En el pequeño municipio conquense de Campos del Paraíso, con unos 600 habitantes repartidos en cinco núcleos —Carrascosa del Campo, Loranca del Campo, Olmedilla del Campo, Valparaíso de Arriba y Valparaíso de Abajo—, la paciencia se ha agotado. Lo que durante años era una queja más o menos soterrada frente al avance de ciertos proyectos industriales se ha transformado en un movimiento ciudadano amplio, decidido a plantar cara a las plantas de biogás y biometano proyectadas en la zona.
En los últimos meses, diversas plataformas, asociaciones vecinales y colectivos ecologistas han ido tejiendo una red de apoyo que ha desembocado en una manifestación multitudinaria en Carrascosa del Campo. Allí, vecinos de la comarca y de otros puntos de Cuenca han salido a la calle para decir alto y claro que no aceptan que su territorio se convierta en destino de toneladas de residuos ganaderos y orgánicos procedentes de fuera.
Una comarca rural que se levanta contra seis proyectos de biogás
El detonante de la protesta es la implantación de hasta seis proyectos de plantas de biogás y biometano en un radio reducido: tres en el propio término de Campos del Paraíso, uno en Huelves y dos en Tarancón. A ello se suma el temor a un “efecto llamada” de macrogranjas y nuevos residuos que terminen consolidando la zona como polo de tratamiento de purines y otros desechos. Proyectos similares en otras comunidades han generado debates parecidos sobre acumulación territorial.
De las instalaciones previstas, la que ha generado más inquietud es la macroplanta impulsada por ENCE, el gigante de la celulosa, en las inmediaciones de Carrascosa del Campo. El proyecto, actualmente en fase avanzada de evaluación ambiental, plantea la gestión de unas 140.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, de las cuales alrededor de 90.000 serían purines de cerdo. Una magnitud que, según los vecinos, no guarda ninguna relación con la capacidad del entorno: en la zona apenas hay ganadería intensiva y el principal subproducto agrícola local es la paja de cereal. La polémica recuerda a la vivida con la planta de gran escala de otros territorios, que también suscitó rechazo social.
La concentración de plantas en tan poco territorio —se habla de hasta siete instalaciones en unos 30 kilómetros a la redonda, contando otros proyectos cercanos— ha sido calificada por los afectados como un modelo “mal dimensionado”. A su juicio, se está utilizando el discurso de la economía circular para legitimar infraestructuras que, en la práctica, traerán muchos más residuos de fuera de los que se generan en la comarca. Esta controversia nacional subraya el debate sobre escalas y modelos de implantación.
Expertos como Máximo Florín, profesor de Tecnologías del Medio Ambiente en la Universidad de Castilla-La Mancha, coinciden en que este tipo de proyectos, tal y como están planteados, difícilmente encajan en el concepto estricto de economía circular: el tratamiento de residuos debería realizarse lo más cerca posible del lugar de generación, algo que aquí no se cumple.
Manifestación histórica en Carrascosa del Campo
La respuesta social se ha materializado en una movilización que los propios organizadores califican de histórica para la comarca. Según distintas fuentes, entre un millar y cerca de 1.800 personas —procedentes sobre todo de la Alcarria, la Manchuela y la Serranía de Cuenca— se han dado cita en Carrascosa del Campo para exigir un cambio de rumbo. Movilizaciones similares en otros municipios rurales han tenido un gran impacto en la visibilización del problema, como la de Villardondiego.
La marcha arrancó en el silo de Carrascosa, un lugar simbólico por su vínculo con el pasado agrícola de la zona, y recorrió las calles del pueblo hasta la plaza de la Villa. Bajo el lema compartido “Ni en tu pueblo ni en el mío”, los asistentes corearon consignas como “Cuenca, despierta, la mierda está en tu puerta”, dejando claro que no se resignan al papel de víctimas silenciosas. Jóvenes, mayores, agricultores y familias acudieron con pancartas en un ambiente reivindicativo pero también cargado de emoción. La dinámica recuerda casos donde la ciudadanía ganó espacios de consulta y debate, como en otras consultas locales.
