España se encuentra en pleno proceso de adaptación y fortalecimiento en la lucha contra el desperdicio alimentario, un problema de gran alcance que involucra no solo a empresas y administraciones, sino también a los propios ciudadanos. La entrada en vigor de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario sitúa al país a la vanguardia europea en el combate a la pérdida de alimentos, con el reto de reducir los impactos sociales, económicos y medioambientales que supone desechar productos aptos para el consumo. Este movimiento normativo responde a una preocupación creciente y a un consenso social que, según el Barómetro del Desperdicio Alimentario de AECOC, cuenta con el respaldo del 95% de la ciudadanía.
La nueva normativa exige que toda la cadena de valor agroalimentaria —desde el sector primario hasta los comercios minoristas, pasando por la hostelería y la restauración colectiva— implemente planes específicos de prevención, control y aprovechamiento de alimentos. De este modo, se obliga a diagnosticar posibles ineficiencias, mejorar procesos y, en última instancia, minimizar el despilfarro en cada fase. Solo quedan fuera de esta obligación las cooperativas de menos de diez empleados y negocios de muy pequeña escala, lo que garantiza que las mayores fuentes de pérdidas estén bajo control.
El papel de la tecnología en la prevención y trazabilidad
Para hacer frente a la complejidad operativa que supone cumplir con la nueva ley, tanto el sector privado como entidades sociales están apostando fuerte por la digitalización. Un ejemplo destacado es la plataforma PlanB, desarrollada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). Esta herramienta permite gestionar excedentes de forma eficiente y segura, asegurando la trazabilidad y legalidad en las donaciones. A través de PlanB, los donantes, bancos de alimentos y entidades receptoras pueden coordinarse digitalmente, optimizando rutas logísticas, generando certificados fiscales, midiendo el impacto en huella de carbono y controlando el flujo de donaciones. Grandes cadenas como Eroski ya han implementado su integración vía API, facilitando la colaboración incluso en zonas de difícil acceso.
El uso de la tecnología no se limita a la logística. Muchas empresas están incorporando herramientas de inteligencia artificial y big data para prever la demanda real y ajustar la producción, evitando así la generación de excedentes y desperdicio. Estas soluciones permiten adaptar los volúmenes de compra, realizar un seguimiento preciso de las temperaturas de conservación y monitorizar los sobrantes para planificar estrategias de reducción ajustadas a cada contexto.
Una ley para toda la cadena: prioridades y retos operativos
La legislación establece una jerarquía clara en la gestión de alimentos no comercializados. En primer lugar, se debe priorizar la prevención y el aprovechamiento del producto para el consumo humano, buscando transformarlo en otros alimentos cuando sea posible. Si no se pueden aplicar estas medidas, la ley promueve la donación —paso que ahora es obligatorio— y, como último recurso, la derivación a consumo animal, compostaje o valorización energética cuando ya no sea apto para otros fines.
Garantizar la red logística y de donaciones a lo largo de toda la geografía española, especialmente para productos frescos, en pequeña escala o en zonas rurales, representa uno de los mayores desafíos. Por ello, la ley contempla la necesidad de fomentar acuerdos y convenios que faciliten la donación, además de requerir a los comercios y operadores de mayor tamaño que elaboren planes detallados y colaboren con entidades receptoras.
Esta normativa también destaca la importancia de la implicación social y cultural. Las empresas están llamadas a desempeñar un papel protagonista, pero es fundamental formar y sensibilizar a los consumidores, ya que la mayor parte del desperdicio se produce en los hogares.
Impacto, concienciación y la oportunidad del cambio
El desperdicio alimentario no solo representa una pérdida económica —según la FAO, supone un coste anual mundial de más de un billón de dólares—, sino que sus consecuencias se extienden al uso de recursos naturales como agua, energía y suelo, así como al aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. Se estima que cerca del 20% del agua dulce mundial se destina a alimentos que nunca llegan a consumirse, y si el desperdicio alimentario fuese un país, sería el tercer mayor emisor de CO₂ del planeta.
Las organizaciones del sector y la administración coinciden en que el éxito de este marco legal depende de la colaboración y sensibilización de todos los actores: empresas, administraciones públicas, tercer sector y ciudadanía. Iniciativas educativas —como las desarrolladas en escuelas o mediante apps como Too Good To Go—, campañas informativas sobre fechas de caducidad y consumo preferente, o propuestas para aprovechar productos “imperfectos”, están ganando terreno para transformar la mentalidad colectiva hacia un mayor aprovechamiento.
Este marco legal, aunque con un enfoque sancionador, es visto por el sector como una oportunidad para revisar procesos, optimizar recursos y alinearse con las tendencias internacionales marcadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular la meta de reducir a la mitad el desperdicio alimentario para 2030. Empresas y entidades solicitan mayor claridad en algunos puntos operativos, como la medición del desperdicio y la elaboración de planes de prevención, así como apoyo para las pymes.
El impulso de la digitalización, la implicación de toda la cadena alimentaria y la expansión de las redes de donación permiten afrontar el futuro con una perspectiva más responsable y eficiente. España ha dado un paso decisivo en la gestión del desperdicio alimentario, combinando legislación, innovación tecnológica y cambio cultural para abordar uno de los mayores retos de nuestro tiempo.
