Nueva planta de valorización de residuos de construcción en Celanova

  • La Xunta de Galicia emite una declaración ambiental favorable para la planta de residuos de construcción en Celanova.
  • La instalación se ubicará en Outeiro (parroquia de Cañón) sobre una parcela de unos 7.400 m².
  • Podrá recibir hasta 46.000 toneladas de RCD al año, con una valorización prevista cercana al 80 %.
  • El proyecto pasa la evaluación ambiental simplificada sin alegaciones y con condicionantes estrictos de protección ambiental.

Planta de valorización de residuos de construcción en Celanova

La futura planta de valorización de residuos de construcción y demolición en Celanova ha superado uno de los trámites clave para poder hacerse realidad. La Xunta de Galicia ha concluido que la actuación es ambientalmente viable siempre que se respeten una serie de condicionantes técnicos y de protección del entorno.

Con este visto bueno, el proyecto da un paso importante en la tramitación administrativa, aunque la empresa promotora aún debe conseguir el resto de licencias y permisos necesarios antes de iniciar las obras y poner la instalación en marcha de forma efectiva.

Autorización ambiental y trámites administrativos

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha emitido el informe de impacto ambiental (IIA) favorable para la planta de residuos no peligrosos procedentes de la construcción y demolición en el municipio ourensano de Celanova. El dictamen concluye que no se prevén efectos adversos significativos siempre que se cumplan las condiciones recogidas en la resolución.

El proyecto se ha tramitado mediante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, en el que la documentación presentada por el promotor se sometió a un periodo de información pública y se consultó a nueve organismos y entidades especializadas. Durante esta fase no se registraron alegaciones, lo que ha facilitado la emisión de la declaración ambiental.

Según la administración autonómica, el análisis tuvo en cuenta cuestiones como la protección de la salud de la población, la calidad del aire, las aguas superficiales y subterráneas, la fauna y la vegetación, así como la preservación del patrimonio cultural y la integración paisajística de la actuación.

La resolución ambiental incluye una serie de condicionantes adicionales, que se suman a las medidas previstas en el propio proyecto y en el programa de vigilancia ambiental. Entre ellos se encuentran exigencias relativas a la gestión adecuada de los residuos, el control del polvo y del ruido, y la restauración de la zona afectada en caso de cese de la actividad.

El acuerdo ya ha sido remitido al órgano sustantivo responsable del procedimiento y se publicará en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y en la web de la Consellería, de modo que cualquier persona interesada pueda consultar su contenido íntegro y las condiciones fijadas.

Ubicación de la planta y características principales

Instalación de valorización de residuos de construcción en Celanova

La instalación se levantará en el lugar de Outeiro, en la parroquia de Cañón, dentro del término municipal de Celanova (Ourense). La parcela donde se ubicará la planta cuenta con una superficie aproximada de 7.400 metros cuadrados y se localiza junto a una planta de fabricación de hormigón propiedad de la misma empresa promotora.

Se trata de una planta de valorización al aire libre, diseñada para gestionar residuos de construcción y demolición (RCD) considerados no peligrosos. La actividad se centrará en la clasificación, limpieza y tratamiento de los escombros con el objetivo de transformarlos en áridos reutilizables en obras y proyectos de construcción.

El diseño del complejo contempla distintas zonas operativas bien delimitadas. Habrá una caseta destinada a oficina y servicios, un área o playa de descarga donde llegarán los camiones con los residuos, una zona de triaje para separar materiales y un espacio de almacenamiento de los productos valorizados ya clasificados.

Asimismo, el proyecto incluye contenedores estancos para los residuos que no puedan aprovecharse, un área de trabajo equipada con machacadoras y otra maquinaria de trituración, y una balsa específicamente destinada al riego de los materiales, de forma que se reduzca la dispersión de polvo durante las operaciones de manipulación y procesado.

La planta funcionará como un punto de referencia comarcal para la gestión de RCD, con la intención de mejorar la tasa de reciclaje de este tipo de residuos y reducir el volumen que acaba en vertederos, en línea con los objetivos marcados por la normativa española y europea en materia de economía circular.

Capacidad de tratamiento y volúmenes previstos

El promotor establece una capacidad máxima de recepción de hasta 46.000 toneladas de residuos al año. No obstante, la previsión de funcionamiento inicial maneja un volumen habitual de entrada de alrededor de 7.000 toneladas anuales, lo que deja margen para un aumento progresivo de la actividad si la demanda de tratamiento crece en la zona.