La convocatoria partía de la Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural y contaba con el respaldo de unas cuarenta organizaciones, entre ellas la plataforma Pueblos Vivos Cuenca y distintos colectivos ecologistas. Para muchos, el dato más llamativo no fue solo la cifra de asistentes, sino el hecho de que un municipio con tan pocos habitantes haya logrado articular una movilización de semejante alcance.
La protesta culminó con la lectura de un manifiesto a tres voces: un niño, un agricultor y una vecina subieron al escenario para poner palabra al malestar colectivo. “Campos del Paraíso y su comarca no son espacios vacíos. Aquí vive gente. Con nuestro futuro no se negocia”, proclamaron ante los aplausos de una plaza abarrotada.
Vecinos en guardia ante olores, digestato y tráfico pesado
Más allá del rechazo genérico a las plantas, los vecinos han detallado una lista de impactos concretos que temen para su día a día. El primero, los olores: los purines y residuos orgánicos que entrarían en las plantas, así como el digestato resultante del proceso de biometanización, podrían generar molestias persistentes que hagan invivible la zona, sobre todo si se manipulan o almacenan al aire libre. Casos como el de La Atalaya han puesto de relieve la tensión social cuando la evaluación ambiental no aborda estas molestias de forma conjunta: la controversia local refleja esas preocupaciones.
Otro punto clave es la posible contaminación de suelos y acuíferos. El digestato, promocionado por las empresas como un “biofertilizante”, despierta mucha desconfianza entre el sector agrario local. Agricultores como Agustín Valencia, con explotaciones de cereal, girasol y olivar, rechazan tajantemente extenderlo sobre sus tierras. Temen la presencia de antibióticos, metales y otros compuestos que podrían acabar filtrándose al subsuelo y al agua de consumo. Incidentes y denuncias previas en otras localidades, como la de El Cubo del Vino, alimentan esa desconfianza.
“Si se llega a echar más digestato del que nuestras tierras pueden asumir, no podríamos ni abrir el grifo”, advertía el portavoz vecinal Carlos Muñoz, reflejando un temor compartido: que los residuos terminen afectando a los acuíferos que abastecen a la población e incluso a infraestructuras clave como la tubería de la Llanura Manchega, alimentada por embalses de la cuenca del Tajo.
A ello se suma la preocupación por el incremento del tráfico pesado. Solo una de las macroplantas previstas podría requerir la circulación diaria de decenas de camiones para transportar los residuos de entrada y el digestato de salida. Los vecinos calculan que podrían ser en torno a 90 camiones cada día, circulando por carreteras locales y caminos rurales poco preparados para semejante tránsito, con el consiguiente riesgo para la seguridad vial, el deterioro de infraestructuras y el ruido constante. Protestas en otros municipios han puesto de manifiesto el rechazo vecinal al aumento de camiones, como la de Colmenar Viejo.
Los asistentes a la movilización también relacionan estas plantas con la expansión de la ganadería industrial. A su juicio, las macroplantas de biogás funcionan como una pieza más en la cadena de las macrogranjas, al ofrecerles una salida “verde” a sus residuos. Temen que, bajo la excusa del aprovechamiento energético, se favorezca un aumento indirecto del número de explotaciones intensivas en la región.
Un modelo de biometanización puesto en cuestión
El debate de fondo que sobrevuela la protesta no es tanto la existencia de la tecnología del biogás como el modelo territorial y empresarial que se está impulsando. Desde la plataforma vecinal recalcan que no se oponen a las energías renovables ni a la transición ecológica; de hecho, insisten en que estarían encantados de acoger industrias limpias ajustadas a la escala rural y con verdadera licencia social, que ayudaran a frenar la despoblación.
Lo que sí cuestionan es un esquema en el que un número reducido de compañías concentra los beneficios económicos mientras los pueblos asumen la parte menos amable: impactos ambientales, pérdida de calidad de vida, estigma territorial y depreciación de sus tierras y viviendas. Hablan abiertamente de “territorios de sacrificio”, espacios rurales donde se concentran infraestructuras molestas o contaminantes porque “hay poca gente para protestar”.
