La minería submarina vuelve a situarse en el epicentro del diálogo internacional tras la reciente Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos, celebrada en Niza. Esta reunión, coorganizada por Francia y Costa Rica, evidenció una vez más la angustia que despierta la posibilidad de abrir una nueva frontera extractiva en fondos marinos poco explorados, en un contexto de demanda creciente de minerales críticos para tecnologías limpias y baterías.
Mientras los debates diplomáticos avanzan, la preocupación científica y social se acentúa ante los riesgos de devastación ambiental que implican estas actividades. La presión para ratificar el Tratado Global de los Océanos y la exigencia de una moratoria internacional se han convertido en el hilo conductor que une a gobiernos, organizaciones y ciudadanía en torno a la protección de los ecosistemas marinos.
La amenaza de la minería submarina en aguas profundas
Durante la conferencia, la minería de aguas profundas se consolidó como principal punto de tensión entre los intereses económicos y la conservación marina. Científicos advierten sobre los posibles daños irreversibles asociados a la extracción de nódulos polimetálicos, como la alteración de hábitats milenarios y la liberación de carbono, lo que podría afectar profundamente a la biodiversidad oceánica y al equilibrio climático.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha instado a evitar que los fondos marinos se conviertan en un «Lejano Oeste» de explotación sin control y ha reclamado determinación política para frenar prácticas peligrosas. Figuras como el presidente francés Emmanuel Macron también defendieron la necesidad de una moratoria internacional, reforzada por el apoyo de más de 35 países que se sumaron a esta petición en Niza.
No obstante, los avances políticos aún no se traducen en compromisos vinculantes. La mayor parte de los gobiernos continúa debatiendo sin cerrar un acuerdo definitivo que detenga la inicio de explotaciones a gran escala.
En paralelo, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), organismo de la ONU encargado de regular las actividades mineras fuera de las jurisdicciones nacionales, se prepara para una próxima reunión clave en la que podría aprobarse una moratoria real. De no lograrse, quedarían abiertas las puertas a proyectos privados, como los impulsados por The Metals Company, empresa con respaldo político en Estados Unidos y orientada a la extracción de metales críticos para la industria tecnológica.
Minerales críticos, rivalidad geopolítica y nuevas estrategias
El auge de la minería en profundidades marinas responde, en gran medida, a la escalada de la competencia internacional por el control de minerales esenciales como cobalto, níquel, manganeso y litio. Estos recursos son imprescindibles en la fabricación de baterías y tecnologías limpias. Según estimaciones del Banco Mundial, la demanda de estos minerales podría multiplicarse por cinco en las próximas décadas.
Estados Unidos y China libran una carrera estratégica por asegurar el suministro de estos recursos. Mientras China ya controla gran parte del mercado de tierras raras y mantiene contratos autorizados por la ONU para explorar zonas marinas, EE. UU. ha firmado órdenes ejecutivas para impulsar la explotación minera en aguas profundas, incluso sin adherirse a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Este contexto ha propiciado que empresas como The Metals Company vean mejoradas sus perspectivas de financiación y acceso a infraestructuras, tras ser respaldadas por analistas e instituciones financieras.
El equilibrio entre seguridad de suministro y sostenibilidad ambiental sigue sin resolverse. A pesar de los avances tecnológicos y las promesas de innovación, la falta de protocolos claros y la incertidumbre sobre los efectos ambientales mantienen bajo escrutinio estas prácticas.
Moratoria, liderazgo diplomático y protección marina
España y Costa Rica han asumido un papel destacado en la defensa ambiental durante la Conferencia de Niza. España anunció la creación de nuevos espacios marinos protegidos que permitirán alcanzar la protección de más del 25% de su superficie marina antes de 2025. Destaca especialmente la declaración de un Área Marina Protegida en el norte de Menorca, clave para especies amenazadas como el cachalote.
Por su parte, Costa Rica elevó la voz exigiendo una moratoria sobre cualquier explotación minera en aguas profundas, adoptando el principio de precaución ante los riesgos desconocidos. Esta postura se apoya en una política coherente de sostenibilidad y protección del 30% de su territorio marino, sirviendo de ejemplo para otros países latinoamericanos.
El liderazgo diplomático mostrado por ambos gobiernos refuerza la presión internacional para avanzar en la ratificación del Tratado Global de los Océanos, el único instrumento capaz de garantizar la creación de zonas protegidas más allá de fronteras nacionales y frenar nuevas actividades extractivas peligrosas.
Retos pendientes y escenarios de futuro
La declaración política adoptada en Niza y el Plan de Acción presentado durante la conferencia recogen compromisos voluntarios, aunque sin fuerza jurídica. Es fundamental, reforzar los mecanismos legales y la voluntad política para convertir estas iniciativas en acciones concretas de protección y conservación marina.
Además, la protección de la biodiversidad y del clima también implica luchar por la soberanía alimentaria y la justicia social en comunidades dependientes del mar. Modelos como el propuesto por Greenpeace fomentan una pesca artesanal sostenible, limitan la pesca industrial y promueven una gestión efectiva de los espacios protegidos, integrando la salud oceánica con la resiliencia económica y social.
El próximo encuentro de la ISA y la posible entrada en vigor del Tratado Global de los Océanos definirán los pasos siguientes. Una ratificación exitosa permitirá la creación de santuarios marinos en aguas internacionales, cubriendo áreas que actualmente carecen de una regulación adecuada.