De acuerdo con las estimaciones recogidas en el proyecto, la empresa espera valorizar en torno al 80 % de los residuos tratados, destinándolos a la producción de áridos reciclados para su uso posterior en la construcción. En términos absolutos, esto supondría unas 5.500 toneladas al año de materiales reutilizables.

El porcentaje restante, algo más del 20 % de los RCD gestionados, se corresponderá con fracciones que no puedan aprovecharse por su composición, contaminación o estado, y se enviará a gestores autorizados o instalaciones adecuadas para su eliminación o tratamiento alternativo. Este volumen se sitúa en torno a las 1.500 toneladas anuales.

En cuanto a la composición de los residuos que se espera valorizar, los estudios técnicos señalan que aproximadamente un 27 % corresponderá a restos de hormigón, otro 27 % a tejas, algo más de un 9 % a ladrillos y bloques cerámicos y el porcentaje restante estará formado por mezclas de estos materiales y otros componentes inertes habituales en obras y demoliciones.

La mayor parte de los productos resultantes se transformarán en áridos reciclados aptos para empleos como rellenos, sub-bases de firmes, usos en obra civil o aplicaciones similares, contribuyendo así a disminuir la extracción de áridos naturales y el impacto asociado a esta actividad.

Condicionantes ambientales y garantías de protección

El informe de impacto ambiental emitido por la Xunta hace hincapié en que la viabilidad del proyecto depende de que se cumplan estrictamente los condicionantes fijados en la resolución y en la documentación técnica. De lo contrario, la instalación podría verse obligada a introducir cambios o incluso a revisar su autorización.

Entre los aspectos que la administración autonómica ha analizado con mayor detalle se encuentran la protección de la atmósfera y la calidad del aire, con especial atención a la emisión de polvo durante las tareas de trituración y manipulación de materiales. La balsa para el riego de residuos y la adopción de buenas prácticas operativas son medidas clave para minimizar este impacto.

También se valoraron los posibles efectos sobre las aguas, los cauces fluviales y los ecosistemas asociados. Para ello se exigen sistemas adecuados de recogida y gestión de lixiviados, así como controles periódicos que permitan detectar posibles afecciones y corregirlas de manera temprana.

Otro bloque importante de condicionantes está relacionado con la protección del suelo, las infraestructuras existentes y la integración paisajística. El proyecto debe garantizar que la implantación de la planta no genera inestabilidades ni alteraciones significativas del terreno y que, visualmente, la instalación se adapte lo mejor posible al entorno donde se ubica.

La resolución subraya además la necesidad de salvaguardar el patrimonio cultural y arqueológico que pueda existir en el ámbito de actuación. Si durante las obras o el funcionamiento se detectasen indicios de restos patrimoniales, deberán paralizarse los trabajos en la zona afectada y comunicarse de inmediato a las autoridades competentes.

Procedimiento, participación pública y control futuro

La tramitación de la planta se ha llevado a cabo a través de una evaluación de impacto ambiental simplificada, figura prevista en la normativa para proyectos con una envergadura intermedia y un impacto potencial moderado, siempre que se justifique que, con determinadas medidas, no generarán efectos significativos sobre el entorno.

En el marco de este procedimiento, la documentación del promotor se sometió a un periodo de participación pública. Cualquier ciudadano, colectivo o administración podía formular sugerencias u objeciones, si bien en este caso no se recibieron alegaciones, según informa el Gobierno gallego.

Paralelamente, la Consellería consultó a nueve organismos y entidades con competencias sectoriales para recabar informes sobre cuestiones como aguas, biodiversidad, patrimonio o planificación territorial. Las respuestas obtenidas dieron lugar a la incorporación de condicionantes adicionales a los inicialmente propuestos por la empresa.

Una vez en funcionamiento, la planta estará sometida a un programa de vigilancia y seguimiento ambiental, supervisado por la administración. Este control permitirá verificar que se cumplen las medidas protectoras y correctoras, así como los valores límite de emisión o los niveles de ruido establecidos.

En caso de detectarse incumplimientos reiterados o incidencias graves, la Xunta podría exigir la adopción de medidas correctoras adicionales, imponer sanciones o, en situaciones extremas, revisar la autorización otorgada, de acuerdo con la legislación vigente.

Con la autorización ambiental favorable, la planta de valorización de residuos de construcción en Celanova se perfila como una pieza más dentro de las políticas de economía circular y gestión responsable de los RCD en Galicia. La instalación aspira a incrementar el reciclaje de escombros, reducir el uso de vertederos y favorecer el aprovechamiento de materiales como hormigón, tejas o ladrillos, siempre bajo un marco de control ambiental estricto y con la obligación de respetar todos los permisos y condiciones fijados por la administración.

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