La presidenta de Pueblos Vivos Cuenca, Remedios Bobillo, subraya que estos proyectos se están agolpando en comarcas rurales sin un debate público suficiente y sin evaluar el impacto acumulado de la suma de instalaciones. El portavoz de Ecologistas en Acción Manchuela, Toni Jorge, va en la misma línea: no se puede vender la transición ecológica “si no se hace con criterios de sostenibilidad real y justicia territorial”. Municipios como otros ayuntamientos han optado por medidas cautelares frente a la proliferación de proyectos.
El manifiesto leído en Carrascosa insiste en que las plantas proyectadas “no son un hecho aislado”, sino parte de un modelo más amplio que, desde hace años, considera los pueblos como “territorios disponibles para asumir impactos, mientras los beneficios se concentran lejos”. Un diagnóstico que conecta con otras luchas de la España rural frente a proyectos de ganadería industrial, parques eólicos, fotovoltaicas y grandes infraestructuras que llegan sin suficiente diálogo previo.
Desde el mundo académico, voces como la de Máximo Florín apuntan además a la falta de superficie agrícola adecuada para gestionar correctamente el digestato que generarían las macr oplantas diseñadas para Campos del Paraíso y su entorno. Si se pretende utilizarlo como abono, haría falta una extensión de cultivo mucho mayor y un plan detallado sobre cómo, cuándo y dónde aplicarlo para evitar concentraciones excesivas que agravarían el riesgo de contaminación.
Economía local, empleo y “efecto llamada”
Otro de los puntos que ha alimentado el malestar es la percepción de que las plantas de biogás apenas generarán empleo local estable. Los vecinos desconfían de las promesas de puestos de trabajo que suelen acompañar los anuncios de estos proyectos. Consideran que la mayor parte de los empleos son técnicos y especializados, a menudo cubiertos por personal desplazado desde otros lugares, mientras que las tareas menos cualificadas serían puntuales o temporales.
En su manifiesto, las plataformas recalcan que los beneficios directos para el municipio serán escasos, sobre todo si se compara con los posibles daños a otros sectores. Citan, por ejemplo, los perjuicios para el turismo rural, la caza, la agricultura tradicional o las pequeñas iniciativas empresariales que se apoyan en la imagen de un medio natural cuidado y tranquilo.
A todo ello se suma el temor a un “efecto llamada”. La instalación de estas plantas, advierten, puede facilitar la llegada de residuos procedentes de otras provincias o comunidades e impulsar la creación de nuevas macrogranjas que se beneficien de la existencia de infraestructuras cercanas para gestionar sus purines. Ese escenario haría que los pueblos se conviertan en auténticos centros receptores de residuos, alterando de forma profunda su equilibrio social y ambiental.
Los representantes vecinales consideran que, si finalmente se autorizan estos proyectos, los municipios que los alberguen deberían recibir compensaciones económicas proporcionales. Hablan de indemnizaciones por la pérdida de valor inmobiliario, por los riesgos para el agua y por los posibles daños a marcas agrícolas de calidad que se apoyan en la buena reputación ambiental del territorio.
En este contexto, muchos habitantes de la zona expresan una sensación de injusticia acumulada. Recuerdan que por sus términos municipales ya pasan el AVE, la autovía, el trasvase Tajo-Segura y grandes líneas de evacuación de energía de parques eólicos y fotovoltaicos, sin que todo ello se haya traducido en un desarrollo proporcional ni en servicios públicos robustos para la población local.
Posición de las instituciones y batalla administrativa
Mientras el movimiento ciudadano gana fuerza, las instituciones autonómicas y locales se mueven en un terreno complejo. La Junta de Castilla-La Mancha está ultimando un decreto específico para regular el emplazamiento de plantas de biogás y biometano, el tránsito de camiones asociados y el uso del digestato. La competencia para autorizar estas instalaciones recae en el Gobierno regional, pero los ayuntamientos juegan un papel clave con sus informes de compatibilidad urbanística y de impacto socioeconómico.
Si un consistorio excluye este tipo de plantas en su plan de ordenación municipal o normas subsidiarias, el informe de compatibilidad será negativo y, previsiblemente, la administración autonómica tendrá que denegar la instalación. Consciente de este margen, el Ayuntamiento de Campos del Paraíso ha aprobado por unanimidad una moción en contra de los proyectos y estudia fórmulas como nuevas ordenanzas de vertidos o la revisión de su planeamiento.
