativos
La contestación al biogás no llega solo desde colectivos vecinales o ecologistas. Varios ayuntamientos están usando las herramientas urbanísticas y de interés público a su alcance para frenar la implantación de nuevas plantas en su territorio, alegando falta de encaje territorial o dudas ambientales.
En Mengíbar (Jaén), el consistorio ha emitido un informe desfavorable a la solicitud de licencia de obras de una planta de biometano promovida por la empresa Naturmet. Tras revisar la documentación, el gobierno local ha anunciado que utilizará todas las vías administrativas y legales para impedir tanto este proyecto como otros dos de biogás o biometano previstos en el municipio, insistiendo en que su prioridad es proteger el interés general y garantizar la máxima transparencia con la ciudadanía.
La capital jiennense también está tomando posiciones. El Ayuntamiento de Jaén estudia declarar la no concurrencia de interés público o social para frenar una planta de biogás proyectada en la carretera de Fuerte del Rey. La concejala de Urbanismo, África Colomo, sostiene que se trata de una iniciativa empresarial privada, de carácter lucrativo, orientada a la valorización económica de residuos, sin una repercusión clara y favorable para el conjunto de la ciudad.
Según este planteamiento, la ausencia de un marco normativo autonómico específico y garantista impide exigir estudios detallados sobre los impactos reales en el entorno y la población, lo que, a juicio del consistorio, choca con el modelo territorial, urbanístico y ambiental que se pretende para Jaén. La Gerencia de Urbanismo prevé plasmar esta posición en una resolución formal.
En San Javier (Murcia), el alcalde ha anunciado que firmará una resolución desfavorable a la declaración de interés público de una planta de biogás en la pedanía de El Mirador. Argumenta que el proyecto no encaja territorial, ambiental ni económicamente con el municipio, subrayando que en la zona no existen cebaderos de porcino que justifiquen la instalación y que la gestión de purines generó rechazo desde el primer momento.
El regidor murciano apunta también a la falta de información y transparencia hacia los vecinos y da por cerrada la iniciativa en ese emplazamiento, si bien distingue entre su oposición a este caso concreto y su apoyo general al biogás y el biometano como tecnologías de futuro, siempre que no se impongan a las comunidades locales.
La visión de los técnicos y el movimiento ecologista
En medio de la polémica, las organizaciones ecologistas muestran posiciones matizadas. Ecologistas en Acción ha publicado recientemente una guía para evaluar proyectos de biogás en la que pide analizar cada caso de forma individual. Su representante Marina Gros insiste en que el problema no es la tecnología en sí, sino los “malos proyectos”, y admite que dentro de la propia organización hay discrepancias y debates internos sobre el papel que deben jugar estas plantas.
La guía de Ecologistas en Acción destaca algunos criterios clave. Por un lado, que las instalaciones se ubiquen cerca de los puntos donde se generan los residuos para reducir el transporte y sus impactos, preferiblemente en un ámbito comarcal con abastecimiento estable y asequible de materia prima. Por otro, que el digestato resultante se aproveche como fertilizante y no se convierta en un nuevo problema, de modo que pueda hablarse realmente de economía circular.
La organización también alerta de proyectos que compiten por los mismos residuos en una misma región, o de plantas de gran tamaño ubicadas junto a gasoductos y no cerca de las fuentes de desechos. En cuanto a los materiales de entrada, valora mejor el uso de lodos de depuradora y fracciones biodegradables destinadas hoy a vertedero, y se muestra crítica con la utilización de cultivos intermedios o grandes volúmenes de purines y otros residuos ganaderos.
Marina Gros recuerda que la ganadería industrial no es sostenible a largo plazo desde el punto de vista climático, ambiental ni dietético, y avisa de que no se puede diseñar un sistema energético que dependa de la generación continuada de esos residuos, porque eso implicaría consolidar un modelo ganadero que muchos consideran insostenible. Según su visión, es imprescindible reducir la producción global de desechos, no solo buscar nuevas salidas para ellos.
En contraste, algunos expertos en ingeniería ambiental ven el rechazo generalizado a las plantas de biogás como una contradicción difícil de entender. El profesor emérito Xavier Flotats, con décadas de experiencia en el sector, sostiene que es preferible canalizar los residuos ganaderos y urbanos hacia , en lugar de dejarlos emitir metano libremente en vertederos o balsas. A su juicio, el digestato que sale de las plantas, aunque conserve gran parte del peso original, tiene una composición más mineralizada y puede gestionarse de forma más segura.
Diseño de las plantas: olores, digestato y emisiones
Una de las principales preocupaciones de la ciudadanía son los malos olores y las posibles fugas o filtraciones procedentes de estas instalaciones. Flotats y otros especialistas coinciden en que, si la planta está bien diseñada y construida, la fermentación anaerobia en digestores cerrados no debería generar molestias olfativas significativas.
