La Comisión de Desarrollo Rural del Parlamento de Navarra ha tomado una decisión de calado esta semana al solicitar formalmente al Gobierno foral que ponga en marcha una suspensión total y sin fecha definida para la apertura de nuevas plantas de biogás. Esta resolución, que ha nacido de una propuesta del grupo Contigo-Zurekin, pretende frenar el aluvión de solicitudes que se han ido acumulando en los despachos de la administración navarra hasta que existan unas reglas de juego mucho más estrictas y claras para todos los implicados.
El apoyo a esta medida ha sido prácticamente masivo entre los grupos parlamentarios, ya que formaciones como UPN, EH Bildu, Geroa Bai y el PPN han votado a favor, dejando al PSN en una posición de abstención que no ha impedido que la iniciativa salga adelante. La idea de fondo es que no se puede seguir autorizando instalaciones de este tipo de forma desordenada, sobre todo cuando el malestar en los pueblos y comarcas donde se proyectan estas plantas no para de crecer por las posibles molestias y el impacto en el entorno.
Un marco legal más garantista para el territorio
El objetivo prioritario de este parón no es otro que redactar un nuevo ecosistema normativo que resulte realmente garantista para la ciudadanía y el sector primario. Los parlamentarios coinciden en que el despliegue de las plantas de biometanización debe ser sostenible y acorde a la realidad climática actual, evitando que el consumo de recursos sea excesivo o que se ponga en riesgo la biodiversidad de las zonas rurales navarras.
No es la primera vez que se intenta poner orden en este asunto, ya que en octubre del año pasado se aprobó una modificación legal para establecer una moratoria temporal, pero aquella medida se quedó corta para muchos al dejar fuera proyectos que ya estaban en una fase avanzada. Ahora, el Parlamento insiste en que cualquier paso futuro debe contar con la participación activa de los ayuntamientos afectados y de los profesionales del campo, que son quienes mejor conocen la realidad del terreno.
Uno de los puntos que más ampollas ha levantado es el cálculo sobre la cantidad real de residuos agroganaderos disponibles en la Comunidad foral. Mientras que algunos estudios técnicos sugieren que no hay suficiente material para alimentar tantas plantas, los promotores privados siguen presentando proyectos que, en ocasiones, requieren transportar toneladas de desechos de una punta a otra de Navarra, algo que choca frontalmente con la idea de una gestión de proximidad y autogestión de las propias granjas.
Conflictos políticos y proyectos en el aire
La situación se ha vuelto especialmente tensa tras conocerse que el Gobierno de Navarra ha tenido que anular autorizaciones ambientales ya concedidas para proyectos en localidades como Arróniz y Sesma. El motivo técnico principal ha sido la falta de base territorial suficiente, es decir, que las empresas no disponían del permiso de todos los propietarios de las parcelas donde pretendían aplicar los restos resultantes del proceso de biogás, lo que ha generado un lío jurídico considerable.
En este contexto, el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, no se ha mordido la lengua al calificar de incoherente la postura de algunos grupos políticos. Toquero considera que se está jugando a dos bandas, defendiendo una moratoria general en el Parlamento de Pamplona mientras que, en el ámbito local o en proyectos específicos de tratamiento de lodos, la actitud es mucho más permisiva con los planes del Gobierno foral, lo que a su juicio deja vendidos a los vecinos de la Ribera.
Desde el consistorio tudelano se ha avisado de que no van a tirar la toalla y que utilizarán todas las herramientas legales a su alcance para evitar lo que consideran un atropello medioambiental. Esta fricción entre la administración autonómica y la municipal añade una capa más de complejidad a un asunto que ya de por sí es técnico y espinoso, evidenciando que la transición energética y el debate social no siempre es un camino de rosas cuando toca decidir dónde se ubican las infraestructuras.
Hacia un modelo de gestión circular y sostenible
Para que este tipo de energías renovables tengan encaje social, los grupos proponentes de la moratoria insisten en que se debe apostar por un modelo vinculado a las explotaciones ganaderas de forma directa. La idea es evitar el trasiego constante de camiones y que cada zona gestione sus propios residuos, convirtiendo lo que hoy es un problema de contaminación en una oportunidad de energía limpia pero a una escala humana y manejable para los municipios.
El departamento de Desarrollo Rural tiene ahora la pelota en su tejado y deberá trabajar a contrarreloj para presentar una regulación que convenza a todas las partes. La falta de diversidad en el paisaje navarro y la presión sobre los recursos hídricos son factores que pesarán mucho en la balanza a la hora de decidir cuántas plantas de biometano puede soportar realmente el territorio sin que se convierta en una burbuja insostenible.
La comunidad navarra se enfrenta al reto de equilibrar sus ambiciones en energías renovables con el respeto escrupuloso por su entorno rural y la seguridad jurídica de las inversiones. Este parón administrativo supone un balón de oxígeno para las plataformas vecinales que reclamaban ser escuchadas, pero también un aviso para los promotores de que el despliegue del biogás no será a cualquier precio ni de cualquier manera en las tierras forales.