Su alcalde, Francisco Javier del Saz, ha sido claro: el consistorio no puede negarse de forma arbitraria a conceder licencias que cumplan la ley, pero está dispuesto a utilizar todas las herramientas legales para dificultar la implantación de las macroplantas, incluso dilatando plazos dentro de la normativa vigente. El regidor asegura respaldar “al cien por cien” a sus vecinos y critica que las administraciones hablen constantemente de lucha contra la despoblación mientras, en la práctica, facilitan proyectos que ahuyentan a quienes aún permanecen en los pueblos.
En paralelo, la plataforma vecinal ha impulsado una campaña de recogida de firmas que supera ya las 4.000 adhesiones en internet, además de asambleas informativas y reuniones con representantes políticos. Su objetivo es doble: por un lado, influir en la tramitación de los expedientes concretos de Campos del Paraíso, Huelves y Tarancón; por otro, abrir un debate más amplio en Castilla-La Mancha sobre el mapa de proyectos de biogás que se están agrupando en la región, que algunas organizaciones califican ya de “burbuja especulativa”.
Desde la Junta se recuerda que cualquier autorización deberá ser debidamente motivada y sujeta a evaluación ambiental rigurosa, pero las organizaciones sociales reclaman un enfoque que vaya más allá de cada expediente individual y tenga en cuenta la carga conjunta de todas las plantas previstas en un mismo entorno.
“Defender lo que somos”: identidad rural y documental en marcha
Uno de los mensajes más repetidos por los portavoces vecinales es que esta lucha “no va de estar en contra de todo”, sino de proteger un modo de vida y un territorio concreto. Carlos Muñoz, presidente de la Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural, resume así el sentir de muchos: “Esto va de defender lo que somos. Nuestros pueblos no pueden convertirse en lugares donde otros deciden sin contar con la gente que vive aquí”.
Esa defensa de la identidad rural trasciende el plano técnico o energético. Para buena parte de los vecinos, lo que está en juego es la posibilidad de que las nuevas generaciones puedan seguir viviendo en el pueblo con dignidad, sin tener que asumir impactos ambientales a cambio de empleos que, en muchos casos, no llegarán. Jóvenes como la estudiante Sara Mitrica señalan que no quieren verse obligados a escoger entre su salud y su arraigo.
Para visibilizar esta dimensión humana, durante la jornada de protesta se proyectó el teaser del documental “Extraños en el Paraíso”. El proyecto audiovisual, impulsado por Loranca Producciones, pretende mostrar cómo estos proyectos afectan a la vida cotidiana, las relaciones sociales y la autoestima de los pueblos. Su productor ejecutivo, Saúl Sánchez Román, explica que no se trata solo de hablar de kilovatios o de toneladas de residuos, sino de contar “una historia de personas, de territorio y de futuro”.
El documental aspira a circular por festivales y diferentes municipios, de manera que el conflicto de Campos del Paraíso se conecte con situaciones similares en otros puntos de la España rural. Sus impulsores confían en que el lenguaje audiovisual permita llegar a públicos más amplios y diversos, incluyendo a quienes no siguen de cerca la actualidad política o ambiental pero sí se interesan por historias cercanas.
Los organizadores de la manifestación insisten en el carácter transversal del movimiento que se está articulando en Cuenca: participan jóvenes y mayores, agricultores, familias, asociaciones culturales y colectivos ecologistas, unidos por la idea de que el futuro de los pueblos no se puede decidir a puerta cerrada en despachos lejanos.
La protesta en Campos del Paraíso ha convertido a esta pequeña comarca conquense en un símbolo de la resistencia rural frente a un modelo de implantación de plantas de biogás percibido como desproporcionado y poco participativo. Con seis proyectos sobre la mesa, un movimiento social en crecimiento y unas instituciones locales dispuestas a tensar al máximo las herramientas legales de que disponen, el conflicto ha dejado de ser un asunto local para situarse en el centro del debate sobre cómo se reparten los costes y beneficios de la transición energética en España. Lo que ocurra en Carrascosa del Campo, Huelves o Tarancón servirá, previsiblemente, de referencia para otras comarcas europeas que se enfrentan al mismo dilema: apostar por las energías renovables sin convertir sus pueblos en meros territorios de sacrificio.