El punto crítico, subrayan, es la zona de recepción y manipulación de los residuos. Abrir fosas de hormigón al aire libre para descargar desechos orgánicos es, según estos técnicos, la receta perfecta para el conflicto social. En su lugar, recomiendan sistemas de circuito cerrado: conexión directa mediante tuberías a depósitos herméticos en el caso de residuos líquidos, o descarga de sólidos en naves cerradas con tratamiento de aire mediante filtros específicos.
El manejo del digestato es otro aspecto clave. Al salir del digestor, esta materia puede seguir emitiendo metano residual si se deja en balsas descubiertas. Por eso, en buena parte de Europa se está imponiendo la práctica de cubrir los almacenamientos de digestato y recuperar ese gas restante, lo que incrementa ligeramente la producción y, a la vez, reduce olores y emisiones fugitivas.
En cuanto a los posibles riesgos de contaminación del suelo o del agua, los defensores de estas tecnologías recuerdan que las plantas deben cumplir exigentes normativas de impermeabilización y control, similares a las que se aplican a otras infraestructuras energéticas. Aun así, las denuncias de plataformas vecinales por supuestas filtraciones tras episodios de lluvias intensas reflejan que, en el plano social, persiste un fuerte déficit de confianza y vigilancia.
Este choque se ve también en el debate sobre los purines y residuos ganaderos. Para Flotats, resulta contradictorio oponerse a procesar en digestores un flujo de desechos que hoy ya causa emisiones y problemas de gestión en las granjas. Desde una óptica ecologista más crítica, el foco debería ponerse en el sistema alimentario y ganadero en su conjunto, más que en la tecnología concreta del biogás.
Andalucía y el olivar: biometano, límites de emisiones y empleo rural
En Andalucía, el debate sobre el biogás se entrecruza con el futuro del olivar y la industria del aceite. En zonas olivareras de Córdoba y otras provincias han surgido movimientos contrarios a nuevas plantas, preocupados por su impacto ambiental y paisajístico, pero también han aparecido proyectos empresariales que defienden justo lo contrario: que el biometano es imprescindible para la viabilidad del sector en el nuevo marco regulatorio europeo.
Uno de los planes más ambiciosos procede de la alianza entre Oleícola El Tejar, Greenar y Vorn Bioenergy, que quiere levantar una red de ocho plantas de biometano vinculadas a orujeras ya existentes en la región. La inversión prevista ronda los 350 millones de euros y se plantea con un horizonte de explotación amplio, ligado a los límites de emisiones que la UE impondrá a partir de 2030 a las instalaciones industriales.
Según sus impulsores, el modelo actual de gestión del alperujo (el subproducto que queda tras extraer el aceite de oliva) se basa en secarlo y quemarlo, lo que emite grandes cantidades de contaminantes. Con las futuras normas, explican, muchas instalaciones se enfrentarían a restricciones severas que podrían obligarlas a reducir drásticamente su actividad si no adoptan nuevas tecnologías de tratamiento.
El biogás se presenta en este contexto como una salida que combina reducción de emisiones y viabilidad económica. Al transformar alperujo y otros residuos como la gallinaza en biometano y fertilizantes, se pretende dar una segunda vida a materiales que hoy son un problema de gestión, al tiempo que se genera energía renovable y se refuerza la rentabilidad del olivar tradicional, especialmente en explotaciones pequeñas, que ya sufren por el aumento de costes y la presión sobre los precios del aceite.
Los promotores subrayan además el posible efecto en el empleo rural y la fijación de población. Cada planta de biometano de este tipo podría crear entre diez y doce puestos de trabajo directos, más una veintena de empleos indirectos ligados a la logística y el mantenimiento, con inversiones de entre 30 y 40 millones de euros por instalación. No se trata, afirman, de implantar industrias ajenas al territorio, sino de reforzar cadenas de valor ya existentes alrededor del olivar.
Lleida, biopolígonos y la carrera por el biometano
En Cataluña, la provincia de Lleida se está consolidando como uno de los escenarios clave en la carrera por el biometano en España. Empresas energéticas e instituciones locales ven en su potente tejido agroindustrial y ganadero un terreno fértil para desarrollar proyectos que integren producción de gas renovable, biofertilizantes y otros bioproductos.
La compañía Moeve, por ejemplo, ha incorporado Lleida a su estrategia Positive Motion 2030, que contempla una inversión de 600 millones de euros para desplegar hasta 30 plantas de biometano en España con una cartera objetivo de 4 TWh, equivalente al consumo anual de más de un millón de hogares. La empresa se ha sumado al ecosistema de colaboración público-privada ‘Lleida Alimenta’, que agrupa a entidades agroalimentarias, centros de investigación y proyectos de innovación en bioeconomía circular.
