La central de biomasa de Ponferrada, ubicada en el barrio de Compostilla, ha vuelto a situarse en el centro del debate público tras una sentencia judicial que ha generado un importante revuelo en la ciudad. La resolución, emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León, deja en suspenso el futuro del proyecto y reabre la polémica en torno a su tramitación y funcionamiento.
En los últimos dÃas, distintas asociaciones vecinales y colectivos ecologistas han celebrado esta decisión, que pone en cuestión no solo la viabilidad legal de la planta, sino también la gestión polÃtica y económica que la ha rodeado desde sus inicios. El fallo judicial evidencia numerosas irregularidades administrativas y refuerza las exigencias de responsabilidades a diferentes niveles institucionales.
Una sentencia contundente: anulación de permisos y cese de actividad
La resolución judicial, notificada esta semana, anula por segunda vez todos los permisos municipales concedidos a la central de biomasa, incluidos la licencia de obras, la ambiental y la autorización excepcional. La decisión afecta de pleno tanto a la construcción como a cualquier tipo de actividad desarrollada en la instalación, obligando al Ayuntamiento de Ponferrada a paralizar las intervenciones relacionadas con la planta.
El texto judicial, que estima el recurso presentado por la Asociación de Vecinos de Compostilla y el colectivo ecologista Bierzo Aire Limpio, recoge la reiteración de las mismas irregularidades administrativas que ya habÃan provocado una anulación anterior de los permisos en 2020. Entre los elementos más duros, el juzgado señala a la administración local como plenamente conocedora del alcance real del proyecto, pero que limitó la cobertura legal a la edificación de la planta, excluyendo deliberadamente la red de calor que se extiende por buena parte del municipio.
Esta estrategia, según el fallo, permitió a la empresa pública Somacyl, encargada de la operación de la central, una reducción considerable del Impuesto sobre Construcciones y Obras (ICIO). AsÃ, el tributo se abonó en base a un presupuesto de menos de 800.000 euros, mientras que el coste real superaba los 2,1 millones.
Deficiencias en información pública y legalidad urbanÃstica
Uno de los aspectos más destacados de la sentencia es la carencia de transparencia y ocultación de información durante el proceso de tramitación de los permisos. El juzgado subraya que la ciudadanÃa vio dificultado su acceso a la documentación relevante en los plazos legales, algo que impidió una participación real y efectiva en el procedimiento.
También queda de manifiesto que el uso del subsuelo urbano para instalar la red de calor requerÃa un tÃtulo habilitante especÃfico y no una simple licencia de obras, como habÃa tramitado el Ayuntamiento. Esta ocupación intensiva del dominio público, sin la cobertura legal adecuada, refuerza el argumento de una urbanización realizada por la vÃa de los hechos sin respaldo normativo.
El abogado VÃctor A. Bayón, representante de los denunciantes, recalca que la sentencia anula tres acuerdos municipales y advierte de la posible derivación de responsabilidades personales y polÃticas, dada la reincidencia en las conductas que ya motivaron la primera anulación.
El fallo judicial también ha motivado la petición explÃcita de una auditorÃa completa sobre los fondos públicos europeos invertidos en la central. Los denunciantes sostienen que la instalación, calificada como un «sumidero de fondos europeos», debe estar sujeta a la máxima transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad berciana.
La Asociación de Vecinos de Compostilla exige que el actual alcalde de Ponferrada, Marco Morala, asuma públicamente las irregularidades cometidas a lo largo de los años y no recurra la sentencia, promoviendo una actitud de responsabilidad y transparencia.