En paralelo, se impulsa la idea de un biopolígono: un área industrial donde distintas compañías compartirían infraestructuras para convertir residuos orgánicos agroganaderos, forestales o alimentarios en biogás, biometano, biofertilizantes y bioproductos. Para que un polo de este tipo funcione, se necesita un engranaje entre productores de materia prima, transformadores energéticos, centros de I+D y empresas innovadoras que apuesten por soluciones circulares.
Otros grupos energéticos ya operan en la zona. Naturgy tiene dos de sus seis plantas de biometano en la provincia, una en Torrefarrera y otra en Vila-sana, donde se tratan anualmente 140.000 toneladas de residuos agroindustriales y ganaderos para producir unos 60 GWh de gas renovable. A esto se suman proyectos promovidos por fondos internacionales, como la planta de La Sentiu de Sió, que cuenta con autorización de la Generalitat y prevé una inversión de hasta 90 millones de euros, con producción estimada de 227 GWh anuales y varias decenas de empleos directos.
La visión de las administraciones locales y provinciales es que el desarrollo de la bioeconomía circular puede mejorar la sostenibilidad de la producción primaria, aumentar el valor añadido de la industria agroalimentaria y generar empleos cualificados en el medio rural, evitando que los residuos se vean solo como un coste y convirtiéndolos en un recurso estratégico.
En el plano estatal, datos de asociaciones del sector apuntan a la existencia de alrededor de 685 proyectos de plantas de biometano repartidos por todo el país, que movilizarían cerca de 12.000 millones de euros si llegaran a materializarse. El objetivo compartido por empresas y parte de las administraciones es que España participe plenamente en lo que se define como una revolución del biometano a escala europea.
Comunidades divididas, participación y acceso a la información
El despliegue del biogás está obligando a repensar cómo se gestiona la participación ciudadana en proyectos con fuerte componente tecnológico y territorial. En muchos casos, las tensiones no giran solo en torno a la planta en sí, sino a la sensación de que las decisiones se toman de espaldas a los vecinos, sin procesos claros de información y debate.
Plataformas como Stop Biometano Villangómez o ‘No al biogás en La Sagra’ insisten en que sus pueblos “no son tierra de sacrificio” y reclaman que se respeten sus propuestas sobre el modelo económico y energético local. Sus comunicados cargan tanto contra las empresas promotoras como contra las administraciones autonómicas y estatales, a las que acusan de priorizar intereses corporativos frente a las demandas del mundo rural.
En Cuéllar, Izquierda Unida ha denunciado que la Junta de Castilla y León dificulta la presentación de alegaciones contra las plantas de biogás al exigir a los ciudadanos que acrediten formalmente su condición de “parte interesada”. La formación recuerda que las leyes de Transparencia y de Procedimiento Administrativo reconocen el derecho de la población a participar en los procesos ambientales y sostienen que ser vecino de una zona donde se prevén posibles olores, contaminación o aumento del tráfico pesado es motivo suficiente para intervenir en el expediente.
Estas dinámicas han llevado a la creación de nuevas plataformas vecinales en distintas comarcas, que buscan coordinar esfuerzos, compartir información jurídica y técnica, y ganar peso ante ayuntamientos y gobiernos regionales. A menudo se inspiran en movimientos previos que ya frenaron proyectos similares en otros municipios, generando una suerte de “efecto contagio” en la oposición al biogás.
Desde el lado institucional, responsables autonómicos como el director general de Educación y Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana señalan que muchas de las resistencias se deben a una gran desinformación, en ocasiones alimentada por intereses contrapuestos. Defienden que las plantas que superan la tramitación disponen de exhaustivos informes de impacto ambiental, emergencias, gestión de residuos y recursos hídricos, y que cuando se producen problemas suele deberse a mala gestión concreta, no a fallos estructurales de la tecnología.
En este contexto, se abre paso la idea de que la clave no está solo en aprobar o no proyectos, sino en reforzar la transparencia, mejorar los mecanismos de consulta pública y elevar los estándares técnicos mínimos para garantizar que las plantas que se construyan respondan tanto a los objetivos climáticos como a las preocupaciones de las comunidades que las acogen.
Lo que se dibuja en el horizonte es un escenario en el que las plantas de biogás y biometano seguirán multiplicándose en España y Europa, empujadas por las exigencias de descarbonización y de gestión de residuos, pero en el que su aceptación dependerá en buena medida de cómo se resuelvan los conflictos actuales: qué proyectos se consideran realmente sostenibles, cómo se regulan su tamaño, ubicación y diseño, y hasta qué punto se integran en un modelo territorial que la ciudadanía perciba como propio y no como una imposición externa.
